En mi concepto, para el diseño, rediseño, ejecución y control de los distintos sistemas transversales es necesario asegurar el cumplimiento de la normativa legal base que constituye uno de los marcos básicos de mayor importancia para garantizar el legal y legítimo desarrollo de los proceso y procedimientos propios de los sistemas en la gestión pública.

No se trata de estar en un extremo u otro de posiciones, se trata de poner en práctica esos procesos, procedimientos y actividades que sean capaces de generar valor público y satisfacer las necesidades y requerimientos de la población sin transgredir el orden legal establecido para los mismos.

La flexibilidad es muy necesaria sobre todo en circunstancias de crisis como la que estamos atravesando, pero es un despropósito de mucho riesgo que en nombre de la mencionada flexibilidad se pueda desconocer o transgredir la ley y las normas propias de cada sistema transversal. Entonces, lo que si sería recomendable es que desde los altos estamentos de la gestión pública del país, se propongan marcos normativos ad hoc o de excepción que, garantizando el cumplimiento de principios básicos de orden y legalidad, promuevan de otra parte el dinamismo en la ejecución de los procesos, procedimientos y actividades, estableciendo claramente las responsabilidades de cada miembro que intervendrá por parte de la administración pública en ellos y más aún si se trata de sistemas directamente relacionados con la provisión directa de bienes y servicios al público usuario, donde muchas veces el riesgo de transgredir la ley y las normas es mayor, considerando el entorno socio cultural de la mayoría de sociedades latinoamericanas, donde existe el hábito de “motivar económicamente” a servidores públicos para obtener un producto o servicio más rápido o a la medida de su interés.

En resumen, la gestión pública debe ser adaptativa y responsiva, desarrollando procesos, procedimientos y actividades eficaces y eficientes en todos sus sistemas transversales, de cara al mayor beneficio de la sociedad, ello implica construir y gestar instituciones pública más dinámicas y proactivas pero teniendo como punto de partida y de manera permanente la observancia de marcos normativos que deben de ser adaptados, mejorados, contextualizados a fin de permitir lograr los resultados e impactos necesarios, acordes y suficientes para satisfacer realmente las necesidades y requerimientos de los ciudadanos en medio de coyunturas tan graves como las que asume actualmente nuestra sociedad