NOTA DE PRENSA del Congreso de la República:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte acordó por amplia mayoría enviar al archivo un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que proponía recortar la facultad del Instituto Nacional de Cultura (INC) para declarar cuáles bienes deben ser considerados parte del patrimonio nacional y encomendar esta función al Congreso de la República.
Así mismo, en la sesión realizada el martes 6, el grupo de trabajo legislativo, que preside el congresista Werner Cabrera Campos (GPN), acordó solicitar al Pleno facultades de comisión investigadora para atender numerosas denuncias sobre supuestas irregularidades que se vendría cometiendo en ocho universidades, públicas y privadas, de diferentes zonas del país.
Respecto a la decisión tomada, de desestimar la propuesta para que las funciones administrativas de un ente técnico especializado en materia cultural –como es el INC- sean asumidas por el Congreso, la comisión dictaminadora tuvo en cuenta que aquélla no estaba acorde con las atribuciones del Legislativo previstas en el artículo 102 de la Constitución, lo que implicaba tener que modificar ésta, así como el Reglamento del propio Congreso.
De igual forma, se consideró que el proyecto vulneraba el contenido de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; la Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas; la Carta de Venecia o Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que forman parte del derecho nacional.
En la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo se decía que el proyecto buscaba promover los proyectos de inversión y otorgar concesiones de obras públicas y privadas de infraestructura y de servicios, las que sufrían retrasos por la amplia regulación existente en materia de protección estatal, en perjuicio de los inversionistas.
Para el congresista Rafael Vásquez (GPN), no eran válidos los argumentos del Ejecutivo de quitarle facultades al INC por retrasos en sus procedimientos y por el alto costo de los trabajos de conservación (del patrimonio nacional). Para Hilda Guevara (PAP), el Congreso no podía legislar sobre aspectos eminentemente técnicos.
Olga Cribilleros (PAP) propuso buscar una fórmula intermedia para ‘flexibilizar’ las funciones del INC y así no paralizar los proyectos de inversión, aunque finalmente se abstuvo a la hora de la votación.
Por su parte, Martha Hildebrandt (GPF) se mostró a favor de la iniciativa del Ejecutivo, por considerar que el accionar del INC era deficiente por falta de recursos humanos y económicos, lo que le impedía atender todos los casos de calificación de un bien cultural, convirtiéndose así en un ‘obstáculo’ para el desarrollo del país. Al final, también se abstuvo de pronunciarse con su voto.
Universidades cuestionadas
De otro lado, la Comisión, a pedido de Luis Galarreta (UN), pedirá facultades de comisión investigadora para atender las denuncias recibidas de presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en algunas universidades y que no han sido atendidas por la Asamblea Nacional de Rectores, CONAFU, Ministerio Público, Contraloría General, Ministerio de Educación ni la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Las universidades denunciadas, son: Los Ángeles (ULA) y Católica de Chimbote (ULADECH), que se declaran titulares de la ley de su creación y en las cuales se vendrían cometiendo presuntos actos de corrupción, entre ellos pagos indebidos por dos millones de soles.
Otros centros de estudios denunciados, son: la Universidad Particular Los Andes, de Huancayo, donde se habría detectado casos de fraude hasta por 4.5 millones dólares y sobrevaluaciones por más de 800 mil dólares; Universidad Nacional de Educación ‘Enrique Guzmán y Valle’ (La cantuta), por malos manejos económicos; Universidad Particular de Iquitos (UPI), y las universidades nacionales ‘Federico Villarreal’ (UNFV); de Lima, y ‘Daniel Alcides Carrión’, de Pasco.
A sugerencia de Pedro Santos (GPN), se acordó incluir en las investigaciones a la Universidad Nacional ‘San Agustín’ (UNAS) de Arequipa, que habría otorgado grados, títulos y doctorados, sin que los beneficiados hubieran cumplido con los requisitos de ley.
La propuesta fue aprobada por nueve votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones (de Hilda Guevara y José Carrasco Távara, del PAP, y Alberto Escudero, de UPP).
WERNER CABRERA CAMPOS
Presidente de la Comisión de Educación del
Congreso de la República
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