Por: Jackeline Fows
En noviembre de 1989, cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso llamó a un paro armado en la capital peruana, Pease convocó a una Marcha por la Paz para contrarrestarlo. Su propuesta tuvo la inmediata respuesta del entonces candidato presidencial Mario Vargas Llosa, quien llamó a la principal radio noticiosa a confirmar su presencia.
Además del escritor peruano, se sumaron a la marcha numerosos líderes políticos y sociales.
“No me hubiera plegado a la Marcha por la Paz si la iniciativa no hubiera venido de Henry Pease, un adversario que, como intelectual y como político, me parecía respetable. Hay muchas maneras de definir lo respetable. En lo que a mí se refiere, me merece respeto el intelectual o el político que dice lo que cree, hace lo que dice y no utiliza las ideas y las palabras como una coartada para el arribismo”, escribió en sus memorias Como pez en el agua el Nobel de Literatura acerca de quien le disputara la presidencia en los comicios de 1990.
Pease fue uno de los pocos políticos de izquierda durante el Congreso Constituyente Democrático, el Legislativo que funcionó de 1992 a 1995 cuando el presidente Alberto Fujimori cerró esa instancia y convocó elecciones. Posteriormente, llegaría a presidir la Cámara legislativa (entre 2003 y 2004).
En abril de 1993 recibió un documento anónimo elaborado por militares que discrepaban de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas dirigidas por el asesor de inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos. El informe contenía los detalles de la operación militar que causó la muerte y desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Pease confirmó rápidamente la información y propuso al Congreso —de mayoría fujimorista— la formación de una comisión investigadora de la masacre. Su iniciativa fue aprobada.
Pease venció un cáncer a los 29 años y desde entonces su salud requería constantes tratamientos. Pese a ello, era un orador firme en el Congreso y se mantuvo activo en la opinión pública tras dejar la Cámara en 2006. Sus aportaciones en las reformas políticas se enfocaron en la descentralización del país y la participación ciudadana en la gestión local.
Como académico, fue profesor y coordinador del curso Realidad Social Peruana en la Pontificia Universidad Católica del Perú, materia en la que dijo haber tenido unos 7.000 alumnos en 42 años. En los últimos años se desempeñaba como director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de esa universidad.