Archivo por meses: diciembre 2011

LIDERAZGO, REPRESENTACIÓN (REPRESENTATIVIDAD) y REPRESENTABILIDAD

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Hoy, hay una palabra que es usada recurrentemente cuando se habla de management o de gestión pública: liderazgo. Pero esta palabra, vinculada a la acción de gobierno, está vinculada a otras dos: representación y representatividad.
Tal vez porque hay muchas conceptualizaciones de palabras como liderazgo, representación y representatividad, estos conceptos no son bien entendidos en el Perú, y menos por nuestras autoridades elegidas democráticamente o por los funcionarios públicos designados según los procedimientos constitucionales y legales debidos. Tratemos de aclarar estos conceptos en un caso reciente: Conga- Cajamarca.

LIDERAZGO:
Pero ¿Y qué es liderazgo?. La definición que me gusta es la que Harold Koontz parafraseando a Harry S. Truman decía “liderazgo es la capacidad para conseguir que hombres (y mujeres) hagan lo que no les guste y que les guste”. Y agregaba: “Para nosotros, liderazgo es influencia, esto es, el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de metas grupales”.

¿LIDERAZGO = AUTORIDAD FORMAL?
Si creemos verdaderamente en la Democracia debemos partir de que nuestras autoridades electas lo han sido porque han enarbolado una propuesta electoral o política, una visión de futuro común (visión de alcance nacional, regional o local), y por ello mismo han sido elegidos por ser y para ser lideres. Así, las personas que actualmente son nuestras autoridades nacionales del Poder Ejecutivo, del Legislativo, los Presidentes regionales, los Alcaldes provinciales o distritales, son personas que tienen autoridad formal (la investidura les da ciertas prerrogativas y mando regulado en la Ley Orgánica correspondiente) y funcional (son personajes que representan a sus electores, y en algunos casos de la Nación toda).
De esta combinación entre autoridad formal y funcional encontramos que hay las siguientes posibilidades:
a) Que dicha persona tenga el liderazgo formal y el liderazgo funcional. Este es el ideal, pues nuestras autoridades serán reconocidas como tal por el aparato estatal y público, y sus decisiones contarán con pleno respaldo y legitimidad social.
b) Que dicha persona tenga liderazgo formal, pero no liderazgo funcional. Es el caso de la autoridad electa que sigue ostentando el cargo legalmente (y lo hará durante el periodo para el cual fueron electos), pero ya carecen de legitimidad.
c) Que dicha persona ya no tenga liderazgo formal, pero mantenga su liderazgo funcional. Este es el caso de la autoridad que es vacada formalmente del cargo, dejando de ser “autoridad” formalmente, aunque mantenga el liderazgo y representatividad social.
d) Que dicha persona ya no tenga liderazgo formal ni funcional. En este caso, ya no podemos hablar de liderazgo alguno.

En Cajamarca, con motivo de Conga, vimos el caso de personas que son autoridad (que tienen liderazgo formal), pero que renuncian a ejercerlo a nivel formal y funcional. Allí vimos la antítesis de liderazgo en cualquiera de sus formas, clasificaciones o definiciones, pues allí solo fueron altos empleados públicos regionales y locales remunerados por el Estado con dinero de los contribuyentes siguiendo las indicaciones de ex terroristas o excusándose en “consultar a las bases” para no tomar decisiones propias de su investidura, o no tener que asumir la responsabilidad de encauzar la gestión para la cual postularon y fueron electos.
Es conveniente hacer una relación de ida y vuelta entre líderes y seguidores, entre candidatos y votantes, y esa es representatividad y representabilidad.

REPRESENTATIVIDAD.
La complejidad y extensión de la vida social actual no permite que todos los ciudadanos nos reunamos a tomar decisiones para la vida en comunidad, como hacían los griegos en las Polis (a esto en Teoría Política se le denomina Clausula de Imposibilidad). Así, y siendo que no todos podían estar presentes, surge la necesidad de que unos cuantos representen a muchos.
Algunos autores, como Giovanni Sartori, nos dicen que hay un tipo de representación jurídica (donde hay un contrato o mandato de actuación), una representación sociológica (donde hay una identificación con quien actuará en mi nombre) y una representación política (que combina las anteriores, y combina elementos democráticos y electorales).
A mi me gusta más una clasificación antigua realizada por Hanna Fenichel Pitkin que señalan hasta cinco (5) formas de representación:
1.- La que cuida los intereses de los otros. Estos otros están agrupados para ser grupos de presión para defender y desarrollar ciertos intereses comunes, como pueden ser los gremiales o sindicales.
2.- La del que está empoderado, cuenta con autorización para decidir sobre el otro. Como puede ser en el Derecho Civil con una autorización de compra-venta de un bien, o tomar otras decisiones o establecer ciertas directrices, etc.
3.- La que trata de reproducir o retratar la realidad, por ejemplo mediante organismos o instituciones que cuentan con representación proporcional de los actores que existen en la vida social.
4.- La que tiene una labor simbólica, pues un proceso intelectivo-sensual hace que nos reunamos bajo una bandera, un himno, una cruz, etc.
5.- La que es un ejerció de rendición de cuentas. Parte de la idea que sí como líder yo tomo decisiones que afectan a los demás, luego debo rendir cuentas de la efectividad de mi decisión y de la valoración que hagan los afectados.

