Temas de Derechos Fundamentales

Por: Magíster Luis Alberto Huerta Guerrero
Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú

La justicia constitucional peruana, en particular el Sétimo Juzgado Constitucional, tiene uno de los retos más importantes de los últimos años, cual es emitir un pronunciamiento sobre la demanda de amparo interpuesta contra la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sobre la matanza de Barrios Altos perpetrada por el Grupo Colina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en señalar que este fallo, ampliamente cuestionado por la comunidad jurídica nacional e internacional, constituye un retroceso por parte del Estado peruano en la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, por lo que queda en manos del propio Estado revertir esta situación, siendo el amparo presentado por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional una vía idónea para alcanzar dicho objetivo.

Como se recuerda, el amparo fue presentado a los pocos días de hacerse pública la sentencia de la Sala Penal Permanente. La demanda fue admitida de forma inmediata por el Sétimo Juzgado Constitucional y se puso en conocimiento de la parte demandada, la cual incluso cuestionó, mediante el instrumento procesal de la excepción, la legitimidad del Poder Ejecutivo para la defensa de los derechos fundamentales que sustentan el sistema constitucional de administración de justicia. Mediante resolución de fecha 7 de setiembre, la jueza Malbina Saldaña Villavicencio ha decretado que el expediente sea remitido a su despacho para sentenciar. La magistrada constitucional cuenta ahora con un aspecto nuevo a considerar para decidir el caso, cual es el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana, que señala que si la incompatibilidad entre la sentencia de la Sala Penal y las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos no son subsanadas a través del amparo, se presentarían serios obstáculos para concretar las reparaciones ordenadas por la Corte en el año 2001 sobre el caso Barrios Altos, que obliga al Estado peruano a investigar y sancionar adecuadamente estos hechos.

Por: Magíster Luis Alberto Huerta Guerrero
Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú

La Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional ha interpuesto una demanda de amparo contra la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que señala que los crímenes del Grupo Colina no son de lesa humanidad, a pesar de haber sido calificados como tales por el Tribunal Constitucional peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación y por la propia Corte Suprema en la sentencia contra el ex presidente Fujimori por la matanza de Barrios Altos.

En este post deseo señalar los aspectos centrales de la demanda:

¿Qué se busca proteger?

El amparo se ha presentado para la protección de los derechos fundamentales a la verdad, a la igualdad en la aplicación de la ley y la debida motivación de resoluciones judiciales, así como para garantizar el cumplimiento de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la obligación del Estado de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad.

¿Cuál es el acto lesivo?

La sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del 20 de julio del 2012, expedida en el Recurso de Nulidad Nº 4104-2010, mediante la cual se señala que los crímenes llevados a cabo por el denominado “Grupo Colina” no son de lesa humanidad.

Por: Magíster Luis Alberto Huerta Guerrero.
Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) acaba de publicar el libro “Temas de derecho penal y violación de derechos humanos” (Quinteros, Víctor Manuel –Coord.-. Lima: 2012, 226 p.), al cual se puede acceder en su integridad a través del siguiente enlace. Como se señala en la presentación del libro, con éste concluyen las actividades del proyecto Justicia y Derechos Humanos en el Perú: Asesoría, Capacitación y Seguimiento para una Eficaz Judicialización de las Violaciones de Derechos Fundamentales, iniciativa que ha expresado el compromiso permanente del IDEHPUCP con el fortalecimiento del subsistema de justicia especializada en la investigación y juzgamiento de graves crímenes contra los derechos humanos.

En efecto, el tema de la justicia transicional en el país ha sido una línea constante de trabajo por parte del IDEHPUCP, como queda reflejado en sus numerosas publicaciones. A modo de ejemplo pueden citarse los libros “Judicialización de violaciones de Derechos Humanos. Aportes sustantivos y procesales” (2010), “El sistema de justicia durante el proceso de violencia” (2009), “Los caminos de la justicia penal y los derechos humanos” (2007), y “Procesamiento de violaciones de derechos humanos en el Perú. Características y dificultades” (2006). Sin duda alguna, es un acierto que la mayoría de estas publicaciones, incluyendo las ediciones de la revista multidisciplinaria Memoria, se encuentren disponibles en Internet, a través de la página web del IDEPUCP.

Estas publicaciones han dado lugar a una bibliografía especializada sobre la justicia transicional, no sólo sobre nuestro país, sino también tomando en cuenta experiencias comparadas, lo cual resulta particularmente relevante para que en las aulas universitarias, especialmente en los cursos sobre Derechos Fundamentales, se promueva el debate, análisis e investigación sobre la judicialización de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país en las décadas pasadas, tema que sigue generando polémica y respecto al cual las universidades no pueden mantenerse ajenas.

El 11 de junio del 2011 se realizó el Curso “Temas de derecho penal y violación de derechos humanos” organizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) y dirigido a funcionarios del Ministerio Público, en donde tuve ocasión de participar como ponente a fin de realizar un análisis comparado entre la jurisprudencia constitucional de Colombia y del Perú respecto a la judicialización de graves violaciones a los derechos humanos. Igual que en ocasiones anteriores, el IDEHPUCP ha colocado la información relacionada con esta actividad en su página web, incluyendo las presentaciones en power point de las exposiciones realizadas.

