Archivo por meses: abril 2012

LA CARTA DE ALAN

La carta de Alan
Daniel Parodi Revoredo
@daupare

A pesar de versar sobre la modernización del partido político más antiguo del Perú, son pocos los analistas que le han prestado atención a la carta que el ex presidente Alan García Pérez ha remitido a la militancia del APRA. El recuerdo de su mal primer gobierno puede explicar el ninguneo a las propuestas de García, pero no justifica la omisión de un análisis más detallado a un mensaje que atañe el futuro de la institución más sólida de la enclenque y volátil partidocracia peruana.

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Haya con jóvenes apristas, el APRA debe modernizarse

Lo que parece saltar a la vista en la carta de Alan al APRA es su cálculo político, el que su trayectoria abona como condición sine qua non de sus actuaciones. Así pues, hoy Alan García parece un tanto alejado de su partido y busca acercarse a un sector de la militancia que pondera que el anterior gobierno aprista no lo tomó en cuenta, o no lo suficiente. Sin embargo, la otra impresión, extensamente difundida en el Partido del Pueblo, es que el ex presidente es, una vez más, su candidato natural para las próximas elecciones presidenciales. Ciertamente, el panorama político actual no muestra muchas otras figuras capaces de competir con Alan García en 2016, cuando cumplirá 67 años y estará en su plena madurez política.

Un segundo aspecto de la misiva refiere la naturaleza sui generis del Partido Aprista Peruano, que en el siglo pasado encabezó una sacrificada lucha por la democratización del país, pero que se rige de acuerdo con una estructura jerárquica y disciplinada. Esta aparente paradoja se explica en sus tiempos fundacionales –década de 1920- en donde los líderes políticos eran grandes caudillos-oradores y el mundo oponía a tres grandes paradigmas ideológicos: el capitalismo, el comunismo y el fascismo. Se explica también en las largas décadas de clandestinidad, en las cuales la feroz represión estatal exigía el rigor del liderazgo vertical.

De aquellos tiempos a esta parte tenemos un partido diseminado en cientos de bases, con locales en los lugares más alejados, las que se mantienen activas gracias a una mística casi religiosa e intensamente vivencial que gira alrededor de la figura de su líder fundador Víctor Raúl Haya de la Torre y de la conmemoración de los caídos en las luchas políticas del pasado. Sin embargo, ante su difícil coyuntura interna, la coordinación entre éstas ha sido hasta hoy insuficiente como para consolidar propuestas de renovación exitosas. Más bien, al igual que ayer, muchos apristas siguen esperando la actuación providencial del caudillo y es allí donde radica el problema.

Nosotros pensamos que el salto del APRA a la modernidad pasa por reemplazar el viejo caudillismo por la participación plena de la militancia. Estoy pensando en el PSOE español o la coalición chilena, en los cuales es notable la ausencia de caudillos. Estoy pensando, también, en las elecciones internas de demócratas y republicanos en USA, que cada cuatro años nos brindan una lección de institucionalidad democrática.

Además, el APRA debe definir qué tipo de partido quiere ser en tiempos de globalización y redes sociales. Por ello, la convocatoria a la juventud y a los profesionales resulta fundamental, porque el mayor riesgo que afronta el país, en la ruta del desarrollo, es la inexistencia de una clase política a la altura de las circunstancias. En el proyecto del APRA contemporánea, la modernización debe amalgamarse con su mística e ideología tradicionales, las que representan un importante valor agregado en tiempos en los que el mercado ha convertido los ideales en medios de cambio.

La pregunta que queda en el aire es si para modernizarse el APRA necesita de Alan García. Él, por su parte, tiene ante sí la disyuntiva de insertar su partido en el siglo XXI, de convertirlo en su maquinaria electoral para las presidenciales de 2016, o de hacer ambas cosas a la vez. El tiempo lo dirá.

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COLEPATO A LA PARADA . EL reordenamiento del transporte en Lima

Colepato a La Parada
El reordenamiento del transporte en Lima

Daniel Parodi Revoredo
Hace casi cuarenta años mi nonna Teresa exigía a los taxistas que sus vehículos contasen con taxímetro para embarcar. Esas eran las reglas del juego que mi recordada abuela conocía, pero Lima crecía, se desbordaba, y a ella le costaba aceptar la gran transformación que experimentaba la ciudad.


Tranvía en Lima, década de 1940

Sin duda, las causas fundamentales de tan vertiginosa metamorfosis eran la transición demográfica y la migración masiva, las que habían superado ampliamente la oferta de servicios de la capital. Ante ello, las nuevas poblaciones urbanas, que se establecieron en los alrededores de la Lima virreinal, encontraron en la informalidad del comercio y del transporte la solución a una problemática también nueva y que sobrepasaba las posibilidades de ser satisfecha por los servicios del Estado y los sectores privados formales.

Fue así que en la década de 1970 las unidades de la estatal ENATRU PERÚ conocieron la competencia de empresas que se organizaron en coloridas líneas como la emblemática Cocharcas- José leal. A principios 1980, Fernando Belaunde permitió el ingreso de las primeras combis para solucionar el incremento de la demanda de transporte en una ciudad que crecía 300.000 habitantes por año. Al comenzar el siguiente decenio, Fujimori enfrentó el tema liberalizando todo el transporte, con lo que se multiplicaron las combis y los taxis informales. La medida satisfizo la referida demanda, pero el caos vehicular se apoderó por completo de la capital.

Sin embargo, a mediados de la década de 1990, el país comenzó a mejorar y parecía llegada la hora de que la autoridad municipal se ejerza nuevamente en Lima. Así lo entendió el alcalde Alberto Andrade, quien recuperó sus calles para todos los limeños, obligando a los comerciantes informales a dejar las veredas de la ciudad y animándolos a erigir grandes galerías.

De entonces han pasado 15 años y solo ahora parece que el Municipio de Lima atacará el otro gran problema pendiente: el transporte público. Este se organizará a través de corredores viales que serán alimentados por otras rutas menores. Asimismo, se ha comenzado a reagrupar a las miles de empresas existentes, buscando su formalización y compromiso con la política edil.

