Política

Uso del asilo para sortear la justicia

Una tradición de tortura

Una tradición de tortura

¿Por qué la sorpresa con relación a los memorandos de tortura? Se pregunta el lingüista, filósofo, activista, escritor y analista político estadounidense Noam Chomsky en este artículo intitulado “Una tradición de Tortura”.

Por: Noam Chomsky
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Los memorandos sobre torturas dados a conocer por la Casa Blanca han generado asombro, indignación y sorpresa.

El asombro y la indignación son comprensibles, en particular el recientemente publicado Informe del Comité Senatorial de las Fuerzas Armadas sobre Trato a los Detenidos.

En el verano de 2002, como revela el informe, interrogadores en Guantánamo fueron sometidos a una presión creciente de los niveles superiores en la cadena de mando para establecer un vínculo entre Irak y al Qaeda.

La aplicación de waterboarding (o ”el submarino”), entre otras formas de tortura, finalmente permitió obtener ”la evidencia” por parte de un detenido, misma que fue usada para ayudar a justificar la invasión BushCheney de Irak el año siguiente.

Pero, ¿por qué la sorpresa acerca de los memorandos sobre la tortura? Incluso sin que hubiera una investigación, era razonable suponer que Guantánamo era una cámara de torturas. ¿Qué otra razón habría para enviar a prisioneros a un lugar donde pudieran estar más allá del alcance de la ley, incidentalmente, un lugar que Washington está usando en violación de un tratado que Cuba se vio obligada a firmar bajo la amenaza de las armas? El razonamiento de que era cuestión de seguridad es difícil de tomar en serio.

Una razón más amplia de por qué debería haber escasa sorpresa es que la tortura ha sido una práctica rutinaria desde los primeros días de la conquista del territorio nacional, y más tarde aún, cuando las incursiones imperiales del ”imperio infante” -como George Washington llamó a la nueva república- se extendió a las Filipinas, Haití y otros lugares.

Además, la tortura fue el menor de los muchos crímenes de agresión, terror, subversión y estrangulación económica que han oscurecido la historia de Estados Unidos, en buena parte como ha sucedido con otras grandes potencias. Las revelaciones actuales de tortura apuntan una vez más al conflicto entre ”lo que representamos” y ”lo que somos”.

La reacción ha sido vehemente pero en formas que hacen surgir algunos interrogantes, Por ejemplo, el columnista Paul Krugman, del New York Times, uno de los críticos más elocuentes y francos de las fechorías de Bush, escribe que ”antes éramos una nación de ideales morales” y que nunca antes de Bush ”nuestros líderes habían traicionado tan totalmente lo que nuestra nación representa”.

Para decir lo menos, este popular punto de vista es una versión bastante parcial de la historia. Es un artículo de fe, casi una parte del credo nacional, que Estados Unidos es una nación moral, a diferencia de otras grandes potencias, pasadas y presentes: la noción que es llamada el ”excepcionalismo americano”.

Un correctivo parcial podría encontrarse en la historia recién publicada del periodista británico Godfrey Hodgson, The Myth of American Excepcionalism (El mito del excepcionalismo estadounidense ). Hodgson llega a la conclusión de que Estados Unidos es ”sólo un gran, pero imperfecto país”, como tantos otros.

Roger Cohen, columnista del International Herald Tribune, al comentar el libro en The New York Times, se muestra de acuerdo en que la evidencia apoya el juicio de Hodgson, pero difiere de su punto de vista en un punto fundamental: Hodgson no alcanza a comprender que ”América (Estados Unidos) nació como una idea, y en consecuencia tiene que llevar esa idea hacia adelante”.

La idea está revelada por el nacimiento de Estados Unidos como una ”ciudad en una colina”, escribe Cohen, ”una noción inspiracional” que reside ”profundamente en la psiquis americana”.

En pocas palabras, el error de Hodgson es que está limitándose a ”las distorsiones de la idea americana en décadas recientes”.

Volvamos la mirada, entonces, a la ”idea” de Estados Unidos.

La frase inspiracional ”ciudad en una colina” fue acuñada por John Winthrop en 1630, pidiéndola prestada del Evangelio y delineando el futuro glorioso de una nación nueva ”ordenada por Dios”.

Un año antes, su Colonia de la Bahía de Massachusetts estableció su Gran Sello. En él aparece un indio con un pergamino que sale de su boca. En él se ven las palabras, ”Come over and help us” (”Vengan acá y ayúdennos”). Los colonos británicos eran, pues, humanistas benevolentes, que respondían a los ruegos de los miserables nativos que deseaban ser rescatados de su amargo destino pagano.

Esta declaración temprana de ”intervención humanitaria”, para emplear el término actualmente popular, resultó muy similar a sus sucesoras, al llevar horrores en su ruta.

Algunas veces hay innovaciones.

Durante los 60 años pasados, víctimas en todo el mundo han soportado lo que el historiador Alfred McCoy describe como ”revolución en la cruel ciencia del dolor” de la CIA, en su libro publicado en 2006 A Question of Torture: CIA interrogation, from the Cold War to War on Terror (Un asunto de tortura: Interrogatorios de la CIA, desde la Guerra Fría hasta la guerra contra el terrorismo).

Con frecuencia la tarea de torturar es subcontratada a subsidiarias. Pero el llamado ”submarino” es uno de los métodos con décadas de antigüedad que aparece con escasos cambios en Guantánamo.

La complicidad en la tortura frecuentemente aparece en la política exterior de Estados Unidos. En un estudio realizado en 1980, el científico político Lars Schoultz encontró que la ayuda estadounidense ”ha tendido a fluir en forma desproporcionada hacia gobiernos de América Latina que torturan a sus disidentes… a los relativamente atroces violadores de los derechos humanos”.

El estudio de Schoultz y otros que llegaron a conclusiones similares precedieron los años Reagan, cuando el tópico no valía la pena de ser estudiado porque las correlaciones eran tan abrumadoramente claras. Y esa tendencia continúa estando presente sin modificaciones significativas. No es extrañar, entonces, que el Presidente nos aconseje mirar hacia adelante, no hacia atrás: sin duda una doctrina conveniente para aquellos que tienen en sus manos los garrotes. Los que son golpeados por ellos tienden a ver el mundo en forma diferente, para nuestro gran fastidio.

