Izquierda o derecha son conceptos de posicionamiento relativo que dependen de cada tiempo político pero se suele olvidar esto. Debo responder a un informe de Jorge Saldaña (26-1-2012, A-2), porque yo no fui líder de una facción de Izquierda Unida ni esta fue facción de una alianza mayor. Fue una alianza electoral formada en 1980 que se rompió a fines de 1989, cuando Alfonso Barrantes se inscribió con dos de los partidos que hasta ese momento integraban Izquierda Unida (PSR, Bernales y PCR, Dammert) formando la alianza electoral Izquierda Socialista, que lo lanzó como candidato a la Presidencia de la República. Yo me negué a aceptar antes de esta ruptura las propuestas y solo acepté la candidatura presidencial de Izquierda Unida tras el retiro de su líder y le dije, a todo el que me quiso escuchar, que con la ruptura todos perdíamos. Más aun, desde que concluyó el congreso de IU en el verano de 1989 hasta la víspera de la inscripción que rompió IU, insistí y tomé iniciativas junto con Jorge del Prado y Gustavo Mohme Llona, para buscar un acuerdo que posibilitara su candidatura por Izquierda Unida.

Cuando Barrantes renunció a la presidencia de la IU (1987), fui de los que en su Comité Directivo propusieron hacer un congreso y me encargaron organizarlo con una comisión que incluyó a todos los partidos, incluso los que luego se retiraron con Alfonso. Empadronamos a más de 150.000 militantes y más de 100.000 eran como Barrantes y como yo: no pertenecían a ninguno de los partidos. Eso se lo expliqué a Alfonso, señalándole que solo él podía negociar en ese congreso, basándose en esa fuerza, para que conviniéramos que IU fuera una organización propia, democráticamente establecida superando los límites de una simple alianza de siete partidos ante el JNE. Barrantes se inscribió y firmó el padrón, pero no fue al congreso. Los que salieron con él si fueron.

Con Enrique Bernales competí por la Alcaldía de Lima en las municipales de 1989, que por mandato del congreso comenzaban con primarias internas en las que participé y gané. No es la primera vez que he deslindado sobre este tema. Lo hice en 1989 renunciando a seguir trabajando en Desco, cuando titularon un artículo de manera parecida en referencia a las candidaturas de Bernales y yo a la alcaldía. Pueden verlo en la revista “Quehacer” N°60, que yo fundé cuando presidía el Comité Directivo de Desco y la dirigí desde 1979 hasta 1983. Mis razones tenían que ver con las reglas de Desco como asociación civil y con su historia y la carta es anterior a la ruptura, cuando yo insistía en buscar salidas encabezadas por Barrantes. Sigo pensando que era lo correcto y los resultados confirmaron mi opinión pero sigo pensando que no podíamos dejar sin representación a tantos peruanos que se inscribieron en esa Izquierda Unida y a los más de 3.000 delegados que asistieron a Huampaní.

Desde 1983, tras la victoria de Alfonso Barrantes, cuyo jefe de campaña fui, me incorporaron al Comité Directivo de Izquierda Unida y trabajé por la unidad. Esa izquierda acabó en 1990, como consecuencia de la ruptura de 1989.

No me toca escribir una historia de la que fui actor pero debo dar mi testimonio, porque la versión de Jorge Saldaña tiene errores, que probablemente se originan en las fuentes y en el tiempo transcurrido. Analizar la actuación de Gana Perú, que objetivamente fue la candidatura que estaba a la izquierda del espectro político en las elecciones presidenciales del 2011, como si se tratara de la izquierda de los 80 no es correcto. No son los mismos contenidos y las mismas propuestas que en 1989. Los actores de entonces y los de ahora tienen que ser analizados en sus términos y mucho de lo anterior está escrito. Sigue leyendo →

La democracia no es solo un método para elegir gobernantes, es una manera de gobernar, escribía el teórico liberal canadiense Mac Pherson. Esto se confirma en la historia de América Latina donde tenemos bastante consolidada la democracia electoral pero nos falta fortalecer las instituciones que hagan posible que la manera de gobernar sea democrática.