¿Qué tipo de representatividad ejercen nuestras autoridades regionales y locales cajamarquinas? Yo creo que usan de todo un poco, según el momento. Pero de lo único que estoy seguro es que no utilizan la quinta forma: no rinden cuentas!
La rendición de cuentas es una explicación de la gestión realizada para su valoración por parte del representado. El hecho de que las autoridades regionales y locales argumenten que “consultarán a sus bases” las decisiones a tomar, puede ser una forma de democracia representativa, pero para mi es falta de liderazgo y una excusa para –cual Poncio Pilatos- “lavarse las manos” y no asumir la responsabilidad de sus declaraciones y actuaciones públicas.

REPRESENTABILIDAD:
Si la representatividad alude a la capacidad del líder de recoger las demandas de los ciudadanos, sus votantes, y encarnarlas, la representabilidad alude a las cualidades y características de los ciudadanos que buscan representación política en el espacio público.
Al finalizar el Medioevo, empezó el surgimiento de los Estado Nación en base a la figura de un príncipe que tenía la misma cultura, la misma religión o el mismo idioma que los pobladores de la nueva forma de organización política. Si uno hablaba en esas épocas de unos normandos, podía elaborar mentalmente la figura de un vikingo vestido de pieles, con casco de metal y algún arma pesada; si pensaba en un francés, podía representarlo como alguien delicado e instruido en la vida cortesana, la poesía y el baile; si pensaba en un inglés, fácil es imaginarnos a un personaje flemático y siempre digno. Pero ¿cómo nos imaginamos a un peruano? ¿Cuáles son las características esenciales que nos permiten representarlo de un modo arquetípico?
Por ejemplo y tomando el conflicto minero-social de Conga, veamos ¿Cuál es la representabilidad de los habitantes de la región Cajamarca?. Para responder ello, tal vez debemos preguntarnos previamente: ¿Quién es el poblador cajamarquino?, ¿Quién constituye el pueblo cajamarquino? Algunos dirían que todos los ciudadanos que viven en la Región Cajamarca , y otros dirían que sólo los ciudadanos que viven en el área de influencia de las actividades mineras de Conga. Unos dirían que son los campesinos desposeídos y analfabetos, y otros incluirían a la clase media y también al sector pudiente de Cajamarca. Si en realidad hay diferentes niveles de ejercicio de la ciudadanía, como lo acredita las diferencias en el acceso a los bienes y servicios ofertados por el Estado, o las diferencias en el acceso y ejercicio a los derechos fundamentales, ¿podemos aludir que todos estos ciudadanos pueden ser representados por igual por un Presidente Regional ideologizado en el tema antiminero?
No faltará alguien que invocando una leguleyada nos diga “Todos somos iguales ante la Ley”, pero ¿podemos sostener la igualdad normativa cuando funcionalmente es evidente que hay exclusión para un número significativo de ciudadanos? Yo no creo que, por ahora, podamos sostener válidamente que todos los ciudadanos son igualmente representables.

CONCLUSIONES:
Dentro de una misma región, la diversidad cultural y social hace difícil la representabilidad del poblador peruano.
Nuestras autoridades electas no tienen clara la función de representación que asumen, y además abdican de ejercer el liderazgo con que se les ha investido.
Si las cosas no funcionan bien por parte del representante ni del representado, porque nadie sabe que se necesita para que funcione una vida social organizada en democracia, concluimos que necesitamos rehacer el sistema político, y no solo pensar que el problema es de los partidos o de élites, sino también de electores, pobladores y ciudadanos, porque no sabes que queremos y que debemos elegir.

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LAS COMPETENCIAS O ATRIBUTOS LABORALES QUE BUSCO EN UN FUNCIONARIO PUBLICO.