Entre los imperios, el ”excepcionalismo” está cerca de ser universal. Francia estaba aclamando su ”misión civilizadora” mientras el ministro francés de Guerra hacía un llamado para ”exterminar la población indígena de Argelia”.

La nobleza británica era ”una novedad en el mundo”, declaró John Stuart Mill, al tiempo que urgía a esta potencia angélica a no postergar más tiempo su liberación de la India. El ensayo clásico de Mill, A Few Words About Non-Intervention (”Unas pocas pala- bras acerca de la no intervención”) fue escrito inmediatamente después de la revelación pública de las aterradoras atrocidades de la Gran Bretaña al suprimir la rebelión de 1857.

Tales ideas ”excepcionalistas” no son sólo convenientes para el poder y el privilegio, sino también perniciosas. Una razón es que tales ideas anulan crímenes reales que están ocurriendo. La masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam fue un mero pie de página para las vastamente mayores atrocidades de los programas de pacificación posteriores al Tet. El allanamiento de Watergate que hizo caer a un presidente de Estados Unidos fue sin duda un acto criminal, pero el furor que generó desplazó crímenes internos y en el extranjero que fueron incomparablemente peores: el bombardeo de Camboya, para mencionar sólo un horrible ejemplo.

Muy habitualmente, las atrocidades selectivas tienen esa función.

La amnesia histórica es un fenómeno muy peligroso, no sólo porque socava la integridad moral e intelectual, sino también porque prepara el camino para crímenes que se encuentran más adelante.

Fuente: http://www.telesurtv.net/noticias/opinion/932/una-tradicion-de-tortura/
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Enriquecimiento Ilícito: la ley, la norma y la excepción APRA-ROSALES: una traición al Perú

Un análisis interesante publicado por Telesurtv sobre las causas y consecuencias sobre asilo otorgado a Manuel Rosales.

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Por: Alejandro F. Loarte

Enriquecimiento Ilícito: la ley, la norma y la excepción
APRA-ROSALES: una traición al Perú

La moraleja aquí es trágica para el pueblo peruano y su sistema de justicia. Al pueblo peruano porque se le obliga a recibir y convivir con un criminal que se ha enriquecido ilícitamente siendo servidor de su pueblo de origen. Al sistema judicial peruano porque su tradición humanitaria y su espíritu justiciero y civilizado vuelven a ser traicionados bajo un falso e hipócrita humanitarismo que disfraza la ética de corrupción y manipulación política que caracteriza al gobierno del Apra y Alan García.

Por: Alejandro F. Loarte
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El Art. 401 del Código Penal peruano, modificado por Ley 27482 del 15 de Junio del 2001 y Ley 28355 del 6 de Octubre del 2004, establece el enriquecimiento ilícito como un crimen. “El funcionario o servidor público que ilícitamente incrementa su patrimonio, respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar razonablemente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco anos ni mayor de diez anosÂ…”. La pena se extiende a dieciocho años si el funcionario ha ocupado un cargo de alta dirección en entidades de administración pública o empresas estatales. El primer indicio de enriquecimiento ilícito se observa cuando el patrimonio personal del servidor público es notoriamente superior a su declaración jurada de bienes y rentas obtenidos en virtud a su sueldo o emolumentos.

Aunque de innegable necesidad y urgencia, la aplicación de ese dispositivo sufre de crónica e invasiva debilidad al punto que notorios y múltiples casos de enriquecimiento ilícito permanecen impunes merced a la corrupción o al olvido manufacturado. Detenerse en estos casos, incluido el del propio presidente Alan García por su gestión 1985-1990, es de poca utilidad en este artículo, además que ocuparía demasiado espacio. De importancia significativa de mención es sin embargo el caso del exjefe de inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), Vladimiro Montesinos. Aquí no hubo impunidad. Aquí la justicia brillo como perla. La Sexta Sala Penal Anti-corrupción halló culpa por enriquecimiento ilícito (dilapidación del dinero público utilizando testaferros, familiares y terceras partes para abrir millonarias cuentas en el exterior), privo de libertad a Montesinos por diez anos, e impuso una reparación civil a favor del Estado por la suma de quince millones de dólares.

Si la ley fuera aplicada con la ceguera propia de una verdadera justicia el país se sumiría en un sustancial vacío de poder. Pocos servidores públicos se salvarían. El reciente caso Petro-currupcion, por ejemplo, privaría de libertad por comisión de negocios ilícitos no solo a Alberto Quimper sino a otros altos funcionarios de la administración Aprista quienes además de cometer actos de peculado salen en defensa de extranjeros con similar tendencia criminal. Es así como Jorge del Castillo, ex premier de la administración Aprista y sospechoso de peculado se convierte en segundo defensor del ex gobernador y ex alcalde venezolano, Manuel Rosales, que ahora disfruta de libertad en territorio ajeno en su condición de asilado político.

Tradiciones y Traiciones

El presidente Alan Garcia y el Canciller Jose Antonio Garcia Belaunde, en explicación oficial, sostienen que la decisión de otorgar asilo al venezolano Manuel Rosales expresa la fiel “tradición histórica y de compromiso con el derecho internacional” en materia humanitaria.

En honor a la verdad, el Perú se adhirió a la Convención de Ginebra de 1951 quince anos después de su creación (Diciembre 1964, durante el primer gobierno de Belaunde) y al Protocolo de 1967 dieciséis años más tarde (Setiembre 1983, durante el segundo gobierno de Belaunde). Ambos tratados son la piedra angular en materia de derecho internacional sobre refugio y asilo político a los cuales están adheridos más de 144 países. La Ley No. 27840, Ley de Asilo Político peruana, que expresa los principios humanitarios del derecho internacional fue promulgada hace apenas seis años y medio (Octubre 12 del 2002, durante el gobierno de Toledo). Traicionar esta “tradición” legal humanitaria del Perú seria un doble crimen contra el estado y contra la condición humana. Al otorgar asilo a Manuel Rosales, el Apra y Alan García dicen no haber traicionado esa tradición humanitaria del Perú.

