Reproducimos en esta ocasión el documento de Gerardo Castillo Guzmán, Director de Societas, sobre el conflicto en torno al proyecto Conga en Cajamarca, y que fuera publicado en su blog institucional.

Buena parte del debate sobre el conflicto provocado por la realización del proyecto Conga en Cajamarca se centra en explicar su origen y naturaleza. En un polo se ubican aquellos que sostienen que en el origen del conflicto se encuentra una lucha entre quienes defienden el medio ambiente y aquellos que solo procuran el enriquecimiento de unos pocos. En el otro aquellas personas que consideran el conflicto es producto de los intereses políticos de algunos personajes locales que buscan desestabilizar al gobierno y desinformar y manipular a una población ignorante. El primer caso es una reedición de la lucha contra el sistema capitalista de la anticuada izquierda, ahora tamizada por un ropaje ecológico. El segundo corresponde a las posiciones más duras de la derecha que ven complots comunistas en todo conflicto y añoran una mano dura que envíe los tanques a las calles y declare en emergencia las regiones.

No sorprende que estas caracterizaciones se produzcan en la mayor parte de la prensa. Sí sorprende que casi ningún analista se esfuerce en presentar algo más que opiniones. Mucho más preocupantes son las declaraciones de los funcionarios del gobierno central, pues ello habla de una escasa capacidad de análisis, de la inexistencia de una estrategia con respecto a las inversiones mineras, de la poca preparado para enfrentar los conflictos sociales –más aún, si es que supuestamente varios operadores del gobierno provienen o son cercanos a los movimientos de base— y así como de una nula articulación entre sus diferentes organismos. Aunque poco publicitadas, sorprenden las declaraciones del ministro de Comercio Exterior y Turismo José Luis Silva, quien afirmó que “la violencia en Cajamarca desalienta a potenciales inversionistas; hay que ver qué intereses están detrás; las ONG que dicen defender a las comunidades son financiadas por mineras de otros países con los que competimos” (Diario Gestión, jueves 1 de noviembre 2011, página 4). No solo muestra ignorancia sino que también lanza acusaciones sin prueba alguna; ¡sería la industria extractiva mundial la causante de su propio sabotaje!

Como suele suceder, las causas del conflicto son variadas y él ha encontrado su punto más álgido cuando se logra articular un frente amplio compuesto por actores con diversos intereses, pero con coincidencias mínimas. Así, las principales causas inmediatas son: i) un extendido y arraigado rechazo hacia la compañía Yanacocha entre buena parte de las poblaciones cajamarquinas producto de un pésimo manejo social y de bajos estándares sociales y ambientales por parte de la empresa a lo largo de más de una década de presencia en la región; ii) reclamo de pobladores rurales alrededor del proyecto por ser incluidos dentro del área de influencia directa y, de esta manera, poder ser partícipes de los beneficios propuestos; iii) preocupación por los impactos ambientales –especialmente en la calidad y la cantidad de agua disponible— que el proyecto generaría, más aún sabiendo que el estudio de impacto ambiental (EIA) fue aprobado siguiendo procedimientos poco transparentes; y iv) estrategias políticas que encuentran en el enfrentamiento al proyecto una manera eficaz de lograr presencia, legitimidad y liderazgo en la región a la par de posicionarse en contra del gobierno central.

Como se observa, los actores involucrados son diversos, poblaciones rurales, grupos medio ambientales, y activistas políticos ligados a Patria Roja, a remanentes del MRTA y a un etnocacerismo radical seguidor de Antauro Humala.

El clima social en Cajamarca empezó a enrarecerse con la inminente expansión de las operaciones de la compañía Yanacocha con el proyecto Conga, azuzado por las declaraciones del vicepresidente de operaciones en Sudamérica de Newmont Carlos Santa Cruz de iniciar operaciones en el Cerro Quillish el 2016, proyecto cuya oposición causó el mayor enfrentamiento que ha tenido la compañía con la población cajamarquina y que supuso su paralización el 2004.