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He venido trabajando en el sector público los últimos 15 años, y siempre lo he hecho a nivel de la Alta Dirección de organismos constitucionales autónomos, siempre bajo las indicaciones de grandes personas y profesionales. En diversas ocasiones, mis jefes, me dieron la oportunidad de servir desde puestos de gran responsabilidad como Gerente Legal, Asesor del Presidente de la institución, Secretario General, etc, y poco a poco fui definiendo que cualidades personales busco yo en las personas que trabajan en el entorno más cercano.

En primer lugar, he encontrado que las aptitudes profesionales no se definen a partir de un CV lleno de títulos y especializaciones, pues “el papel soporta todo”, y lo que yo más valoro es que, en las entrevistas, los postulantes me cuenten de sus experiencias y capacidad individual en la dimensión social de sus anteriores labores, que se pueden organizar en:
1) Habilidad de trabajar en equipo. Un trabajador o gestor público no es dueño de la verdad, del proceso productivo o del proceso administrativo, por eso nunca nadie es autosuficiente o indispensable. Si pretendemos desarrollar a plenitud la misión organizacional debemos entender que esa es una tarea de todos los integrantes de la institución pública, y por tanto todos trabajaremos mejor si estamos organizados para compartir nuestras destrezas y reducir el riesgo de errores u omisiones mediante un trabajo sinergetico.

2) La creatividad y la innovación. Las organizaciones públicas se rigen por los principios de legalidad y literalidad en sus actuaciones, pues si un funcionario o gestor público realiza un acto o desarrolla un producto que no está previsto en los planes operativos o en el presupuesto institucional, puede generarse responsabilidades administrativas y hasta penales. Así, la creatividad y lo innovación en las instituciones públicas tiene serías restricciones, y debe canalizarse adecuadamente: siguiendo los procesos y procedimientos establecidos legal y reglamentariamente.

3) Habilidad de comunicación e interrelación personal. La incapacidad de redactar un texto legible, de saber oralizar una idea importante, o de trasmitirla rápidamente antes de que el superior o los colegas se aburran y lo dejen solo, es muy frecuente en la administración pública. Más frecuente de lo que se podría esperar, y ha sido motivo para que tome decisiones drásticas, pues la reiterada falta ortográfica, gramatical o lingüística, muchas veces me dejaba serías dudas sobre las capacidades profesionales de quienes debían ser colaboradores en mi gestión, además de generar el trabajo adicional de tener que corregir personalmente el documento que debía salir con mi firma. En el caso de los abogados (advocatus, los que abogan por otras personas), la facilidad de palabra es también esencial.

4) Habilidad de tomar decisiones. Tal vez la habilidad más difícil de conseguir, por ser la más escasa. Yo encuentro una razón para ello: la toma de decisiones tiene un componente moral: Solo toma decisiones quien es responsable y capaz de asumir la consecuencia de sus actos.

Puedo decir que he gestionado exitosamente el Jurado Nacional de Elecciones y la Academia de la Magistratura, tanto como Secretario General en una y Director Académico en otra, y en todos esos casos, el personal que me ha rodeado y que gozaban de esos atributos, han hecho posible los logros organizacionales de los que hablaré en otro momento.

Solo como un dato adicional, pues es algo sobre lo que las autoridades educativas peruanas todavía no se han puesto a reflexionar, pongo a tu conocimiento que la Unión Europea viene impulsando ocho (8) nuevas habilidades dentro de su propuesta de enseñanza-aprendizaje para la vida futura. Estas son:
1- Competencias lingüísticas y comunicacionales en la lengua materna y lenguas extranjeras.
2- Pensamiento científico – tecnológico.
3- Competencia matemática.
4- Competencia digital.
5- Autonomía e iniciativa personal o aprender a emprender.
6- Autoaprendizaje, aprender a aprender.
7- Competencia social.
8- Disposición hacia la cultura y el arte.

Debo confesar que hace años, cuando leí esta información, tomé la decisión de usarlas como referencia para me desarrollo personal con miras a la vida futura. Hoy, a los 40 años, iniciando la segunda etapa de mi vida, debo señalar que me falta mucho, pero por lo menos me considero que tengo habilidad en cinco.

Y tú ¿Cuáles son las habilidades que consideras que tienes desarrolladas? ¿Cuáles las que deben de desarrollar en un futuro cercano? Y si eres funcionario público, ¿Cuál crees que es la más importante, y por qué?
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EN ESTA DEMOCRACIA, ¿QUE ELIGES SER: FRACASOLICO O GESTOR PÚBLICO?

