Acciones para superar la corrupción. Caso de las Universidades. Propuesta al Premier Yehude Simon

El Presidente, ante el escándalo por la corrupción en los contratos petroleros, se vio obligado a cambiar al Primer Ministro y a parte de su gabinete. El nuevo Premier, anunció en el Congreso como un pilar fundamental del gobierno la lucha contra la corrupción. ¿Cómo lo haría? Le preguntaron los congresistas. Y anunció que el Plan Anticorrupción estará presentándolo dentro de 45 días. Se plantea la pregunta ¿Cómo superar la corrupción?

La experiencia indica que como el ladrón que grita “allá va el ladrón” en la corrupción son los más enardecidos que se rasgan las vestiduras de blancura, limpieza, transparencia y honor quienes ocultan la transgresión legal. No sólo están los actos corruptos, si no que se ha creado toda una cultura de la corrupción. La hipocresía, la doble personalidad, las dos caras, “la escopeta de dos cañones”, es decir, públicamente todos condenan a la corrupción pero detrás en forman generalizada se practica. Por tanto, esta cultura corrupta, también tiene que ser enfrentada.

Para el caso del sector de las Universidades Públicas con mayor incidencia y en las Universidades Privadas con menor incidencia, se observa que el profesorado que ocupan las plazas, las han convertido en prebendas (beneficiarse sin tener los méritos) y sinecuras (hacer un trabajo mediocre o robar el tiempo para alternar “trabajo” con otras instituciones). Esta degradación es académica y moral. La consecuencia es que se ha generalizado en el estudiantado la cultura del facilismo mediante la coima para aprobar los cursos y el chantaje. La meritocracia se ha ido resquebrando a tal punto que las categorías que ocupan los profesores ya no corresponden a sus méritos y los trabajos de investigación de los mismos carecen de valor. Las tesis de los titulados y los graduados que estos profesores asesoran carecen de originalidad y no significan un aporte al conocimiento y al desarrollo de las comunidades. Esta situación, en general, ha traído consigo el abandono de la función de una universidad que es la de dirigir el desarrollo de las comunidades. Las escuelas académico profesionales de pregrado y postgrado se han convertido en “fábricas” de egresados que andan bajo el brazo con un cartón que tiene escaso valor. Estos mismos profesionales y graduados, con deficiencias académicas y una débil formación moral, ingresan a la docencia universitaria generalizando cada vez más las prácticas corruptas académicas. En cada Universidad, se han establecido círculos cerrados para proteger esta deplorable crisis académica y de valores, impidiendo por cualquier medio los intentos que tratan de romper estos círculos de corrupción. Por tanto, los profesionales y graduados cada vez terminan con una formación académica, moral y ética más débil, resultando que los abogados, educadores, administradores, ingenieros así como otros profesionales multiplican los antivalores por la sociedad entera profundizando aún más la corrupción, tanto al interior de los poderes del estado como en las empresas e instituciones a las cuales acceden estos egresados. ¿Qué hacer? En consonancia a las seis medidas planteadas, se debe empezar por las siguientes acciones prácticas:

1. Conformar una Comisión Nacional de Méritos Universitarios (CNMU) con tres miembros de cada disciplina, especialidad o profesión, que ostenten el mayor número de publicaciones en revistas científicas acreditadas, mayor número de proyectos de desarrollo ejecutados o de patentes registradas, quienes deben definir los méritos que corresponden a las categorías de profesor principal, asociado y auxiliar, tanto por facultades y departamentos académicos, de conformidad a la ley universitaria.
2. La CNMU, debe constituirse en instancia adjunta al organismo de control (Contraloría), para proceder a revisar los documentos de los méritos registrados en los escalafones de cada universidad, para exhibirlos públicamente. Si los méritos no corresponden a los establecidos en la ley universitaria se procederá a realizar la denuncia ante el poder judicial correspondiente y los rectores emitirán las resoluciones administrativas, publicando en la página WEB el listado del profesorado indicando detalladamente los méritos y la categoría que les corresponde.
3. La publicación detallada en la intranet de cada universidad de la hoja de vida académica de cada profesor universitario y de encontrarse que las autoridades universitarias no han realizado la ratificación docente y los ascensos en los plazos que señala la ley universitaria deberán ser denunciadas ante el poder judicial y procederán inmediatamente a emitir las resoluciones administrativas de los ascensos y ratificación a los docentes que cumplen con los méritos indicados por la CNMU. Asimismo, deberá publicarse la carga horaria de cada profesor y de encontrarse alguien que están robando tiempo debe ser denunciado ante el poder judicial.
4. Establecer los estándares nacionales en cada disciplina, especialidad u profesión respecto a lo estipulado en la ley universitaria, que los títulos profesionales y los grados de maestro y doctor implican hacer tesis originales y dominar uno o dos idiomas extranjeros. Los grados y títulos de los profesores universitarios deben ser producto de una tesis original y los que han sido obtenidos en el extranjero deberán estar revalidados (equivalencia en tiempo, en contenidos por los certificados y en nivel por la tesis con el estándar nacional). La CNMU deberá recalificar nuevamente los grados y títulos del profesorado universitario, conformando comisiones para recalificarlos por cada disciplina, especialidad u profesión de conformidad a los estándares nacionales establecidos.
5. Establecer sistemas de acreditación de los estudiantes de pregrado con estándares nacionales en cada Escuela, mediante evaluaciones de carácter anónimo, estableciendo que una copia de la defensa de una tesis de título o grado sea remitida a la CNMU para el visto bueno y el registro nacional.
6. Establecer que los cargos del rectorado, decanatos, directorios y jefaturas, son de naturaleza académica, por lo que serán seleccionados por los miembros de cada comunidad mediante elecciones de entre quienes son profesores principales y ostentan los mas altos méritos en cada campo, de conformidad a la ley universitaria.

Debemos precisar que las universidades tienen autonomía de gobierno, administrativa, académica y económica, pero, esta autonomía se ejerce dentro del marco del respeto irrestricto a la Constitución Política y a las Leyes nacionales. Por tanto, los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, tienen que hacer cumplir lo prescrito en la Constitución y las Leyes, por que resulta, que amparándose en la falacia, que por la autonomía cada universidad elabora sus estatutos y reglamentos aunque estos contradigan la Constitución y las Leyes, la corrupción ha echado sus reales, llevando al estancamiento de las universidades. Por otro lado, a la par que el poder ejecutivo y el poder judicial hacen respetar la normatividad nacional en el interior de cada universidad, estos están obligados a cumplir la ley en lo que les corresponde como es el cumplimiento del pago de las remuneraciones docentes de las universidades públicas de conformidad con el artículo 53° de la Ley Universitaria entre otras obligaciones. Finalmente, el control académico, según los estándares nacionales mínimos que defina la CNMU, deberá involucrar en el proceso no solo a las universidades nacionales, sino también a las universidades privadas, pues los títulos y grados que se otorgan son a nombre de la nación no diferenciándose los de una universidad con los de otra.

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