Llegó con el régimen democrático ya funcionando y la economía en franco crecimiento. No se propuso hacer reformas. El Congreso que se va fue el escenario del pacto vergonzoso entre el Partido Aprista y el fujimorato. El partido del pueblo blindó a los fujimoristas con procesos abiertos a cambio de sus votos, para que ni siquiera ante errores garrafales como el ‘baguazo’ censuraran a sus ministros y para que ante escándalos del tamaño del Caso BTR no se aprobara ni una sola acusación constitucional. Bloquearon todos los mecanismos de control político y se pasearon muy orondos de la mano dejando atrás el oprobio de las denuncias que ellos mismos presentaban durante la transición democrática contra los fujimoristas. Los blanquearon, como se dice ahora.
El Congreso que se va no tiene leyes importantes, tiene rutinas. Delegó atribuciones legislativas con generosidad, por eso Alan García ha expedido 135 decretos legislativos, más cerca de lo que en período similar hizo Fujimori (148) que del austero ejemplo de Toledo (40). Pero en cambio supera a Fujimori expidiendo 365 decretos de urgencia, pues un quinquenio de este da solo 346 (692 en diez años) y la fiscalización del Parlamento no funcionó por igual. En los últimos meses se ha exonerado de muchos pasos de control y probidad a diferentes órganos del Estado y eso no lo fiscalizó el Congreso que se va.
Si revisamos el listado de leyes, encontraremos muchos títulos y pomposas propuestas pero nada que responda a las expectativas ciudadanas. Dieron las leyes que requería el Gobierno y para eso no requerían mayoría propia. No pactaron para reformar nada, solo hicieron fintas hablando de reforma constitucional o de la creación del Senado para contentar a las galeras y aparecer en los periódicos. Pocos parlamentos han quedado tan desprestigiados por escándalos particulares. El ‘comepollo’, el ‘mataperro’, la congresista que puso de asesora a su empleada o la congresista ‘robaluz’ son ejemplos que se recuerdan en la ciudadanía pero no pasan de ser casos anecdóticos. Mucho más grave es el pacto que impidió toda fiscalización al gobierno de García o los vientres de alquiler que propició el partido de gobierno aprovechándose de una UPP en descomposición.
Pero este Congreso tampoco ha sabido representar, pues no ha encontrado la forma de ligarse a la ciudadanía ni anticiparse a los sucesos. La misma tragedia de Bagua es un ejemplo, pues el detonante se produjo en el propio hemiciclo, cuando por artimaña aprofujimorista del 4 de junio de 2009 el pleno se negó a votar la derogación del D.Leg. 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que había sido fundamentada la semana anterior. De haberse derogado, como finalmente ocurrió meses después, no se habría producido la hecatombe que ocurrió al día siguiente.
Forzoso es referirnos a la irresponsable creación de universidades con fines exclusivamente electoreros que se han producido a mansalva coincidiendo con el año electoral. La violencia en Huancavelica por la creación de la Universidad de Tayacaja con fondos de la Universidad de Huancavelica es solo una muestra de la irresponsabilidad con la que se han tomado algunas decisiones en el Congreso que se va.
La cereza de la torta aprofujimorista fue la Ley 29703, que libra de culpa a los corruptos cuando no ha habido perjuicio económico al Estado, es decir que permite en la práctica el libre ejercicio de la coima siempre que no cause pérdida o perjuicio medible al erario público. En esta perspectiva, el Caso Comunicore y muchos otros podrán quedar impunes, ya que el perjuicio aparente fue para terceros. Esta ley favorece a muchos procesados de los últimos años por esta razón, que podrán acogerse a esta norma aun cuando se derogue en el futuro. Las coimas pagadas por las compras de armas, contratos de obras públicas y similares quedarán impunes. Alan García ha convocado a legislatura extraordinaria para el 6 y 7 de julio próximo para esta derogación, pero el daño ya está hecho. Podrá marcharse repitiendo su más famosa frase: “La plata llega sola…”.