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Como funcionario electoral durante 8 años (desde la recuperación de la democracia en el año 2000 hasta inicios del 2009) he constatado que la democracia es vista por nuestra ciudadanía como un mero procedimiento electoral para cambiar al gobernante de turno (sin que ello mejore la calidad de vida de los ciudadanos), justamente la tesis de Nicolás Lynch
Y aunque sea política incorrecto debemos reconocer que, como dijo Odria: La democracia no se come. ¡Y la población peruana, la sociedad peruana exige el ejercicio y disfrute de los bienes y servicios que el Estado propugna como ejercicio efectivo de los derechos fundamentales! Así, es un imperativo categórico para los funcionarios públicos actuales lograr éxitos en la gestión de las organizaciones públicas que se nos ha encomendado y así cambiar las condiciones materiales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de los pobres y muy pobres.
¿Pero debemos lograr el éxito siempre?, ¿a todo costo?
La reflexión anterior viene a que hace mucho tiempo leí un texto donde se definía a los “fracasolicos” como aquellas personas que pensaban que sí no habían solucionado todos los problemas que le fueron encargados, habían fracasado. Para un gestor público competitivo y comprometido con su labor, asumir esta posición exigente puede ser deprimente, pues el sólo encontrar soluciones parciales o alcanzar objetivos específicos dentro de su gestión no tendrían ningún significado ni utilidad, ya que igual consideraría un fracaso el no haber logrado absolutamente todo lo que se propuso en su plan operativo para un periodo de gestión determinado. ¿Pero ello es así?, ¿un éxito parcial es un fracaso?
En un artículo periodístico que cita una investigación de Seth Godin para la Harvard Business Review se señala que lo mejor es “redefinir lo que es el fracaso para pasar a ser mucho más exigente con uno mismo y la organización”, y así es conveniente definir diferentes y muy específicos tipos de fracaso, por ejemplo “fracaso en el diseño” que alerta sobre cuan bien funcionan los productos o servicios; “fracaso de oportunidad” si los activos están mal utilizados, “fracaso en la confianza” si se ha perdido la confianza de los stakeholders; “fracaso en las prioridades” si uno se concentra en actividades que no generan valor”, “fracaso en el respeto” si se triunfa, pero maltratando a los colaboradores. La filosofía detrás de este delimitación del fracaso era “El fracaso es parte de la cultura de la innovación y aceptarlo hará al individuo y a la organización mucho más fuerte y exitosa”
Yo no creo que fragmentar los objetivos y limitar el fracaso con un rótulo pequeño y descriptivo de lo que nos faltó alcanzar, sea positivo. Para mí eso es equivalente al consuelo que tenemos cuando decimos “aprenderé de este error”. Y ello es así porque hace tiempo leí un artículo para la Harvard Business Review que concluía que es falso que fracasar en una empresa enseñaba algo a la hora de emprender otro negocio. Y en ese sentido, hay estudios sobre el aprendizaje realizados en el famoso MIT (Massachusetts Institute of Technology) que señalan que luego de los fracasos y errores no hay mayores cambios en las células neuronales, y los cambios neuronales sí se producen luego de los aciertos, lo que significa que aquí si estamos aprendiendo de ellos.
Así, puede ser que los pequeños éxitos y grandes fracasos no nos conviertan en un individuo más sabio, pero no tenemos que optar por considerarnos unos fracasados y ser infelices. Podemos celebrar el pequeño logro como todo un éxito y no ser complaciente con ello, podemos aprender de las enseñanzas del pequeño éxito y seguir esforzándonos en lograr mañana nuestros objetivos organizacionales mas ambiciosos, porque en el Perú, como dijo Vallejo “Hermanos, hay mucho que hacer”.

El argumento democrático sobre America Latina. La excepcionalidad peruana en perspectiva comparada. Fondo Editorial de CCSS de la UNMSM, 2009.
Ben Schneider. ¡Cuidado con la complacencia!. El Comercio del 30 de octubre de 2010. Página b4.
Andrew Campbell, Jo Whitehead and Sydney Finkeistein: Why Good Leaders Make Bad Decisiones.
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…. LA TEORÍA DEL VALOR PÚBLICO (II) Seguimos con la aproximación.

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Con fines pedagógicos usamos una esquematización y dijimos que la gestión pública podía clasificarse en enfoques TRADICIONAL (donde la autoridad electa es quien define “interés público”, y el funcionario público trata de seguir la normativa y reglamentación para alcanzar dicha definición, cumpliendo para ello los límites que restringen su idiosincrasia, subjetividad, ideología o uso de los recursos públicos para beneficio propio), y MODERNO (donde la autoridad electa define “interés público”, pero el funcionario público es un estratega pues debe ver para arriba, abajo, afuera y adentro de su propia institución, a fin de coordinar todo ello y generar valor), pero ambos estaban empeñados en generar VALOR PÚBLICO (que es diferente del valor privado, que se resume en generar rentabilidad económica o patrimonial, pues eso es lo valioso para la empresa), difiriendo cada uno de nosotros al dar la respuesta a ¿Qué entiendes por “valor público”?.
A continuación seguiremos profundizando en algunos conceptos que son imprescindibles para entender correctamente la teoría del valor público, lo que nos permitirá luego, aplicarla a nuestras labores cotidianas, con herramientas concretas, para beneficio de nuestros compatriotas.

