Aunque muchos aun discuten si es correcto hablar de “CIENCIA Política”, nosotros creemos que sí, pues nos adscribimos a los que recuperan el término latino scienitia que significa un conocimiento adquirido a través del estudio, así entendemos a la Ciencia Política como ¨una tradición académica de estudio de la política, una disciplina que se trasmite de profesor a alumno, a través del discurso y de la escritura”

Con respecto a la Ciencia Política, podemos señalar que puede tratar un problema público desde diversos enfoques: Teoría normativa, Institucionalismo, Análisis conductista, Teoría de la Elección Racional, Perspectiva feminista, Teoría del discusro, etc. Pero a pesar de ello debemos señalar que, hay “tres rasgos básicos para cualquiera de las disciplinas o los métodos con los que se emprenda: su objeto de estudio, su orientación aplicada y su autocontención” . En efecto, el objeto de estudio son los problemas, pues la orientación es eminentemente práctica: pensar soluciones e implementarlas de modo efectivo. La autocontención está referida a que sus límites son todos los conocimientos o aproximaciones teóricas de las diversas ciencias, métodos y actividades que contribuyen a la solución del problema estudiado, integradas en un solo proceso (o en una secuencia articulada de procesos) tendiente a la solución de dicho problema público.
Con respecto a la autocontención de la Ciencia Política, encontramos un texto del gran filosofo vienes Karl Raymund Popper que puede ser de utilidad para entenderlo mejor: “Cuando dije que el interrogante: “¿Cuál es el carácter de los problemas filosóficos? es una forma un poco mejorada de otro interrogante ¿Qué es la filosofía?, quise aludir a una de las razones de la futileza de la controversia actual concerniente a la naturaleza de la filosofía: la creencia ingenua de que existe una entidad como “la filosofía” o quizá como “la actividad filosófica” que tiene un cierto carácter, esencia o naturaleza. La creencia de que existen entidades como la física, la biológica o la arqueología, y que estos “estudios” o “disciplinas” se distinguen por el tema que investigan me parece un residuo de la época en que se creía que una teoría debía partir de una definición de su propio objeto de estudio. Pero sostengo que los objetos de estudio, o tipos de cosa, no constituyen una base para distinguir disciplinas. Las disciplinas se diferencian por parte de razones históricas y por razones de conveniencias administrativas (como la organizaciones de la enseñanza y de los equipos), y en parte porque las teorías que construimos para resolver nuestros problemas tienen una tendencia a construir sistemas unificados. Pero todas estas clasificaciones y distinciones son relativamente poco importantes y superficiales. No estudiamos temas, sino problemas; y los problemas pueden atravesar los límites de cualquier objeto de estudio o disciplina” .

El profesor chileno Carlos Matus, en la enorme bibliografía que nos dejó, y especialmente en el libro Teoría del Juego Social , coincidiendo con Popper nos dice que: “La práctica social desborda la formación profesional y, cualquiera sea su ámbito, exige entre otras cuestiones explicar la realidad, identificar y ponderar problemas y causas críticas, calcular sobre el futuro incierto, resolver conflictos cognitivos, hacer análisis estratégico para construir viabilidad…. Por su naturaleza cualquier problema social tiene un contenido transdepartamental que no reconocen las facultades o departamentos de las Universidades y de las ciencias”

Recogiendo lo anterior y resaltando el carácter transversal de los problemas sociales y la necesidad de un conocimiento especializado y centrado en dichos problemas, Matus también señala: “Se trata de un cruce horizontal transdepartamental que tiene sus propios problemas cognitivos y exige una metateoría del juego social para comprender el proceso de producción social desde la perspectiva práctica del actor participante comprometido en la acción”. Precisa Matus: “No basta con equipos interdisciplinarios que aportan conocimientos especializados en idiomas particulares incapacitados para la interacción que exigen las deliberaciones que preceden a la toma de decisiones (…) La simple interdisciplinariedad, como contacto de contenido sin método, no permite el análisis horizontal de los problemas cuasiestructurados que la realidad genera. El experto en hidrogeno junto con el experto en oxigeno tienen mucho que discrepar, pero poco espacio para el acuerdo, si carecen de una teoría del agua (…)”.

Es a partir de la lógica expresada líneas arriba que Matus postula:“Propongo fundamentar la política práctica en una nueva disciplina horizontal que podemos llamar Ciencias y Técnicas de Gobierno. Estas nuevas ciencias deben contribuir a elevar la calidad del arte de hacer política y gobernar”. Sobre esto ya escribiremos….

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MARSH, David y Gerry STOKER.
1995 Teoría y Métodos de la ciencia política. Jesús Cuellas, Traductor. Madrid, Alianza Editorial. Página 15.
MERINO, Mauricio, CEJUDO, Guillermo y otros.
2010 Problemas, decisiones y soluciones. Enfoques de política pública. México. Fondo de Cultura Económica. Página 10 y ss.
POPPER, Karl.
1972 Conjeturas y Refutaciones. El desarrollo del pensamiento científico. Nestor Miguez, Traductor. Barcelona-España. Paidos. Página 94.
Alocusión sobre la naturaleza de los problemas filosóficos y su origen en la ciencia, presentada originalmente el 28 de abril de 1952 ante la actual Sociedad Británica de Filosofía de la Ciencia.
MATUS ROMO, Carlos.
2007 Teoría del Juego Social. Argentina. Colección Planificación y Políticas Públicas. Universidad Nacional de Lanuús. 488 páginas.
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. El Estado Gendarme o de Policía es identificado como aquel concentrado en brindar los servicios públicos de soberanía territorial, seguridad y justicia. Es con el modelo de Estado Benefactor en que el Estado amplia sus responsabilidades hacía la ciudadanía, tanto en lo cuantitativo, como en lo cualitativo: En lo cualitativo, el Estado Benefactor oferta mayores bienes y servicios públicos básicos tales como educación, salud, vivienda, etc. En lo cuantitativo, busca ampliar la cobertura de los servicios públicos referidos, y así llegar a estratos más populares de la población (que siempre son los mayoritarios).

Este crecimiento, que en el Perú se inicia con el gobierno militar luego del golpe de Estado al Presidente Belaunde, obligó a que el Estado establezca nuevos ministerios y organizaciones públicas especializadas, sino también creando empresas estatales que puedan aumentar la producción de los bienes y servicios ofertados. El Estado además, desarrolla una intensa actividad de producción normativa, buscando no solo dirigir la acción de los organismos estatales y de los funcionarios gubernamentales, sino también de las organizaciones privadas y sociales, pues parte que “lo público” (entendido como el espacio de interacción entre individuos, agentes y agencias) es una responsabilidad estatal.

Pero la realidad es más compleja que las previsiones normativas. Y así, pronto vemos que las estructuras gubernamentales empiezan a responder a quienes las dirigen: funcionarios con intereses, creencias, ideologías, aspiraciones y ambiciones propias, subjetivas, generándose así una administración pública difusa, confusa, compleja, multifacética.

Paralelamente, el mismo macroEstado empieza a reconocer que tiene fuerzas centrifugas que hace que sus propias organizaciones busquen espacios, recursos y lógicas propias, que respondan más a sus necesidades organizacionales de sobrevivencia y desarrollo (que a los intereses estatales), para lo cual entran en coordinación con organizaciones no estatales: sociedad civil, empresa privada, etc.

Es en este contexto, donde -según algunos – podemos hablar más de un sistema de redes de dependencias gubernamentales más que de un aparato gubernamental orgánico, único, surge en otros países las Políticas Públicas (años 50´s, 60´s) y nociones de Gerencia y Gestión Pública, pues es el momento en que la toma de decisiones, la visión estratégica, el juego de actores, los problemas de eficiencia, las preferencias de cliente-usuario, etc., son surgen como elementos fundamentales de análisis de dichas materias. Y esto es “fundamental”, pues “De alguna forma se establece el supuesto de que un buen gobierno será aquel en que el conjunto de redes de dependencia funcione bien; es decir, con eficiencia en el ejercicio de los fondos públicos, con eficacia en la interacción con agentes y agencias externos, y con legitimidad en la prestación del bien o servicio que produce (es decir, la satisfacción del cliente y la rendición de cuentas) Y para más detalle, el mismo autor precisa: “Se supone que los problemas más importantes de una dependencia gubernamental se relacionan con cómo manejar adecuadamente los recursos para sobrevivir, cómo interrelacionarse de manera óptima con otras dependencias y con el usuario (cliente) del servicio que se provee y cómo redefinir constantemente la misión para hacer viable en el largo plazo la acción institucional”.

Es en los 60´s que en Estados Unidos se empieza a hablar de Public Management, y en América Latina utilizamos el anglicismo Gerencia Pública. En Francia hablan de Gestion Publique, y por ello algunos en América Latina utilizan el galicismo Gestión Pública.

Un autor sostienen: “En cuanto a la diferencia entre gestión y gerencia públicas se trata de un matiz semántico” mientras que otro autor, luego de realizado un muy minucioso y recomendable análisis filológico, señala: “A pesar de que los vocablos gestión y gerencia se derivan del mismo verbo latino, en Castellano el segundo connota (además de la idea de diligencia, de uso de recursos y de propósito) las ideas de management, conducción de una organización o unidad orgánica así como la de dirección de personal” .

Y el resto de su análisis filológico puede graficarse así:

Pese a las contundentes razones de Aliaga, parece que el legislador peruano no encuenta diferencias entre los conceptos bajo comento, y así el Decreto Legislativo 1023 que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR utiliza mucho el concepto “gestión pública”, sin embargo el Decreto Legislativo 1024 crea y regula el cuerpo de “Gerentes” Públicos.

Personalmente, a mi me gusta referenciarme como “Gestor Público” como una manera de diferenciarme de la idea de “Gerentes” que es una figura tan propia del sector y empresa privada, buscando así rescatar la naturaleza propia que tiene trabajar en y para la administración estatal. Y esto no es gratuito, sino se basa en una distinción conceptual que hace Bozeman , quien sostiene que hay dos (2) grandes escuelas o enfoques de políticas públicas, que al final devienen en complementarias:

a) Enfoque P, llamado así porque surge en las escuelas de políticas públicas, y aquí retomamos nociones del public management y Gestión Pública (complementario del estudio de las Políticas Públicas).
Escuelas como la Kennedy School de Harvard o la School for Public Policy de Berkeley surgieron como reacción a la noción tradicional o wilsoniana de “administración pública” y buscaron resaltar el análisis cuantitativo formal y el uso de otras herramientas de la Economía para la gestión de la Alta Dirección Estatal, donde los ejecutivos y funcionarios políticos se concentraban en la política y en las políticas de alto nivel o de alcance nacional (no estaba pensado para los funcionarios públicos de las dependencias, ni siquiera para aquellos que veían la gestión estratégica de las mismas).

b) Enfoque B, llamado así porque surge en las escuelas de negocios o de administración de empresas privadas, y retomamos aquí nociones de Gerencia Pública.
Se buscó adaptar los cursos de programas comerciales de MBA´s empresariales a así contar con programas de gestión mucho más genéricos y aptos para los funcionarios de la administración pública más tradicional, por ello sus cursos enfatizan temas como gestión de proceso, diseño de organizaciones, manejo de recursos humanos y personal, presupuesto, etc.

En Perú, tenemos el caso de la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú cuya maestría en Gestión Púbica enfatiza el tema de las políticas públicas, es decir, se adscribe a lo que Bozeman denomina “Enfoque P”, mientras los cursos que se dictan en la Escuela Superior de Administración de Negocios (Universidad ESAN) o la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) enfatizan los criterios del management adaptado a la labor de las organizaciones públicas, es decir se adscriben al “Enfoque B”.

En el Perú, el promedio de ejecución del gasto de las organizaciones públicas bordeó el 65% de su presupuesto, y los gobiernos regionales y municipales básicamente gastaron todo en planillas, y casi nada en proyectos de inversión o en infraestructura productiva que genere mayor valor público, es decir que contribuya a satisfacer necesidades de la ciudadanía, de la sociedad, de la población. Por eso, creo yo que necesitamos menos “generales” y más “soldados” , y debemos enfatizar la difusión del “Enfoque B” en los funcionarios públicos de todas nuestras organizaciones estatales de alcance nacional, regional y local, a fin de que cada una de dichas organizaciones sean cada vez más eficaces, eficientes y efectivas en su actuar cotidiano, y así alcanzar lo que definimos anteriormente como “Buen Gobierno”. Sigue leyendo →

G.1- ¿QUÉ TIPO DE GESTOR QUEREMOS?:
Tenemos que seguir haciendo algunas observaciones y contrastes entre lo privado y lo público, porque ello es muy pedagógico, para descubrir la naturaleza de las funciones y obligaciones de un gestor público, que es lo que somos. Así:

Al gestor privado o directivo de las organizaciones privadas se le pide ser un líder, un innovador, poco más que el mesías organizacional. Decimos ello, por el conjunto de virtudes y talentos que debe de reunir para dirigir a la organización privada y a las personas que la conforman o se interrelacionan con ella.