En este contexto, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca liderado por el ex-emerretista Wilfredo Saavedra, logró aglutinar el descontento existente, muy especialmente en las zonas rurales. Ante la fuerza que tomaba la convocatoria, y para no quedar fuera de ese frente de lucha, el Gobierno Regional de Cajamarca, presidido por Gregorio Santos del partido Patria Roja, decidió apoyar el paro y oponerse al proyecto minero.

La reacción del gobierno central para gestionar el conflicto fue torpe: el ministro de energía y minas habría tratado con suma displicencia al Presidente Regional de Cajamarca en su despacho en Lima, tuvo muestras públicas poco aceptables de parcialización con la compañía Yanacocha y realizó declaraciones sobre la corrección del EIA que luego fueron desmentidas por el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM); diferentes funcionarios del gobierno se enfrentaban públicamente entre sí, incluyendo a miembros de la Unidad de Resolución de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); y el propio Presidente establece una posición de enfrentamiento innecesario al anunciar que “Conga va” y “no aceptaré ningún ultimátum”.

Ante esta situación, cabe preguntarse por qué soluciones apostar. Señalo tres puntos que considero centrales.

– Un primer y central tema consiste en, creando un horrísono neologismo, “descongalizar” el debate y las acciones del gobierno. Es decir, la pregunta central no es cómo sacar Conga adelante sino cómo convertir la minería en uno de los ejes centrales del desarrollo nacional. El proyecto Conga deberá ser revisado exhaustivamente y de manera independiente y si no encuentra sostenibilidad ambiental y social el gobierno debe de asumir que las proyecciones de inversión minera serán 4 mil millones de dólares menos y prepararse para ello. Lo que no se debería permitir es que la oposición a Conga arrastre a otros importantes proyectos de compañías con estándares muchísimos más altos como son Antamina, Anglo American, Barrick, Rio Tinto o Xstrata.

– Un segundo punto estriba en tornar creíble y efectivo el balance entre desarrollo minero y cuidado ambiental; el anunciado “oro y agua” del Presidente. Pero más allá de esta aparente buena voluntad los signos no son alentadores: en vez de transferir las responsabilidades de control ambiental y revisión de los EIA al MINAM y fortalecer su institucionalidad y recursos humanos y financieros, se procura colocar esa responsabilidad en la PCM, órgano no especializado en la materia e íntimamente ligado a la discrecionalidad del poder ejecutivo. Asimismo, en vez de fortalecer la labor de los organismos reguladores, como el OSINERGMIN, se transfieren parte de sus funciones ministerios no especializados y con pocos recursos como es el Ministerio de Trabajo. Además, el gobierno no tiene ningún plan serio de remediación de los más de seis mil pasivos ambientales existentes.

– Un tercer aspecto sería el crear una fuerte y positiva relación entre desarrollo minero y desarrollo social. El modelo seguido desde la década de 1990 hasta ahora es desastroso: a cambio de extraer recursos minerales de áreas rurales el gobierno central transfiera el 50 por ciento del impuesto a la renta pagado por las compañías mineras a las regiones donde se ubican los proyectos sin mayor criterio de desarrollo salvo que el dinero debe ser casi exclusivamente gastado en infraestructura. Los resultados son esperados: de un lado, el impacto de esas obras de poca envergadura realizadas por gobiernos locales con pocas capacidades técnicas es bajísimo.

De otro lado, las obras son mayoritariamente orientadas hacia las zonas urbanas pues es ahí donde se concentran los electores. De esta manera, las poblaciones rurales donde se localizan los proyectos mineros tienen muy bajas probabilidades de recibir impactos positivos a través del sistema del canon. Las posibilidades de mejora se ven limitadas a los programas de responsabilidad implementados directamente por las empresas, pero ello disminuirá aún más con la eliminación del Fondo de Solidaridad con el Pueblo.
En una próxima entrega se procurará ofrecer alternativas al sistema actual del canon y de inversión social y productiva. Lo que quisiera resaltar es la necesidad de generar una visión de desarrollo nacional, regional y rural a partir de la inversión minera. Los cuatro gobiernos anteriores nunca la tuvieron, ahora es indispensable.

Gerardo Castillo Guzmán