Según publica el blog “Periodismo en las Américas”, la violencia del narcotráfico en México no sólo ha resultado en más de 28.000 personas asesinadas en poco más de tres años y medio, sino que también ha sumido a la prensa local en una crisis que ha desnudado y acentuado las debilidades crónicas del periodismo mexicano, coincidieron los principales medios del país.
El secuestro de cuatro periodistas en el estado de Durango la semana pasada por un grupo armado que las autoridades mexicanas relacionaron con el cartel de drogas de Sinaloa, fue un punto de quiebre que desveló el nivel de presiones a que se exponen a diario los periodistas que cubren narcotráfico o corrupción en México, a la vez que mostró la desunión que existe entre los medios, afirmó León Krauze en Milenio. Asimismo, constituyó una expresión elocuente del creciente poder que los sindicatos de drogas han adquirido en el último tiempo, con influencia sobre autoridades y medios locales y poder de amedrentamiento a nivel nacional.
Aunque dos de los periodistas fueron liberados por sus captores, otros dos fueron rescatados en un operativo policial, en un final feliz poco frecuente si se compara con las cifras de comunicadores asesinados
y desaparecidos desde que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006. De acuerdo con Human Rights Watch, en esta categoría se encuentran 38 periodistas, 10 de los cuales engrosaron la lista recién este año.
El el mismo artículo, Krauze dijo que el periodismo en México “atraviesa un profundo momento de crisis”, ya que “a la suma de nuestros defectos como gremio se agrega, ahora” la amenaza del narcotráfico. La situación “obliga a una reacción inmediata y contundente que marque un punto de quiebre tan definitivo como el Acuerdo por la Discreción del 99 en Colombia”, enfatizó.
Código de Etica Compartido
Rubén Aguilar, de El Economista y ex portavoz del presidente Vicente Fox (2000-2006) —antecesor de
Calderón— llamó a los medios a establecer un protocolo común para enfrentar de manera conjunta este tipo de situaciones y a elaborar un código ético compartido para el tratamiento informativo de las acciones del crimen organizado. “Puede ser también el momento para que los profesionales de la información, como existen en muchos países, funden un Colegio Nacional de Periodistas, con capítulos estatales, que regule el oficio y defienda el ejercicio de su profesión”, agregó.
La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) afirmó también que “este es un momento de decisión” y concluyó que mientras no haya unidad el periodismo y sus trabajadores en México seguirán “vulnerables a los ataques”. En ese marco, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al gobierno mexicano a trasladar a la jurisdicción federal el trámite de los crímenes contra comunicadores y a poner en práctica medidas que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados