El establecimiento de tributos, encaminados a coadyuvar en la preservación del medio, constituye una opción estratégica para la gestión ambiental, a través de la actuación del deber de contribuir y del principio contaminador pagador, ambos comprendidos en el principio de solidaridad.

La gravedad del problema ambiental, reveladora de un cierto margen de ineficacia de los instrumentos jurídicos empleados tradicionalmente en la preservación del medio, abre la necesidad de financiar proyectos ambientales para la creación de una fiscalidad ambiental por parte de los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local).

De otro lado, es también vital advertir que los tributos ambientales y los elementos ambientales (variables ambientales incorporados en tributos tradicionales) constituye un modelo interesante para comprender las relaciones entre el Derecho comunitario y los sistema fiscales nacionales. Se trata de encontrar elementos de coordinación teniendo en cuenta que, un día existirán tributos comunitarios o globales, muy probablemente esos serán tributos ambientales.

Ahora bien, al momento de diseñar y poner en practica los tributos ambientales, es necesaria una previa información dirigida a los sujetos pasivos, personas físicas y sociedades mercantiles, a fin de que conozcan este nuevo tributo y lo puedan valorar en su justa medida.

Sin información no habrá colaboración. No hay que olvidar que de la bondad y aceptación de dicho tributo, en los términos que se pretenden en su configuración, es siempre, entre otros fines, la prevención frente a los efectos del calentamiento global en su más amplia perpectiva mundial.

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