Lo legal, lo legítimo y lo institucional

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Por cierto, que yo sepa, no existe ninguna relación entre Alfredo Crespo (Movadef) y Gastón Mansilla (ciudadano que mató a un delincuente en defensa propia). Sin embargo, ambos –sin conocerse- fueron noticia en los últimos días por razones muy distintas pero vinculadas a temas que tienen que ver con cuestiones neurálgicas al Estado y la ciudadanía.

El señor Alfredo Crespo, dirigente principal del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), clara fachada de la ilegal e ilegítima agrupación política PCP – Sendero Luminoso. Quien pretende, al ritmo de los gritos de amnistía para el ex presidente Fujimori, conseguir ganarse el equivalente para su líder Abimael Guzmán y compañía, quienes purgan cárcel por una serie de asesinatos, destrucción de propiedad pública y privada, así como otros temas que violentaron el país durante más de dos décadas.

No debe dejar de extrañarnos, pero en ninguno de los dos casos de amnistía hay un pedido de perdón, como una de varias condiciones previas que debieran preceder al proceso. No, sólo hay el reclamo incuestionable de amnistía, como derecho que viniera sólo por tratarse de la persona que se designa, sin más cartel que su propia trayectoria, válida especialmente para quienes se consideran sus seguidores, pero que no diluyen –para nada- los delitos que hubiera podido encerrar.

Sería injusto equiparar a Guzmán con Fujimori y no es nuestra intención principal. Pero valen los paralelismos para efectos de hacernos notar que muchos pretenden ver en el Estado una forma de manejo poco institucional y muy llevado de las presiones y pesos políticos que se puedan lograr a cada paso. Por eso también algunas (o muchas) decisiones se ponen muy en juego de acuerdo a la influencia de los poderes fácticos.

El tema es cómo funciona el Estado y la sociedad para marcar la construcción de un razonable sistema político. Queremos construir una democracia estable, que funcione para todos y consolide el bienestar y la participación de sus ciudadanos en libertad y paz. Dicho sistema político requiere de organizaciones políticas que le den sustento y le ayuden a afirmarse. Sin embargo, dichas organizaciones tienen que cumplir ciertos requisitos formales (firmas, comités, etc.), pero también ciertos compromisos con la democracia del cual hablen sus orígenes y propósitos.

Allí se establece una bifurcación muy definida que a la agrupación Movadef la deja sin piso y que el Estado tiene que saber sustentar, explicar y definir como decisión. No sólo actuar de oficio. Se tiene que saber dar un sustento ideológico debido y marcar un hito hacia toda la sociedad. Porque es potestad del Estado establecer las reglas de juego con las que se participa (o pretende hacerlo) en él y en sus diversas instancias.

En el caso del estudiante (Gastón Mansilla) que mató a un delincuente en defensa propia, estamos ante otro tema de fondo del Estado. ¿Queremos que la gente entienda que la mejor forma de defenderse o de hacer justicia es la de tomarse la misma por propio criterio? Más aún, si se razona que puede ser “más eficaz” y costarle menos recursos al Estado. Peor aún, si ello se conecta a tantos video juegos de niños (jóvenes y grandes) donde uno pasa a creer que es relativamente fácil hacer la de “hombre araña” o tanto héroe individual que si muere (en el juego) tantas veces revive o tiene chance de “volver a empezar” (a lo “Half life” o “Kill zone”).

Lo cierto es que, en el caso que comentamos, así como murió el delincuente pudo morir el ciudadano Mansilla (o ambos) y nadie iba a reparar ninguna de las muertes, salvo las manidas afirmaciones de “queremos que se haga justicia”, sabiendo que pocas veces significa algo para las autoridades “competentes” o existe mucha impotencia de efectivizar su logro.

Para colmo, el joven universitario implicado, Gastón Mansilla, fue recluido en el Penal para Reos Primarios por orden de la jueza Asunción Puma León, coronando una secuencia de situaciones anómalas. Hecho que felizmente se rectificó días después, no sin dejarnos el sabor de ineptitud en nuestra justicia, no muy lejos de lo que muchas veces sucede en el conjunto del Estado por extensión. Peor aún, porque ello se daba en momentos en que, en una zona al norte del país (Santa Rosa, Jaén – Cajamarca), por aparente venganza de delincuentes, eran acribillados policías y civiles en una comisaría.

Suena ridículo decirlo pero ¿puede el Estado brindar seguridad a su propia policía? ¿Es adecuado que la gente tenga que prescindir del Estado para su defensa personal o colectiva? Son temas recurrentes que aparecen a cada paso y no son fáciles de responder. Además, nos tocan a todos y cada uno, Estado y ciudadanos/as. Toca establecer reglas de juego más estrictas y que tomen más en cuenta a los ciudadanos, en todo sentido.

Como vemos, tanto un tema directamente político como la negada legitimidad de la inscripción de un movimiento pretendidamente democrático como Movadef, así como la reacción que puede suscitar la variedad de temas en torno a la seguridad ciudadana y su vínculo a los ciudadanos, nos hablan de la necesidad de un Estado más consistente y que se afirme en su institucionalidad democrática. ¿No nos habla también de la necesidad de una reforma del propio Estado? Es un tema de fondo que debiera volver a discutirse.

Guillermo Valera Moreno
15 de enero de 2012

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