Magíster Luis Alberto Huerta Guerrero
Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Por: Luis Alberto Huerta Guerrero
Abogado. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Uno de los temas de debate jurídico más importante en los últimos años en el Perú ha sido el de si los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, lo que ha dado lugar a diversas posiciones a nivel normativo y jurisprudencial. Por ello, especial atención merece la sentencia del Tribunal Constitucional peruano 24-2010-PI, publicada en su página web el 21 de marzo del 2011, en la cual analizó la constitucionalidad del polémico Decreto Legislativo 1097. Como se recordará, esta norma, publicada en el diario oficial El Peruano el 1 de setiembre del 2010, estableció en su Primera Disposición Final lo siguiente:

“Para efectos procesales, precísase que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa Nº 27998, surte efectos y rige para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003, conforme a la declaración realizada por el Perú al momento de adherirse a la citada Convención, al Fundamento Nº 15 de la Resolución del Tribunal Constitucional del 23 de marzo de 2010 recaída en el Expediente Nº 00018-2009-PI/TC, y a la declaración expresa contenida en la indicada Resolución Legislativa”.

Esta Disposición, al igual que todo el texto del Decreto Legislativo 1097, fue en su momento sumamente criticada por considerarse que establecía una “amnistía encubierta” (en palabras de Mario Vargas Llosa) respecto a las personas procesadas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país con anterioridad a noviembre del 2003, especialmente durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, en el marco de la lucha contra el terrorismo.

La expedición de esta norma generó diversas consecuencias políticas, como fue el alejamiento del cargo de los ministros de Justicia y de Defensa, quienes sostuvieron un debate público sobre el tema, así como la derogatoria inmediata por parte del Congreso del polémico Decreto Legislativo. Otra de las medidas adoptadas inmediatamente por quienes se oponían a este Decreto fue la presentación de una demanda de inconstitucionalidad. En este sentido, diversos legisladores presentaron la demanda respectiva el 9 de setiembre del 2010, poco antes de que la norma fuera derogada.

Luis Alberto Huerta Guerrero
Abogado. Profesor de Derecho Constitucional.
Pontificia Universidad Católica del Perú.

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) acaba de publicar el libro “Judicialización de violaciones de Derechos Humanos. Aportes sustantivos y procesales” (Quinteros, Víctor Manuel –Coord.-. Lima: 2010, 241 p.), el cual contiene las ponencias presentadas por diversos especialistas en los talleres realizados en el marco del proyecto “Justicia y Derechos Humanos en el Perú: asesoría, capacitación y seguimiento para una eficaz judicialización de las violaciones de derechos fundamentales”, auspiciado por la AECI y el PNUD.

Como en anteriores ocasiones, tuvimos oportunidad de participar en estos talleres, cuyo objetivo central es brindar información académica a diversos operadores jurídicos (jueces, fiscales y sociedad civil) sobre un tema de particular importancia, cual es la judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país durante la violencia política originada por el terrorismo. En la publicación que estamos comentando se incluye nuestra intervención en el taller “Herramientas jurídicas para el procesamiento penal de violaciones de derechos humanos”, realizado el 8 de mayo del 2009, cuya versión en power point, así como de los otros especialistas, también se encuentra disponible en Internet.

La controversia sobre el caso El Frontón, resuelto por cuatro magistrados del Tribunal Constitucional mediante la Resolución 3173-2008-PHC/TC (caso Teodorico Bernabé Montoya), ha originado posiciones divididas a nivel de la doctrina nacional, lo cual no deja de llamar la atención, si se toma en cuenta que el problema central de la controversia estaba relacionado con la tutela del derecho a la verdad, la judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante el conflicto armado interno y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Al igual que en la resolución en mayoría del Tribunal Constitucional y los respectivos votos singulares, la doctrina se divide en extremos fácilmente identificables.

En atención a la importancia del tema para el respeto y garantía de los derechos fundamentales en el Perú, consideramos importante dar a conocer algunas referencias bibliográficas sobre este debate. Los títulos de los artículos explican por sí solos la posición asumida por cada autor.

En el marco de la serie Cuadernos para la Memoria Histórica, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) acaba de publicar “El sistema de justicia durante el proceso de violencia” (Lima, febrero del 2009, 149 p.).

Este libro contiene los extractos más importantes del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación relacionados con el funcionamiento del sistema de administración de justicia en el Perú durante el período de la violencia política (1980-2000). Gracias a una cordial invitación del coordinador de esta serie, el profesor Félix Reátegui, he colaborado con esta publicación a través de un texto introductorio[1866clicks].

Personalmente, considero que todo estudiante de Derecho y todo abogado debe leer el análisis realizado por la CVR sobre este tema, pues permite recordar que el sistema de administración de justicia en el país no estuvo a la altura de las demandas en materia de sanción a los grupos terroristas y de las graves violaciones a los derechos humanos. En el período 1980-2000, la impunidad sobre estos temas constituyó una práctica generalizada, que bajo ninguna circunstancia puede volver a repetirse. Recordarla es importante, sobre todo en un país que está acostumbrado a olvidar.