Derecho Procesal Constitucional

Por: Luis Alberto Huerta Guerrero
Profesor de Derecho Procesal Constitucional
Pontificia Universidad Católica del Perú

Una noticia interesante, pero que obviamente ha pasado desapercibida en los medios de comunicación nacionales, ha sido la confirmación de la abogada Elena Kagan como nueva magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América (EUA), quien se ha convertido en la cuarta mujer en formar parte del máximo tribunal de justicia de este país, sin duda uno de los órganos jurisdiccionales más importantes a nivel del derecho comparado. El juramento respectivo se llevó a cabo el pasado 7 de agosto de 2010.

Como suele ocurrir en los procesos de ratificación por parte del Senado de los magistrados nominados por el Presidente de los EUA, el debate sobre las cualidades profesionales de Kagan para ocupar la Corte Suprema estuvo en el centro del debate público. De hecho, los republicanos cuestionaron que no reunía las calificaciones necesarias para ocupar un puesto tan importante. En todo caso, lo que aquí interesa resaltar es que estos procesos de ratificación concitan la opinión pública, dado que no se trata de elegir a cualquier funcionario, sino a una persona que tendrá la responsabilidad de tomar decisiones sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas norteamericanas.

Por: Luis Alberto Huerta Guerrero
Profesor de Derecho Procesal Constitucional
Pontificia Universidad Católica del Perú

Es innegable que la realidad ofrece elementos suficientes para crear casos sobre temas constitucionales y procesal constitucionales. Comparto con los segudiores de este blog un caso elaborado para un examen de un curso sobre Precedentes vinculantes, inspirado en los recientes sucesos relacionados con la penosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día siguiente.

"En un caso X, el Tribunal Constitucional ha establecido como precedente vinculante que la píldora del día siguiente es abortiva y contraria al derecho a la vida, por lo que ha establecido que el Estado se encuentra prohibido de distribuirla de forma gratuita en sus establecimientos de salud. Sin embargo, permite que la píldora pueda ser vendida en las farmacias privadas.

Con posterioridad al fallo, un grupo de personas a favor de los derechos de la mujer presenta una demanda de amparo contra el Ministerio de Salud, a fin de que este órgano estatal proceda a repartir de forma gratuita la píldora del día siguiente. Alegan que la sentencia del Tribunal Constitucional es discriminatoria, pues sólo permite el acceso a la píldora por parte quienes pueden compararla. Al respecto:

Preguntas

1. ¿Podría el juez dejar de observar el precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional, por considerarlo contrario al derecho a la igualdad?

2. ¿Cómo se pronunciaría usted sobre la demanda? ¿Por qué?

3. A su consideración, ¿cabe apartarse de un precedente vinculante del Tribunal Constitucional si el mismo es contrario al respeto de los derechos fundamentales?

4. ¿Considera usted que debe existir una responsabilidad por parte del juez en caso de apartarse de un precedente vinculante?"

El 13 de febrero del 2009, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia sobre la inconstitucionalidad de las normas que establecen la situación de embarazo de las mujeres como una causal de separación de los centros de instrucción policial. La sentencia fue recibida como un fallo a favor de los derechos de la mujer. Sin embargo, el 19 de febrero ha sido publicada una sentencia del Tribunal que podría ser considerada como contraria a los principios sustantivos establecidos en ese fallo.

Nos referimos a la STC 4525-2007-HC. En este caso, la demanda fue presentada por un oficial de la Marina de Guerra del Perú contra la resolución administrativa por la que se dispuso su pase a la situación de disponibilidad, la misma que fue resultado de las investigaciones realizadas por actos de hostigamiento sexual contra una mujer.