Sin embargo, la determinación de si el gobierno afirma o traiciona esa tradición está dada por la aplicación de ese marco jurídico en casos específicos. Es en la calificación de alguien como “perseguido político” y por lo tanto a quien se debe dar amparo donde se verifica la fidelidad al espíritu humanitario de una tradición. Javier Valle Riestra en su defensa de Rosales aplica la teoría comodín del “delito político” según la cual un perseguido por delito común puede ser aun considerado perseguido político si sus actos fueron políticamente motivados. Un argumento tal viola el espíritu del Articulo 7 de la Ley 27840 que dice “No podrá otorgarse Asilo por la comisión de delitos comunes, incluidos el terrorismo y narcotráfico, así como los crímenes más graves de trascendencia internacionalÂ…”

Aproximadamente el 10% de asilados (56) en el Perú son de origen venezolano: 54 fueron militares alzados contra Carlos Andrés Pérez, 2 militares retirados (Wismerkick Enrique Martínez Medina y Gilberto José Landaeta Vielma, 2003), 1 sindicalista (Carlos Ortega, 2007) y el ex gobernador del estado de Yaracuy (Eduardo Lapi, 2008) participaron en complots, sabotaje y el golpe en contra del estado constitucional democrático Bolivariano. Todos estos casos se distinguen en que los actos aludidos como causa de persecución pudieron tener alguna evidencia de motivación política. Pero Manuel Rosales siempre gozo de sus libertades políticas plenas: el gobierno Bolivariano le amnistió de su complicidad en el golpe de estado de Abril 11, 2002; posteriormente fue gobernador del estado de Zulia por cuatro años, fue candidato presidencial de la oposición en el 2006, y finalmente fue elegido alcalde de la ciudad de Maracaibo en Noviembre del 2008. Por ninguno de estos actos públicos Rosales ha sido perseguido.

A raíz de un informe de la Contraloría General de la República Bolivariana de Julio del 2007, el Ministerio Publico acuso a Rosales por enriquecimiento ilícito tras revisar solo dos años (2002-2004) de declaración jurada durante su gestión como gobernador del estado de Zulia. Rosales no explico el origen de $68,500 dólares, la compra de mansiones en La Virginia, Maracaibo y Miami por un valor de $1, 500,00, $799,000, y $306,000 dólares respectivamente, el registro de 13 empresas, el depósito ilegal de divisas en cuentas extranjeras, transacciones de millones de dólares en bancos de Estados Unidos, la compra de 400 cabezas de ganado y más de una decena de haciendas, y la donación de 200 vehículos (entre camionetas y motos) propiedad de la gobernación de Zulia, entre los cargos más notorios. Rosales no compareció a los citatorios probatorios y después de la tercera rebeldía, en Abril 20, se ordeno su captura. Para esta fecha, Manuel Rosales ya se encontraba en territorio peruano como turista. El mismo código penal peruano determinaría que cada uno de estos actos constituye notoriamente un delito común. La única diferencia aquí es que este múltiple delito común fue perpetrado por un político (un profesor rural que fue elevado a servidor público elegido por el pueblo para gobernar el estado de Zulia) por lo que el crimen se cataloga como enriquecimiento ilícito. En consecuencia, queda demostrado clara y convincentemente que el autor –en este caso Manuel Rosales, es un criminal y no un perseguido político.

Pero el gobierno del Apra y Alan García, siguiendo la teoría comodín del “delito político” de Javier Valle Riestra, soslaya el elemento justiciero y civilizado de la tradición jurídica humanitaria del Perú; prescinde del Articulo 7 de la Ley de Asilo que descalifica a cualquier solicitante que haya cometido delitos comunes, y, sin escrúpulo, determina que Manuel Rosales es un perseguido político del régimen Bolivariano de Venezuela por lo que le otorga protección bajo el estatus de asilado. El gobierno peruano alega que su decisión es soberana y que no viola ningún tratado bilateral de extradición existente entre Perú y Venezuela.

Mas allá de la explicación oficial, lo que queda claro sin embargo es que: a) El gobierno del Apra y Alan García ha cometido infidelidad a la tradición legal humanitaria del derecho internacional al cual el Perú adhiere y cuyo espíritu justiciero y civilizado asume y traduce en legislación nacional. Según los convenios y protocolos internacionales pertinentes, se establece persecución política cuando la causa se relaciona a factores raciales, religiosos, de nacionalidad, pertenencia a algún grupo social u opinión política.

El de Rosales es un típico caso de persecución por delito común como lo contempla el derecho criminal internacional y la legalidad de su país de origen que adhiere a un régimen democrático constitucional. b) Además, el gobierno del Apra y Alan García perpetra un acto de traición a la patria peruana. Otorgar el estatus de asilado político a uno que en el desempeño de altas funciones en la administración pública de su país, cargo además conferido por voto popular, haya “ilícitamente incrementado su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda justificarlo razonablemente” es una traición vergonzosa del Articulo 55 de la Constitución Peruana, del Código Penal y de la Ley de Asilo donde se penaliza (y por cual motivo se excluye) a quienes perpetran enriquecimiento ilícito. Y como consecuencia de tal traición la dignidad territorial y seguridad nacional del Perú se ven amenazadas ahora que se hospeda a un criminal cuya estadía de él y su familia (al amparo de la ‘unidad familiar’) será indefinida y pagada por todos los peruanos.