D.- ¿CÓMO MEDIR EL VALOR?
Lo único cierto que todo gestor tiene una obligación: hacer que los recursos que utiliza, generen el máximo valor posible. Eso se le exigirá a todo gestor público o privado, y esa es la regla implícita en toda organización pública o privada.
Y ¿cómo saber que los recursos utilizados han sido bien aprovechados o desperdiciados?. Para responder esto, toda organización (sea pública o privada), necesita realizar medición y control. ¿Y cómo medir? ¡Con reglas, con instrumentos!

d.1.- Los gestores privados tienen un conjunto de herramientas (cuantitativas principalmente) que han sido diseñadas para alcanzar su objetivo empresarial: rentabilidad. Y para ello, cuando uno estudia una maestría en administración de negocios – MBA, aprende un conjunto de dichas herramientas financieras y empresariales, tales como el ROI (return on investment o retorno de la inversión realizada, por cada unidad monetaria, en cada proyecto) y otras más sobre la cuales no profundizaremos.

d.2.- En la gestión pública no existe uniformidad ni claridad sobre cuáles son las herramientas para medir el valor que nos interesa.
.- En el enfoque tradicional, los directivos públicos buscaban conseguir los objetivos normativos o determinado jurídicamente como valiosos por las autoridades democráticas (elegidas o designadas constitucionalmente), lo cual es coherente con la democracia donde el Parlamento representa “la voluntad popular”. Así, su un gestor acredita que ha cumplido los objetivos que aparecen en la ley orgánica de su institución, o en las normas de gestión de su institución (ROF, MOF, etc.), puede decir que ha cumplido su función y hasta sentirse orgulloso de haber generado valor (aunque ello implique corrupción técnica en lo que debe ser un objetivo, o aunque su labor no se traduzca en ningún beneficio al ciudadano).
.- En el enfoque moderno la determinación de lo valioso trasciende lo normativo y quiere recoger la complejidad que existe en la vida, por eso quiere sostenerse en la investigación económica, estadística, etc. Se trata de averiguar ex ante lo que es valioso y aprender ex post lo que es valioso. Para ello, como cualquier medición, lo primero que necesitamos es una regla, un instrumento, una teoría o un marco conceptual que nos permita dotar de sentido al concepto “valor público”. Y así tenemos para escoger entre diversas propuestas:
.- La Teoría de la democracia, que nos dice que hay valor público si encontramos satisfacción de los políticos con los resultados alcanzados (El grado de satisfacción que manifiesten los políticos es equivalente al grado de valor público logrado).
.- La evaluación de programas o políticas, nos permite señalar si se alcanzó los propósitos definidos políticamente como sustantivos. Si hay eficacia en ello, hay valor público.
.- La evaluación coste-efectividad, que supone una valoración colectiva del éxito alcanzado, o no.
.- La Técnica coste-beneficio. Inspirado en la economía del bienestar (que es muy individualista) nos señala que cada uno debe de analizar si las consecuencias de un actuar público le es beneficioso, adverso o indiferente, y a partir de ello señala que requerimos comparar la valoración que le brindan los beneficiarios con el costo financiero de haber alcanzado ello. Es muy difícil lograr dicha relación.
.- Gobierno orientado al cliente. Tomando el símil de la actividad privada nos dice que debemos medir el grado de satisfacción de quienes son los usuarios de nuestros bienes y servicios.
.- Y así existen otros mecanismos para medir el valor público, cada uno con una respuesta acorde a sus propias necesidades, concepciones y percepciones. Como los instrumentos deben de estar en función a las preferencias que queremos medir, se dificulta que todos lleguemos a una definición universal de “valor público”.