Quizá mi sugerencia final es no descuidar la educación vial. Sin ella seguirán las demenciales “correteaderas” entre combis y proliferarán más paraderos informales como el que funciona bajo el trébol de Javier Prado. En medio de esta expectativa, la cansera de la revocatoria se desmorona y la huelga convocada por los transportistas de Lima y Callao para el 19 de abril no expresa otra cosa más que la resistencia al cambio de una práctica informal, que tuvo su razón de ser en el pasado, pero que ahora debe cederle el paso al orden y la formalización.

Es menester forjar un país de ciudades ordenadas, con rutas de transporte público fijas, con paraderos, semáforos y peatones respetados. El ordenamiento urbano es una asignatura pendiente en el Perú, y la actual política municipal, un paso adelante en esa ruta.

Publicado hoy en Diario16

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LA CEGUERA PATRIOTICA

Estimados lectores:

Comparto este interesante análisis de Gustavo Faverón acerca del nacionalismo. Sus conclusiones se aplican al caso del negacionismo chileno frente a los excesos de la Guerra del Pacífico.

Cordialmente

Daniel Parodi Revoredo

Cuando estudiaba el doctorado tomé un curso sobre las nociones de memoria, historia y trauma en relación con la literatura (ficcional o no) escrita acerca del holocausto. Más de una vez, sin embargo, leímos cosas relacionadas con otros hechos traumáticos y su representación en las artes o las letras. Hiroshima, por ejemplo.

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Gustavo Faverón

El profesor, Dominick LaCapra, una eminencia en el área, incidía en la idea de que los grandes hechos traumáticos, incluso los experimentados colectivamente, son irrepresentables mientras el trauma dure: precisamente, la conversión del hecho traumático en narración es la seña de que el trauma empieza a ser superado, porque la narración implica un intento de racionalización, mientras que el trauma es más bien un espiral, o un círculo perpetuo.

En una clase en la que, de quince estudiantes, sólo dos éramos extranjeros, una chica francesa y yo, mientras que todos los demás eran norteamericanos, me resultó particularmente llamativo que sólo mi compañera y yo habláramos del silencio habitual que Hiroshima ha merecido en la literatura americana. El profesor y los demás estudiantes se referían al bombardeo atómico como un evento cuyos únicos actores hubieran sido los habitantes de una ciudad (o dos ciudades) y una bomba que les hubiera caído del cielo, ex machina.

En Estados Unidos hay que estar radicalmente a la izquierda, tan a la izquierda como para estar ya muy a la izquierda del ala más liberal del Partido Demócrata, para pensar, o al menos para decir, que Hiroshima fue un crimen contra la humanidad, cosa que a mí, en cambio, me parece transparente e indudable.

No creo, sin embargo, que la incapacidad de los americanos para hablar sobre Hiroshima asumiendo la responsabilidad de una masacre indiscriminada tenga nada que ver con la imposibilidad de salir del trauma. No creo que haya trauma alguno (lo que es muy triste, claro). Pienso que lo que hay es negación de la culpa, autorrepresión; pero una negación de un tipo que no es nada infrecuente y que todos hemos sufrido alguna vez: la que proviene de la ceguera patriótica.

El nacionalismo funciona de esa manera, como inhibiendo la capacidad crítica de las personas cuando se trata de juzgar los actos de su nación que implican una relación hostil con otras naciones. En esas circunstancias, estamos dispuestos a creer las teorías más absurdas y a comprar sin retaceos ni suspicacias cualquier cosa que nuestros gobiernos nos digan, no importa si se trata de gobiernos a los cuales odiamos y a los que no les creemos nada en materia de política interna.

A los americanos, incluso a los que tienen muy presentes los principios de los derechos humanos e incluso a los que se definen a sí mismos en función de su pacifismo, su respeto a la vida ajena, etc., no les cuesta mucho, aparentemente, creer que Hiroshima y Nagasaki fueron necesidades históricas.

Los mismos argentinos que se enfurecían de rabia ante la criminal opresión de las juntas militares de los setentas y ochentas, asumieron como verdad indiscutida la causa de las Malvinas, que esos mismos gobernantes criminales les pusieron en frente como aliciente para la unidad nacionalista.

Eso que se percibe como irreconciliable en el conflicto palestino-israelí tiene su origen en el hecho de que, en ambos pueblos, incluso aquellos individuos que creen que la solución es la convivencia de los dos estados, estén inclinados a considerar la existencia de su estado como más justa que la otra. Y no es sólo por un deseo de supervivencia o un instinto de conservación: es también por una aceptación casi cerval de la verdad de sus gobernantes como verdad última.

Pero no tengo que poner sólo ejemplos ajenos. Yo a Fujimori nunca le creí nada, pero no tuve ningún problema en emocionarme patrióticamente con sus embustes cuando esos embustes tenían que ver con Ecuador en tiempos de guerra, y, por el otro lado, hubo al menos media decena de presidentes ecuatorianos que supieron que, si las cosas se ponían mal en el frente interno, una escaramuza o una batalla o una guerra con el Perú les devolverían el cariño popular.

Nuestra inclinación a creer en las verdades de la tribu como verdades absolutas, aunque a la persona que nos dicta esas verdades la consideremos, en otras circunstancias, poco menos que el demonio mismo, se impone fácilmente a nuestra razón individual. Acaso sea que los conflictos internos de una sociedad son ya suficientes para copar y rebalsar nuestra capacidad de razonamiento justo, y preferimos que, transpuesta la frontera nacional, el mundo tenga la simplicidad de las consignas y los lemas estentóreos.

Pero entonces descubrimos que, en muchas circunstancias, cuando la verdad oficial nos ofrece un cómodo margen de simplificación y desprobematización de la realidad, incluso para el caso de conflictos internos, elegimos creer en la sencillez de esas verdades y esos maniqueísmos.

Entonces es cuando trazamos, dentro del mapa del país, fronteras aun más arbitrarias que las que nos dividen de los otros países: pensamos, por ejemplo, en un Perú progresista y otro retardatario, en un Perú emprendedor y otro estacionario y pesado como un lastre, en un Perú orientado al futuro y otro empantanado en el pasado, y queremos creer que en verdad esos dos países existen y que por culpa de un hado maligno están obligados a convivir y que la solución para salvar al primero es destruir al segundo.

Y sencillamente asociamos al segundo Perú con cualquier cosa que encontremos en la realidad que nos resulte alarmante, negativa o repulsiva. Un ejemplo: la fastidiosa y ridícula repetición de que Sendero Luminoso era algo así como un movimiento indigenista, que reivindicaba al Perú andino y quería destruir al Perú costeño y “occidental”, una tonta cantaleta que todos hemos escuchado alguna vez y que no deja de repetirse ni siquiera cuando los estudios y las cifras demuestran que Sendero Luminoso ha sido la única entidad política en el Perú republicano que específicamente emprendió una lucha violenta para aniquilar la cultura andina, asesinando a decenas de miles de peruanos indígenas en el camino (y que arrasó, por ejemplo, con un escalofriante 10% de la población asháninka del país).

Y esa frontera es la que permite a muchos peruanos creer que la violencia de estado se justifica, porque en su visión del Perú existe un otro sobredeterminado al que, a veces inconscientemente, se asocia con todas las culpas, incluso cuando ese otro es la primera y más prominente de las víctimas. La guerra aniquiladora se vuelve “un mal necesario”. Como Hiroshima o Nagasaki, donde también murieron como culpables los inocentes. Incluso peor: donde la inocencia de los inocentes se volvió irrelevante, porque se aceptó ciegamente un discurso que silenciosamente lo declaraba.

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ARGENTINA Y EL PERDÓN

ARGENTINA Y EL PERDÓN
Daniel Parodi Revoredo
Un acontecimiento de mi pubertad que no olvidaré es la Guerra de las Malvinas de 1982. No la olvidaré por la manera intensa como la sentimos y por el ambiente solidario que vivimos. En las calles se decía que nosotros también la peleábamos, que nuestros mirages defendían a la hermana Argentina y que un misil peruano hundió un destructor británico.

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El Perú se solidarizón con Argentina en 1982

Recuerdo la marcha hacia la plaza San Martín y el multitudinario desfile que cubrió la avenida Arequipa. Recuerdo el slogan más comentado: “Tatcher hija de la Gran Bretaña”. Aquel día vimos desfilar a los partidos políticos y a los sindicatos, y también al piquete de la colonia argentina, donde lanzaba encendidas consignas el genial “Vinco”, gran cómico e imitador, amigo de Chabuca Granda. Recuerdo cuando Reagan dijo que era un deber histórico de USA apoyar a Inglaterra, tanto como el triste final de aquella ilusión adolescente, esa que nos hizo pensar que dos países sudamericanos podían derrotar a la segunda potencia mundial, armada por la primera.

20 años después el escenario se ha mostrado muy distinto. Es cierto que esta vez no hubo guerra pero tampoco apoyo militante y desinteresado a Argentina. Al contrario, se multiplicaron las voces que acusaron a Torre Tagle de comprarse un pleito ajeno al solidarizarse con un país que nos traicionó en 1992, al venderle armas a Ecuador siendo garante del protocolo de Río de Janeiro. La reacción adversa a la Argentina fue canalizada por algunos líderes de opinión que no dudaron en señalar que aquella siempre había sido hostil al Perú. Al mismo tiempo, exaltaban subrepticiamente las bondades de nuestro vínculo con Gran Bretaña. Muy peligroso, porque casi desmontan la posición tradicional del Perú frente al colonialismo y echan por tierra nuestra alianza estratégica con los rioplatenses.

Aguas calmas, son necesarios un diagnóstico y algunas conclusiones. A la luz de los hechos parece claro que la colectividad peruana no ha perdonado a la Argentina por la venta de armas a Ecuador en 1995 y que las disculpas que le brindó Cristina Kirchner a Alan García, hace dos años, han caído en saco roto. Por ello, pensamos que el gobierno argentino debe implementar una política de la reconciliación con el Perú mucho más decidida y sistemática. Esta debe implicar un pedido de perdón más enfático, la conmemoración institucional del apoyo peruano en Malvinas y encontrar, como contraparte, el reconocimiento peruano de la participación de ilustres argentinos en diversos episodios de la historia nacional, como José de San Martín, Mariano Necochea y Roque Saenz-Peña.

Si alguna vez estuve de acuerdo con Margaret Tatcher es cuando afirmó que los estados no tienen amigos sino intereses. Detrás de los gestos amistosos y de las políticas de la reconciliación internacional debe existir una masa crítica de naturaleza geopolítica y económica. Por ello, en la agenda bilateral de las relaciones peruano-argentinas tiene que asignársele urgente prioridad a la superación del mal recuerdo de 1992, que, más que a toda la Argentina, le compete a Carlos Saúl Menen y la mafia corrupta que en los años noventa se empoderó en la tierra de la milonga, el tango y la chacarera. A nosotros nos pasó lo mismo.

A Francisco Pareja, entrañable amigo argentino-peruano que se recupera de una operación al corazón.

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CATÓLICA Y PLURAL

SALUDABLE DECISIÓN
La anulación de la asamblea convocada para el viernes 13 de abril y del acuerdo preliminar que en ésta se iba a discutir es una saludable decisión del Rectorado. Las autoridades de la PUCP deben evaluar que el arzobispado quiere la PUCP completa, en su línea ideológica, el nombramiento de sus profesores y autoridades, así como sus bienes. En tal sentido, no creo que la solución del impasse que ha dejado sin efecto el acuerdo preliminar pase por volver a los contenidos orignales de éste, de por sí excesivos en sus concesiones al arzobispado.

Por desgracia, no queda otra más que ir hasta el final en este penoso asunto porque para el arzobispado esta cuestión es de todo o nada, y no hay puertos intermedios a los que pueda arribarse.Finalmente, quiero dejar claro que defiendo la línea católica tradicional de la Universidad, que supone un catolicismo dialogante y plural, receptivo y tolerante con el debate intelectual y científico. Ese es el concepto de PUCP que defiendo y defenderé.

Adjunto comunicado del Rectorado que ha sido publicado hoy en el portal de la PUCP, el que suscribo.

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LA PUCP puede ser Católica y plural al mismo tiempo

Hoy el Rector ha enviado una carta al Nuncio Apostólico de Su Santidad en el Perú, para informarle de las nuevas circunstancias surgidas tras las declaraciones hechas ayer por el señor Arzobispo de Lima y comunicándole que a la fecha no hay un acuerdo sobre la solución integral de los problemas existentes.

Ayer domingo 8 de abril, se publicó una entrevista al Cardenal Cipriani en el diario El Comercio, donde se dejan ver dos puntos importantes que comprometen el desarrollo del diálogo. El primero es que el trámite de la reforma del Estatuto es independiente de la solución del conflicto sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero. El segundo punto es que el Cardenal ha reiniciado la discusión pública sobre este tema, cuando todas las autoridades eclesiásticas con las que el Rectorado ha dialogado en los últimos meses, han insistido en que las conversaciones se hagan en reserva.

Los antecedentes

Como se recordará, el 28 de febrero pasado, la Asamblea Universitaria indicó al Rectorado que dialogara con las autoridades de la Iglesia manteniendo la identidad católica de la Universidad, respetando su autonomía y buscando una solución integral al conflicto existente.

El Rectorado ha cumplido este encargo y elaboró, junto con las autoridades eclesiásticas, una propuesta de acuerdo que incluía una reforma estatutaria y la solución al conflicto sobre la herencia de don José de la Riva-Agüero, que es ampliamente conocido. En todo momento, el Rectorado ha hecho saber a las autoridades de la Iglesia que la aprobación de esta propuesta corresponde a la Asamblea Universitaria. Las autoridades locales de la Iglesia también han hecho saber al Rectorado que su aprobación definitiva será hecha por la Santa Sede. Por consiguiente, no estamos en las etapas finales de lograr un acuerdo sino en las iniciales.

La propuesta de acuerdo, junto con una explicación detallada del estado de las negociaciones, fue entregada a los miembros de la Asamblea Universitaria en reuniones sostenidas el lunes 2 de abril.

El impasse
El miércoles 4 de abril surgió un impasse, ya que el Rector recibió una propuesta de los negociadores del Arzobispado sobre la herencia Riva-Agüero que, en la práctica, implicaba aceptar como acuerdo común la posición del Arzobispado en los juicios que se siguen actualmente entre él y la Universidad. El pedido era equivalente a que el Arzobispado gane el juicio a través de un acuerdo con la Universidad. El Rectorado respondió que no podía aceptar de ninguna manera un acuerdo de este tipo.

La razón indica claramente que si el país ha sido testigo de años de conflicto agudo entre el Arzobispado y la Universidad sobre la herencia, no puede haber una paz duradera si no se soluciona este conflicto de manera integral. Por consiguiente, cuando el Arzobispo de Lima disocia ambos elementos en el diálogo, está rompiendo también las conversaciones. La Asamblea Universitaria ha encargado al Rectorado dialogar y nosotros lo haremos en la medida en que el Arzobispado retome el camino de solucionar todos los problemas en conjunto.

Por ello, el Rectorado considera que, en las circunstancias actuales, no hay razón para convocar a una Asamblea Universitaria de reforma del Estatuto. Si hubiera un proyecto de acuerdo integral se hará tal convocatoria, luego de informar públicamente sobre lo acordado, con un plazo de treinta días de anticipación.

El Rectorado reitera que mantendrá informada a la comunidad universitaria sobre el desarrollo de estos acontecimientos.

Lima, 9 de abril de 2012

El Rectorado

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ACERCA DEL 5 DE ABRIL

5 de abril, 5 de abril, 5 de abril
Daniel Parodi Revoredo

Ghada nació un 5 de abril, ella es egipcia y musulmana. Actualmente vive en el Cairo y tuve la oportunidad de conocerla en mi inolvidable secundaria en el Colegio Franco Peruano de Monterrico, en la primera mitad de la década de los ochenta. Ghada era muy linda y simpática, siempre era amable y sonreía, nos la pasábamos charlando en el interminable “recreo grande” que duraba 1 hora y 20 minutos, y que después un director de apellido Trinité redujo a apenas 40. Siempre he pensado que si Trinité se hubiese dedicado a la política hubiera sido, sin duda, un dictador sanguinario, pero esa no es la trama de este cuento.

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Fujimori anunciando la disolución del parlamento

Un siglo antes de aquellos instantes de la segunda infancia, tan llenos de calidez y ternura, un 5 de abril de 1879, Chile le declaró la guerra al Perú. Las causas de esta desdichada decisión son varias y aún se discuten. De una parte está el imperativo chileno de superar su crisis socio-económica interna a través del extremo recurso de apoderarse de las riquezas de sus vecinos y de los territorios en los que éstas se encontraban. De la otra están los innegables errores diplomáticos cometidos por el Perú, los que, si bien no explican el estallido del conflicto, sí le otorgaron a Chile el esperado pretexto para iniciarla. Así pues, la Alianza secreta con Bolivia y el envío a Chile de un mediador sin la capacidad de declararse neutral figuran entre los más saltantes desaciertos de nuestra política internacional decimonónica.

De allí devino el desastre, las derrotas militares, la ocupación chilena de casi todo el territorio nacional, con la secuela de abusos, saqueos, raptos, violaciones, incendios y todo lo que suelen traer consigo esas jaurías de hombres armados, que usualmente son los ejércitos cuando se pasean por territorio enemigo. Devino también la derrota, la pérdida definitiva de Tarapacá y Arica, la de Tacna por 50 años y devino tal vez – a través del trauma- el nacimiento de la nación peruana que se vio por primera vez a sí misma en el espejo de un enemigo internacional.