?La democracia tiene un método propio para la definición de las políticas públicas. Las decisiones resultan de una adaptación negociada de intereses, de acuerdo con normas transparentes definidas en el espacio público. Las políticas no reflejan la supuesta omnisciencia de tecnócratas esclarecidos, sino que representan la depuración de intereses legítimos, un concierto de voluntades, entre ellas del propio gobierno?. Lo afirmó en un discurso Fernando Henrique Cardoso, dos veces presidente del Brasil, cuya gestión explica los niveles actuales de esa economía y que ya era uno de los más importantes sociólogos de América Latina antes de su decisiva carrera política.

El tema debemos recordarlo frente a lo que viene ocurriendo con el proyecto Conga. Se hizo un estudio de impacto ambiental que no logró la licencia social. Es evidente que no interesó aplicar metodologías existentes para involucrar a todos los actores y ver el marco de lo posible. Se hizo en el gobierno de García, el de la política del perro del hortelano, que manifestó su desprecio por los indígenas y ciertamente no se interesaba por escuchar a los campesinos.

Un sacerdote amigo me envió un correo con un artículo de Jorge Pereira, que parecía de ciencia ficción. Se titulaba ?Encuentran oro en barrios ricos de Lima? y se ponían las reacciones de los vecinos afectados por el proyecto minero. Se invertían los papeles y las autoridades que ?exigían orden? aparecían demudadas. Es que en Lima podemos entender fácilmente los intereses de los que están aquí pero nos cuesta mucho entender los de los campesinos de Conga. La lejanía del ?otro? termina siendo brutal.

En una democracia todos los intereses son legítimos: en este caso los de los campesinos y los de Yanacocha, los de la macroeconomía que necesita de los recursos mineros y los de los gobiernos nacional y regional y las reglas valen para todos. La política pública se traza escuchando a todos y se negocia. Cuando se negocia, las partes tienen que ceder algo. Esto no está pasando con el gobierno regional ni con el frente de defensa que en su posición maximalista no ceden nada y se quitan del diálogo. Tampoco pasa con el gobierno hoy, pues tras la tortuosa negociación del entonces presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, donde es público que fue saboteada desde adentro del gobierno, el diálogo acabó. No es diálogo lo que se hace solo con una parte y cuando la otra usa artificios como los del presidente regional, se le denuncia y se sigue dialogando, volviendo al lugar y apelando si es preciso directamente a la gente.

Para quienes piensan que esto no es posible hay que recordarles que estamos así porque este proyecto no tiene licencia social y son muchos los que quieren que se imponga por la fuerza. ¿Aceptarían esto en La Molina? Por lo menos exigirían una expropiación muy bien pagada que les permitiera irse a otra parte. Eso no es posible con los campesinos.

Nunca me he opuesto a la minería, pero sin licencia social un proyecto no camina; es atacado todo el tiempo y puede ser causa de muchas muertes que destruyen la legitimidad de los gobernantes. Alguien debe poner a todas las partes a negociar. Contra todas las autocracias, democracia es negociación y todos los intereses son legítimos, obviamente dentro de la ley.

No se debe olvidar algo central de la advertencia del presidente Cardoso: las políticas no expresan necesariamente las ideas de tecnócratas esclarecidos, porque son un concierto de voluntades. Esto vale para los principios y debiera tenerlos en cuenta la ministra de la Mujer sobre la píldora del día siguiente. Sus principios o los míos no se pueden imponer por acto administrativo a quienes no los profesan. Obviamente la ley enmarca todo. Sigue leyendo →

Estimado Mirko:
Respondo a la carta de Eduardo Dargent, uno de los más brillantes politólogos, profesor de la PUCP, a quien aprecio mucho, pero que creo que no escribe desde el Fundo Pando sino desde los EEUU, donde está culminando su doctorado. No puede por eso haber leído el lunes 19 de diciembre el libro que presentamos en Lima el miércoles 14, pues recién se ha distribuido y sus expresiones sobre éste son sólo un gesto amistoso a su viejo colega.
Tiene todo el derecho de opinar políticamente como minimalista, pero si hubiera leído el libro vería que comienza con un trabajo teórico-metodológico de Dieter Nohlen y luego los alumnos de nuestro doctorado analizan varias propuestas de reforma existentes, entre ellas de los profesores Tanaka, Tuesta y también mías dado que conmigo llevaron el seminario precedente.
Explican los problemas y sugieren salidas. Los dos ejemplos que pone Eduardo tienen respuestas en el libro, que en el primer caso reemplazan el voto preferencial por primarias abiertas organizadas directamente por la ONPE y esto elimina muchas fiscalizaciones inútiles, el segundo tema de Eduardo.
Eso vale especialmente para el ejemplo de Perú Posible en Puno y para evitar que la robaluz, el comeoro o la robacable lleguen al Congreso. En política, como en el mercado, solo la competencia produce calidad. Es una reforma puntual que reduce la fiscalización burocrática.
El libro tiene más análisis y debate que propuestas y contiene, por ejemplo, un interesante debate sobre la calidad de la democracia en América Latina. Creo que el politólogo analiza, compara, cuestiona. También puede proponer, pero sustentándolo.
El político decide y convence. Le conviene, por lo menos, saber del otro debate. Pero ambos somos politólogos y ciudadanos con vocación política y tenemos derecho a hablar desde ambas condiciones. Respeto todas las opiniones y en particular la de Eduardo pero se requiere leer el libro para opinar o damos una imagen distorsionada de lo que es algo que nos costó mucho trabajo a varios profesores. Supongo que Eduardo reacciona a tu artículo, pero este es inseparable de la presentación que hiciste como comentario tras leer el libro.
Un abrazo
Henry Pease

Estimado Henry:
Gracias por tu respuesta, creo que en efecto el debate es lo mejor que le puede pasar a la profesión en el país. Solo una precisión, no para aclarar tu estupenda carta que abre ese debate, sino para que lo sepas tú: mi comentario fue dirigido al tema de la columna de Mirko y no tanto al libro (del que efectivamente solo tengo las referencias que hacía Mirko, pues recién lo vi al llegar a Lima hace unos días). No fue mi intención que se leyera como una crítica al libro y debí ser más claro en señalar que hablaba del debate en general y no de la obra. Recibe un fuerte abrazo. En mayo estoy de vuelta en Lima con el doctorado en la mano.
Eduardo Sigue leyendo →

Ante las dificultades graficadas en Cajamarca, el presidente Ollanta Humala se ha refugiado en el núcleo duro de su confianza –su entorno militar–, ha despedido a un primer ministro demócrata y concertador, además de pronunciar en Ayacucho discursos en los que habla el soldado, no el ciudadano que elegimos. Él mismo contrapone indebidamente al ciudadano y al soldado.

Cuestionar la ciudadanía plena de los militares implica regresar a lo que en el siglo XX causó tantos problemas. Militares excluidos del voto canalizaban su vocación ciudadana entendiéndose tutores de los ciudadanos, como si fuéramos menores de edad. La politización de las FF.AA. provenía de su exclusión del voto. Por eso pretendían pronunciarse institucionalmente en determinados temas o en toda la acción política, según las circunstancias. No hay democracia estable en el mundo que no exija la subordinación de las FF.AA. a las autoridades e instituciones democráticas y su contraparte es la ciudadanía plena de los militares, con la sola restricción de la acción y declaración política. Se vota pero en la actividad militar no se puede participar como candidato ni asumir ministerios.

El presidente no ha mostrado una sola prueba de la politización producida por el hecho de que los militares voten. No hubo ningún incidente y los órganos electorales pueden confirmarlo.

Cuando presidí el Congreso puse al debate la reforma constitucional que previamente trabajamos en la Comisión de Constitución y logramos su primera aprobación. Era un Congreso mucho más fragmentado y complicado que el actual y no existía la Mesa Directiva concertada. Pero hubo un amplio consenso porque excluyendo del voto a los militares no se consolida una democracia. ¿No lo entiende el ciudadano que elegimos presidente de la República? Lo que ha dicho altera algo esencial de la hoja de ruta que hizo posible su victoria y los demócratas, que no podemos subordinar principios a intereses económicos o políticos, nos sentimos defraudados.

Pero además el presidente cuestionó la ley que en los años finales del fujimorato logramos para eliminar el servicio militar obligatorio. Es ingenuo sostener que sus palabras reclaman solo recursos o convenios para que el voluntariado sea atractivo porque eso depende solo de él, salvo que el MEF sea un ministerio en el cual el presidente no manda.