A modo de resumen: mientras los gestores privados tienen un cierto consenso sobre el conjunto de herramientas que han sido diseñadas para medir el logro de su objetivo empresarial (que se concentra en conceptos como Economía, Eficiencia, Eficacia), los gestores públicos debemos buscamos lograr un “valor” fijado por el legislador (quien no es un técnico) en una realidad que muchas veces es compleja (diversos actores sociales reclamando atención, diversas unidades organizacionales reclamando mayor presupuesto, etc.) y más: sin un consenso ni uniformidad sobre las herramientas que son propias “de” y “para” la naturaleza de la gestión pública! Por todo ello, actualmente, en nuestro país, mientras las organizaciones privadas se concentran en conceptos como Economía, Eficiencia y Eficacia para base para medir el valor que han generado, las organizaciones públicas debemos recurrir al uso de indicadores de los organismos internacionales , y así hablamos de “Índice de Desarrollo Humano” y hablamos de comparaciones, contrastes y crecimientos en el nivel de ingreso por persona (que mide el acceso a bienes y servicios), en el nivel educativo (que mide el potencial humano), en la distribución de ingreso (la oportunidad de acceso a la riqueza), en la esperanza de vida actual, o disminución en la taza de mortandad infantil, disminución de la desnutrición crónica, etc.
Siendo que el management moderno y la gestión pública moderna se orienta a una gestión por resultados, encontramos que, por lo menos, los funcionarios públicos de todo nivel, deberían de conocer –como mínimo- la técnica y el arte de la gestión por indicadores, para acreditar su labor en la creación del valor público.

E.- ¿QUÉ VALOR BUSCAMOS?:
e.1.- El valor privado en la sociedad de consumo y en la lógica de mercado donde nos desarrollamos en la actualidad, se basa en la “soberanía del consumidor (individual)” que nos dice que se valora mucho la individualidad del comprador, pues con su compra él decide que es valioso y que no, y con ello controla y define que es lo que se produce y que no (Esto es compatible con un Estado Liberal, donde el individuo, mediante la actividad privada es la que genera valor). Por ello, el valor privado que se busca es siempre fácil de adivinar y conceptualizar: Es la rentabilidad económica, es el dinero.
e.2.- El valor público, cualquiera sea este, se hace mediante el uso d recursos públicos, propios del erario nacional. Pero el dinero que conforma el erario nacional y se reparte en el Presupuesto Público, ¿es del Estado o de los ciudadanos?
Primero debemos decir que el Presupuesto Público se nutre mayoritariamente de los impuestos: El ciudadano (persona natural o jurídica, como son las empresas) está obligado a pagar impuestos y al monopolio de bienes y servicios que el Estado le brinda. (Esta coerción a cargo de SUNAT elimina la “soberanía del consumidor” en cuanto al pago de los impuestos, y como el ciudadano queda obligado a hacer pagos que no quiere, deja de hacer compras que sí quiere.
El usar el dinero para pagar sus impuestos en otra cosa más provechosa para él ciudadano, o recurrir a otros bienes y servicios prestados en mejores condiciones por terceros, supone una afectación o perdidas de oportunidades provechosas para dicho ciudadano, lo que le genera perjuicios económicos, afectivos, etc, o como se dice técnicamente: le generan costos de oportunidad.
Justamente por la afectación a la soberanía del consumidor y la generación de costos de oportunidad en el ciudadano, el funcionario o gestor público está obligado ética y funcionalmente a decidir y mostrar los resultados valiosos obtenidos con su trabajo, de forma tal que acrediten y compensen dichas afectaciones. (La teoría nos dice que, así el ciudadano sentirá que valió la pena dejar de hacer algo bueno para él, pues se compensa ya que el dinero con que pagó sus impuestos estuvo muy bien utilizado). Así, es por mantener esta lógica que, el valor público que buscamos tiene diversas redacciones , aunque el mismo contenido sustancial: satisfacción de necesidades básicas, bienestar general, beneficio social, etc.

F.- EL VALOR PÚBLICO EN LA TEORÍA DEL VALOR PÚBLICO:
El valor que buscamos los funcionarios públicos no es la rentabilidad económica o patrimonial, es una que compense las restricciones a la libertad del ciudadano y al costo de oportunidades que le generamos por el cobro de los impuestos, y por ello el valor público solo puede ser algo muy valioso, sea llamado: “satisfacción de necesidades básicas”, “bienestar general”, “beneficio social”, etc. Así, no importará que un gestor público alcance los objetivos trazados en la Ley o en los reglamentos, pues si ello no se traduce real y efectivamente en satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos, ¡no habrá generado ningún valor público!