Finalmente, el gobierno del Apra y Alan García no solo no ve lo evidente. Padece de amnesia en algún grado y carece de vergüenza diplomática, por decir lo menos. En Junio del 2001, Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori fue arrestado en su escondite dentro de Venezuela. El gobierno peruano de entonces, administrado por Alejandro Toledo solicito su inmediata extradición por comisión de enriquecimiento ilícito; el gobierno Bolivariano del presidente Hugo Chávez no dudo de la naturaleza del delito, y procedió sin demora con devolverlo a la justicia peruana. Montesinos estaba acusado de dilapidación del dinero público mediante testaferros, familiares y terceras partes, abriendo millonarias cuentas en el exterior. La justicia peruana ordeno su privación de libertad por diez anos e impuso una reparación civil a favor del Estado por la suma de quince millones de dólares. Si el gobierno del Apra tiene como dice Alan García “una posición de amistad con el Gobierno Venezolano” lo menos que podría haber hecho, en aras de la reciprocidad diplomática, es devolver a Manuel Rosales ante la justicia venezolana.

La moraleja aquí es trágica para el pueblo peruano y su sistema de justicia. Al pueblo peruano porque se le obliga a recibir y convivir con un criminal que se ha enriquecido ilícitamente siendo servidor de su pueblo de origen. Al sistema judicial peruano porque su tradición humanitaria y su espíritu justiciero y civilizado vuelven a ser traicionados bajo un falso e hipócrita humanitarismo que disfraza la ética de corrupción y manipulación política que caracteriza al gobierno del Apra y Alan García.

FUENTE:http://www.telesurtv.net/noticias/contexto/895/apra-rosales-una-traicion-al-peru/ (más…)

Propuesta inmadura

Es un artículo publicado por la Revista Agraria de CEPES, un artículo que da pie a hacer la siguiente pregunta: ¿Aún más se va promover la monopolización de las frecuencias de radio difusión? ¿Será que urge realizar una reforma de las frecuencias de radio difusión? para que las frecuencias está alcance de las comunidades, asociaciones sin fines de lucro, personas naturales que tengan interés comercial pero también cultural, educativo y no solo de un grupo de banqueros y empresarios que solo buscan rentabilidad, lucro. ASÍ NOOOO.
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Propuesta inmadura
Proyecto de modificación del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión debe ser revisado
Por Carlos Rivadeneyra Olcese. Director de Comunicaciones, Cepes.

El viernes 16 de enero se publicó el proyecto de decreto supremo que modificaría el vigente Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. La propuesta incluye cambios en 18 artículos, y se añadirían incisos en cuatro artículos más. Las razones aducidas de esta iniciativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) son facilitar los servicios de radiodifusión comunitaria, posibilitar la inversión extranjera en medios de comunicación nacionales y concordar su nomenclatura al nuevo organigrama del ministerio. A continuación, ofrecemos un breve análisis crítico de los puntos más saltantes de la propuesta, desde el punto de vista de la participación social en los medios masivos de comunicación.

Los alcaldes y sus radios.
Los alcaldes no podrán solicitar licencia de radio y televisión en las localidades donde ejercen sus funciones; es decir, no en el distrito del que son alcaldes, aunque sí podrán solicitarla en otros distritos, vecinos. Con esto se trata de limitar el uso propagandístico de la radiodifusión a favor de la gestión edil desde los medios de comunicación de propiedad del mismo alcalde.

Inversionistas extranjeros: ¡bienvenidos!
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, del 13 de julio de 2007, respecto a la aplicación del principio de reciprocidad de trato para las inversiones extranjeras, se propone modificar un artículo de la norma en cuestión, de tal manera que se permita la participación de inversionistas extranjeros en los medios de comunicación peruanos sin límite alguno, siempre y cuando el país de origen de la empresa inversionista permita la participación de capital peruano en los medios de dicho país.

Tercerizando.
Se propone modificar el artículo 42 del reglamento mencionado, señalando que la elaboración de las bases y la conducción de los concursos para el otorgamiento de licencias de radio y televisión pueden ser encargadas a «otra entidad ». Es decir, el Viceministerio de Comunicaciones ya no sería necesariamente el responsable de dicha tarea, sino que ésta podría ser tercerizada. Entregar tal responsabilidad a «otra entidad» resulta carente de toda precisión, amén de resultar inconsistente con el interés que siempre ha mostrado el MTC por administrar las licencias de radiodifusión. Los concursos referidos se realizan cuando en una localidad determinada (distrito o provincia) existe una demanda que supera a la oferta de estaciones de radio y/o televisión, y se concursa entonces por las licencias disponibles.
Como se ha mencionado en otras oportunidades en LRA, estos concursos son, en la práctica, subastas públicas, pues la propuesta económica representa el 55% del puntaje, lo que le da un peso decisivo en el otorgamiento de la licencia. Si a esto, ahora, se le va a sumar que «otra entidad», diferente del MTC, tiene facultad para conducir dichos concursos, ¿no estamos acaso frente a un exceso de entusiasmo privatista?

Ya no es automática.
Una novedad que, de seguro, provocará una discusión que aún no se ha dado en los medios de comunicación del país, es la modificatoria propuesta al artículo 67 del reglamento, por la cual la renovación de las licencias no será «automática », como sucede en la actualidad.

Radios rurales y de interés social.
De acuerdo con la propuesta que se analiza, «el Estado promueve el desarrollo de servicios de radiodifusión, especialmente en áreas rurales, de preferente interés social o en zonas de frontera». La propuesta define como zonas rurales a aquellas localidades con menos de dos mil habitantes. Esta definición es diferente de la establecida por el INEI, que, siguiendo el concepto usado en el Censo Nacional de 2007, considera como poblado rural a aquella localidad con menos de cien casas agrupadas. Además, el término «jurisdicción» resulta vago, ya que no queda claro si se refiere a centro poblado o distrito, un detalle importante en el caso de poblaciones rurales. Por otro lado, la propuesta define como localidades de «preferente interés social» a los distritos que se encuentran en los quintiles 2 y 3 del mapa de la pobreza de Foncodes.
Ello incluye a 919 distritos —la mitad de los existentes en el país—. Sin embargo, no se explica por qué no se considera a los distritos más pobres, es decir, los ubicados en el primer quintil del mapa de la pobreza.
Además, se indica que se permitirá el establecimiento de una radio comunitaria, con los beneficios de ley, siempre y cuando no exista en dicho distrito ninguna estación de radiodifusión. Esto podría inducir a error, ya que en algunos de estos distritos en pobreza existen repetidoras de emisoras de carácter comercial, que desarrollan, como es de entender, un trabajo comunicacional muy diferente del de una emisora comunitaria. Por último, resulta incomprensible cómo se excluye de ser contabilizadas a las emisoras del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC), grupo de emisoras instaladas por el propio MTC y que repiten la señal de Televisión y Radio Nacional.
En otras palabras, a estas emisoras se les está definiendo un régimen especial y diferente del de las emisoras comerciales, educativas y comunitarias, lo cual no tiene nada de malo, pero creemos que debería ser definido en el marco de los medios estatales.