Al gestor púbico, por simple copia irreflexiva, los políticos y la sociedad les exige lo mismo: ¡ser líderes! En efecto, cuando analizamos el discurso político efectista vemos las exigencias de liderazgo, pero cuando analizamos el marco normativo y reglamentario que existe en las organizaciones públicas reales, se constata que, muchísimas veces, a los funcionarios públicos solo les permiten ser meros administradores, simples guardianes de la misión institucional y del mantenimiento de sus funciones, es decir: responsables administrativos, sin presupuesto para lograr cambio e innovación que se les exige pública y socialmente.

Si usted analiza los documentos de gestión de diversas organizaciones públicas (Yo lo hice con respecto al ROF y MOF del JNE y la AMAG, donde –sumados- trabajé casí diez años ), al directivo o gerente público les pedimos liderazgo, innovación pero también le pedimos que cumpla el perfil de un enfoque que muchos consideran fracasado y en franca retirada de las administraciones públicas: el enfoque weberiano que privilegia al “burócrata ilustrado”

El enfoque weberiano del tecnócrata o burócrata ilustrado exalta que el funcionario público, para ser tal, debe de tender a:
1.- La Especialización,
2.- La Jerarquización,
3.- La Formalización,
4.- Personal operativo,
5.- Impersonalidad,
6.- Carrera profesional (meritocracia)

Si ante esta contradicción entre lo que se le pide “boca para afuera” y lo que está en la normativa vigente, el buen funcionario público busca responder a estas demandas sociales y, por lo menos, perfeccionar las operaciones de su organización para aumentar su eficacia y eficiencia, ¿Qué hacemos? ¡desconfiamos! Cuando algún gestor público hace alguna innovación, la misma sociedad que le exigía cambió, liderazgo, etc se pregunta: ¿por qué innovó?, ¿Qué interés tenía?, ¿Qué ganó con ello?. ¿Quiénes ganan con ello? Todo esto genera un gestor público más confundido aún, pues no sabe sí mantener el status quo weberiano o innovar según las tendencias del management privado, ya que el riesgo es: sí fracasa en la gestión, será penalizado; sí tiene éxito, no será recompensado, pues se sospechará de él.

Así, es evidente que nosotros mismos, como Estado, como organización pública, no sabemos ni tenemos muy en claro que tipo de gestor público queremos: si un burócrata weberiano (que no es un término peyorativo) o un líder.

G.2.- ¿QUE TIPO DE GESTOR SE PROPONE?
En nuestro país no hay una política pública en la determinación de que gestor queremos. Servir no ha establecido un perfil técnico del ciudadano y profesional que deberá ocupar cargos de responsabilidad. Así que, todo “depende” del gobierno y de la política que éste gobierno quiera establecer en un momento determinado. Así, es conveniente esclarecer algunos conceptos que luego utilizaremos:

La política es un concepto jurídico indeterminado, pues puede ser llenada de diverso contenido, variable, según cada circunstancia.
La política partidaria es aquella que busca el poder para el logro de sus intereses y forma particular de organizar el mundo.
La política pública es aquella que tiende al logro de la Agenda Pública, la cual tiene diversos puntos en acción y gestión.

1.- Conforme al modelo weberiano, el gestor público debe ser un funcionario técnico (profesional especializado en su área) y apolítico (apolítico en el sentido de que no sea un militante partidario en el centro de labores ni en el desarrollo de sus funciones, ni utilice el puesto público para ponerlo al servicio de su organización partidaria, de su ideología o doctrina personal.

2.- Conforme los enfoques moderno de gestión pública: En realidad hay diversas propuestas, pero las que nosotros podemos referir a partir de la utilidad demostrada en la experiencia laboral, son dos:

2.1.- Desde la propuesta de Carlos Matus de las ciencias y métodos para la acción del gobierno, el gestor público debe ser un funcionario técnico-político, es decir, un funcionario que realice un análisis técnico-político. El ANÁLISIS TÉCNICO debe privilegiar el logro de la eficacia y eficiencia de los objetivos organizacionales, entendiendo “eficacia” y “eficiencia” en los conceptos que el management nos refiere. Y el ANÁLISIS POLÍTICO debe también privilegiar la “viabilidad política” de la propuesta que elevemos a nuestros líderes o superiores jerárquicos en la organización donde ejercemos funciones, y también verificar “la aceptabilidad social” que la misma tenga en quienes son los destinatarios finales del actuar público y estatal: la ciudadanía, la sociedad, el pueblo, o como quiera llamársele. Aunque sea un trabalenguas, el gestor público debe ser un funcionario co olfato político en el sentido de ser el técnico que realice análisis y elabore propuestas estratégicas efectivas para el logro de las políticas públicas adoptadas por el gobierno, por el Estado.

