En Panamá los jueces son sumamente severos para condenar por los delitos de difamación en el periodismo, en este caso el televisivo.
El Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó la sentencia que declaró inocentes a Sabrina Bacal y Justino González en sendas demandas por calumnia e injuria y condenó a los dos periodistas a 12 meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por un año.
Bacal, directora de noticias de Canal 2 (TVN), y González, ex reportero de esa televisora y actual comentarista en la radio KW Continente, fueron condenados por un proceso iniciado tras la difusión en 2005 de una nota sobre una red dedicada al tráfico ilegal de personas en la Dirección de Migración.
Como es costumbre, la condena ha sido calificada de “aberrante” y un ataque a la libertad de expresión en círculos periodísticos y ocurre en momentos en que en Panamá se discute una eventual penalización de los delitos contra la honra.
La pena de prisión a los dos periodistas es conmutable por el pago de una multa que asciende a unos 3.600 dólares, pero la inhabilitación para ejercer el periodismo ha causado sorpresa, porque no es parte de las sanciones contenidas en el Código Penal.
Las demandas por calumnia e injuria fueron interpuestas por Aida Castro, Secretaria de la Dirección de Migración y Rosendo Rivera, entonces abogado de la entidad.
Rivera dijo que González publicó primero una historia donde afirmó que había cobrado una “coima” a un costarricense, quien en la investigación ante la fiscalía anticorrupción, negó la versión del periodista y habló de una multa.
Rivera rechazó que exista la intención de afectar el periodismo panameño, pero si un deseo como profesional y particular de reclamar justicia.
“Por esas noticias falsas y basadas en supuestos informes de inteligencia, perdí mi empleo, se afectó mi reputación, perdí mi casa y afectaron a mi familia” dijo Rivera.
“Sin embargo, desde hace cinco años me comencé a defender de esas acusaciones y seguiré” advirtió Rivera.
El presidente Ricardo Martinelli evitó opinar sobre el fallo, al que calificó como un asunto del sector judicial