Camino por recorrer
Una de las razones aducidas por el MTC para sustentar su propuesta de modificación del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión es el establecimiento de un «procedimiento simplificado» para la radiodifusión comunitaria en áreas rurales, lugares de preferente interés social y zonas de frontera. Sin embargo, en el proyecto de decreto supremo no existe ninguna mención a la simplificación del procedimiento para lograr una licencia de funcionamiento. Esta omisión resulta lamentable en vista de que uno de los mayores anhelos de los radiodifusores rurales y comunitarios es simplificar el procedimiento para tramitar sus licencias: ser atendidos, por ejemplo, en la capital departamental. Hasta la fecha, las gestiones para lograr una licencia de radio o televisión se continúan haciendo en la sede central del MTC, en Lima.
Si bien la modificación del Reglamento de la Ley de Radio y TV es necesaria, esta propuesta es aún superficial, ya que quiere facilitar el acceso a las licencias de radio y televisión comunitaria y no logra realmente dar con los problemas más álgidos, entre los cuales se cuenta el costo por la elaboración de los expedientes para solicitar licencia, y la descentralización de los trámites. Se debe tomar en cuenta que en nuestro país existen muchas emisoras que funcionan sin licencia, y bien valdría la pena hacer un estudio para proponer, en el marco de esta modificación reglamentaria, una metodología que ayude a formalizar los servicios de radiodifusión e nivel nacional.

Ejemplo uruguayo
Desde el 9 de enero de 2008, la República Oriental del Uruguay tiene una Ley de Radiodifusión Comunitaria, catalogada por muchos como un ejemplo democrático y una «ley pionera en América Latina, ejemplo en términos de inclusión e igualdad», en palabras de Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre los puntos más importantes de esta ley podemos señalar la reserva de, por lo menos, un tercio del espectro radioeléctrico para los servicios de radiodifusión comunitaria, en modalidades de emisión análoga y digital. Además, este tipo de radiodifusoras tienen carácter de intransferibles (a diferencia de las comerciales); no tienen fines de lucro; pueden ser urbanas y rurales, y pueden ser compartidas: si en alguna localidad (urbana o rural) existen instituciones sociales que quieren ser radiodifusores, pero no tienen la capacidad de hacerlo a título individual, puede autorizarse una señal comunitaria de uso compartido, es decir, manejada en diversos horarios y/o días de la semana por varias instituciones sociales sin fines de lucro. Medidas así, sin duda, alientan la presencia, en los medios masivos de comunicación, de diversos y diferentes actores de la vida social.

Fuente: http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra106/LRA106-12-13.pdf
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Gripe procina vs. Petroaudios

Mientras que los medios escritos y habladas nos
están atosigando con el tema de la gripe porcina, ¿qué estará sucediendo con el caso petroaudios?. alguien está saliendo beneficiado con esta coyuntura. Ojo, pestaña y ceja, como reza el refrán. al menos aparece uno, según el diario La Primera:

La Tercera Sala Anticorrupción resolvió ayer exculpar al ex ministro aprista Rómulo León, Alberto Químper, Fortunato Canaán, Ernesto Arias Schreiber y Rómulo León Romero, del cargo de asociación ilícita para delinquir, con lo cual los liberó de la posibilidad de ser condenados a severas penas de cárcel y abrió el camino para su posible absolución.

La decisión constituye un paso hacia la impunidad de los integrantes de la red de corrupción que llegó a altos niveles del gobierno y cuyo descubrimiento provocó en octubre pasado una crisis ministerial en la que renunció el hasta entonces primer ministro, Jorge del Castillo, tras divulgarse los llamados “petroaudios”, en los que León y sus cómplices coordinaban acciones sobre el uso de sus vínculos en el gobierno para grandes negociados en los rubros del petróleo y la construcción.

Apoyándose en lo resuelto en primera instancia por el juez anticorrupción Jorge Barreto, la Sala estimó además que los contenidos de los petroaudios no configuran prueba válida por la forma ilegal en que habrían sido obtenidos (chuponeo) y se negó a considerar los contenidos como evidencia de una concertación y actuación en banda, como lo sostenía la Fiscalía. De hecho, esta parte de la acusación era crucial para la ampliación de las investigaciones hacia poderosos personajes mencionados en las conversaciones telefónicas y en los mail intercambiados por los procesados.

León estaba originalmente acusado de diversos delitos, entre ellos: asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible, patrocinio ilegal, encubrimiento y tráfico de influencias. La pena mínima por asociación ilícita para delinquir es de cinco años de prisión efectiva, pudiendo ser mayor de acuerdo al criterio del juzgador. En opinión de los especialistas, la exculpación de quienes fueron calificados de “ratas” por el presidente Alan García, a los pocos días del escándalo, abre la opción de que varios de ellos sean exculpados. Y es particularmente importante para que el caso no toque a García.

Con anterioridad, el Congreso salvó a Jorge del Castillo y varios ex ministros de sus responsabilidades en la gestión de intereses particulares desde un alto cargo público, a pesar de toda la evidencia acumulada en base a los petroaudios y petromails incautados a Rómulo León y sus socios y a las declaraciones de los inculpados y testigos.

Por otra parte, en el caso paralelo de las intercepciones telefónicas (chuponeo), seguido contra el grupo de amigos del vicepresidente Giampietri, que actuaban a través de la empresa Business Track, con múltiples contratos de services con el Estado y empresas trasnacionales, se observa igualmente una tremenda presión política para paralizarlo e impedir que se conozca la información que se había acumulado en los archivos de las escuchas a diversos personajes.

