La norma va más lejos que iniciativas normativas previas porque apunta, incluso, a la publicidad y financiamiento de las actividades relacionadas, supuestamente, con las prácticas infractoras. Y la norma es polémica porque faculta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha solicitar medidas cautelares en jurisdicciones extranjeras, por ejemplo… Perú.

Somos escépticos de la corrección de las normas que quieren atribuir un rol de inspectores a los titulares de páginas web… este rol impone sobre costos que deben ser medidos en contraste con los beneficios que la revelación de información tiene para la sociedad. Nosotros no somos de aquellos que ven en la propiedad intelectual un mal (de hecho, todo lo contrario)… pero no por eso defendemos propuestas que, por demás, podrían colisionar seriamente con el principio de presunción de licitud o inocencia generando riesgos desproporcionados a los titulares de páginas web.

En nuestro país, hasta donde sabemos, no existe reglamentación referida al tema de los derechos de autor en Internet (aunque el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos se ocupaba del tema y hacía necesario un tratamiento reglamentario). Esta SOPA podría incidir en el tratamiento normativo que parece hacerse irremediablemente necesario. La piratería es un mal que genera consecuencias negativas en la economía… pero no apoyamos normas desmedidas que pueden impactar seriamente en el funcionamiento de Internet, en el comercio electrónico y en la libertad de expresión.

Es cierto que la piratería es un flagelo y es cierto también que parte de la solución no ha sido muy explorada todavía (la adaptación de los modelos de negocio formales para hacerlos competitivos con las redes informales). Tampoco llegamos a esos extremos de los abolicionistas de la propiedad intelectual ni quienes efectistamente la asocian a un “robo”. Nuestra posición es simple: cuidado. Debemos tener cuidado de no tomarnos una SOPA sin conocer muy bien sus ingredientes.

Por: Gustavo M. Rodríguez García