La mayor parte de la población peruana no está familiarizada con este contrato que aparentemente sería beneficioso para el país. Sin embargo, este acuerdo internacional, así como otra medidas que se han venido dando en los últimos años en relación a la construcción de represas en la Amazonía, presentan problemas muy serios y de distinto orden que el gobierno actual no está asumiendo con la debida responsabilidad.
A continuación, presentaremos brevemente los principales problemas que están en juego a partir de la firma de este convenio y del conjunto de proyectos hidroeléctricos que viene promoviendo el Ministerio de Energía y Minas.
Mucha gente cree que la energía hidroeléctrica es una energía limpia y por lo tanto más ecológica. Sin embargo, en el caso de la región amazónica esto no es así. Las represas amazónicas generan la putrefacción del bosque inundado, que no solamente impide la producción de oxígeno, sino que produce grandes emisiones de gas metano, contribuyendo a la contaminación atmosférica y al calentamiento global. Además, la inundación de bosques destruye una de las principales riquezas que el Perú tiene: su biodiversidad.
Asimismo, la construcción de las líneas de transporte para la energía eléctrica supone la deforestación de miles de kilómetros de bosque, además de generar impactos electromagnéticos en sus inmediaciones.
Las represas también afectan el nivel del agua en los ríos, no solo dificultando la navegación por estos, sino también impidiendo la reproducción de numerosas especies de peces que los surcan para desovar.
Finalmente, debido al tipo de suelos que existen en la amazonía andina, los ríos arrastran grandes cantidades de barro y otros restos durante la temporada de lluvia que además de contribuir a la putrefacción de materia orgánica hace que la represa se colme más rápidamente que las construidas en otros ecosistemas.
A todo esto hay que añadir la irresponsable intención del gobierno actual de eliminar los Estudios de Impacto Ambienmtal (EIA) para implementar estos proyectos. Si ya en la actualidad la mayoría de los EIA que se elaboran resultan insuficientes por estar mal hechos o incompletos (p.e. al no incluir los impactos sobre el conjunto del ecosistema de la cuenca), eliminarlos por completo sería desastroso.
LOS PROBLEMAS SOCIALES
El principal impacto social de estos proyectos es el desplazamiento forzado de la población que vive en la zona de inundación.
La experiencia de las represas construidas en la Amazonía brasileña ha demostrado que la mayoría de la población termina en los barrios marginales de las ciudades, como desempleados, informales o delincuentes.
Las poblaciones aledañas, río arriba o río abajo, también ven afectadas sus actividades tradicionales de subsistencia sobre todo de la pesca, pero también de la agricultura, la caza y la recolección.
Ven afectada su salud ya que se deteriora la calidad del agua, se incrementa la desnutrición debido a la falta de proteínas y se incrementan las enfermedades transmitidas por mosquitos y zancudos debido al empozamiento del agua.
El desplazamiento forzado sería particularmente grave en el caso de la represa de Pakitsapango, en el río Ene, en la selva central. Las comunidades asháninkas afectadas fueron las mismas que sufrieron el desplazamiento forzado por la violencia senderista, y mucha gente siente ante este proyecto la misma sensación de miedo y desamparo que sintieron frente a Sendero Luminoso.
A pesar de la gravedad de estos impactos, el gobierno, al igual que en el caso ambiental, está buscando allanar el camino legal para su implementación. En enero del 2010 el ejecutivo presentó un proyecto de ley para facilitar los desplazamientos internos, atentando contra los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
¿EL INTERÉS NACIONAL?
Uno de los principales argumentos del gobierno es que estos proyectos se hacen para el beneficio del país. Sin embargo, incluso en términos formales, el acuerdo energético con Brasil beneficia a este país y no al Perú.
En primer lugar, porque no existe una adecuada planificación estratégica en el Perú, sino que se entregarían estos recursos al Brasil prácticamente en su totalidad. En segundo lugar, porque la enegía que se producirá no sirve para el consumo doméstico regional sino que estará destinmada a las grandes empresas brasileñas. En tercer lugar, son las propias empresas brasileñas las que construirán las represas, destinando una gran parte del presupuesto a la instalación de turbinas y generando muy poco empleo. Finalmente, el acuerdo contempla que el Perú se quedará con las represas luego de treinta años de uso; sin embargo, el tiempo de vida útil de una represa en ecosistema amazónico es de aproximadamente veinticinco años, lo que quiere decir que Brasil devolverá al Perú represas que no sirven para generar electricidad.
La situación resulta más grave en la medida que organismos internacionales, como el Banco Mundial, han señalado que estos megaproyectos hidroeléctricos han fracasado debido a sus grandes impactos. Asimismo, el Colegio de Ingenieros del Perú se ha manifestado públicamente desde el año 2009 en contra del acuerdo y de estos proyectos.
Sin embargo, el gobierno sigue manteniendo su posición y viene promoviendo no solamente los proyectos de Inambari y de Pakitsapango, sino otras represas más en la Amazonía, tanto para generar energía para Brasil como para trasvasar agua a la costa peruana. Uno de estos proyectos afectaría al río Marañón.
¿Por qué el gobierno sigue promoviendo estos proyectos en contra de la opinión de la población local y de expertos (ingenieros, ambientalistas, abogados, economistas y organismos internacionales)? ¿Por qué el gobierno promueve leyes que atentan contra los derechos humanos y el medio ambiente para favorecer estos megaproyectos? ¿Por qué tanta irresponsabilidad?■
Texto del artículo «Represas Hidroeléctricas en la Amazonía peruana: Impacto Social y Ambiental de grandes consecuencias», escrito por ©OSCAR ESPINOSA DE RIVERO (Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP), publicado en la revista INTERCAMBIO Nº 15. Lima, enero de 2011.
EDICIÓN DE TEXTO: Francisco Córdova Sánchez