2.1.- Desde la Teoría del Valor Público entendemos que el gestor público debía ser un estratega, pues y con respecto a su institución debe ver y coordinar:
1.- Hacia arriba, para renegociar el mandato político y lograr una definición política de “valor”, “valioso”
2.- Hacia afuera, para ver el valor de la producción, del producto que logra la organización.
3.- Hacia dentro, para ver la situación y actuación organizacional actual (como contexto).
4.- Hacia abajo, para ver la situación y actuación organizacional actual (sobre todo de sus colaboradores).
Pero además de estratega, el gestor público debe verificar que, paralelamente, se cumplan las tres dimensiones del valor público:
1.- Dimensión Política: Cómo gestor público debo tener bien en claro que apoyo político y legal obtendrá su propuesta de acción que estoy elaborando. De nada servirá que trabaje más de las 8 horas legalmente establecidas y presente una gran propuesta técnica, si ella chocará contra el momento político, o las creencias ideológicas de mi jefe. Por ello debo preguntarse ¿Qué expectativas (políticas) hay?
2.- Dimensión sustantiva: Cómo gestor público deberá verificar si al alcanzar mi objetivo propuesto generaré “valor”. Me puedo esforzamos mucho por alcanzar el objetivo que ha dado mi jefe, pero ¿hemos verificado que ese objetivo es el que necesitamos para satisfacer una necesidad pública?. Por ello, como gestores debemos preguntarnos ¿Alcanzar este objetivo es valioso, es eficaz?
3.- Dimensión administrativa: Cómo gestor público debo hacer un análisis administrativo u operativo y ver si mi gestión es sostenible. Deberé preguntarme ¿es técnicamente viable lo que propongo?

Todo lo anterior nos parece algo muy complejo para coordinar, pues no estamos acostumbrados. Por ello, la teoría del valor público nos dice que todo gestor público deberá ser formado para pensar y desarrollarse idóneamente dentro de las siguientes cinco (5) tareas:
1.- Promoción emprendedora.
2.- Gestión del desarrollo de la política.
3.- Gestión del desarrollo de la Negociación
4.- Deliberación pública y Liderazgo.
5.- Marketing público.

Así, conforme esta propuesta, todo estudio serio sobre Teoría del Valor Público (sea diplomado, especialización o maestría sobre este tema) y todo esfuerzo para formar gerentes que creen valor público con los recursos que tienen, debe de conocer y lograr el desarrollo puntual en tales temas….. los que explicaremos más adelante.
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No importa cómo llegan a ser considerados “problemas públicos”. Lo cierto es que una vez rotulados de dicha manera deben de ser resueltos. Para ello hay diversas metodologías de tratamiento y gestión, tanto desde la Ciencia Política, como desde la propuesta conceptual de Carlos Matus denominado Ciencias y Técnicas de Gobierno. Ahora trataremos brevemente la primera.

Desde siempre, los lideres públicos (sean Jefes de Estado, de Gobierno, Congresistas, autoridades federales, regionales, provinciales, distritales, etc.) han buscado enfrentar los diversos problemas que aquejan la comunidad que está bajo su responsabilidad de gestión.

Desde hace poco más de medio siglo (luego de la II Guerra Mundial), se ha recurrido a la Ciencia Política para tratar el tema de los problemas públicos y como darles solución. Pero pronunciar “Ciencia Política” el invocar un rótulo engañoso pues pareciera que alude a UNA ciencia, cuando en realidad muchos aun discuten su condición de ciencia, y otros su contenido (1).

