La SIP criticó un fallo contra la libertad de prensa en Perú

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La SIP criticó un fallo contra la libertad de prensa en Perú

Calificó como “un retroceso de la libertad” a la resolución judicial que le prohíbe a los medios difundir grabaciones telefónicas. Necesitarán una autorización de los involucrados o de un juez

El fallo, emitido el miércoles por el Tribunal Constitucional de Perú, advierte que los medios que violen esta disposición podrán ser denunciados penalmente si no tienen permiso.

Asimismo, señala que los audios grabadas en forma subrepticia suponen “una violación del derecho de la honra y la dignidad de toda persona”.

La decisión judicial se produjo luego de un pedido de “hábeas corpus” presentado por la esposa de Alberto Quimper, ex director de la empresa estatal Petroperú.

Quimper es uno de los presuntos implicados en un caso de corrupción conocido como “Petroaudios”, en donde una serie de escuchas telefónicas ilegales sacó a la luz una trama corrupta en la concesión de lotes petroleros y espionaje a políticos, periodistas y empresarios.

El escándalo de los “Petroaudios” salió a la luz cuando un medio publicó las conversaciones, grabadas por la empresa de seguridad privada Business Track a funcionarios del Estado con allegados a la empresa noruega Discover Petroleum, ganadora de una licitación para la exploración de lotes en busca de crudo durante octubre de 2008.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, consideró que “aquí se está frente a un retroceso de los principios que enmarcan la libertad de prensa”.

El directivo guatemalteco defendió que “aunque se puede entender que la libertad tiene límites, como lo es el de la intimidad, la prensa tiene la obligación de revelar asuntos cuando estos son de interés público y hacen al bien común”.

Para Marroquín “los medios no cometieron un delito en este caso, y además tienen la obligación moral de informar hechos que por su gravedad afectan a toda la población y al Gobierno”.

Una prueba de esto, dijo, es que la información revelada le sirvió al propio gobierno peruano para adoptar medidas contra la corrupción pública, algo que incluso derivó en cambios de funcionarios en el gabinete del presidente Alan García.

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