La actual situación que atraviesa el país resalta la necesidad del sector empresarial y la administración pública de contar con los mejores profesionales en derecho. Por un lado, las empresas requieren de letrados que posean la capacidad de defender las inversiones e intereses de los accionistas que, indirectamente, contribuyan a fomentar el desarrollo y prosperidad de la sociedad. Por el otro lado, el gobierno requiere de abogados que gestionen los intereses del país y sean inmunes a la corrupción. En las actuales circunstancias donde la autoridad del Estado y la imagen corporativa de la empresa se encuentran en crisis, la discusión del perfil ideal del abogado corporativo debe centrarse en la búsqueda del elemento humano que cuente con las capacidades y aptitudes necesarias para armonizar los intereses de la empresa con los del resto de la población. Es decir, el abogado corporativo debe poseer la capacidad de gestionar los riesgos que perjudiquen la existencia y estabilidad de la organización a la que pertenece. Ello pasa por integrar los riesgos sociales a los riesgos económico-financieros que se presentan tanto en la corporación como en el Estado.

En este sentido, a las capacidades de creación de normas de autorregulación, interpretación y cumplimiento de las normas legales vigentes, conocimiento de los fenómenos económicos que gobiernan los mercados, lectura e interpretación de los estados financieros, entre otros; el abogado corporativo desarrollar la práctica de los valores corporativos de la empresa, la comprensión previa y posterior de los riesgos empresariales y un alto espíritu de denuncia antes las injusticias.

El perfil de abogado corporativo no es exclusivo únicamente para quienes desean involucrarse en el mundo de la asesoría legal en empresas privadas. También el aparato público requiere de abogados que cuenten con un espíritu corporativo dinámico para asesorar a las empresas estatales y proteger los intereses de estos y los del país. Según estadísticas de la OECD, al 2012 el grupo de empresas más importante en el Perú son aquellas que conforman el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) que obtuvo un ingreso por encima de $8.1 billones de dólares. Asimismo, el aparato gubernamental necesita de letrados para que desempeñen diversos puestos de responsabilidad en la gestión y control de los recursos del erario nacional.

Por tanto, el rol del abogado corporativo no debe definirse según la naturaleza del empleador (privado o pública) sino de acuerdo a las actitudes y capacidades que se requieren para colaborar en la correcta gestión de los recursos. Es cierto una empresa privada difiere de una estatal pero ambas tienen en común la necesidad de desarrollar una actividad comercial que beneficie los intereses económicos de los inversionistas (accionistas) con los de la sociedad en general. En ese sentido, el rol del abogado corporativo debe caracterizarse ser conciliador, evaluador e integrador de los intereses de su organización (empresa o Estado) con los del resto de la sociedad.

Por Edison Paul Tabra Ochoa