Es verdad que el 5 de abril no era, en los tiempos de la escuela, una efemérides tan celebrada como el 28 de julio, pero sí era una fecha importante en la historia escolar y la identificábamos fácilmente porque era el inicio de la Guerra con Chile. Y las cosas hubiesen seguido así si no fuese porque al anochecer de otro 5 de abril, el de 1992, un señor de muchos gestos pero pocas expresiones, que era presidente del Perú, interrumpió la programación televisiva para anunciarle al país que daba un golpe de Estado, que se tiraba el Congreso y el Poder Judicial y que iba a gobernar con los militares. Entonces el 5 de abril de mi infancia fue eclipsado por otro peor.

Debo confesar -a pesar de ser políticamente incorrecto- que el 5 de abril fui presa de la psicosocial que montó Montesinos desprestigiando al Congreso y haciéndonos creer que éste era un organismo burocrático e irresponsable que obstaculizaba la labor de reconstrucción del país que quería llevar a cabo el gobierno. Lo peor era –de acuerdo con dicha psicosocial- que la mala labor del Congreso arriesgaba la viabilidad misma del país porque le hacían el juego a los violentos que estaban a punto de desbaratar el Estado.

Fue sólo después, aunque no mucho después, que tomé conciencia de las sombras del régimen que se inauguró el 5 de abril de 1992, de su nocturnidad, de la corrupción sistematizada, digitada desde la Presidencia y el SIN, de la intervención obscena de los poderes del Estado, de la descarada compra de jueces y parlamentarios, de la persecución, extorción y chantaje a los opositores al régimen, de la compra de las líneas editoriales de los medios de comunicación, de Nicolás Lucar diciéndole al país que no importaba que fuesen 3 toneladas de coca y no cuatro las incautadas en el avión presidencial (ya no recuerdo la cifra), el vínculo pues con el narcotráfico, el tráfico de armas, etc. etc., etc.

Es verdad, porque lo es, que en la década fujimorista se sentaron las bases para la modernización del estado y para sacar al Perú de la aguda crisis económica en la que ingresó desde que fracasaran las reformas velasquistas en la primera mitad de la década de 1970, pero no dejo de preguntarme si el precio a pagar por ello tenía que ser tan alto. En todo caso, la consecuencia final de todo esto, la consecuencia calendaria, la consecuencia que está allí y que no queremos ver es que en la memoria colectiva nacional, el 5 de abril de 1879 fue reemplazado por otro 5 de abril peor, por el de 1992 y ya no asociamos tan fácilmente a la guerra con Chile con la fecha de su inicio, para ello están el 7 de junio y el 8 de octubre (Arica y Angamos, por si acaso). Así pues, la obscena y oscura corrupción del fujimorismo se ha ganado con justicia el palmarés de guardar para sí el 5 de abril, como fecha conmemorativa de los peruanos.

Pero Ghada no tiene la culpa de nada de esto, vivió en el Perú por la misión diplomática de sus padres aquí hace 30 años, ella es linda, jovial y muy simpática, así que brindo por el 5 de abril, por aquel que sólo a ella le pertenece.
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EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA DE LA PUCP

POR LA AUTONOMÍA DE LA PUCP

Yo en la PUCP soy un profesor contratado que renueva su vínculo cada semestre y por ello soy el lado más débil de la cuerda. Sin embargo somos lo que somos y es en estos momentos cuando debemos dar la cara con nuestra integridad en defensa de nuestros principios.

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Miguel Giusti defiende la autonomía de la PUCP

Yo no concibo una PUCP que no sea autónoma, yo no concibo el aula si no es el lugar en donde alumnos y profesores vivenciamos una experiencia intelectual de libertad. Por todo ello suscribo el pronunciamiento adjunto de Miguel Giusti, en todos sus extremos.

Creo, verdaderamente, que la autonomía de la PUCP está en riesgo y que debemos luchar por defenderla; por eso me opongo a los contenidos del pre-acuerdo con el arzobispado que se ha difundido y cuestiono la celeridad en la convocatoria a la Asamblea del 13 próximo; yo espero que el Rector nos convoque a todos al auditorio como ha hecho en otras ocasiones y espero, dentro del espíritu plural que tanto se ha invocado ultimamente, que las opiniones divergentes sean respetadas.

Saludos cordiales

Daniel Parodi Revoredo

PUCP: “está en serio riesgo nuestra autonomía”

Queridos amigos:

La situación ante la que se encuentra nuestra universidad en estos momentos me parece sumamente grave porque creo que está en serio riesgo nuestra autonomía. Sin desconocer el esfuerzo del Rectorado por alcanzar un acuerdo que respete la posición tomada por la Asamblea en septiembre del año pasado, creo que el documento que nos ha alcanzado no reúne las condiciones como para ser aceptado, ni en la forma ni en el fondo, y quisiera explicarles por qué soy de esta opinión. Lamento tener que opinar en contra de lo que nos pide expresamente el Rectorado, por cuya conducción de la universidad he tenido y tengo el máximo respeto, pero me parece que es el momento de dar a conocer nuestros pareceres, o de disentir, sobre lo que pueda ser mejor para nuestra universidad.

La forma

El Rectorado solicita de la Asamblea un voto a favor del acuerdo, en bloque y en un plazo muy próximo. Pero el documento está muy lejos de ser claro en muchos puntos, o de ser en todos sus aspectos aceptable, por lo que una aprobación en bloque nos obligaría a aceptar lo inaceptable. El plazo tan próximo, además, impide una reflexión más seria o un proceso de maduración sobre la naturaleza y las consecuencias de los cambios propuestos. Conviene recordar que los plazos perentorios no han sido puestos por nosotros y que su fijación, al modo de un ultimátum, no se condice con el espíritu de diálogo que debería primar en las relaciones que mantenemos con la Iglesia.

El fondo. La elección del Rector

Si se analizan y complementan entre sí todos los cambios propuestos con respecto a la elección del Rector, el resultado me parece un serio recorte a la autonomía de la Universidad. En apariencia, se preserva la atribución de la Asamblea para elegir al Rector, aun cuando se concede al Arzobispo el derecho de emitir una opinión-valoración de los candidatos. Ya esta concesión es obviamente una suerte de derecho de veto o al menos de presión de la comunidad universitaria.

