PUNO, la maldición de los hijos del Muki

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Ricardo Uceda en La República del lunes 3 de octubre “Las horas difíciles de Walter Aduviri” donde cuenta la secuela de las marchas antimineras en Puno, el resultado es que hay más preguntas que respuestas, más problemas que soluciones, y no parece haber nadie encargado del “control de daños” en la zona.

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Nuevas preguntas

La minería ilegal, como es bien sabido se nutre de otras actividades delictivas que van desde la corrupción de pequeños funcionarios, hasta las redes de contrabandistas y traficantes armados y sin escrúpulos. Pero el arma principal de esta actividad es la codicia, la idea de un enriquecimiento mágico, el cuento de la lámpara maravillosa. Y, como también se sabe la codicia enfrenta a todos contra todos. Uceda deja ver que en el fondo del “levantamiento” hay la intención de unos de apoderarse de las tierras ricas en plata de la comunidad de Huacullani, y que el discurso ambientalista e indigenista sirve de escudo y medio para ganarse el apoyo de incautos y de avispados políticos.

Los contrabandistas son valientes en la victoria y cobardes en la derrota. Una vez que sus objetivos que apoyaron inicialmente el movimiento, hoy se resisten a entrar en una nueva aventura de resultados contraproducentes con su actividad principal. La culebra y las hormigas no pueden dejar de moverse (La culebra del contrabando). De todas maneras lograron algo con la quema de la SUNAT, Aduanas, la Gobernación y la Contraloría ¿Cuántas pruebas se habrán perdido? ¿Cuántos inocentes sin ser reivindicados? ¿Cuántos culpables sin castigo?

Queda pendiente también el tema de la relación con la empresa minera que cumplió con todos los requisitos, obtuvo los permisos, y hoy está en el mundo de la incertidumbre esperando el resultado del juicio contra el Estado.

Finalmente nadie sabe las consecuencias de los movimientos sociales que parecen seguir las reglas de los sistemas dinámicos complejos, y que si bien de pronto van en un sentido, éstos terminan transformándose en otros. El ruido del sur llegó al norte, pero aquí en esta parte del departamento de Puno cerrar minas si tiene sentido. En las alturas de la provincia de San Antonio de Putina está el infierno. En medio del glaciar frío la explotación ilegal de oro campea envenenado a sus trabajadores, a los niños, a los campesinos, a los animales y a los peces del rio Ramis. Amparados por congresistas y por matones a sueldo que deben transportar el oro, sangre y dinero de arriba abajo (Ver: Mafias amenazan Altiplano, valles y fronteras de Puno), los ilegales lo corrompen todo. Sin embargo este llamado de las comunidades parece haber hecho eco en el gobierno regional, que según señala el artículo que comentamos estaría dispuesto a empezar – con el apoyo del estado- una lucha contra este tipo de minería.

“La Rinconada, donde todo sabe a caustica sílice, a degeneración, muerte, a borrachera perpetua que los mierdosos puteríos eructan en sus interminables noches voluptuosas de alcohol, sexo y enfrentamientos con arma blanca, a dinamitazos, o a punta de revólveres. La muerte en todo lugar: en los socavones, en las calles, en los bares, etc…” (Abelardo Checca: “La Rinconada, oro, muerte, alcohol y sexo interminables”. ENTREVISTA: Armando Villanueva Turpo. Diario, Los Andes)

El artículo:

“Cuatro meses después de los violentos sucesos en Puno hay novedades imprevistas: el líder antiminero es bajado de su pedestal, Bear Creek espera en el Palacio de Justicia y el presidente regional pide

Cinco de dieciocho comunidades del distrito de Huacullani, propietarias de los territorios ricos en plata de la mina Santa Ana, han pedido al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo de Puno que protejan sus campos de presuntos intentos de invasión. Ante todo, solicitaron que estas dependencias comprobaran que los predios en cuestión son suyos, que están en posesión efectiva de éstos, y que el hecho de que el gobierno anulara una licencia de operaciones a la compañía canadiense Bear Creek, que tuvo que retirarse de la zona, no implicaba que la mina era tierra de nadie. Claro que saben que el subsuelo es del Estado y que ellos no pueden disponer libremente de los recursos bajo sus pies, que tampoco son gran cosa: Bear Creek los estima en 63 millones de onzas, explotables en once años con 70 millones de dólares. Pero la superficie les pertenece, y no desean ser víctimas de la ocupación de sus vecinos, especialmente de aquellos que hasta ayer rechazaban toda forma de minería en el sur de Puno.

Los comuneros de Huacullani creen, de acuerdo con testimonios recogidos para esta nota, que la obsesión antiminera de sus hermanos aimaras no nació tanto de ideales defensores del medio ambiente sino de la codicia. Piensan que desean apoderarse de sus tierras para después controlar los beneficios de su explotación, incluso a la manera informal.

El origen de este temor fue la postura favorable a la invasión de un sector de los dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, que encabezó las violentas protestas antimineras en mayo pasado. Cuando el gobierno de Alan García canceló la autorización a Bear Creek después del incendio de locales públicos en la capital del departamento y del enfrentamiento con muertos en Juliaca, no hubo consenso entre estos dirigentes en tomar las tierras que dejaría la minera. Una acción de este tipo garantizaría ¿era la opinión de algunos? que la compañía no regresara ¿nunca más? Pero la idea, rechazada entonces, volvió en una reunión interna celebrada en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, el viernes 9 de setiembre.

Inteligencia de la policía llegó a la conclusión de que habría invasión, a partir de sus informantes. Y el dirigente Rufino Machaca lo admitió en una entrevista con el corresponsal de La República Liubomir Fernández. Parte del diálogo grabado:

– FERNÁNDEZ: ¿Por qué, si tienen una posición antiminera, ahora querrían tomar una mina?
– MACHACA: No hay acuerdo para tomar minas ni hacer ningún tipo de invasión.
– FERNÁNDEZ: Pero entiendo ese fue un tema que ustedes discutieron en la reunión del viernes.
– MACHACA: Yo me opuse y no pasó.

En otra parte del diálogo Machaca dijo que le había ¿llamado la atención? al líder del frente, Walter Aduviri, por haber sido proclive a la invasión. Otro dirigente, Patricio Illacutipa, declaró a Noticias Ser que en realidad fue él quien planteó tema de la reivindicación de las tierras de Santa Ana, debido a una exigencia de la población de Kelluyo, contigua a Huacullani. ¿Inicialmente se ha acordado liberar esas tierras y utilizarlas para fines agrícolas y no para fines mineros, como lo han señalado algunos medios? Todos saben en Puno que esos terrenos, a unos 4,300 metros sobre el nivel del mar, son inservibles para la agricultura.

Hasta aquí tenemos que la intención invasora existió, por lo menos en una parte de los dirigentes.
Pero el frente antiminero del sur del departamento ya no es el mismo de hace cuatro meses.

El líder principal de la protesta, Walter Aduviri, ha debido bajar de su pedestal por una confluencia de motivos. Cuando en junio pasado, después de su recorrido triunfal por los medios de comunicación de Lima, regresó a Puno y fue recibido por unas tres mil personas, una parte de la dirigencia del frente sintió que había personalizado la lucha. Algunos lo declararon públicamente.

Aduviri se comía todas las cámaras y no dejaba lugar al resto, esa era la crítica. Podría ser injusta, pues usualmente el protagonista es buscado por los medios, pero otra detracción, de índole programática, tuvo mayor peso: no a todos les conviene librar una guerra a muerte contra la minería.

Por ejemplo, los pobladores de Desaguadero ya no son la gran base de apoyo que fue hasta las elecciones. La gran mayoría es comerciante y se vio enormemente perjudicada por una prolongada paralización que no reflejaba sus intereses directos. Este sector ya no desea ver a Aduviri por sus lares, y ha formado un frente de defensa propio para defender mejor el comercio, que en buena medida es contrabando.
Por otra parte, los alcaldes del sur sintieron que Aduviri se daba demasiadas ínfulas como representante del frente en esa parte del departamento. Los elegidos por el pueblo eran ellos, y empezaron a declarar públicamente que no lo reconocían. A los alcaldes se unieron los principales gremios de distritos importantes como el de Ilave, de donde es natural Aduviri, y de Yunguyo, que aportó la mayoría de manifestantes que tomaron Puno el 26 de mayo. El motivo era el mismo: la falta de representatividad de la superestrella popular.

