EL ESCÁNDALO DEL ACTA DE SUJECIÓN SOBREVIVE

Denominamos “acta de sujeción” a la declaración que la mafia fujimorista impuso a los altos jefes de las FFAA y la Policía para autoprotejerse y enfrentar a estas instituciones con la sociedad que cuestionaba los desmanes, el golpe, los crímenes y los robos del fujimorato en su tiempo final. En un solo papel que los obligaron a firmar a los oficiales generales y coroneles de las tres armas y la Policía, los convertían en defensores del golpe, los hacían declarar que serían defensores de la impunidad total ya que institucionalmente defenderían que ningún oficial que haya participado en la lucha antisubversiva, ni las instituciones, podían ser responsabilizadas. Putis o Acomarca, o los crímenes del grupo Colina serían pues responsabilidad de todos los militares, no de los ejecutores y los que dieron las órdenes, ya que sus mandos lo firmaban así.

Fue una maniobra para que los peruanos que luchábamos por la verdad, que combatíamos el terrorismo de Sendero y el MRTA pero también el terror de estado, que para algunos sólo eran “excesos” y según esta acta ya ni eso. Nos chantajeaban diciendo que nos tendríamos que enfrentar a todas las Fuerzas Armadas. En la práctica muchos oficiales actuaron con este erróneo espíritu de cuerpo y la prueba es el aislamiento en que quedó el valiente general Robles, que avaló la denuncia que hice en el Congreso sobre los crímenes del grupo Colina en La Cantuta. Aunque formalmente haya sido reivindicado terminó auto exilándose en Centroamérica probablemente por el aislamiento social que aquí vivía entre sus compañeros de armas.

No tengo duda que hay enorme distancia entre lo que hizo la mafia fujimorista -los que aparecen en la mesa haciendo firmar a los demás-y los oficiales que firmaron. Pero el honor de los firmantes quedó afectado y no reconocerlo es un error que generara desconfianza en cualquier demócrata. Hay muchos ejemplos en los jefes militares de antes, que pedían su pase a disponibilidad o retiro ante una orden indebida y lo es la ruptura del orden constitucional y cualquier crimen. Sobre eso no hay “obediencia debida” y por tanto tampoco solidaridad o adhesión posible.

Hay enorme distancia entre los mafiosos y los firmantes. El Poder Judicial ya resolvió y por tanto el nuevo Ministro del Interior general Calle no tiene problema penal pendiente pero no cabe duda que su honor y el de todos los firmantes quedó afectado; no ha habido una declaración propia que lo reconozca autocríticamente. La quincena o el ascenso no pueden estar antes que el deber y en todo alto cargo hay que saber decir NO, cosa que en todas las instancias se está perdiendo. Lo que sí es grave políticamente en un régimen democrático es que un ministro mienta como aparece hoy en los diarios. Por eso hay que leer lo que firmó el hoy ministro del interior y se comprenderá que eso no es una lista de asistencia.

Los que tienen “rabo de paja” en esa época de tragedia deben estar frotándose las manos. Los hay militares, civiles y hasta clérigos y muchos peruanos sabemos quienes son. Pensarán que la designación hecha por Humala lo coloca del lado de ellos y aspirarán a hacer lo que Rey hizo con García: llevándolo a firmar la tercera ley de impunidad que se frustró, esta vez, por la enérgica renuncia de Mario Vargas Llosa. Antes se frustró la ley del CCD, desconocida por la Corte Internacional y la ley constitucional que pretendía imponer el ministro de Justicia en la Mesa de Diálogo de la OEA y que bloqueamos retirándonos toda la oposición democrática y llamando al secretario general de la OEA quien tuvo que amenazar a Fujimori con convocar nuevamente a la Asamblea General si fracasaba la Mesa de Diálogo.

El Presidente Humala debe mirar con cuidado a su flanco derecho y no confundir la camaradería con el deber de mirar lejos institucionalmente hablando. No lo empujemos allí descalificando como delincuente a quien no lo es pero exijamos que se evalúe cada decisión políticamente, viendo sus consecuencias, y que se pare en seco toda pretensión de regresar a la impunidad que quieren los mafiosos y apoyan los que tienen rabo de paja. A estas alturas es imposible cambiar la verdad histórica: vean el juicio al asesino de Acomarca y como lo que dice muestra la verdad de lo que sostuvimos mucho antes de contar con el informe de la Comisión de la Verdad, que no eran simples excesos. Hoy sale a la luz que eran órdenes de jefes que luego les pedían se autoinculpen o se hagan los locos para salvarlos. Si eso no se castiga la responsabilidad es de todos y es institucional. Si queremos vivir en democracia y civilizadamente hay que hacer justicia y separar el trigo de la paja. Humala no se equivocó al deslindar en la campaña con el acta de sujeción y lo peor que podría hacer es escuchar a los que hoy tienen rabo de paja.

Algunas partes de la llamada Acta de Sujeción:
“…1. La participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los estamentos del Sistema de Inteligencia Nacional en la decisión adoptada por el gobierno del señor Presidente de la República, el 5 de abril de 1992, fue un acto consciente y serenamente meditado, por lo que el respaldo y apoyo brindado a tal decisión fue la expresión de la voluntad institucional unánime…

3. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los estamentos del Servicio de Inteligencia Nacional conjunta e institucionalmente defenderán y protegerán a sus miembros en el caso de que se pretendiera responsabilizarlos individualmente por el apoyo institucional otorgado a la decisión del 5 de abril de 1992, lo cual se consideraría como una ofensa contra las instituciones tutelares, que obligará a los respectivos comandos en el futuro a defender irrestrictamente al miembro comprometido de manera institucional…

4. Rechazo institucional a la actitud de algunos oficiales en situación de retiro que están emitiendo juicios y opiniones interesadas y que demuestran una conducta infraterna con sus camaradas y deslealtad con sus instituciones.

7. Precisar que la Nación ha dictado leyes de amnistía general que están en plena vigencia, en las cuales queda establecido muy claramente que no le corresponde responsabilidad alguna, institucional o individual, al personal militar, policial y de la comunidad de inteligencia que participaron en la lucha contraterrorista.

8. Asumir el compromiso institucional, sin límite en el tiempo, de defender, proteger y solidarizarse con los integrantes de las organizaciones, a las cuales se pretende responsabilizar, encausar o ejercer algún tipo de represalia contra ellos por su participación en la lucha contra el terrorismo…”

Puntuación: 3.50 / Votos: 4
Publicado por:
Visto:1310 veces
- Share

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *