LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO
Abogado, Magíster en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Uno de los componentes más importantes en la enseñanza universitaria lo constituye la explicación de aquellas situaciones que implican una falta contra la ética profesional, independientemente de si los hechos constituyen un delito, pues esto último se analiza sobre la base de otras categorías.
Por ello, en un curso de Derecho procesal constitucional es imposible dejar de mencionar lo ocurrido con la justicia constitucional en el Perú en la década de los noventa del siglo pasado. Afortunadamente, existen diferentes fuentes que permiten recordar esos hechos. Así, en una reciente edición del semanario “Hildebrandt en sus trece” (Número 228, del 28 de noviembre del 2014, pp. 28 y 29) se transcriben extractos de un vídeo entre el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y el representante de una empresa. Este último informa al señor Montesinos sobre los problemas legales que tiene con la Municipalidad Metropolitana de Lima con relación a la construcción de una fábrica de su empresa en una zona de protección ecológica, situación ante la cual se presentó una demanda de amparo. El caso es bastante conocido.
Lo que en este post interesa resaltar es que al conocer los hechos planteados por el empresario, el señor Montesinos pide contactarse con uno de los jueces que ese momento se encontraba a cargo de los juzgados especializados en derecho público. Como había dos juzgados, deseaba conocer en cuál de ellos se encontraba en trámite la demanda para a partir de esa información concertar una reunión con el juez y en presencia del representante de la empresa.