Reproducimos aquí un artículo de Josep F María Serrano, SJ, que resume la posición y los esfuerzos de la iglesia católica sobre el sector minero aparecido en ecojesuit el 15 de octubre.
Organizado por el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, el pasado 7 de septiembre se celebró en Roma un Día de reflexión sobre la industria minera. Su presidente, el cardenal Peter Turkson, preparó el evento sabia y cuidadosamente con un grupo de colaboradores. Los participantes eran principalmente consejeros delegados (CEOs en sus siglas inglesas) y otros altos ejecutivos de las principales empresas mineras mundiales, pero también había miembros de organizaciones no gubernamentales internacionales, algunos de ellos vinculados a la Iglesia Católica, como Caritas Internationalis y Misereor.
Fui gentilmente invitado por el Cardenal Turkson para preparar y participar en la Jornada. Hubo un elevado clima de confianza, y por lo tanto la discusión pudo girar en torno a cuestiones profundas y fundamentales relacionadas con la sostenibilidad del medio ambiente, y el bienestar de los trabajadores y las comunidades asentadas en torno a las minas.
En un momento dado de la discusión en uno de los grupos, el debate se centró en el hecho de que con el fin de iniciar una explotación minera, además del contrato legal que vincula a la empresa y el Estado, es importante obtener el consentimiento de las comunidades basado en una información completa de la actividad a realizar. De lo contrario, la resistencia de la comunidad local puede aumentar, y producir un perjuicio en la explotación de turno, e incluso llegar a detener la actividad minera. En este punto, el consejero delegado de una gran empresa minera declaró: “creo que ningún actor puede pretender mantener el derecho absoluto de la propiedad de la tierra.” Mi reacción inmediata a sus palabras fue decirle: “pero si usted es simplemente un condenado comunista!” Hubo un momento de confusión y un breve silencio, pero entonces todo el mundo en la sala entendió la ironía y el diálogo continuó.
Llamar a un consejero delegado de la industria minera comunista pretendía ser una expresión humorística, irónica y, en cualquier caso, es completamente falsa. En primer lugar, porque el argumento del consejero delegado no es el comunismo, tan sólo poner en tela de juicio el derecho absoluto de propiedad de la tierra, no sólo por la empresa, sino también por el Estado y por la comunidad. En segundo lugar, porque es una convicción profundamente cristiana que ningún ser humano puede pretender condenar a nadie. Sólo Dios es amor y juez paternal de los actos de las personas. Y en tercer lugar, porque mi expresión nos envió de nuevo a la época de la Guerra Fría, cuando el debate sobre el derecho de la propiedad enfrentó a los capitalistas (derecho absoluto por parte del propietario privado) y los comunistas (derecho absoluto por parte del Estado).
Ya no estamos en los tiempos de la Guerra Fría. Ahora, la realidad y la práctica de la actividad minera, exigen la participación de las empresas, los gobiernos y las comunidades en la deliberación y acuerdo sobre las condiciones fundamentales para el desarrollo de esta actividad económica. En la realidad actual, la Doctrina Social de la Iglesia promueve la idea del destino universal de los bienes. Esto está en consonancia con la declaración del consejero delegado – la idea de que la riqueza terrena es para todos y no puede ser apropiada en un sentido absoluto por nadie en particular. “Todo el mundo” significa las comunidades, las empresas, los gobiernos, los consumidores de los productos derivados de los minerales extraídos, así como las futuras generaciones, que vivirán con dignidad si respetamos el medio ambiente en el presente.
Una de las cuestiones fundamentales que necesitan el acuerdo de las empresas, los gobiernos y las comunidades es precisamente el contrato minero. Durante la jornada de reflexión, dos ejemplos fueron citados sobre la participación (o la falta) de las comunidades locales en la firma de los contratos.
El primer ejemplo es la República Democrática del Congo (RDC). El presente código de minería congoleña fue aprobado en 2002, cuando los diferentes grupos que querían terminar con seis años de guerra sangrienta deliberaban en Sudáfrica acerca de las condiciones fundamentales para un gobierno de transición en la RDC. Esta falta de consulta con la población y con las comunidades dio como resultado un código con un conjunto de contratos mineros acordados vinculados a dicho código, lo que ha provocado la resistencia de muchas comunidades locales a la actividad minera de las empresas mineras. Por eso, en la actualidad está el proceso de revisión de este código.
El segundo ejemplo es Uruguay. Cuando la empresa minera (cuyo fundador y consejero delegado estuvo en la jornada de reflexión) inició conversaciones con el gobierno de Uruguay para poner en marcha la explotación minera de hierro en una región determinada, el presidente José Mújica abrió un debate parlamentario sobre la legislación minera. Este debate llevó a un referéndum para obtener la opinión de la gente y comunidades, aprobándose una ley específica. Después de dos años de debate, el marco legal para las actividades mineras en Uruguay está listo, y probablemente encontrará mucha menos resistencia que la RDC.
“Simplemente un condenado comunista” por tanto, no es solamente una expresión irónica, sino también anacrónica. Abandonemos debates que pertenecen al pasado y pongamos nuestras energías en las necesidades actuales y los derechos de las comunidades que viven en torno a las minas, de los países mineros, los gobiernos, las empresas y otros actores involucrados. Sólo un diálogo profundo y la comprensión de las posiciones de cada uno pueden conducir a acuerdos aceptables.
Josep “Pep” F. Mària Serrano, SJ es profesor de Economía en el Instituto de Innovación Social, ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas) Business School en Barcelona, España. Para poder ponerse en contacto con él, el correo electrónico: pep.maria@esade.edu.