Luego de estudiar una maestría en Ciencia Política no vamos a cuestionar su existencia como ciencia, pero estando a su naturaleza interdisciplinaria sí encontramos necesario hacer una precisión: Hay “tres rasgos básicos para cualquiera de las disciplinas o los métodos con los que se emprenda: su objeto de estudio, su orientación aplicada y su autocontención. (…) No existe un acuerdo científico ni disciplinario sobre el origen ni sobre la forma en que deben definirse los problemas públicos. Pero todos los análisis de políticas públicas comparten la misma idea central de que su objeto de estudio estriba en la definición y en la búsqueda de los problemas públicos. De ahí el segundo consenso registrado: su orientación aplicada y práctica. Si bien las distintas disciplinas que han hecho suyo el análisis de las políticas pueden diferir respecto a la forma de solucionar problemas y los métodos para definirlos, todas coinciden, en cambio, en que su razón de ser es la puesta en práctica de sus recomendaciones. El análisis de políticas públicas tiene sentido sí, y sólo sí, el resultado de sus investigaciones apunta hacia la solución de los problemas públicos. Es decir, si se trata de ciencias y conocimientos aplicados. (…) Por último, el análisis de las políticas públicas sólo asume que ninguna disciplina tiene todas las respuestas, sino que de hecho las mejores soluciones son aquellas capaces de reunir, en una sola decisión o en una secuencia articulada de procesos, diversas aproximaciones teóricas. La autocontención del análisis de las políticas remite así a la pluralidad de enfoques y de métodos de investigación, aún divididos en distintos momentos del llamado “proceso de políticas”.

Así, lo común en las diferentes conceptualizaciones de lo que es “Ciencia Política” es que se trabaja con problemas públicos, para darle solución efectiva, usando métodos multidisciplinarios.

¿Cómo se trabaja con los problemas públicos dentro del ciclo de políticas públicas?. Pues eso, como dijimos anteriormente, “depende”. Veamos algunos ejemplos:

Una propuesta, esta vez de un clásico de las Ciencias Políticas: Harold D. Lasswell.

Una propuesta de autor muy conocido en Perú: Eugenio Lahera , que señala que las etapas básicas de una política pública son: origen, diseño, gestión y evaluación 3:

Una propuesta socialista de ciclo de políticas públicas 4:

Una propuesta de las fases del ciclo de políticas públicas desde la propuesta del Open Government : diseñar, hacer, evaluar, definir. 5

No importa que el proceso de políticas públicas tenga tres (3), cuatro (4), cinco (5) o más etapas, pues estas clasificaciones son artificiales, con fines pedagógicos. Lo que importa es que, cuando surge un “problema público” (como sea que se defina o quien sea el que lo defina como tal, o lo ingrese a la Agenda Pública) se inicia la actividad de “análisis de políticas públicas” que buscarán darle solución efectivo, mediante el uso de los métodos y técnicas más adecuados a su naturaleza.

Es en esta etapa de Análisis de Políticas Públicas donde el problema público podrá ser desmembrado y rearmado en tantas y tales formas como las teorías, métodos e instrumentos analíticos lo puedan considerar útil y necesario para encontrar y proponer soluciones. Uno de los primeros pasos del Análisis de Políticas Públicas es “definir el problema” para, a partir de ello, ver si es factible –o no- de solución. A partir de su definición, el problema público podrá ser desagregado, desarmado, desarticulado para poder buscar sus causas, y en lógica consecuencia a ello, proponer las acciones y las soluciones correspondientes a dichas causas. “como sea, definir un problema público no equivale al trabajo del periodismo de investigación: el analista de políticas públicas ha de tomar nota de la situación problemática y de sus efectos más visibles, pero su materia está en la búsqueda de la causalidad, para lo cual habrá de utilizar disciplinas y métodos variados” .

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1.- Muchos dudan que sea una “ciencia” pues tiene un carácter interdisciplinario ya que se nutre de todo conocimiento disponible tanto de las denominadas “ciencias duras”, y también de las Ciencias Sociales, y por ello recurre a todos los medios científicos y tecnológicos disponibles en el momento, pluralidad que dificulta un consenso sobre su programa definitivo, métodos de investigación estándar, etc.
Entre los que sí creen que es correcto hablar de “CIENCIA Política” recomendamos la lectura de un libro que recupera el término latino scienitia que significa un conocimiento adquirido a través del estudio, así entendemos a la Ciencia Política como ¨una tradición académica de estudio de la política, una disciplina que se trasmite de profesor a alumno, a través del discurso y de la escritura” El libro es:
MARSH, David y Gerry STOKER.
1995 Teoría y Métodos de la ciencia política. Jesús Cuellas, Traductor. Madrid, Alianza Editorial. Página 15.

2.- LASSWELL, Harold D.
1996. El estudio de las políticas públicas. Antologías de política pública, Tomo 1. México: Porrúa. 281 p.
1964. El futuro de la ciencia política. Serie de Ciencia Política. Madrid: Tecnos. 253 p.

3.- LAHERA PARADA, Eugenio.
2002. Introducción a las Políticas Públicas. Fondo de Cultura Económica. 305 páginas
TAMAYO SÁEZ, Manuel.
1997 El análisis de las políticas públicas. Editorial Alianza Universidad Texto Madrid. 282 páginas.

4.- GONZALES PARIS, Evelyn
2009 Las políticas públicas, una visión desde los fundamentos de la Economía Política de la Construcción del Socialismo. Monografias.com Consulta: 2 de enero 2012. http://www.monografias.com/trabajos67/politicas-publicas-cuba/politicas-publicas-cuba.shtml

5.- ORTIZ DE ZARATE, Alberto.
2012 Modelo Ludo: faces del ciclo de políticas públicas. Administradores en red. Consulta: 3 de enero del 2012: http://eadminblog.net/2012/01/03/modelo-ludo-fases-del-ciclo-de-las-politicas-publicas/

6.- MERINO, Mauricio, CEJUDO, Guillermo y otros.
2010 Problemas, decisiones y soluciones. Enfoques de política pública. México. Fondo de Cultura Económica. Página 16 y ss.
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Una posición apolítica, con visos de tecnócrata del derecho electoral.

Los que me conocen sabrán que nunca he fungido de abogado defensor, pues siempre he tenido la dicha de trabajar para el Estado con la convicción e ilusión de que contribuyo a la construcción del Bien Común, ya sea laborando de Gerente Legal, de Asesor, de Secretario General, o de simple funcionario público. Pero hoy escribo como un ciudadano preocupado por el incumplimiento de reglas electorales mínimas, que nos han permitido ir institucionalizando la democracia electoral, que a su vez nos permite ir construyendo la democracia con “D” mayúscula.

En efecto, el proceso de revocatoria se reguló en la Ley 26300 o Ley de participación y control ciudadano, promulgada en el año 1994, es decir hace casi 18 años. Esta ley, con modificatorias de más y de menos (algunas cuestionables política y técnicamente) ha venido aplicándose desde 1997, año en que se realizó el primer proceso de revocatoria, el que por cierto fue el más “exitoso” a decir de algunos, pues retiró de sus cargos a 42 alcaldes y a 93 regidores. Es decir, en el primer proceso de revocatoria (1997) se revocó al 71.1% de los sometidos al dictamen popular.

En Derecho Electoral hay un criterio: Pro Cive. Cuando el proceso electoral es cuestionado y surge alguna duda de su nulidad, hay que estar a la continuación y validación del mismo. Del mismo modo, cuando se cuestiona la permanencia de un autoridad democráticamente electa, debemos de estar a favor de su vigencia. Es una especie de adaptación del “indubio pro reo”, pero en este caso la presunción juega a favor de la democracia, del proceso democrático, de la autoridad elegida democráticamente. Entonces, la promoción de la revocatoria como forma de participación y control ciudadano debe estar en consonancia de lo anterior, lo cual excluye idear mecanismos que no son proporcionales o razonables al criterio enunciado líneas arriba.

Los procesos de revocatoria posteriores al de 1997 nunca más superaron el 50% de las revocatorias postuladas. Tal vez porque tuvimos mejores autoridades ediles; tal vez los ciudadanos preferían a “malo conocido” que “peor por conocer”, tal vez porque en realidad la población se resignó a las autoridades que tenemos, o tal vez porque la ciudadanía fue dándose cuenta que el pedido de revocatoria promovida por algunos actores políticos no era lo que se necesitaba, etc. Veamos algunas estadísticas oficiales y que se pueden corroborar en la página web de la ONPE:

En el 2001 se consultó la revocatoria de 628 alcaldes y solo se revocó a 11 alcaldes y a 27 regidores, es decir al 6.1 % de los sometidos a la voluntad popular.

En el 2004 se consultó la revocatoria de 878 autoridades y solo se revocó a 29 alcaldes y 109 regidores, es decir al 15.7%

En dos procesos de revocatoria llevados a cabo en el 2005 se sometió a proceso a 94 autoridades y se revocó al 56.4% Todo un repunte, explicable porque estábamos ad portas del 2006, año de elecciones, y los principales promotores de estos procesos serían candidatos.
En el 2008 se consultó la revocatoria de 1239 autoridades y se revocó a 95 alcaldes y a 444 regidores, es decir al 43.5%

En el 2009 se consultó la revocatoria de 338 autoridades y se revocó a 22 alcaldes y a 132 regidores, es decir al 45.6%.