Viajé seis veces a Jaén y San Ignacio para traer información de las familias de los levados, esos que fueron carne de cañón en la guerra con Ecuador. Los reclamos de las familias eran enormes y la radio jesuita hacía un esfuerzo heroico en medio de las presiones y amenazas para que no divulgara los reclamos de estos ciudadanos humildes que son los que el presidente Humala aspira a incluir.

Traje y esparcí esa información en el Congreso pero al final solo un hecho dramático e inaceptable cambió el rumbo: un joven levado en Tacna se suicidó. En medio de la vergüenza y la pena se desbloqueó el proyecto y Fujimori aceptó el cambio. ¿Se imaginan cómo me siento tras las palabras del presidente Humala a quien he apoyado sin haber hablado nunca con él?

El nombramiento de un militar retirado como primer ministro no me hubiera impresionado sin este contexto, porque su derecho y el mío son iguales y porque el ministro Valdés lo hizo bien en Interior. Viajó a donde estaban los problemas y puso la política antes que la represión, aunque fue el duro, no el concertador. Me preocupa la salida de Salomón Lerner, uno de los mejores presidentes de un Consejo de Ministros, no por su labia sino por su esfuerzo concertador. Me preocupa más que en pocos meses el presidente Humala ya destruyó Gana Perú y su alianza con Toledo. Queda solo en manos de su entorno íntimo de militares retirados, y su discurso lleva a la peor politización de las FF.AA., que ya vivimos.

También puede hacerse un análisis izquierda-derecha, pero insisto: no hay izquierda sin democracia.

La democracia es cuestión previa sin la cual siempre ganan las derechas y se agregan problemas graves. Parafraseando a Nadine Heredia: ¿es tan difícil caminar en democracia? Sigue leyendo →

Hay opinión casi unánime contra el voto preferencial, pero pocos comprenden que los malos congresistas son fruto de la designación a dedo, no solo de la ventaja que el voto preferencial da a quienes tienen mucho dinero o gozan de un apoyo mediático especial.

Lo que es preciso comprender es que la corrupción se combate solo con más democracia y participación ciudadana, no restringiendo derechos ni fortaleciendo a los caudillos.

A tres meses de iniciado el nuevo Congreso hay alrededor de 15 congresistas en problemas judiciales graves. No es corrupción del Parlamento, se trata de actos presumiblemente delictivos cometidos en su vida privada o pública anterior a la elección.

Si en vez de ubicarse en las listas por decisión del líder o del dueño de la franquicia –así tratan algunos a sus partidos–, hubieran competido en elecciones primarias abiertas, en esa competencia previa hubieran aparecido los trapos sucios que ahora afectan al Parlamento.

¿Es que los ciudadanos prefieren como congresista a la candidata que roba luz o roba cables? Es más bien que candidatos con esas malas costumbres tienen más dinero para sus campañas que otros de su lista y se hacen más fácilmente conocidos.

¿Es que los ciudadanos quieren como congresista al candidato que daña el medio ambiente con minería informal? No, es que ambos tienen más dinero que los otros de su lista para hacer campaña y salen por el voto preferencial que es un mal sistema en nuestra realidad actual.

Propuse que la ONPE organice elecciones primarias abiertas para todos los partidos políticos en un solo día, unos tres meses antes de la fecha de las elecciones parlamentarias.

Con este método los ciudadanos mantenemos el derecho que hace más de 30 años tenemos de nominar nuestros candidatos y que la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) elimina.

Mi propuesta también desaparece el voto preferencial que debilita los partidos y afecta a los candidatos que no tienen mucho dinero pero, además, democratiza el orden de las listas pues este termina establecido por la votación primaria y no por el caudillo o los dirigentes máximos.

Adicionalmente, esta competencia hará que salgan a la luz, mucho antes de que sean congresistas, los problemas judiciales o de malas prácticas ciudadanas que puedan tener algunos candidatos y el proceso democrático depurará las listas. La competencia es más eficaz en política y en el mercado que todos los requisitos formales que en nuestro país siempre se burlan, pues, “hecha la ley, hecha la trampa”.

Si –además– se incrementa la franja electoral en esa etapa previa y se restringe la posibilidad de gastos de publicidad privada, el resultado será una democratización del sistema político. Los partidos serán los beneficiados, fortaleciéndose como asociaciones de ciudadanos para participar en la vida política de la nación.