Todo apunta pues a resolver sigilosamente el caso del ex ministro de Pesquería y limpiarlo como se ha hecho en otros tantos casos de corrupción, ocultando su conexión con el gobierno. Luego de eso se supone que vendrá el entierro del proceso sobre el “chuponeo”. Y el gobierno habrá dejado atrás la más grave de sus crisis. El país una vez más verá como los culpables quedan impunes.

Raúl Wiener
Redacción
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=37614 (más…)

Uribe recibe premio en España en medio de protestas

Una noticia que indigna, pues Alvaro Uribe a dado pocas señales de respetoo a los derechos humanos, porque la libertad es unos derechos fundamentales.
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Uribe recibe premio en España en medio de protestas
Álvaro Uribe recibe en España el premio “Cortes de Cádiz a la Libertad” en medio del rechazo generalizado de organizaciones de DDHH que lo consideran como un insulto a los propios Derechos Humanos.
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Por: Hebe Schmidt (desde Madrid)
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Con pancartas donde podían leerse slogans como ”Uribe Parademócrata, España Cómplice” y ”Uribe Asesino”, alrededor de 200 personas se manifestaron en Madrid, frente a la embajada de Colombia para repudiar la entrega del premio ”Córtes de Cádiz a la Libertad”, al presidente colombiano Álvaro Uribe.

Para el abogado español Enrique Santiago Romero, experto en DDHH e integrante de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, que confirma un incremento de las ejecuciones extrajudiciales en ese país desde la implementación de la Política de Seguridad Democrática impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe desde 2002, ”la entrega del premio de DDHH de la ciudad de Cádiz es un insulto a la inteligencia, un descrédito absoluto para el citado premio y un ofensa a los defensores de los Derechos Humanos, sencillamente porque Uribe está acusado de vulneración y violación sistemática de los DDHH, tanto en su mandato como Gobernador de Antioquia como en sus dos mandatos presidenciales. Además de que se lo sindica como instigador de grupos paramilitares y como responsable de haber ordenado varias masacres”.

También rechazaron el otorgamiento del premio más de un centenar de organizaciones de todo el mundo que señalan al mandatario colombiano como ”cómplice” de delitos de lesa humanidad.

El Premio ”Cortes de Cádiz a la Libertad”, fue concedido por el Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz en reconocimiento a la labor del mandatario contra el terrorismo, en una ceremonia presidida por los Príncipes de Asturias y celebrado en la residencia del embajador de Colombia en España, en Madrid. Uribe recibió el premio de manos de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, del Partido Popular (PP) y posteriormente lo dedicó a los ”miles de soldados y policías mutilados” por las minas antipersonales en Colombia, y a sus familias.

Aunque obtuvieron escasa repercusión mediática, las quejas de los numerosos colectivos que rechazaron la concesión del premio a Uribe surtieron eco y obligaron a trasladar de sitio la ceremonia por lo menos en dos ocasiones. En principio, el acto de entrega del premio iba a tener lugar en la austral ciudad de Cádiz, pero ante las anunciadas movilizaciones en protesta de este hecho, ”la alcaldesa del lugar, no se atrevió a entregarlo allí”, detalla Fran Pérez Esteban, Secretario de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de Izquierda Unida de España. Posteriormente, se convino que la ceremonia se haría en Casa de América – ubicada en una de las zonas más céntricas y turísticas de Madrid- . Lo cierto es que ”las asociaciones defensoras de los DDHH hemos logrado `arrinconar’ a Uribe en su propio territorio y que no le quedó otra opción que recibir este premio en la misma embajada de Colombia, es decir en territorio colombiano, cuando seguramente, para él, hubiera sido todo un logro recibirlo en la sede oficial del Ministerio de Exteriores”, agrega Pérez Esteban.

Por su parte, la Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CCOO señaló, comunicado mediante, que quien concede el premio al ejecutivo colombiano ”ignora la realidad de falta de libertades y de violaciones de derechos humanos existente en Colombia”.

La entrega del premio fue considerado como un ”agravio” para los refugiados colombianos en España, ”y para las familias de los muertos en Colombia”, explica Teófilo Rangel, refugiado colombiano y secretario general del Centro Internacional para la Promoción, Protección e Investigación de los Derechos Humanos en España (CINPROINDH). Rangel consideró también que quienes entregaron este premio Uribe ”desconocen absolutamente la historia de Colombia y de este personaje -en referencia al presidente Alvaro Ubirbe”. Por su parte, y según agrega Santiago Romero, ”no hay duda de que la alcaldesa de Cádiz ha querido realizar una descomunal provocación a los defensores de los derechos humanos, otorgando un premio en DDHH a una persona responsable de la comisión de sistemáticos crímenes de Lesa Humanidad. Y ello sin entrar en valorar las responsabilidades de Uribe por las prácticas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia -denunciadas por la ONU, por la OEA y por varias misiones de observación y reconocido por el propio gobierno colombiano”.

Alrededor de las 12.15 del mediodía, los efectivos de la Policía Nacional disolvieron la concentración frente a la Embajada de Colombia, en Madrid, en contra de la concesión del premio Cortes de Cádiz a la libertad otorgado al presidente de este país.

Según la policía la concentración no había sido autorizada en este sitio. Aunque Franz Pérez, de Izquierda Unida, explicó a Telesur que ”la manifestación estaba autorizada en el lugar donde en principio se iba a efectuar la entrega del premio, es decir en Casa de América, pero que a última hora se cambió a la Embajada de Colombia sin que se volviera a autorizar, en este nuevo emplazamiento”.

Entre los manifestantes, había integrantes de UGT, Izquierda Unida, Justicia por Colombia, Cristianos de Base y Ecologistas en Acción colectivos de refugiados colombianos, el Comité Óscar Romero y de CCOO. Esta última organización, también rechazó, comunicado mediante, la concesión del premio a Uribe porque ”tres de cada cuatro sindicalistas asesinados en el mundo son de Colombia”.

