Dentro del rotulo general de “Teoría de las organizaciones” existe una, denominada Teoría de la Agencia, que en su versión clásica es netamente corporativista, empresarial.

En la bibliografía de la Teoría de la Agencia podemos encontrar algunas derivaciones conocidas, como son la “Teoría positiva de la agencia” y la “Teoría principal-agente”, por nombrar algunas, cada una de ellas con sus variaciones y sutilezas, pero como método en general su existencia data de los años 70`s con los trabajos de Jensen y Meckling, quienes combinan la economía de los costes de transacción y el enfoque contractual.

Así, la versión genérica de la Teoría de Agencia estudia las conexiones entre los “principales” y los “agentes”, y sostiene que la denominada “relación de agencia” surge cuando una o más personas (el principal) encarga a otra persona (el agente) realizar un determinado cometido en su nombre mediante un contrato, y lo que se busca es un sistema de contratación o subcontratación de diversas tareas que sea optimo (que una empresa alcance la eficiencia cuando contrata a otra empresa, eliminando o disminuyendo para ello costos que se generan como consecuencia de la formalización de contratos, de la supervisión de cumplimiento del contrato, de la garantía de que el agente cumplirá lo mandado, etc.)

Siendo epígonos de Jensen y Meckling, podemos decir que los costes asociados a una relación de agencia son 3:
1) Costes de control en que incurre el principal para regular la conducta del agente, con la finalidad de que las divergencias entre lo que realiza por el agente corresponda a lo deseado (o se acerque a lo esperado por el principal);
2) Costes de fianza en que incurre el agente para garantizar al principal que en su actuación no va a desviarse de lo contratado;
3) Perdida residual es el detrimento que el agente puede causar al principal, al tomar decisiones que el principal no tomaría si estuviera en su lugar.

Así, en el mundo empresarial se entiende que, el objetivo básico de la relación de agencia que se forma entre “el principal” (en el caso de las empresas, el propietario o el directorio, y por ello se le entiende como PRINCIPAL) y el “agente” (los administradores o los gerentes que deben desarrollar lo acordado) es encontrar la organización, la estructura, la información por el cual el principal puede controlar, motivar el comportamiento del agente. Siendo evidente que cada uno de los sujetos de dicha relación tiene sus propios intereses y ambos buscan maximizar su utilidad, establecer una relación de agencia optima supone alinear los intereses de los principales con los agentes, para lo cual el principal debe invertir en establecer resultados que exigir al agente, en tener sistemas de organización, información, etc. para viabilizar dicho control y motivación con buenos salarios, con ascensos, medallas, etc.

Como las teorías económicas tienen naturaleza interdisciplinaria y gozan de mucho prestigio en la administración pública peruana por su carácter “objetivo”, los cientistas políticos y politólogos han querido transpolar los parámetros de la Teoría de la Agencia para sus análisis de las labores políticas y funcionales, lo que consideramos que es forzado. Veamos por qué:
Los ciudadanos somos –en la adaptación de esta teoría- los “principales”, porqué elegimos con nuestros votos a quienes serán nuestros representantes, y porqué financiamos con nuestros impuestos la gran empresa llamada: Estado.

Los “agentes” son aquellas personas elegidas por votación o designadas por los elegidos democráticamente, para que administren nuestra gran empresa llamada Estado Peruano; ergo, son todos: Presidente, Ministros, Congresistas, Presidentes y Consejeros Regionales, Alcaldes y Regidores, así como los funcionarios nombrados por ellos. Por eso, el Presidente de la República es llamado “primera mandatario”, y como mandatario es quien recibe un mandato que debe atender, debe de entenderse que el Presidente es “el primer servidor”.

Pero la realidad nos enseña que la elección del ciudadano como “agente” lo muta, lo transforma en un ser privilegiado, pues el agente obtiene poder político y administrativo de los recursos del Estado, y por ello desarrolla conductas que le permiten minimizar costes y perjuicios no contemplados legalmente, y se permiten obtener beneficios para el y sus familiares, tales como uso de vehículos y bienes organizacionales, compra y venta de activos por acceso a información privilegiada; nombramientos de familiares en la organización pública o nepotismo, utilización de bienes y servicios como oficinas grandes y lujosas, promoción de conocidos por razones subalternas, etc. Estas ventajas no solo son inmorales, sino también ilegales, pues no responden a los términos de la labor encomendada por el principal, con lo cual disminuye la eficiencia para este (disminuye la eficiencia, en general).
Es conveniente precisar que según Lahera “Se dice que una conducta es racional si existe un orden de preferencias que explique las elecciones del individuo”. Así, la racionalidad conforme a la ciencia económica, al ver al ser humano como un homo economicus, consistirá en elegir, dentro de un conjunto de posibilidades alternativas para determinada circunstancia especifica, la acción que asegure un alineamiento entre el objetivo/recursos/decisión, de modo tal que nos garantice una maximización de utilidades (para los individuos), o de bienestar (para los grupos). El actuar irracional será la decisión que no nos asegure la mejor posibilidad de utilidad privada o de bienestar público. Pero, conforme al institucionalismo debemos decir que la racionalidad no estará determinada por una lógica utilitaria o instrumental, sino porque el alineamiento objetivos/recursos/decisión estará en función de objetivos organizacionales más amplios, los cuales comprenden valores, creencias, ideologías y demás temas subjetivos como son los valores democráticos: tolerancia, solidaridad, legitimidad, legalidad, dignidad humana, etc.
Yo creo que en el párrafo anterior está la esencia por la cual la teoría principal-agente no es transportable para establecer la relación de agencia en temas de gestión pública: Lo económico es solo una parte, importante pero restringida, de la vida en sociedad.