Ahora debemos precisar que el “valor público” tiene tres (3) dimensiones:
F.1.- Dimensión Política: Aquí el gestor público debe tener bien en claro que apoyo político y legal obtendrá su propuesta de acción. Efectivamente, de nada sirve que el gestor trabajo más de las 8 horas legalmente establecidas y presente una gran propuesta técnica, si ella chocará contra el momento político, o las creencias ideológicas de su jefe. Por ello debe preguntarse ¿Qué expectativas hay?
F.2.- Dimensión sustantiva: Aquí el gestor público deberá verificar si al alcanzar su objetivo generará valor. Muchas veces nos esforzamos por alcanzar el objetivo que nos han dado nuestros jefes, y no nos preocupamos de verificar que ese es el objetivo que necesitamos para satisfacer una necesidad. Por ello, el gestor debe preguntarse si alcanzar este objetivo ¿es valioso, es eficaz?
F.3.- Dimensión administrativa: Aquí el gestor público debe hacer un análisis administrativo u operativo y verá si su gestión es sostenible. Deberá preguntarse ¿es viable técnicamente?
Si el funcionario o gestor público considera que, al evaluar el desempeño de sus labores, ha respondido afirmativamente las tres dimensiones, estará encaminado a la generación de valor público.

Creo que estas tres (3) dimensiones son esenciales, sin embargo me llama mucho más una propuesta metodológica que hiciera el maestro chileno Carlos Matus para una metodología de acción denominó Ciencias y Técnicas de Gobierno, y que considero totalmente compatible con lo expuesto líneas arriba.

Y dice así: Matus señala que no es cierto que exista esa dualidad entre ser un técnico o un político, que el gestor público debe de hacer análisis técnico-político. Y el ANÁLISIS TÉCNICO debe privilegiar el logro de la eficacia y eficiencia de los objetivos organizacionales, entendiendo “eficacia” y “eficiencia” en los conceptos que el management nos refiere, y el ANÁLISIS POLÍTICO debe también privilegiar la viabilidad política de la propuesta que elevemos a nuestros líderes o superiores, y también la aceptabilidad social que la misma tenga en quienes son los destinatarios finales del actuar público y estatal: la ciudadanía, la sociedad, el pueblo.
Solo sí nuestras propuestas de acción y gestión superan positivamente los cuatro elementos (eficacia, eficiencia, viabilidad política, aceptabilidad social) estaremos encaminados a realizar una gestión exitosa y reconocida.

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La Teoría del Valor Público. Una aproximación (I)

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LA TEORIA DEL VALOR PÚBLICO. Una primera aproximación.

Con el nuevo gobierno se ha puesto de moda la frase “inclusión social” y en un legítimo afán de reciclarse laboralmente, algunos académicos y funcionarios públicos han empezado a hablar de “generar valor” de forma tal que se beneficien todos los ciudadanos y ciudadanas. Como más que un discurso, la generación del valor es una teoría poco difundida en el Perú, quiero escribir una serie de artículos en afán de divulgación, por lo que no profundizaré en tecnicismos, los que dejo para cuando debamos profundizar en un plano más académico.
En esta primera entrega, resumiremos los enfoques de gestión pública que podemos encontrar en nuestro país, y como ellos se van relacionando con el concepto de “valor” para así entender a que nos referimos cuando hablamos de “valor público”.

Las esquematizaciones y contrastes siempre son útiles porque nos permiten generar estructuras mentales que ayuden a la comprensión de diversos temas. Así, por fines pedagógicos podemos decir que hay dos formas de entender el trabajo que realiza o debe realizar el gestor público: la tradicional y la moderna.

a) El enfoque tradicional de la gestión pública:
El enfoque tradicional parte de que el debate público se da de modo previo a las elecciones, pero luego de que el ciudadano escoge su forma de gobierno, son las autoridades electas las que tienen la responsabilidad de definir y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué es el interés público?. Y son los funcionarios públicos los técnicos que deben materializar dichas definiciones, pero –se precisa- no de modo libérrimo o discrecional.
La autoridad política electa, al regular como el funcionario debe entender y hacer su trabajo está diciéndole cómo debe de actuar para realizar mejoras organizacionales, cómo debe de actuar para perfeccionar procesos, cómo debe administrar los recursos humanos, y cómo con ello deberá lograr la eficacia y eficiencia. Justamente es allí donde la reglamentación busca precisar cómo se debe entender y hacer el trabajo del funcionario público, pues busca evitar que el funcionario o gestor público pueda aplicar su idiosincrasia, su ideología o creencias subjetiva en temas de interés público, pero también busca evitar el uso indebido o subjetivo de los recursos públicos para intereses propios.
En el fondo, la autoridad política sólo se le está diciendo al funcionario público cómo perfeccionar su labor cotidiana, pero no le dice como innovar, ni como cambiar la organización, ni como aumentar el valor público en un entorno político-social cambiante como es la vida social en la actualidad. Esta negación de discrecionalidad es una negación a la posibilidad de que el funcionario público logre adaptabilidad y eficiencia en nuevas situaciones sociales.
Este afán regulatorio se da tanto en el modo administrativo (Descendente: hacia el logro de resultados; Ascendente: Atender el mandato político) como en el modo sustantivo (lograr el fin o misión).
¿Por qué esta regulación? ¡Porqué se tiene desconfianza en el actuar del funcionario público!

