Las comunidades asentadas a lo largo del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), fue motivo de la reunión del Congreso Peruano del 17 de abril. El tema, la muerte de soldados en emboscadas. Los congresistas están discutiendo la forma de cómo llevar el estado y el gobierno a las comunidades, porque existen grupos armados organizados por los productores y comerciantes de droga derivada de la hoja de coca que no permiten que el gobierno tenga el control de la zona. Es un reconocimiento al hecho que el Estado, que dicen representar, no está presente en ese territorio. Una pregunta que fluye es ¿cuántas zonas más existen sin presencia del estado y del gobierno? La respuesta es, existen muchas más.

Es claro, que si no existieran grupos armados para defender el negocio ilegal de la droga, el congreso no estuviera “perdiendo su tiempo” discutiendo de cómo llevar el Estado a esa zona. A los gobiernos hay que preguntarles ¿por qué no les interesaron esas zonas? ¿Por qué a Alan García en su segundo gobierno ahora si le interesa esa zona? Las gentes en las comunidades viven tranquilas, hasta que o bien llega el Gobierno o llegan grupos armados para defender la producción de droga. Ambos llegan con un discurso de “aporte al desarrollo” pero que esconde la corrupción. Por un lado los funcionarios del gobierno y por el otro los grupos de la droga con la violencia para defender los negocios de los carteles internacionales. La moral propia, que por siglos han cultivado y mantienen las comunidades es progresivamente destruida y suplantada por la amoralidad de la corrupción que sucumbe a los pobladores en el desamparo más estrepitoso. Destruida la moral comunal, es el miedo primitivo el que campea y que destruye todo. El Premier Yehude Simon, dijo que en su primera visita al VRAE, lo recibieron unos cuantos pobladores asustados, y que después de instalar las fuerzas militares, en las otras visitas lo han recibido muchos más. Los grupos denominados narcoterroristas, también ingresaron y dominaron por la fuerza a los comuneros. Es la descripción clara, de cómo se domina a una comunidad, por la fuerza, cuando de por medio están los intereses para aprovecharse de sus riquezas.

Los nativos, por siglos han cultivado la coca, y si el mercado aumenta, bien por ellos, negocios son negocios diría un pensador neoliberal. Ellos no consumen ni pasta básica ni cocaína, simplemente continúan chacchando la hoja de coca durante sus labores agrícolas como milenariamente siempre lo han hecho. ¿Qué responsabilidad tienen en este conflicto? Ninguna. Por un lado, el gobierno sufre la presión externa (de EEUU y otros países) para que combata el narcotráfico a cambio que ingresen otros negocios a esos mercados o que hagan inversiones en esas tierras para explotación minera, petrolea o la que exista; y por el otro, los narcotraficantes tienen un insumo muy barato para producir la droga como es la hoja de coca, pero que además los otros insumos, como el kerosene y los ácidos, que los controles del estado oficial “no ven” permitiendo que ingresen a la zona ingentes cantidades.

El Señor Premier Yehude Simon, seguramente ya se dio cuenta, el Gobierno que representa tiene legítimos intereses: las exportaciones y las inversiones de los empresarios limeños y foráneos. Pero, no representa los intereses legítimos de las comunidades: la producción para su desarrollo. El estado actual está diseñado para defender esos intereses. Por eso, para el desarrollo armonioso del Perú que se expresará en la calidad de vida de sus comunidades, requiere un Nuevo Estado, o como algunos llaman una Segunda República. En ese sentido se entiende un verdadero nacionalismo.

Esta realidad es aprovechada, sin embargo, por los políticos criollos de siempre, los que viven del doble discurso, que tienen dos caras, una para captar votos y otra para enriquecerse corruptivamente, y hacen pasar gato por liebre a sus electores. La demagogia de la “defensa de los recursos naturales” de raíces militaristas vestidas de colores autóctonos, es en el fondo la defensa del mismo modelo de estado actual que hacen los partidos políticos tradicionales. Que los recursos naturales sean explotados por empresas del gobierno (propuesta de los nacionalistas militaristas) o por empresas extranjeras (en ejecución por los partidos tradicionales y oportunistas como Fujimori y Toledo), para las comunidades y los comuneros, es lo mismo.

Son los comandantes y generales en retiro del ejército, muchos de ellos cuyas raíces provienen de comunidades nativas, quienes rodeados de una aureola de “la fuerza de las armas” plantean su “nacionalismo de los recursos naturales y la expulsión de los vendepatrias” o son ingenieros y doctores oportunistas ideologizados con la propuesta que “la tecnología salvará al Peru”, a parte de los viejos políticos de los partidos tradicionales, quienes reclaman los votos de las comunidades para hacerse del poder.

El desarrollo del país no requiere a los nacionalismos militaristas, que ya fracasaron con Velasco, ni los modelos neoliberales que fracasaron con los oportunistas Fujimori y Toledo y los partidos tradicionales AP y el Apra; sino, ahora más que antes, se requiere de un nacionalismo sustentado en el gobierno de las comunidades que formen un nuevo gobierno y un estado múltiple, suma de los proyectos de desarrollo productivos de cada comunidad, que tengan como eje el intercambio equitativo y el precio justo de los bienes producidos, tanto en el mercado interno como externo, así como la expresión de una moral productiva y no corruptiva como es en el estado actual.