FUENTE:http://www.telesurtv.net/noticias/contexto/874/uribe-recibe-premio-en-espana-en-medio-de-protestas/
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Excelentes propagandistas de Manuel Rosales

Excelentes propagandistas de Manuel Rosales
Anoche en el programa Cuarto Poder de >América TV, Javier Valleriestra propagandista de Manuel Rosales ex o es alcalde junto con Rosa María Palacios han hecho una excelente propaganda:
Rosa maría Palacios “considera a Rosales como un líder en ascenso en popularidad en Venezuela, pero no dijo que Rosales perdió en las últimas elecciones”. “También dijo que Rosales le está procesando por equivocación en la declaración jurada, pese a que había rectificado, pro no dijo que Rosales está siendo procesado por desbalance patrimonial y por donaciones indebidas de bienes del estado a sus allegados y por último prácticamente conminó a García Pérez diciendo que cumpla con su lema de campaña “Chávez o Perú”, cosa curiosa. y Valleriestra recordándole los asilos de los apristas

Sería bueno contrastar los argumentos de Valleriestra y cía con lo publicado en volairenet http://www.voltairenet.org/article159688.html
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¿Manuel Rosales escapando de la justicia venezolana?

Ahora que Manuel Rosales está en Perú buscando asilo, sería bueno que el gobierno debe deportarlo a Venezuela para se presente ante la Justicia Venezolana y también que diga Rosales por qué está siendo procesado en Venezuela y que no se haga la víctima de Chávez. Acontinuación un artículo publicada por Voltairenet. Mejor les invito a que den una chequeada.

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Corrupción y ambición
La oposición venezolana y la democracia

La justicia venezolana acusa de corrupción a los líderes de la oposición, al alcalde de Maracaibo (derecha) y al presidente del partido «Podemos» (izquierda), quiénes se defienden acusando a su vez de complot político. Deprovistos de una perspectiva electoral y frente a un presidente Chávez que ha ganado catorce consultaciones populares de quinze realizadas, la oposición opta por la estrategia de reconquistar el poder por la fuerza. El alcalde de Caracas ha nuevamente hecho un llamado al ejército para que haga un golpe de Estado para derrocar a Hugo Chávez.
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Manuel Rosales, principal líder de la oposición, candidato presidencial derrotado en el escrutinio de diciembre de 2006 y actualmente alcalde de la ciudad de Maracaibo, está en el punto de mira de la justicia venezolana. Es sospechoso de corrupción y de enriquecimiento ilegal durante su mandato como gobernador del Estado de Zulia entre 2002 y 2004. Confirmando las sospechas en su contra, en vez de presentarse ante la justicia y probar su inocencia, Rosales prefirió fugarse, acusando al mismo tiempo al presidente Chávez de ordenar su arresto. [1]
La fiscal de la República Katiuska Plaza subrayó que Rosales fue incapaz de justificar la procedencia de los fondos que aumentaron sustancialmente el valor de su patrimonio personal. Éste, si es reconocido culpable, arriesga entre 3 y 10 años de prisión. Interrogado por la agencia de prensa estadounidense Associated Press , el abogado de Rosales, Álvaro Castillo, no quiso dar más detalles. [2]
Rosales, cuyo juicio se transfirió a Caracas después de que se entrevistara con cuatro jueces del Estado de Zulia, es sospechoso, entre otras cosas, de donar más de 300 vehículos pertenecientes al Estado a familiares y amigos, de abrir empresas en Miami cuyos activos superan los 11 millones de dólares y de recibir sobornos por parte de la empresa alemana Siemens para la construcción del metro de Maracaibo. Esta multinacional reconoció que había pagado ciertas sumas para conseguir el contrato, sin citar ningún nombre. [3]
Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo, al cual pertenece Rosales, confirmó la fuga del alcalde de Maracaibo, acusando al gobierno bolivariano de intentar eliminar a un adversario político. No obstante, omitió precisar que el enjuiciamiento de Rosales en 2009 en realidad no es más que la consecuencia de una investigación que se abrió en septiembre de 2004, es decir hace casi cinco años. [4]

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Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional , rechazó las acusaciones de Barboza: “Incurrió en una cantidad de delitos que no son políticos, son hechos de corrupción, delitos de enriquecimiento ilícito” . Añadió que Rosales, además de huir de sus responsabilidades personales frente a la justicia venezolana, ya no asumía sus obligaciones como alcalde de la ciudad de Maracaibo. [5]
Por su parte , el Ministro de Información Jesse Chacón afirmó que las pruebas contra Rosales eran suficientemente numerosas para que fuera presentado ante la justicia: “Se han presentado una serie de hechos que están contenidos en un expediente, de casas, haciendas y centros comerciales que están a su nombre y de sus familiares, y el problema no es que se acuse sino que se defienda” . Rechazó los intentos de politización de un asunto de corrupción: “La pregunta es si existen o no suficientes indicios para llevar adelante una indagatoria y en el caso de Rosales se sabe que los hay” . [6]
Chacón admitió que no estaba sorprendido por el comportamiento de la oposición. “Siempre se ha comportado así. Eso mismo se pudo ver con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002; el día 12 salieron todos en los medios de comunicación, todos habían participado en el golpe, pero el 14 nadie habló, aquí no hubo ningún golpe de Estado” , añadió en tono sarcástico, en referencia al rechazo del Tribunal Supremo de la época, controlado por la oposición, de admitir la realidad de un golpe de fuerza del golpista Pedro Carmona Estanga. [7]
En efecto, Manuel Rosales participó activamente en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. Firmó el decreto que disolvió todas las instituciones de la nación. Después, el Tribunal Supremo lo absolvió mediante un veredicto que levantó la indignación de la sociedad venezolana. El 3 de abril de 2009, la justicia condenó a tres comisarios y seis policías responsables de los asesinatos de manifestantes en abril de 2002. Fueron las primeras condenas de responsables de crímenes perpetrados durante el golpe. [8]
Rosales debe presentarse a más tardar el 20 de abril de 2009 a nte el tribunal para responder a los 26 cargos en su contra. En caso contrario, se le considerará prófugo de la justicia. [9] Ha abandonado temporalmente sus obligaciones como alcalde por un período de 90 días. [10] Según algunas informaciones, se encontraría en Colombia. [11]
La denuncia que presentaron los abogados de Rosales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no fue admitida por dicha instancia, ilustrando así su desacuerdo con el intento de politizar un asunto de delincuencia común. [12]