71.1%, 6.1%, 15.7%, 56.4%, 43.5%, 45.6% : Se evidencia así que, el porcentaje de Alcaldes revocados ha ido en baja (pero los porcentajes que aquí presentamos se incrementan porque también se revocan a sus regidores!)

En cada proceso de revocatoria se ha dado la oportunidad a los ciudadanos a expresarse en las urnas, y ha sido la población, han sido los ciudadanos y ciudadanas que mayoritariamente no han querido cambiar a sus autoridades, ratificándolas en su gestión. Así, los promotores han gastado esfuerzo, tiempo y algo de dinero y más del 50% de las veces no han logrado sus fines políticos que buscaban (cualquiera sea este).

Pero ¿Qué más han tenido en común estos diversos procesos de revocatoria, desde 1997? Pues, que cada ciudadano que firmaba para apoyar el proceso de revocatoria, solo era contabilizado una vez por la autoridad electoral encargada de corroborar su firma. Así, quien había firmado dos o tres veces para apoyar a un segundo o tercer pedido, ya no era contabilizado la segunda o tercera vez. Esa es también la regla que se sigue cuando se contabilizan las firmas de los adherentes para inscribir un partido político, y que se ha aplicado el 2011! Y eso lo han sabido desde siempre las autoridades del JNE, de la ONPE y del RENIEC.

¿Pero que ha pasado esta vez? Nos damos con la sorpresa que, las reglas de juego que se aplicaron a la inscripción de los partidos políticos para el proceso electoral del año pasado y que se aplicaron a procesos de revocatoria desde 1997, han cambiado. Encontramos que ahora hay una Directiva del 2010 de Reniec que sí valida la firma del mismo ciudadano en varios formatos de listas de adherentes (Resolución Jefatural 262-2010-JNAC/RENIEC numeral 7.15)

¿Qué significa eso? Que, si por ejemplo, ahora hay 7 grupos promoviendo la revocatoria de la Alcaldesa Susana Villarán, un ciudadano común y corriente puede firmar hasta 7 veces, una para cada grupo, en todas y cada una de dicha veces, su firma será considerada por RENIEC como válida. Así, técnicamente, si 100 ciudadanos firmas para los 7 grupos, tendremos que RENIEC contabilizará 700,000 firmas validas para revocar a Susana. Y el extremo: si un millón de limeños firma para cada uno de estos 7 grupos, para RENIEC tendremos más firmantes válidos, que votantes y electores limeños!
Yo no estoy en contra de la revocatoria de autoridades. Tampoco estoy en contra del derecho de participación y control social de las autoridades. Es más, me considero un promotor de ellas, porque creo que son verdaderos mecanismos de participación ciudadana en democracia, que han venido funcionando en nuestro país.

Lo que no estoy de acuerdo es que, desconociendo las enseñanzas que nos brinda la experiencia y el derecho electoral, se cambien las reglas procedimentales que nos están permitiendo construir un régimen democrático en el sentido sustantivo de la palabra. Así como hay una regla de “un ciudadano, un voto”, hay también la noción de que el ciudadano debe expresar su parecer y ser considerado en ello en su real dimensión. Cuando permitimos que oficialmente la firma de un ciudadano pueda valer por siete (7), estamos ante una situación tanto o más ilegal que cuando una empresa infla las encuestas electorales!: No estamos promoviendo la participación ciudadana, estamos dando un mensaje político equivocado en cuanto a la verdadera representatividad de un sentir ciudadano, PERO POLITICO al fin.
Lo que pronóstico es sencillo: Cuando algunos de estos grupos vean que no alcanzarán las 400 mil firmas para lograr ellos la revocatoria de Susana, antes de perder todo, irán a otro grupo a ofrecerle en venta sus firmas, para que puedan clonarlas y alcanzar las requeridas legalmente. Así lo que resurgirá es el tráfico y comercio de firmas, las fabricas de firmas, recogedores de firmas “profesionales” y otras modalidades que seguro Uds también conocen.

Esta decisión del RENIEC es hartamente cuestionable desde una lógica de la teoría de la democracia y del derecho electoral. Pero ello será motivo de otro artículo o deberá discutirse ante el JNE o ante el Tribunal Constitucional, pues si sancionamos a una encuestadora por inflar ciertos resultados, ¿Cómo no cuestionar a un organismo estatal que pretende validar una firma y contar siete?
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