El gobierno corporativo ha adquirido una importancia crucial en la actualidad empresarial en el Perú y Sudamérica. En un primer momento se le concibió como un mecanismo de garantía o certificación de buenas prácticas de administración de los recursos de una empresa que generen confianza en los agentes del mercado (Estado y consumidores). Ahora se utiliza como parte de los mecanismos para mantener la reputación corporativa de la empresa.

Los escándalos corporativos que se sucedieron en Estados Unidos como Lehman Brothers, Parmalat, las World Com, también encuentran similitud con el caso del Perú con el antecedente de CLAE, involucramiento de muchas empresas en escándalos de apoyo al régimen de los 90 y, recientemente, con los gobiernos de este milenio. Por ello, los mecanismos de gestión urgen de contar con medios de prevención o, incluso, de erradicar conductas oportunistas de utilizar a la empresa como medio obtener beneficios propios en desmedro de los inversores (accionistas) y demás grupos de interés.

A diferencia de Europa, donde muchas prácticas de buen gobierno corporativo se han convertido en mecanismos legales de obligatorio cumplimiento, en el Perú continuamos con el estado de mantenerlo como mecanismo de autorregulación para prevenir o reducir los riesgos legales y extralegales que puedan restringir la entrada o salida de la empresa de toda actividad comercial económica. La excepción está de forma básica en las empresas que cotizan en bolsa donde deben de reportar su cumplimiento a la Superintendencia de Mercado de Valores. Las recomendaciones brindadas por los principales organismos internacionales como la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica (OECD), el Banco Internacional de Pagos (BIS) y la Comisión Andina de Fomento han influenciado en la reconfiguración voluntaria de las prácticas de buen gobierno corporativo en las principales empresas en el Perú.

Ahora bien, es preciso recordar que en el gobierno corporativo coexisten dos puntos de vista sobre su enfoque. El primero propone que las prácticas de buen gobierno garanticen la protección y primacía de los intereses del inversor . Es decir, la promoción de los derechos de los inversionistas, el funcionamiento de los órganos de gobierno y los sistemas de gestión y control de la empresa deben prevenir cualquier perjuicio a la inversión hecha por los inversores. Mientras, la otra posición replantea el gobierno corporativo como mecanismo de promoción y cumplimiento de intereses de los stakeholdersde una empresa. Los grupos de interés cobran una influencia importante en la vida de organización empresarial por cuanto muchos de ellos se encuentran empoderados en los derechos de propiedad de los recursos naturales. En el caso peruano notamos que las prácticas de buen gobierno han adoptado un componente de promoción de los intereses del inversor. Sin embargo, este discurso  se dirige con cierta precaución para garantizar la estabilidad económica de las empresas extranjeras. Las memorias anuales de las empresas o sus informes anuales de responsabilidad social corporativa se han constituido en mecanismos de argumentación de los actos de gestión de la empresa a favor o para favorecer los intereses de todos los grupos de interés.

El buen gobierno corporativo en las empresas publicas sigue el mismo estándar y objetivos que en las privadas pero con salvedades. En el Perú este fenómeno comenzó con las empresas vinculadas al sector energético y, posteriormente, se ha trasladado al resto de empresas públicas del medio local por conducto del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Estatal (FONAFE). El FONAFE es una empresa de derecho público que tiene como función la gestión de las participaciones mayoritarias que el estado posee en empresas dedicadas a la explotación de actividades de energía, servicios financieros, hidrocarburos, infraestructura, transportes entre otros. Precisamente en el ámbito de funcionamiento de esta empresa se expidió el Código de Buen Gobierno Corporativo para Empresas bajo el ámbito del FONAFE. La publicación de dicho documento se promulgo al amparo del D.S. n^o 176-2010-EF, Reglamento del Decreto Legislativo 1031. Dicha norma administrativa prescribe que la administración de las empresas estatales se hace de acuerdo los criterios de gobierno corporativo.

El Código de Buen Gobierno Corporativo establece una serie de obligaciones legales que las empresas públicas deben de cumplir en materia de buenas prácticas de gestión. Sus recomendaciones abarcan el marco legal de las empresas de propiedad estatal (EPE), el ejercicio de los derechos de propiedad en las EPE por parte del Estado, las políticas de gestión que deben seguir el directorio, la junta general de accionistas y la gerencia de una EPE, la política de riesgos y código de ética y el ejercicio del criterio de la transparencia y la divulgación de la información. La idea central es promocionar que gestión de la empresa estatal sea hecha de forma técnica, profesional e independiente de toda influencia política del gobierno de turno. El objetivo principal no es otro que impedir que la toma de decisiones en las empresas públicas sea alejada de cualquier tipo de oportunismo político por rentabilizar votos o favores políticos que perjudiquen la actividad económica de la empresa. En este sentido, el ejercicio del buen gobierno corporativo en las empresas estatales contribuye a la práctica de la responsabilidad social corporativa aunque de forma diferente que en la empresa privada. Por un lado, el buen gobierno busca que sus buenas prácticas protejan los intereses de los grupos de interés, interno y externo, de la empresa. De esta manera se salvaguardia sus intereses y los de la misma organización.

En este orden de cosas, notamos una preocupación y es que la regulación de las normas de buen gobierno a través de  normas administrativas ha generado que su práctica quede circunscrita al cumplimiento de sus normas de gestión lo cual va en contra de su naturaleza voluntaria que tradicionalmente la ha caracterizado al buen gobierno. A diferencia de las empresas privadas, las públicas se sujetan a cumplir sus normas administrativas y si bien pueden implementar otras prácticas de gestión requieren la aprobación del ministerio correspondiente. De esta forma, la percepción que se detecta es que las prácticas de buen gobierno corporativo en las empresas estatales no contribuyen a una adecuada responsabilidad social de igual eficacia que si sucede en aquellas del sector privado.

Esta situación de “administrativizacion” del gobierno corporativo es señal que la responsabilidad social de hoy en día se ejerce en base al cumplimiento de normas de derecho administrativo a diferencia de lo que tradicionalmente ha sido por medio de la libertad de autorregulación. Esto   le resta la eficacia y eficiencia a la empresa pública en el cumplimiento de su fin principal de mantenerse en el mercado de forma “sostenible”, en el “largo plazo” y sin recibir subsidios del gobierno.En este punto es importante considerar que el legislador evalúe otorgar cierta libertad a cada una de ellas de crear e implementar practicas autorregulatorias que refuercen su gestión. También el gobierno debería de crear normas de metarregulación que las empresas publicas deberían de ejercer de forma libre.

La presente entrega fue elaborada para su debate en el Posgrado en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Castilla la Mancha (España).