Las normas de contratación pública y del sistema de abastecimiento público constantemente se modifican o actualizan a fin de intentar regular una realidad que se da en el proceso de su aplicación.  En fin, este proceso de cambios normativos, sin haber pasado por una pausa y reflexión en torno a sus impactos e incentivos o desincentivos que genera debe motivar un debate. Tampoco tenemos una evaluación sobre cómo ha funcionado aquello que queremos modificar. Normalmente, esas modificaciones normativas responden a crisis, a voluntades, a ciertos intereses o son resultados del desconocimiento sobre el papel de una política regulatoria, en esta materia en específico.

Los problemas en la ejecución del gasto, mejora de la inversión y contrataciones bajo un enfoque de integridad y transparencia no se resolverán modificando continuamente la norma, solamente. Ya hemos pasado por varios de estos cambios en casi 20 años, y la situación no ha mejorado[1].

Comentan que el ejecutivo viene pensando en otra modificatoria normativa de la contratación pública y del sistema de abastecimiento público, en tanto ello suceda, quiero comentarles la metodología muy concreta que venimos implementando en el Proyecto de USAID: Inversión Pública Transparente (Proyecto TPI), desde el 2020.

El Proyecto TPI viene probando una metodología de aplicación de 15 estándares en la contratación pública, bajo un enfoque de integridad y transparencia, a 2 proyectos de inversión de cada región, por parte de 5 gobiernos regionales (Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura).

Según la Guía de Aplicación elaborada por el Proyecto TPI[2] un estándar de integridad aplicable a la contratación pública es un parámetro de actuación y cumplimiento que busca promover los más altos niveles de transparencia para cerrar posibles brechas de integridad en la contratación pública.

La identificación de los estándares resulta de la revisión de varias fuentes, tales como la normativa de contratación pública, buenas prácticas y experiencia comparada de organismos internacionales, así como de los documentos elaborados por la Contraloría General de la República (CGR) y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en materia de gestión de riesgos.

Con la aplicación de los estándares de integridad se busca promover la adopción de prácticas permanentes orientadas a fortalecer la buena gobernanza, la transparencia y la integridad en cada una de las etapas de la contratación pública, esto es, desde el momento en que se toma la decisión de invertir hasta que la obra culmine y funcione, a fin de satisfacer las necesidades de la población beneficiaria y garantizar el goce de sus derechos, de manera eficiente, efectiva y oportuna. La premisa es que, a mayor nivel de cumplimiento del estándar, se reduce el riesgo de integridad.

En las 5 cinco regiones de Perú, en el Proyecto TPI venimos trabajando con actores públicos, privados y de sociedad civil a fin de fomentar espacios de diálogo para la construcción de acciones de mejora desde un enfoque colaborativo y propositivo usando una metodología de aprender-haciendo, de forma que todos los actores vinculados a la inversión pública, en sus distintos niveles, puedan aportar en el fortalecimiento de una cultura de integridad en el Perú y en la ejecución oportuna y efectiva de las obras públicas.

Los avances y resultados que se vienen obteniendo en cada región son muy distintos, por la naturaleza de los proyectos en cada región, por el nivel de organización de la región, entre otros.

Voy a indicar la lista de los 15 estándares propuestos, y les propongo que comenten cuál de ellos les parece más relevante y a cuáles de ellos les darían mayor relevancia en su cumplimiento a fin de mejorar el nivel de ejecución de la inversión y de la integridad.

Estándares de integridad en la contratación pública, aplicable a la etapa de actos preparatorios

Estándar 1: La inversión está vinculada al cierre de brechas de servicios básicos de acuerdo con los criterios de priorización.
Estándar 2: Las áreas vinculadas a la inversión gestionan el proyecto de manera integral, cuentan con un protocolo de gestión de alertas para prevenir y resolver incidentes y controversias.
Estándar 3: Los sujetos obligados que participan en la gestión de las contrataciones registran sus declaraciones juradas de intereses dentro de los plazos previstos en la normativa aplicable.
Estándar 4: El área usuaria presenta al Órgano Encargado de Contrataciones el expediente técnico de obra completo, actualizado y ordenado.
Estándar 5: El estudio de mercado recoge una pluralidad de proveedores interesados en participar en el procedimiento de selección.

Estándares de integridad en la contratación pública, aplicable a la etapa del proceso de selección 

Estándar 6: La convocatoria de procedimiento de selección se realiza de manera completa y oportuna en el SEACE, o en cualquier otra plataforma equivalente, según lo aprobado en los actos preparatorios.
Estándar 7: La absolución de consultas y observaciones son absueltas de manera motivada, promueven la competencia y pluralidad y se realizan dentro de los plazos programados.
Estándar 8: Existe pluralidad de propuestas y estas se revisan de conformidad a lo señalado en las bases y la normativa de contrataciones para seleccionar al ganador de la buena pro.
Estándar 9: La entidad realiza la fiscalización posterior de los documentos presentados por el ganador para verificar la veracidad.

 Estándares de integridad en la contratación pública, aplicable a la etapa de la ejecución contractual

Estándar 10: Los documentos para la firma del contrato se evalúan de acuerdo a lo requerido por las bases y la norma de contrataciones.
Estándar 11: La supervisión de la ejecución de obra es permanente y orientada a prevenir y resolver aspectos que afecten la continuidad de la obra.
Estándar 12: Se evalúa dentro de los plazos previstos y se justifica la aprobación de un adicional o ampliación, de acuerdo a las condiciones aplicables.
Estándar 13: La valorización y pago se emite dentro de los plazos previstos y de acuerdo con los requisitos previstos en la normativa y las bases administrativas.
Estándar 14: Las recomendaciones y situaciones advertidas por la Contraloría General, o sus órganos de control, durante las etapas de la contratación, se han implementado.
Estándar 15: La recepción de obra se realiza de acuerdo a los plazos y procedimientos aplicables.

Pudimos haber definido más o menos estándares de integridad, con más o menos detalle en su redacción. Aún el Proyecto TPI está en la etapa de prueba de concepto y seguro se harán los ajustes respectivos. Cuando termine esta etapa, el Proyecto TPI podrá aportar, en base a la experiencia práctica desarrollada, ideas sobre cómo mejorar el nivel de integridad en la contratación pública y qué aspectos deben ser puestos en la agenda de una posible modificación normativa.

 

 

[1] Para ver en detalle los cambios normativos en matera de contrataciones pueden visitar el siguiente enlace: Derik Latorre Boza. Políticas Públicas y Gestión de Conflictos  http://blog.pucp.edu.pe/blog/derechopublicoyarbitraje/2019/12/12/contratacion-publica-y-arbitraje/

[2] Proyecto de USAID Inversión Pública Transparente. GUIA DE APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE INTEGRIDAD APLICABLES A LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS. Instrumento de consulta ágil y sencillo para fomentar el trabajo colaborativo, para la ejecución transparente y efectiva de la obra pública.

 

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