Ahora bien, si el esfuerzo de la Teoría de Agencia, desde el punto de vista corporativo, empresarial, industrial, es alinear los intereses del principal con el agente (léase del propietario con el agente), en la gestión pública debemos preguntarnos: ¿Cómo evitamos el riesgo de que solo uno de los extremos de la relación maximice sus beneficios?, ¿Cómo aseguramos la eficiencia de la relación de agencia (es decir, para ambos lados: principal y agente, según los términos convenidos)?, ¿cómo alineamos los intereses de quienes administran y controlan los recursos públicos (los políticos o funcionarios) de quienes lo financiamos (los ciudadanos) dentro del respeto de los derechos humanos y la ley? Las respuestas parecen ser varias:
1.- ¡Con incentivos económicos adicionales, como se da en la empresa privada! Debemos decir que no es posible: la Ley General del Presupuesto y aun los criterios de Gestión por Resultados que propugna el MEF nos señalan que la remuneración es la contraprestación por trabajo efectivamente realizada, así que no es posible el pago de bonos de productividad u honorarios de éxito.
2.- ¡Con remuneraciones dignas de acuerdo a la investidura, a la función y responsabilidad del cargo! La dificultad de definir “remuneración digna” por su naturaleza subjetiva hace que no podamos poner reglas para los trabajadores y funcionarios públicos. Además, ¿es menos digno el trabajo de quien recoge basura y evita la suciedad y las enfermedades, que el de un maestro de escuela primaria en la serranía de nuestro país?
3.- ¡Con el establecimiento de metas, objetivos, resultados! Si, ese es el ideal y el objetivo que muchas corrientes de gestión pública pregonan, pero nuevamente ¿cómo lo concretamos! Para implantar una gestión por resultados no necesitamos de la Teoría de la Agencia en su versión principal-agente, sino otras herramientas de gestión, como por ejemplo, las ciencias y técnicas de gobierno y gestión desarrolladas por el profesor Carlos Matus (que cuentan con cierta metodología que se puede implementar y adaptar a cada organización, como lo he venido haciendo yo desde la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, de la Dirección Académica de la Academia de la Magistratura y ahora lo hago en la Dirección General de Administración a mi cargo).
4.- ¡Con establecimiento de medidas de control y sanciones para quienes no se ajusten a lo establecido! En el caso de la gestión pública la Ley de los Derechos de Control y Participación Ciudadana Nº 26300 regula figuras de iniciativas normativas, así como de revocación de autoridades electas, remoción de autoridades (funcionarios públicos designados), rendición de cuentas, referéndum, existiendo también los supuestos de vacancia de autoridades regionales y locales, etc. Y ni que decir de las acciones del Sistema Nacional de Control a cargo de la Contraloría General de la República y sus representaciones u Órganos de Control Interno en cada una de las organizaciones públicas.

Conforme yo entiendo, la Teoría del principal-agente sirve para dar una orientación sobre los términos generales en que debe de establecerse la relación de agencia, y esclarecer las condiciones ideal en que se debe desarrollar esta, pero ese aporte es tan genérico como cualquier otro, pues no aportan mecanismos para evitar o restringir los costes de control, costes de riesgo, y perdida residual, y justamente lo que la gestión pública peruana necesita son metodologías y herramientas concretas a las que el principal (ciudadano) o el agente (político o funcionario) puedan recurrir para asegurar la eficiencia de dicha relación para ambos extremos, en pleno respeto de los valores y creencias que predominan en nuestra sociedad (y que son más amplios, que solo los valores económicos)

Por lo expuesto, creo que la Teorìa principal agente, ni la relaciòn de agencia, es transpolable a la gestiòn pùblica, aunque si puede servir, como muchas otras conceptualizaciones, a ella.