Viernes 11 de noviembre de 2011 – 07:00 am
El país es una olla de presión. A los 214 conflictos irresueltos durante el régimen aprista, se suman ahora nuevas demandas que han empezado a estallar en tres regiones y que el actual gobierno no puede minimizar.

No es casual que los problemas en Cajamarca, Apurímac y Áncash se vinculen con proyectos mineros. Este rubro constituye uno de los motores de la economía y, también, es origen de una serie de protestas, en parte, porque hasta el momento no se han definido políticas claras respecto de la inversión minera, su contribución al desarrollo y la desarticulación de prácticas informales.

Esta tarea prioritaria no ha sido asumida aún por quienes lideran el Estado. Las partes involucradas –el gobierno, el sector privado y las comunidades– caminan cada una por su cuenta, a pesar de que la minería responsable puede ser beneficiosa para todos, en especial las poblaciones desprotegidas y pauperizadas. En lugar de consensos mínimos, prevalece un diálogo de sordos que además no favorece el clima de tranquilidad que el país necesita.

El Ejecutivo tiene que anticiparse a los problemas y reaccionar oportunamente. Reforzar la institucionalidad, impulsar canales válidos de diálogo a través de los procedimientos de la consulta previa, establecer reglas claras en la inversión, promover los estudios de impacto ambiental y crear una agenda básica para solucionar los temas pendientes en un orden de prioridad aceptable y consensuado. Lo contrario sería minimizar las quejas o crear mesas de negociación en las que nadie cree, como se ha visto en el caso del proyecto minero Conga, irónicamente el de mayor inversión en el Perú.

Sería una equivocación que el gobierno actual transite por ese camino y repita los errores de sus antecesores, que no supieron explicar a las comunidades cuánto podrían beneficiarse con la inversión privada o conciliar sus necesidades y aspiraciones con el desarrollo. El resultado se puede comprobar en las protestas de Apurímac, donde los pobladores exigen el cese de todas las actividades mineras por miedo a que contaminen recursos hídricos.

Como recalcó el entonces candidato Ollanta Humala durante la campaña electoral, las regiones no se sienten representadas por el Estado y más bien dudan de él. Sin embargo, la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM todavía no ha hecho mucho por establecer una relación de confianza con la población, sobre todo cuando la violencia se está extendiendo en varias regiones.

Nada se ha hecho tampoco respecto de las dudas que generan las mineras, satanizadas porque muchas incumplieron sus compromisos con las comunidades. Un ejemplo de esa percepción descalificadora se verifica ahora en los conflictos de Áncash.

Finalmente, está pendiente la identificación de los grupos radicales que en estas coyunturas buscan llevar agua para su molino a favor de la minería ilegal y otros oscuros intereses.

El presidente Humala se comprometió a hallar salidas a los requerimientos regionales y hoy las poblaciones le están pasando la factura. El país confía en que sabrá sopesar que ante tantas expectativas acumuladas, la única solución es aplicar una política bien orientada, eficaz y eficiente que derribe las intransigencias con base en compromisos viables y programados.

FUENTE: EL COMERCIO PERU