Determinar el impacto de la nueva normativa en el Sistema de Contratación Pública puede realizarse desde diversos enfoques, el netamente jurídico, el económico o el logístico; sin embargo, resulta de especial interés conocer el manejo que de ella vienen realizando los operadores pues son quienes, finalmente, la aplican y determinan el resultado de los procesos.
La realidad de la Administración Pública en los últimos años demostró que existía una alta rotación de los funcionarios encargados de la conducción de los procesos de contratación, lo cual traía como consecuencia que las contrataciones se vean afectadas ante la falta de conocimiento de la norma aplicable.
Frente a dicha situación lograr resultados eficientes en las compras públicas se tornaba en un reto constante y a veces lejano de alcanzar. Si a ello sumamos el hecho de que la Ley de Contrataciones del Estado constituye una de las pocas normas cuyo empleo se realiza por profesionales de diversas especialidades – abogados, economistas, administradores, contadores, ingenieros, entre otros – el escenario se torna desafiante.
Por ello, los profesionales involucrados deben conocer cada uno de los aspectos que son necesarios en su gestión diaria, a fin de lograr contrataciones exitosas. Sólo con el estudio y la comprensión de la normativa se podrá obtener resultados eficientes en los procesos.
En el corto plazo hablar de capacitación será sinónimo de responsabilidad en la conducción de cada proceso de contratación, responsabilidad que deberá ser asumida por cada operador de la norma en aras de resguardar nuestro Sistema de Contratación Pública.
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