Educar en la prevención

La pobreza, la violencia y la falta de información afectan la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes del Perú, sobre todo en las zonas más alejadas y excluidas. Este hecho se refleja en las estadísticas, que muestran diferencias marcadas entre el promedio nacional de embarazo adolescente, del 13%, y el de regiones como la amazónica de Ucayali donde llega al 32% o el departamento andino de Huancavelica en el que la tasa supera el 20%.

Para Rocío Gutiérrez, responsable del proyecto proyecto SseR Jóvenes de la organización feminista Manuela Ramos, existe una contradicción entre la normatividad vigente en el Perú –que avala los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las y los adolescentes– y la práctica cotidiana, que demuestra enormes vacíos y dificultades que impiden brindar una atención adecuada a esta población. “Cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes nos referimos a un conjunto de derechos que pueden ser vulnerados cuando el Estado no atiende aspectos claves como una educación sexual integral oportuna y adecuada a los contextos culturales, cuando no hay abastecimiento de insumos para planificación familiar, no se brinda la consejería que debe existir según ley, ahuyentando a las y los adolescentes que acuden a los servicios para proteger su salud y vivir su sexualidad de manera plena, responsable y segura”, expresó en entrevista con el CLAM.

Gutiérrez considera que los derechos sexuales y reproductivos son estratégicos para el desarrollo nacional, porque contribuyen al ejercicio de la ciudadanía, la realización personal, una vida libre de violencia para las mujeres y a la erradicación del machismo y la promoción de la equidad entre los géneros.

La especialista también llamó la atención sobre contradicciones entre las normas, que obstaculizan la concreción de los derechos que tienen las y los adolescentes en esta área. “Por un lado, se avala la educación sexual integral a través de las escuelas públicas, pero por otro, existe la Ley No 28704, que sanciona las relaciones sexuales de los y las adolescentes, sin diferenciar si éstas son consentidas o no”, dijo, refiriéndose a la denominada Ley de Indemnidad Sexual, aun vigente pese a reiterados pedidos de derogación.

La existencia de la mencionada norma tiene un efecto perverso sobre las prácticas de prevención y cuidado que puedan querer aplicar las y los adolescentes, que no acuden a los servicios a pedir consejería por temor a ser sancionados por infringir la ley. Lo mismo ocurre cuando ya existe un embarazo; muchas veces la joven gestante opta por no asistir a los controles prenatales e inclusive por no tener un parto hospitalario para evitar complicaciones.

Por otro lado, argumenta Gutiérrez, es contradictorio que, mientras la Ley de Planificación Familiar señala que no hay una edad límite para recibir los servicios en este ámbito, la Ley General de Salud en su artículo 4 establezca que las y los adolescentes deben acudir a los servicios de salud acompañados de sus padres o tutores. “Esta disposición colisiona, además, con el derecho a la confidencialidad, derecho básico de la atención de salud”, añadió.

Propuestas desde las y los adolescentes y jóvenes

El proyecto Sser Jóvenes actúa en distritos populares de la zona sur de Lima y en las regiones Ayacucho, Huancavelica y Ucayali, que además de ser zonas de pobreza crítica, presentan preocupantes indicadores en salud sexual y reproductiva. Desde 2006, esta iniciativa ha logrado capacitar a más de dos mil adolescentes y jóvenes promotores para brindar a sus pares información adecuada que les permita tomar decisiones acertadas con respecto a su sexualidad, encaminándolos a prácticas sanas, responsables y placenteras.

“Lo que falta es información, recibir un consejo, una orientación en el momento preciso”, señala Génesis Rojas Santos, adolescente de la región de Ucayali, promotora del proyecto SseR Jóvenes. “No es que las adolescentes deseemos ser madres a una edad tan temprana: todas tenemos ilusiones y aspiraciones en la vida, pero cuando no hay oportunidades para tomar decisiones adecuadas, terminamos truncando nuestros proyectos”, agrega.

En tanto la falta de información es uno de los principales problemas a atacar, el objetivo de los líderes de Sser Jóvenes es llegar hasta las comunidades más alejadas mediante estrategias creativas que pasan por la música y la danza, las obras de teatro, festivales y ferias en las que se involucra a los centros educativos, municipalidades y a otras instituciones y organizaciones locales. Hasta el momento han logrado llevar sus mensajes a más de veinte mil adolescentes y jóvenes en sus respectivas zonas de intervención.

“Cuando manejamos información adecuada ya hemos dado un gran paso para evitar no sólo los embarazos no deseados, sino las infecciones de transmisión sexual, la violencia familiar y sexual y la discriminación en los servicios de salud”, agrega Génesis, que integró una delegación de jóvenes que visitó a congresistas y otras autoridades para hacerles llegar sus ideas.

Las propuestas de las y los líderes del proyecto SSeR Jóvenes son de carácter multisectorial e involucran principalmente a las autoridades de Salud y Educación. En tal sentido consideran que la prevención del embarazo precoz debe ser una prioridad tanto para las políticas sanitarias como para las del ámbito educativo, a través de una efectiva y masiva educación sexual integral libre de prejuicios, que faculte a las niñas, niños y adolescentes a ser sujetos de derechos en lo concerniente a su salud sexual y reproductiva.

Como ocurre en otros países, fue planteada también la necesidad de implementar servicios diferenciados para adolescentes y jóvenes con personal de salud debidamente entrenado que brinde la consejería y orientación requerida, métodos anticonceptivos adecuados a cada caso y respeto a la lengua y cultura de las y los usuarios.

A juicio de su responsable, Rocío Gutiérrez, el proyecto Sser Jóvenes no sólo ha logrado su objetivo de informar y movilizar a las y los adolescentes y jóvenes y fortalecer sus capacidades para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, sino también, sensibilizar a las autoridades locales, especialmente a las de salud, mejorando las condiciones de atención en los servicios públicos de este sector.

“El proceso no ha sido fácil, porque implicó enfrentar prejuicios y resistencias de algunos actores, sin embargo, los resultados obtenidos hasta el momento son por demás alentadores”, concluye Gutiérrez.

FUENTE:http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=%5FES&infoid=5125&sid=21