Esa parecería ser la primera conclusión tras casi dos meses de paro y protestas en la selva amazónica, que hasta el momento incluían como ya es costumbre en nuestro país el bloqueo de vías y la toma de estaciones petroleras, entre otras manifestaciones de violencia, pero que hoy, viernes 05 de junio, como consecuencia de la intervención de efectivos de la Policía Nacional para desalojar a grupos de las comunidades nativas que tenían bloqueada la carretera de acceso a la ciudad de Bagua, al norte del país, nos ha sumido una vez más en una tragedia que podía ser previsible en un marco de violencia que casi siempre termina desbordando la sentasez del gobierno. Aproximadamente treinta víctimas mortales y numerosos heridos tanto entre la población civil como entre los efectivos policiales es el resultado hasta hoy de este infausto conflicto.

Desde el punto de vista técnico el problema se centra en la vigencia de ocho decretos legislativos, que para sus defensores se han hecho para el propio bien de la población indígena, pero que para ellos (los supuestos beneficiarios) resultan totalmente atentatorios de sus intereses. Estos decretos legislativos son el 1020, 1081, 1089, que fueron considerados constitucionales por unanimidad por la Comisión de Constitución del Congreso, así como los decretos 994, 995, 1060, 1064 y 1090 cuya derogatoria se reclama.

Independientemente del contenido técnico de las soluciones que se vienen ensayando, una vez más, de manera coyuntural y aún sin resultados a la vista (por lo pronto el Congreso acordó ayer jueves 04 de junio, postergar el debate para la derogación del Decreto Legislativo N°1090 referido a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre hasta que se conozcan los resultados de la mesa de diálogo conformada por el Ejecutivo y los representantes de las comunidades nativas), llamamos la atención sobre el problema de fondo y que desde nuestra perspectiva es la causa de muchos de los conflictos que han azotado a nuestro país, en la selva, en el sur, en el norte, etc. y es el NO RESPETO A LA DIFERENCIA.

Nuestra Constitución Política de 1993 proclama en su artículo 2: "Toda persona tiene derecho: (...)2.A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole". A su vez, el inciso 19 de este mismo artículo establece el derecho a la diferencia y al respeto de la identidad étnica y cultural de las personas. Precisamente a la luz de este derecho y, entendiendo la estrecha y especial relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras (escasamente entendida desde una visión citadina), se ha establecido en el Derecho Internacional, el derecho de consulta a favor de pueblos “indígenas” u originarios regulado en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A partir de este instrumento internacional, del que el Perú es parte, y por lo tanto constituye derecho aplicable, debía haberse consultado previamente a las comunidades afectadas antes de la aprobación de las normas que disponían de sus recursos.


Sin embargo, se tiene la idea de que los indígenas son incapaces de decidir por sí mismos, por ello el Estado y la sociedad busca imponer a estas comunidades su idea de bien común y su manera de hacer las cosas. Como señala Oscar Espinosa: "...tanto el paro de agosto del 2008 como el iniciado en abril del 2009 son iniciativas que no provienen necesariamente de las organizaciones, sino que es la misma población la que está demandando el justo derecho a la posesión de sus tierras. Incluso en algunos lugares se ha castigado a los dirigentes por no tomar medidas radicales. Es cierto que existe un liderazgo político claro de Aidesep, y este es importante, pero el paro es, sobre todo, un deseo casi unánime de la población indígena de la selva. Esta situación refleja que hay miles de personas que exigen el respeto a ser diferentes."

En nuestros discursos oficiales, nos jactamos de vivir en un Estado Democrático, nos enorgullecemos de poseer una diversidad y riqueza poco comunes en el mundo, que según se vende, ofrece al turista ..."infinitas alternativas y la posibilidad de vivir una experiencia única: Historia, cultura, naturaleza, aventura y mucho más en un solo destino". Sin embargo, esta diversidad aún no ha cobrado relevancia e implicancias en el ámbito político, social y cultural.

Aspiramos a una ciudadanía plena, pero ello sólo podrá alcanzarse previa consideración de nuestras diferencias y mediante una comunicación intercultural que requiere reconocimiento, diálogo e inclusión.