Pero si se hubiese quedado ahí, quizás habría podido pese a todo aceptarse. El problema es que ahora se añade un requisito para poder ser rector o vicerrector, a saber: “llevar una vida en fidelidad al Magisterio de la Iglesia”. Este requisito conlleva un serio peligro, porque, aun cuando no se dice nada acerca de a quién le corresponde la competencia para decidir si un candidato cumple o no ese requisito, es claro que sobre el Magisterio de la Iglesia solo puede decidir el propio Magisterio de la Iglesia. El “Magisterio” no es la doctrina, ni el espíritu, ni los principios o los valores del cristianismo o la Iglesia (en un sentido genérico), sino la enseñanza de la Iglesia tal como la comprende, registra y administra la autoridad de los obispos[1]. Si la autoridad episcopal es por definición la competente en la materia, entonces esto quiere decir, en buen castellano, que el Arzobispo podrá decidir (o creerá tener la autoridad legítima para decidir) quién podrá ser candidato a Rector en nuestra universidad. Quien haya escuchado a Monseñor Cipriani en su intervención en el programa La Hora N de Jaime de Althaus el 4 de abril, habrá visto claramente cómo interpreta él esta prerrogativa. Se comprende entonces por qué ha renunciado a su propuesta anterior de elegir al Rector de una terna: porque eso ya no le hace falta, dado que para ser candidato a Rector habrá que contar con la autorización episcopal, vale decir, del “Magisterio” de la Iglesia. Pero además, sorprende que se haya aceptado una fórmula que exige “llevar una vida en fidelidad a”, porque eso equivale a someter a evaluación la vida personal y las ideas de los candidatos. En efecto, aquí entra a tallar el segundo aspecto de la noción de “Magisterio”: el de la enseñanza ortodoxa, porque, repito, esa noción designa al bagaje de enseñanzas de la Iglesia tal como lo interpreta la autoridad episcopal. En otras palabras: un profesor que haya escrito cualquier tesis o expresado cualquier idea en algún libro (sobre cualquier asunto de moral, política, vida eclesial, ciencia, filosofía o cualquier materia problemática), o uno que no se haya casado por la Iglesia o sea divorciado o que en cualquier otro sentido, siempre según interpretación de los obispos, no sea “fiel” al “Magisterio”, no podrá ser candidato a Rector. El Rectorado comenta que este nuevo requisito no sería sino una “especificación” del artículo ya existente, que dice: “identificarse con los principios, valores y fines de la Universidad”. Por lo dicho, es obvio que no se trata de una especificación sino de algo muy diferente. El artículo de nuestro Estatuto es mucho más sobrio y no conlleva censura alguna de la vida y las ideas de los profesores.

Por si ello fuera poco, se ha aceptado además incluir entre las atribuciones del Gran Canciller: “Recibir la profesión de fe del rector y los vicerrectores, para empezar a ejercer sus cargos”. Un acto de sumisión de esta naturaleza, que no ha estado nunca presente en nuestro Estatuto, me parece extemporáneo y de mal gusto, y está reñido con la dignidad del oficio de profesor universitario. Para colmo, queda por precisar aún el tenor (el texto) de esa profesión, pero, dado el contexto en el que se está introduciendo, no cabe pensar sino en lo peor.

La Comisión Económica Especial

Con respecto a la creación de la Comisión Económica Especial, me pregunto hasta qué punto ella no equivale a un reconocimiento implícito (y voluntario) de que nuestra universidad no es plena propietaria de sus bienes, pues admite que debe rendir cuenta de ellos ante otra institución privada (la Iglesia), a la que se concede entonces el derecho de pedir cuentas. Concuerdo con el documento cuando afirma que no deberíamos temer el rendir cuentas porque no tenemos nada que ocultar. Pero para eso existen, en los sistemas democráticos, mecanismos o instancias legales que no alteran los derechos de propiedad, como la Contraloría, o la SUNAT, o las auditorías externas. Mejor (menos equívoco y más coherente) sería, en ese sentido, obligarse a rendir cuentas ante alguno de estos organismos y permitir el acceso a dichas cuentas a los representantes de la Iglesia.

De otro lado, sorprende que la composición de la Comisión Económica sea de 1 miembro de nuestra universidad y 2 miembros del episcopado. Estamos aceptando, en el contexto de este conflicto, ser siempre minoría. Y ello se vuelve más problemático todavía cuando leemos que esta Comisión tendrá voto dirimente cuando haya desacuerdos en el seno de la Junta Administradora. (El documento sostiene que el Arzobispo ha “renunciado voluntariamente” a ejercer la función dirimente en la Junta; a la luz de lo expuesto, es obvio que esa renuncia se da porque ya no necesita ese voto, dado que lo tiene en la Comisión Económica).

En el documento se intenta restar importancia a las atribuciones de la Comisión, argumentando que ésta supuestamente solo intervendría en casos de inversiones de gran monta, pero se incluye entre ellas la aprobación del plan trienal de inversiones de la Universidad. Dado que la Comisión tiene mayoría del episcopado y posee además voto dirimente en los asuntos de la Junta Administradora, no me parece nada desdeñable el poder que se le estaría concediendo.

Las reformas del Estatuto

Se ha incluido un punto en el acuerdo según el cual en el futuro las reformas de nuestro Estatuto “que afecten los derechos de la Iglesia en la Universidad”, “requerirán de la aprobación del Dicasterio para su entrada en vigencia”. También aquí hay el peligro de una seria cesión de autonomía. El propio documento reconoce que este artículo “técnicamente, es un derecho a veto”, pero presume que ello no sería un problema porque solo tendría vigencia “en los temas que la involucran (a la Iglesia)”, mas no en todos los demás, sin precisar cuál sería la diferencia entre unos y otros. Pero, como es obvio, la Iglesia podría considerar que todos los temas de la vida universitaria “la involucran” o “afectan sus derechos”, porque eso puede inferirse fácilmente de las diversas atribuciones genéricas que se le conceden, empezando por la elección del Rector, la administración de los bienes, la profesión de fe o la fidelidad al Magisterio de profesores, administrativos y alumnos. En resumidas cuentas, el artículo en cuestión extiende virtualmente de manera indefinida el derecho a veto de nuestros cambios estatutarios.