b) El enfoque moderno de la gestión pública:
El enfoque moderno nos dice que luego de las elecciones, son las autoridades electas que conforman el gobierno las que tienen la responsabilidad de definir y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué es el interés público?.
El directivo, gestor o funcionario público es un actor, un estratega, y por ello tiene la responsabilidad de descubrir, definir y crear “valor público” (previamente definido por las autoridades electas) en cada una de sus actuaciones.
Reiteramos que es un “estratega” pues el funcionario p debe de mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera y hacia adentro de la organización para evaluar su actuar y ver en qué medida podrá alcanzar los objetivos fijados colectivamente o por las autoridades competentes. Así, no puede ser un funcionario que se limite a cumplir la reglamentación que le ha sido dada por autoridades políticas u otras legitimadas, pero lejanas a su labor organizacional cotidiana.
No es un retorica cuando decimos que el gestor público debe ver hacia arriba/abajo/adentro/afuera de la organización, pues efectivamente el debe ver:
.- Hacia arriba, para renegociar el mandato político y lograr una definición política de “valor”
.- Hacia afuera, para ver el valor de la producción, del producto que logra la organización.
.- Hacia dentro, para ver la situación y actuación organizacional actual (como contexto).
.- Hacia abajo, para ver la situación y actuación organizacional actual (sobre todo de sus colaboradores).

A nosotros nos interesa este enfoque moderno, pues a partir de él desarrollaremos la noción de “valor público” que es de nuestro interés.


c.- Algunos tips esenciales para comprender la noción de “Valor”:

¿Qué es un “valor”? Es aquello que consideramos valioso, entendiendo esto como una cualidad de las cosas u acciones, que permite apreciarlas o considerarlas útiles, aptas para satisfacer necesidades o producir deleite en las personas.
¿Qué es “valor” para mi? Es aquello que yo considero valioso. Y lo que yo considero valioso, puede no serlo para otra persona. Así, el valor es algo subjetivo, y cada uno determina la valía de una cosa, acción o palabra.
Si el concepto “valor” es un concepto indeterminado, que cada persona debe de llenarlo de contenido según sus creencias, apetencias, necesidades, etc., ¿de qué “valor” hablamos? Eso también depende: Depende de si hablamos de valor privado o valor público.
c.1.- En la gestión privada el empresario busca un valor y tiene un objetivo: ganar dinero. ¿Cómo? ¡Produciendo bienes y servicios! La medición es sencilla: “Produzco algo a un costo determinado, y si lo vendo a un precio mayor, la diferencia que obtengo es la ganancia” Esto se sustenta en la “soberanía del consumidor (individual), es decir, él es el soberano, el rey, el que manda, pues con su compra nos dice que un producto es valioso, y que se debe producir (o que no).
c.2.- En la gestión y en el aparato público la cosa no es tan clara. Si en el gobierno hay sectores nacionalistas o de “izquierda”, creen que el Estado debe generar todo valor. Al otro extremo, los liberales creen que el valor lo debe generar la iniciativa privada, y que el Estado no debe intervenir, y por consiguiente los funcionarios o gestores públicos no pueden ni deben competir con la empresa privada en generar valor alguno.
c.3.- En la lógica imperante se está en una posición cercana la de los liberales: La actividad privada debe encargarse de generar valor, el Estado debe de redistribuir la riqueza generada por la actividad privada, pero si pese a todo lo expuesto es necesario que el funcionario debe de generar algún valor, entonces, debe hacerlo subsidiariamente.
Así, actualmente la lógica política imperante nos dice que, el Estado tiene dinero mediante la coerción tributaria que ejerce sobre el ciudadano para que pague sus impuestos. Con ello:
.- El ciudadano sufre un costo de oportunidad: El pagar (obligado) mis impuestos, hace que yo no destine ese dinero a algo que sí quiero o me gusta más, y
.- Se afecta mi soberanía del consumidor: Con mi compra voluntaria yo determino que es bueno y valioso para mí.
Para ejercer esta presión tributaria, el funcionario público hace uso de dos recursos escasos: autoridad estatal, y dinero. Y justamente debe hacer un muy buen uso de ello, pues son recursos que ¡se generan en los ciudadanos para seguir coaccionando a los ciudadanos!. Pero, y ¿Cómo sé que el funcionario público hizo buen uso de su autoridad y del dinero recaudado a los ciudadanos? ¡Solo contrastando el uso de dichos recursos y el valor generado con ellos!

En la siguiente entrega continuaremos… Sigue leyendo