Poco a poco desaparecerán los partidos que tienen ‘dueño’ y serán instituciones democráticas que, como tales, se renuevan constantemente.

Debería abrirse un amplio debate y este debiera ser la primera gran reforma política ojalá hecha junto con una reforma puntual de la Constitución, que permita restablecer el Senado, dividir en varios distritos electorales Lima Metropolitana para acercar el Parlamento a sus electores y establecer el distrito especial de peruanos en el exterior.

Para eso solo hay que eliminar el número de congresistas puesto en la Carta Magna. No se requiere sino una reforma puntual de la Constitución, cosa que no tiene por qué causar inestabilidad alguna. Lo demás es materia legislativa. Sigue leyendo →

El vicepresidente Omar Chehade ha cometido errores políticos garrafales, pero el último linda peligrosamente con el tráfico de influencias y él sabe que eso es delito. La opinión pública ya le está cobrando a la imagen del presidente Ollanta Humala puntos importantes.

Para que se me entienda utilizaré la comparación, arma fundamental en la ciencia política.

¿Recuerdan el Caso BTR, que dividió las aguas en el gobierno de Alan García? No voy a entrar en materia penal, porque el poder aprista en el Ministerio Público y el Poder Judicial armó un enjambre inexpugnable que, unido al bloqueo que la alianza Apra-fujimorismo hizo a la Comisión Abugattás, implicó que no se acusara a nadie y la penalización fuera cada vez más difícil.

Pero el veredicto de la ciudadanía fue terminante en la desa-probación del gobierno. Jorge del Castillo perdió primero la presidencia del Consejo de Ministros, luego la candidatura presidencial y finalmente hasta su curul. El sistema blindó al presidente a pesar de las declaraciones de su secretario que muestran que no fue ajeno al trajín de sus ministros con el lobbista Canaán.

En el escándalo de hoy no aparece por ninguna parte el presidente Humala, pero la estrella es su vicepresidente, sin funciones como tal, pero con notoriedad suficiente para doblar voluntades de jefes policiales y para afectar las voluptuosas encuestas.

El vicepresidente ha empañado, por decir lo menos, la poda hecha por el ministro del Interior. Aunque alegue que el general Guillermo Arteta habla por la herida y miente, ¿quién va a confiar en el general Raúl Salazar después de lo que se dice de la reunión en Las Brujas de Cachiche?

No conozco al general Arteta, pero si preguntan en el norte les dirán que fue honorable y querido por la gente; más bien sacado abruptamente por el gobierno aprista. No sería lógico que participe en una maniobra para que Chehade no investigue al gobierno aprista. El vicepresidente se defiende con elocuencia, pero a nadie le encaja la comida de marras y cuanto más habla menos consistente aparece.

Todo empresario nacional o extranjero y todo interés particular -trabajadores incluidos- tienen derecho a reunirse con las autoridades pertinentes para solicitar acciones a su favor. Pero las reuniones se hacen en el local oficial, con cita previa y entrando y saliendo en horas de oficina. Los funcionarios deben publicar sus agendas y la prensa puede preguntar. No hay diferencia entre la suite de Canaán en el Country Club y Las Brujas de Cachiche.

Obviamente, en este caso, la autoridad es el ministro del Interior y no los generales que le están subordinados.

El vicepresidente no tenía que meter sus narices en el tema, ni para un desalojo ni para discutir políticas de seguridad o inteligencia en un restaurante. Su cargo es delicado por la imagen que proyecta ante los funcionarios subordinados y ante los medios. No puede entrar en un asunto de seguridad ciudadana pasando sobre el ministro del Interior. Así hayan hablado de la inmortalidad del mosquito, ha hecho un enorme daño a su gobierno. ¿Quién le va a creer?

Hay una cadena de errores del vicepresidente. El anterior, del 6 de octubre, lo asocia a la llamada ley mordaza por plantear la modificación del Código Penal para establecer el delito de prensa. Pero la más notoria fue el 6 de junio, al día siguiente de la segunda vuelta, cuando sostuvo que era probable que se traslade al reo Alberto Fujimori a una cárcel común, lo que causó de inmediato la demanda de indulto y la protesta de sus allegados. Una barbaridad que obligó a rectificaciones y que en estos días recordamos porque el cardenal volvió a poner el tema del indulto en debate. No lo voy a contradecir porque todo ciudadano tiene derecho a pedir una gracia. Lo que no puedo dejar pasar y ningún demócrata puede aceptar es la afirmación cardenalicia de que el presidente de la República no tiene que dar cuenta a nadie sino a su propia conciencia de esa gracia que otorga, no que tiene, el presidente.

Todo gobierno representativo, es decir democrático, se sustenta en la rendición de cuentas de los actos del gobernante. En el Perú, la responsabilidad política la asumen los ministros ante el Parlamento, pero eso no es toda la responsabilidad ni ante la historia ni ante los ciudadanos de hoy. Recuerden los dolores de cabeza de García tras el indulto a Crousillat y los traspiés del ministro Pastor, que tuvo a regañadientes que asumir la responsabilidad política. ¿Entenderemos la diferencia entre autocracia y democracia? Sigue leyendo →

Con un estilo claro y directo, el primer ministro Salomón Lerner presentó al país el programa de gobierno que ‘operacionaliza’ la gran transformación ofrecida por el presidente Humala. Ciertamente, si el 2016 se cumplen esas metas sociales, económicas y políticas, habremos iniciado una gran transformación. Habrá que evaluar puntualmente cada tema, pero sin duda servirá este texto para monitorear el proceso político que está comenzando.

Quiero destacar en este artículo la manera de gobernar del presidente Humala y la esencia del mensaje de su primer ministro. Se parece más al estilo del presidente Paniagua, austero y despersonalizado, en vez de omnipresente y apabullante como el del presidente García. Eso deja un espacio al jefe del Gabinete, como cabeza de los ministros, articulador de la ejecución política e interlocutor del Parlamento. Se facilita por la relación fluida que existe entre el presidente y el primer ministro que ya la tenían desde la campaña por el puesto entonces ocupado por Lerner. No hay competencia posible entre ambos cargos, porque el presidente es el jefe de Gobierno.

El mensaje del primer ministro tiene contenidos esenciales de lo que será –ya está siendo– la conducción política del Gobierno. Un primer gesto, enormemente válido para mí, es que el Gabinete no ha solicitado delegación de facultades legislativas, ese vicio en el que cayeron todos los gobiernos menos el del presidente Toledo. Pero va de la mano con los consejos de concertación propuestos y reactivados y con la estrategia de prevención de los conflictos sociales partiendo del reconocimiento de los derechos de la población y sobre la base de la recuperación de la credibilidad de las instituciones públicas. Este mismo estilo se expresa en la forma en que se ha llegado a decidir el adicional tributo de la gran minería y estas buenas maneras son indispensables para que el crecimiento económico siga dándose y la inclusión social sea posible.

Para iniciar una profunda y gradual reforma del Estado, de sus relaciones con la sociedad y una reforma política, es importante el debate de temas específicos, pero esta forma de abordar los cambios es lo más adecuado, porque el diálogo y la concertación es una apuesta metodológica de toda política pública de nuestros tiempos. En las políticas públicas importa más la manera de formularlas que las ideas que tenga el que lo hace, porque el proceso es necesariamente participativo y democrático o la política no funciona. El primer ministro ha enfatizado su demanda para que la tolerancia y el diálogo se instalen en la sociedad y, sin perder un ápice de radicalidad en sus objetivos de inclusión social, ha reclamado conciliación y reconciliación. Es la mejor manera de comenzar un camino juntos y por eso se ve tan desorientada a la oposición en el Congreso. Claro que el paso del tiempo les dará baterías para criticar fallas y errores del Gobierno, pero es hora de abrir espacios donde se concierten los grandes objetivos y políticas para la inclusión de tantos peruanos olvidados. Me hizo recordar lo que unos alumnos –los más jóvenes– me dijeron en una clase la semana pasada, repitiendo a uno de sus maestros de historia, José Agustín de la Puente, y recordándome a mi hermano Franklin: “El Perú ha vivido de espaldas a los Andes, su columna vertebral”. Por eso, ha propuesto un reencuentro histórico con el Perú rural a partir de un cambio metodológico: “mirar nuestro crecimiento desde abajo y desde adentro”. Son varias premisas que pueden empezar la gran transformación comenzando por la manera en que nos tratamos y haciendo posible la conjunción de esfuerzos para construir una sólida voluntad de inclusión y solidaridad que serán compatibles con la competitividad, la eficiencia y la innovación tecnológica que requiere nuestro desarrollo económico. Sigue leyendo →