Una discrepancia de fondo surgió de parte de los sectores del sur de Puno dedicados a la extracción ilegal de minerales, que apoyaron resueltamente las movilizaciones de Aduviri porque había una minera formal en la picota. Estos aliados iniciales del dirigente recibieron un tiro por la culata. No estaba entre sus planes que quienes resultaran más escuchados fueran los campesinos a cuya agricultura ellos afectaban. Como se sabe, al mismo tiempo que la cancelación de la licencia a Bear Creek el gobierno dispuso la recuperación de la cuenca del río Ramis, contaminada por la industria extractiva pirata, y prohibió el uso de maquinaria pesada en esos lugares. Ahora mismo, ha pasado a un primer plano la denuncia contra los mineros informales con representación política, como el congresista por Puno Francisco Ccama. Aún más, el presidente regional Mauricio Rodríguez acaba de pedirle al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que intervenga en las zonas ilícitas del departamento para decomisar estos equipos, conforme lo prevé la ley. ¿Lo hará el ministerio de Defensa? De momento este es uno de los misterios sobre la mesa.

No es que a Aduviri ya no le queden aliados. Están principalmente en las comunidades de Kelluyo, vecino de Huacullani. Ambos distritos mantienen un antiguo conflicto limítrofe, padecen de extrema pobreza y sus habitantes se dedican principalmente a cultivos de subsistencia. En Huacullani, que cuenta con quince mil habitantes, las cinco comunidades más próximas a los yacimientos tienen buenas relaciones con la mina. Otras diez están en una posición intermedia, y tres en contra. La mayoría de estas dieciocho comunidades estaba de acuerdo con Bear Creek hasta que surgió el movimiento antiminero desde Desaguadero, en febrero del 2011. Los habitantes de Huacullani proclives a la minera comenzaron a ser hostilizados, y una parte temió perder sus tierras a manos de los vecinos, a quienes apoyaban las antiguas masas de Aduviri de Desaguadero, Kelluyo, Pizacoma, Pomata y Zepita. Y así fueron volviéndose ellos también ¿antimineros?, aunque de dientes para afuera. Pero cinco comunidades se mantuvieron firmes: Ancomarca, El Ingenio, Chaclacollo, Condoracocagua y el centro poblado de Huacullani. Ellas han resuelto resistir, ante todo solicitando protección a las autoridades.

Mientras tanto, Bear Creek espera en las puertas del Palacio de Justicia. Luego de que, en junio pasado, el Ministerio de Energía y Minas anulara su autorización para operar en zona de frontera, la compañía tenía dos opciones: o recurría al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un grupo del Banco Mundial que resuelve conflictos entre gobiernos y empresas de otros estados, o presentaba una acción de amparo ante el Poder Judicial peruano. Eligió esto último, aunque en el CIADI tiene las de ganar por los términos acordados en el TLC entre Perú y Canadá. La nulidad no fue motivada por el MEM, pues no se hallaron irregularidades en el expediente, como sin pruebas sostuvo el congresista Yonhy Lescano. Este argüía que la anterior concesionaria, Jenny Villavicencio, era testaferro de los canadienses, cuando en realidad hizo un negocio lícito con ellos: en 2007 les transfirió el título luego de que Santa Ana obtuvo licencia de operaciones en Huacullani. Al final se hizo evidente que la expulsión de Bear Creek fue una salida política sin argumentos administrativos de un gobierno en sus últimos días.

De modo que todos los actores de esta historia están en una encrucijada. Los comuneros de Huacullani porque no tienen cómo beneficiarse con la inversión minera. Bear Creek porque depende de la suerte de sus reclamos. Si pierde la acción de amparo, aún podrá recurrir al CIADI, en busca de indemnización y otras sanciones contra el Estado peruano. Si lo gana, recuperaría la concesión, pero poco podrá hacer en la práctica si las condiciones políticas no cambian. Otro actor aún no entra en el juego: el gobierno, que no da señales de tener una estrategia para el departamento más conflictivo del país. Por último tenemos al propio Aduviri, luchando por permanecer en escena. El pasado 22 de setiembre convocó en Zepita a una asamblea general del frente para entregar el cargo de presidente del frente o ser reelegido, pero solo asistieron 150 personas. Hay una nueva convocatoria en ciernes, aunque ya se lo considera en el retiro. Al presidente regional de Puno los periodistas le preguntaron por él hace unas semanas y respondió:
¿Quién es Walter Aduviri?”

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