Vinculan a la ONG de Arana con el clan de los Sánchez Paredes

En el informe sobre caso Business Track se identifican nexos con el tráfico ilícito de drogas y con Sendero Luminoso.

Por Zarella Sierra

Cual caja de Pandora, aparecen nuevos presuntos actos ilícitos de los archivos del caso Business Track (BTR) cometidos por personajes públicos. El informe final elaborado por el fiscal Walter Milla, al que Perú.21 tuvo acceso, revela los presuntos vínculos de la ONG Grufides, fundada por el padre Marco Arana, con el tráfico ilícito de drogas de la empresa de los Sánchez Paredes, la minera Algamarca, terroristas de Sendero Luminoso y el Estudio Souza & Nakazaki. Este es, precisamente, uno de los 12 temas sobre los que el fiscal solicitó una investigación.

MINERA FACHADA. De acuerdo con el informe final del fiscal Milla, en los archivos incautados a Manuel Ponce Feijoo, cabeza de BTR, se halló documentación (audios y correos electrónicos) que evidencian que la minera Algamarca, de propiedad de los Sánchez Paredes, sería una empresa de fachada cuyo negocio real sería el tráfico de látex-amapola (materia prima para la elaboración de heroína y opio).

“En cuanto al transporte de látex-amapola por la minera, el encargado de la operación es un tal ‘camarada Lalo’, miembro de Sendero Luminoso, y la llevan en una avioneta de propiedad de Algamarca. Los encargados logísticos son trabajadores de la mina”, se dice en el documento.

En el informe, actualmente en manos de la jueza Martínez, se indica que, por las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos ‘hackeados’, se evidencia que Algamarca compra oro ilegal en La Libertad, el que luego exporta, vía Chimbote, al extranjero. “Se supone que Algamarca produce oro en la mina, pero tal parece que eso no es así. Lo exportan vía Chimbote en lingotes de oro y, tal vez, en esos embarques van camuflando el látex”, refiere el informe.

En este punto, por el cual se ha solicitado una investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, se señala que, en diciembre de 2006, la directora ejecutiva de la ONG Grufides, Mirtha Vásquez, a pedido de la dirigente ambientalista Mercedes Saucedo, se contactó con la comunidad campesina de Cajamarca para convencerla de que se opusiera al cierre de Algamarca.

El fiscal añade que “Mercedes Saucedo, presidenta del Comité de Defensa de los Intereses de la Comunidad de Miquillay, advirtió a los Sánchez Paredes de un operativo que la DEA planificaba realizar en noviembre de 2006 en la zona de Cajamarca, donde la minera desarrolla su actividad, por lo que dicho plan fracasó”.

Milla, sobre la base de los archivos de BTR, vincula además al director ejecutivo del Estudio Sousa & Nakazaki, Álex Ganoza, con el ilícito negocio de Algamarca, y concluye que “desde su mail remitió información sobre el TID de los abogados, y (dice) que se debe informar al ‘flaco García’, que es el ex director de Inteligencia Naval, Pedro García, para que este diga que están luchando contra el ilícito negocio”.

Fuente: Perù21

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