El condenado violó y mató a una menor, pero no se le informó de sus derechos
ANTONIO CAÑO | Washington 07/07/2011
Pese a la petición del propio Barack Obama, que ha advertido de que la ejecución de Humberto Leal sería una violación de las leyes internacionales, nada parece capaz de frenar la voluntad del gobernador de Tejas, Rick Perry, de aplicar este jueves (a la una de la madrugada hora española) la inyección letal a este mexicano de 38 años que se ha convertido en el último símbolo de la grave perversión moral y política que representa la pena de muerte en Estados Unidos.
Humberto Leal espera en el corredor de la muerte de la prisión de Huntsville a que un milagro salve su vida. Ese milagro tiene que producirse en la forma de una clemencia inesperada del gobernador Perry o una orden improbable del Tribunal Supremo de Estados Unidos, al que la Casa Blanca ha pedido intervenir para evitar lo que considera “un daño irreparable a las obligaciones de EE UU con la legislación internacional”.
En su argumentación ante el Supremo y ante el gobernador de Tejas, los abogados de Obama denuncian que Leal, como ciudadano mexicano, aunque emigrado de niño a Tejas, debería de haber sido informado de su derecho a contactar con el consulado mexicano tras su detención en 1994 como sospechoso del asesinato de la joven Adria Sauceda.
La comunicación de un detenido con los representes diplomáticos de su país está obligada por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que EE UU es signatario. A Leal no se le informó de ese derecho antes de que se confesase culpable del delito del que se le acusaba. Otros 50 condenados a muerte mexicanos se encuentran actualmente en la misma situación.
El gobernador de Tejas se siente amparado por una sentencia del Tribunal Supremo de 2008 en la que afirma que el contenido de la Convención de Viena no vincula a los estados. “Tejas no tiene obligación de obedecer a ningún tribunal extranjero ni el presidente tiene autoridad para revisar los casos de ciudadanos extranjeros a la espera de ejecución”, afirma una nota del Gobierno tejano. “Quien cometa el crimen más atroz en Tejas”, añade, “puede esperar recibir la pena máxima según nuestras leyes; Leal fue sentenciado por la violación y muerte a golpes de una niña de 16 años”.
Entre otras consideraciones, la Casa Blanca ha argumentado que esta ejecución deja en situación de indefensión a los ciudadanos norteamericanos en el resto del mundo y crea un grave precedente sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales por parte de EE UU. La Embajada mexicana en Washington, organizaciones humanitarias y medios de comunicación han pedido la suspensión de la pena y han advertido de las serias consecuencias que puede tener esta ejecución, especialmente en las relaciones de EE UU con México y en el prestigio mundial de este país.
Aunque pocos dudan de la culpabilidad de Leal en el delito que se le imputa, es probable que, como ha manifestado su abogado, con la adecuada asistencia legal en el momento oportuno, no se hubiera declarado autor del crimen y su responsabilidad hubiera sido más difícil de probar en un juicio.
En este caso se reúnen, además, una serie de circunstancias que hacen aún más cuestionable el uso de la pena de muerte en un caso que, en otro escenario y con distintos protagonistas, podría haber acabado en la absolución.
El gobernador Perry es una destacada figura del Partido Republicano con confesadas intenciones de aspirar a la presidencia. Pertenece a su ala más conservadora, la que corteja los votantes que exigen ley y orden en la frontera y mano dura con los inmigrantes mexicanos.
Humberto Leal es un inmigrante sin educación que llegó con dos años a este país y trabajaba como mecánico en San Antonio cuando fue detenido. Fue la última persona a la que se vio con la víctima y en su casa se encontró una blusa con sangre que pertenecía a la muchacha asesinada. A las pocas horas de su arresto, confesó ser el autor del crimen.
Su situación hubiera sido mejor defendida si los legisladores norteamericanos hubieran actuado con mayor celeridad. En 2005, el Tribunal Internacional de Justicia ya advirtió a EE UU de que los casos de los 51 extranjeros condenados a muerte sin comunicarse con sus embajadas representaban una violación de la Convención de Viena. El presidente George Bush, en ese momento, compartió ese criterio. El Congreso se puso a trabajar en una legislación para permitir el acceso de esos 51 presos ante un tribunal federal para que éste decida sobre su situación, pero esa ley sigue aún en trámite en el Capitolio.
fuente: EL PAIS ESPAÑA