La Junta Administradora

En relación con la Junta Administradora parecería haberse llegado a un acuerdo razonable y aceptable, con algunas salvedades, pero sobre este punto el propio arzobispado ha dado marcha atrás, de manera que no sabemos a qué atenernos. Ya se ha señalado, sin embargo, que, en el acuerdo, las discrepancias de interpretación que ocurran en la Junta serán dirimidas por la Comisión Económica Especial, en la cual el episcopado tiene mayoría. Si, por hipótesis, el representante del arzobispo en la Junta Administradora decidiera bloquear sistemáticamente todas nuestras iniciativas, ello obligaría a recurrir continuamente al voto dirimente de la Comisión Económica, en la cual tenemos siempre minoría. Esto daría carta blanca a los obispos para decidir a voluntad y de manera sistemática sobre los asuntos de la marcha administrativa de nuestra universidad.

El “carácter” pontificio y católico

Se ha añadido una breve frase al art. 1 de nuestro Estatuto que dice: “Por su carácter pontificio y católico… la PUCP es una comunidad de maestros, etc.…” Si entiendo bien (o mal, que es mejor), esta breve frase es un modo de insertar en nuestro Estatuto que la PUCP tiene una vinculación de dependencia institucional, o jurídica, o canónica o de otro tipo en relación con la Iglesia, vinculación que podría dar pie a que dicha frase fuera utilizada por la Iglesia para reclamar propiedad o sujeción canónica. No tengo argumentos suficientes para sostener que esto vaya a ocurrir, pero temo que su mera posibilidad es la razón por la que debe haberse incluido esta frase.

El argumento pragmático

En el documento del Rectorado se nos invita a considerar pragmáticamente la situación y a tener en cuenta que los beneficios del acuerdo serían considerablemente más altos que sus costos, pues de esa manera se pondría fin a un conflicto desgastante que mantiene ocupada y en tensión a la Universidad desde hace muchos años. Para hacer más persuasiva la invitación, se nos advierte que en caso de no aprobar el acuerdo, no seríamos ya nosotros sino los tribunales peruanos los que tendrían la última palabra. Y se da a entender, claro está, que el acuerdo preserva la autonomía de la Universidad y la libertad de cátedra, además de que las concesiones estarían ya de algún modo enraizadas en nuestro Estatuto vigente.

Hay que reconocerle, por cierto, al Rectorado, que haya respetado y hasta consignado en el documento la necesidad de someter el acuerdo a la decisión de la Asamblea. Pero quisiera hacer dos consideraciones sobre esta invocación pragmática.

En primer lugar, sorprende el repentino cambio de política por parte del Rectorado. Durante varios años, se ha mantenido una línea principista dura (y hasta inflexible) en la confrontación con la jerarquía de la Iglesia y se ha enviado un mensaje tranquilizador a la comunidad universitaria, asegurándole que teníamos una posición jurídica sólida en los dos frentes del conflicto. Esa política ha dado sus frutos, es decir, ha fortalecido la cohesión de la comunidad universitaria en la defensa de su autonomía y ha transmitido a los profesores la convicción de que estamos en condiciones de preservar con buenos argumentos y políticas inteligentes los valores fundamentales de nuestra vida universitaria. Ahora, en cambio, se nos pide ser más flexibles con los principios y se sugiere que nuestra posición jurídica es débil.

Pero aun en sentido pragmático, tengo la impresión de que el acuerdo no nos es favorable. Por lo que he expuesto antes, creo que es más lo que perdemos que lo que ganamos. En la elección del Rector, en la propiedad de los bienes, en la cesión de la mayoría a la Comisión Económica Especial, en el procedimiento de reforma de nuestros estatutos, como en otros puntos, se hacen concesiones que, por decir lo menos, ponen en serio peligro nuestra autonomía.

No está dicho, por cierto, que los cambios del Estatuto hayan de interpretarse o aplicarse de una manera desfavorable para nosotros, pero esa posibilidad existe y de ella deberíamos defendernos. En las consideraciones de tipo pragmático, no puede dejar de tenerse en cuenta con quién estamos haciendo el trato. Por sus convicciones religiosas y políticas, así como por su vieja y militante posición contra nuestra universidad, Monseñor Cipriani no ha ocultado nunca sus intenciones ni ha tenido reparos en utilizar los medios a su alcance para tratar de imponerlas. Suponer ahora que ha cambiado de opinión o que hará uso cándido de las atribuciones o las posibilidades de intervención que le otorga el acuerdo, sería pecar de ingenuidad pragmática. De esto tenemos ya pruebas más que suficientes en sus primeras declaraciones en el programa mencionado de Jaime de Althaus.

Qué hacer entonces

Por la forma en que ha sido presentado el documento, pareciera que nos encontráramos ante una encrucijada de vida o muerte, de todo o nada. Y esta sensación está difundiéndose entre la comunidad universitaria, razón por la cual algunos están dispuestos a ceder por temor y otros por resignación. Me parece muy importante que tratemos de contrarrestar esta impresión.

Lo primero que deberíamos hacer, me parece, es no aceptar el acuerdo, al menos no en bloque y no en el plazo fijado. La decisión que tomó la Asamblea en septiembre del año pasado fue no aceptar la propuesta de modificación enviada por el Vaticano, reafirmar nuestra autonomía y mantener la disposición al diálogo con la Iglesia. Esta decisión era y sigue siendo firme y prudente, y no me parece que hayan cambiado las condiciones lo suficiente como para modificarla. Corresponde, creo, reafirmar ese acuerdo: no aceptar la actual propuesta por lesionar nuestra autonomía y mantener nuestra disposición al diálogo.