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Raúl Isaías Baduel en detención preventiva
El 1 de abril de 2009, los servicios de inteligencia militar arrestaron al ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, general retirado y acérrimo detractor de Hugo Chávez. Se encuentra bajo sospecha de “sustracción de fondos” de la Fuerza Armada durante su mandato ministerial por importe de 14,5 millones de dólares. El general Ernesto Cedeño, fiscal general militar, señaló que existían “elementos de convicción suficientes” para enjuiciar a Baduel. [13]
Al igual que Rosales, el general Baduel, en vez de responder a las acusaciones, arremetió contra Hugo Chávez, a quien acusó de ser responsable de su arresto [14] . En realidad, Baduel fue llamado a comparecer cinco veces y no respondió a ninguna de las convocatorias. Por eso se le arrestó, enfatizó Cedeño [15] .
Por su parte , Chávez rechazó categóricamente las alegaciones de la oposición. [16] Las acusaciones de Rosales y Baduel contra el presidente son poco creíbles por una sencilla razón. La justicia venezolana también lanzó una orden de arresto contra Carlos Giménez, antiguo gobernador partidario del presidente, destituido en junio de 2008 a causa de un asunto de corrupción. [17]
El llamado al golpe de Estado de la oposición venezolana
La oposición venezolana ha optado por la desestabilización. Lanzó un llamado a la “resistencia democrática” frente a las reformas administrativas, económicas y sociales del gobierno bolivariano. En efecto, la Asamblea Nacional decidió confiar la gestión de los puertos, aeropuertos y autopistas al gobierno central con el fin de contrarrestar los planes secesionistas de algunos gobernadores. [18]
El alcalde de la capital , Caracas, Antonio Ledezma, lanzó un llamado al golpe de Estado: “Hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional a que tenga presente el concepto de la desobediencia” . Anunció la creación de un “frente nacional” contra Hugo Chávez. [19] El líder bolivariano es una “gran pesadilla” para los venezolanos, afirmó. No se dignó a explicar por qué los electores escogieron votar a favor de esa “gran pesadilla” catorce veces sobre quince desde 1998 cuando Chávez resultó electo por primera vez. [20]
La oposición venezolana está desempeñando un papel peligroso al negarse a reconocer a la vez la voluntad soberana del pueblo venezolano y la autoridad de Hugo Chávez. Éste es, sin lugar a dudas, el presidente que goza de la legitimidad democrática más importante de la historia de Venezuela y de América Latina. Al caer otra vez en los hierros del pasado y en la tentación golpista, la oposición aparece a los ojos del mundo como el principal obstáculo para la democracia.

Texto revisado por Caty R que pertenece a los colectivos de Rebelión .

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[1] El Nuevo Herald , «Fiscalía ordena arresto de alcalde y líder opositor», 20 de marzo de 2009; Fabiola Sánchez, «Acciones contra opositores elevan tensiones en Venezuela», 20 de marzo de 2009.
[2] Fabiola Sánchez, «Venezuelan Prosecutor Calls for Arrest of Opposition Leader on Corruption Charge», 19 de marzo de 2009.
[3] Casto Ocando, «La corrupción chavista no se investiga», 21 de marzo de 2009; Fabiola Sánchez, «Ordenan trasladar a Caracas el juicio al líder opositor Manuel Rosales», 25 de marzo de 2009.
[4] EFE , «Rosales en lugar ‘seguro’, pero el gobierno insiste en que huyó», 1 de abril de 2009.
[5] Agencia Bolivariana de Noticias , «CNE podría aplicar abandono de cargo a Manuel Rosales», 31 de marzo de 2009.
[6] Agencia Bolivariana de Noticias , «Si Rosales está en Venezuela debe dar la cara ante la justicia», 31 de marzo de 2009.
[7] Ibid.
[8] Agencia Bolivariana de Noticias , «Carlos Escarrá ratificó que Rosales no está en el país y evade justicia venezolana», 6 de abril de 2009; Fabiola Sánchez, «Condenan entre 17 y 30 años a policías por muertes de manifestantes», The Associated Press , 3 de abril de 2009.
[9] EFE , «Rosales deberá comparecer ante la justicia el 20 de abril», 1 de abril de 2009.
[10] The Associated Press , «Alcalde venezolano opositor se separa del cargo por proceso», 3 de abril de 2009.
[11] Agencia Bolivariana de Noticias , «Carlos Escarrá ratificó que Rosales no está en el país y evade justicia venezolana», op.cit.
[12] Agencia Bolivariana de Noticias , «Cancillería aclara que CIDH no admitió denuncia de Manuel Rosales», 3 de abril de 2009.
[13] Jorge Rueda, «Detienen a ex ministro de Defensa en Venezuela», The Associated Press , 2 de abril de 2009.
[14] The Associated Press , «Ex ministro responsabiliza a Chávez de su detención», 3 de abril de 2009.
[15] Agencia Bolivariana de Noticias , «Privación preventiva de libertad de Baduel garantiza la investigación», 3 de abril de 2009.
[16] Fabiola Sánchez, «Ex-Defense Minister Blames Chavez for Detention», The Associated Press , 3 de abril de 2009.
[17] EFE , «Ordenan arresto de ex gobernador afín a Chávez», 5 de abril de 2009.
[18] Agence France Presse , «Oposición venezolana declara resistencia democrática a gobierno de Chávez», 25 de marzo de 2009.
[19] EFE , «Ledezma llama a militares a no respaldar a Chávez», 28 de marzo de 2009.
[20] EFE , «El frente antichavista ‘no es una aventura’», 31 de marzo de 2009.

FUENTE: http://www.voltairenet.org/article159688.html
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