El presidente ha concentrado su atención en construir una conducción ordenada del gobierno. Se ha escrito que despacha con cada ministro acompañado del premier y se sabe que este ha solicitado a cada ministro que no declare sobre temas ajenos a su sector. Eso comienza a ordenar el escenario y desesperar a los periodistas, casi tanto como que el presidente no priorice responder a la prensa.
Un gobierno con 18 ministros y varios altos cargos autónomos requiere una conducción cotidiana que ordene, priorice y armonice contradicciones. Es una novedad positiva que el presidente y el premier actúen juntos. Eso convierte a este último en el segundo de a bordo, de manera efectiva contribuye a que no haya grandes contradicciones. No era viable con el doble juego institucionalizado en todo gobierno aprista, cristalización de la famosa escopeta de dos cañones.

El primer mes de un gobierno es el tiempo constitucional que tiene para preparar su primera presentación ante el Congreso. Ese es el momento en que tiene que mostrar su plan de acción, combinando la tarea inmediata con los objetivos de mediano alcance. Por ahora, lo evidente es la prioridad dada a la seguridad ciudadana por la calculada operación policial contra los escenarios de mayor criminalidad y la prioridad a la reconstrucción del departamento de Ica, expresada por la visita presidencial y urgida de respuestas contundentes que contrasten con la dejadez del gobierno aprista.

Es positivo este esfuerzo y ojalá ayude a centrar la atención pública en asuntos de fondo en vez del cortoplacismo que embota la política criolla. Es explicable que los periodistas se muevan en el corto plazo y destaquen las contradicciones de los actores políticos, pero es lícito que un gobierno busque reducirlas y encauzar los procesos de decisión para que sean sus resoluciones antes que las especulaciones las que destaquen. Por momentos, elgobierno se parece al Congreso. En este hay 130 representantes, todos iguales y todos necesitados de protagonismo mediático. Las reglas del Parlamento son públicas en todos sus pasos y esto hace que los parlamentarios se comporten como actores mediáticos. Un ejemplo de esto me lo enseñaba un colega con un semanario reciente que traía el texto de la intervención de Martha Chávez en la sesión secreta que la castigó. Su comentario fue: “Hasta parece un ser humano y no la troglodita que gritaba el 28 de julio”. Eso explica la razón de la sesión secreta cuando hay un tema disciplinario, porque en caso contrario la situación termina siendo inmanejable y se convierte en un circo mediático.

En el Parlamento todo se trata y por lo general se especula más allá de la información real. Es el centro de la deliberación política y su función es deliberar, desde todos los ángulos. Los ministros tienen que aprender a moverse en ese terreno pero tienen otras responsabilidades y una de ellas, evidente, es no soltar prenda sino en el momento adecuado. Para eso, es clave que cada ministro solo hable de la materia que se le ha encomendado. El rol de la prensa y del parlamentario es otro y se confrontan los tres con resultados variables que sirven a la democracia. El régimen democrático es un orden político, no la confrontación caótica en cualquier escenario y con los actores mezclados.

El presidente tendrá que hablar más a la prensa pero también podrá escoger entre varios estilos válidos. Venimos de cinco años con un presidente hipermediático, que usó y abusó en esa materia. Recordemos sus artículos sobre “El perro del hortelano”. Es muy raro que un presidente escriba artículos periodísticos. Ciertamente estos fueron un regalo a sus adversarios y aunque la crítica es por la política seguida –marginando y excluyendo– y no por escribirla, el hecho vale para mostrar las limitaciones de cada actor al salir de su rol.

El Perú ha avanzado en transparencia y a eso no se puede renunciar. Por eso hay que reconocer la importancia de que el Gobierno haya dispuesto reactivar los portales de Internet de cada ministerio, congelados en el gobierno anterior hasta el extremo de que en el Congreso se desconocían actas de la directiva y hasta votaciones del pleno. Esperamos que Antauro no esté en la agenda y que cualquier reforma constitucional dependa de lo que el Congreso logre negociar abriendo consensos. Sigue leyendo →