De aquella decisión de la Asamblea hay dos puntos que destacar. El primero es que nuestra universidad posee ya un Estatuto que reconoce inequívocamente su filiación católica y su vinculación con la doctrina de la Iglesia, y que con él hemos vivido durante décadas sin tener conflictos con la jerarquía. Los conflictos tienen lugar y fecha de inicio, y nombre y apellido. El segundo punto a destacar es que la Asamblea no ha cortado la comunicación con la Iglesia, sino ha declarado expresamente su voluntad de dialogar y de llegar a un acuerdo. Pero no a cualquier precio.

La sensación de estar en una encrucijada vital proviene sin duda de los plazos que se nos han impuesto. Pero no me parece que debamos someternos a ellos ni aceptar la precipitación en la toma de decisiones o la amenaza velada. Puede ser que reafirmar en estos momentos el acuerdo de la Asamblea del año pasado, nos lleve a una confrontación mayor o hasta a una ruptura. Pero puede ser también que esto no ocurra. Así como no tenemos por qué aceptar plazos, tampoco tenemos por qué terminar nosotros con la disposición al diálogo.

¿Volveremos entonces a los conflictos con la jerarquía y continuaremos con los juicios pendientes, quién sabe por cuánto tiempo? Si ello tiene que ocurrir por defender nuestra autonomía y la calidad de nuestra universidad, o por impedir que el pensamiento católico más reaccionario penetre de algún modo en nuestro campus, tendremos que hacerlo. Es nuestro deber hacerlo, cueste lo que cueste. Hay mucha gente honesta y competente entre nosotros que puede prestar su ayuda para defender de manera inteligente nuestra causa en todos los frentes, como lo ha venido haciendo precisamente el equipo rectoral en los últimos años con el respaldo de la comunidad universitaria.

Finalmente, quisiera también decir que no deberíamos tener miedo a una agudización del conflicto. No creo que se produzca una ruptura, porque el resultado podría ser muy destructivo, o tanático, para el país y para la propia Iglesia. También la Iglesia hará su propia reflexión pragmática, no lo dudemos. Pero si la ruptura llegara, haríamos bien en asumirla, no con temor, sino con tranquilidad y conciencia histórica. Hay muchos casos, en el pasado y en la historia reciente, de instituciones académicas o científicas que han tenido que pasar por un cambio radical para poder madurar o mantener su vitalidad. Y ello ha ocurrido también en los últimos años entre varias universidades católicas y la jerarquía de la Iglesia. Cuando los cambios son necesarios, porque está en juego algo muy valioso y esencial que defender, como en nuestro caso, los costos son ciertamente mucho menores que los beneficios. Mantengamos la firmeza y la calma. Creo que tenemos el viento de la historia a nuestro favor.

Miguel Giusti
Profesor del Departamento de Humanidades
5 de abril del 2012

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[1] Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escritura (sic), ha sido encomendado sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo” (DV 10), es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. (Parte 1ª, Secc. 1ª, cap. 2, art. 2, III)
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ARGENTINA Y LA ALIANZA SECRETA

ARGENTINA Y LA ALIANZA SECRETA

Por: Daniel Parodi Revoredo

“Continuamos asociados a la debilidad por un exagerado escrúpulo de confraternidad con Bolivia, al propio tiempo que desahuciábamos el apoyo argentino, siempre poderosa garantía de equilibrio”. Pedro Yrigoyen

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La amistad peruano-argentina debe fortalecerse

Según Jorge Basadre, la suscripción de la Alianza Perú-Boliviana de 1873 inició una nueva etapa en la política internacional peruana, la que pasó del americanismo romántico de mediados del siglo XIX a la del equilibrio continental, basado en la conformación de alianzas interestatales rivales con la finalidad de “disuadirse” recíprocamente.

Preocupados por el avance chileno en el litoral boliviano de Atacama, rico en nitratos, el Perú y Bolivia firmaron la referida alianza y paso seguido se buscó la incorporación de la Argentina, que tenía su propia agenda con Chile por la posesión de la Patagonia. Siempre en 1873, la cámara de diputados de la Argentina aprobó la suscripción del convenio, pero el senado rioplatense postergó la decisión, entre otras cosas, por los problemas limítrofes que tenía pendientes con Bolivia por la posesión de Tarija y el Chaco.

No obstante, la verdadera razón de que la Argentina no se sumase a la Alianza fue la indecisión de los sucesivos gobiernos peruanos de Manuel Pardo y Mariano Ignacio Prado, que ni tomaron las medidas adecuadas para equiparar la supremacía naval obtenida por Chile con la adquisición de los blindados Cochrane y Blanco Encalada, ni tampoco potenciaron la política de alianzas internacionales para contrarrestar dicha supremacía. Así pues, en 1875 y 1878, la Argentina solicitó el apoyo peruano en su causa contra Chile por la Patagonia, el que hubiese supuesto su automática incorporación a la Alianza Secreta, pero el Perú rehusó el apoyo y optó por la disuasión, temeroso del poder naval que recientemente habían adquirido los chilenos.

Cuando en 1879 estalló la Guerra del Pacífico, el Perú se encontraba en una situación en la que él solo se había colocado: tenía una evidente inferioridad naval frente a Chile, estaba coligado con Bolivia por el tratado del 73 y la Argentina no era parte de este. Más bien, en 1881 los rioplatenses forzaron un tratado muy ventajoso con Chile respecto de la Patagonia, a la par que, como señalé en mi nota anterior, permitieron el paso por su territorio a un gran contingente armamentístico peruano que venía desde Europa para defender la Alianza. Dada las renuencias peruanas de 1875 y 1878, ¿debía esperarse más de la Argentina?

En realidad, la torpe Alianza Secreta de 1873 y la no participación de la Argentina en ella denotan el pésimo manejo de la diplomacia peruana en la década previa al estallido de la Guerra del Pacífico. Por ello no encuentro justo que se manipule estos eventos para ensombrecer las relaciones peruano-argentinas. Creo, más bien, que el Perú debe mantenerse en su política intransigente con cualquier presencia colonialista en la región, y que la Argentina debe hacer algo más por cerrar la herida que dejó la nefasta venta de armas al Ecuador en 1992. Al día de hoy, parece claro que las disculpas de Cristina Kirchner no han sido suficientes.
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