Day: 8 julio, 2009

Lunes 19 de marzo del 2012 | 06:37
Mayoría de ellas prefiere soportar esa situación en silencio, señala Ministerio de la Mujer.

Solo tres de cada 10 mujeres violentadas en el país se animan a denunciar ante algún familiar o institución el hecho, mientras que las demás optan por el silencio por diversas razones, según información del Ministerio de la Mujer.

Aunque algunas optan por el divorcio o la separación, la mayoría soporta esa situación en silencio, totalmente resignadas, comentó la directora ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual de ese sector, Milagros Ríos.

“Muchas mujeres no saben qué hacer y por miedo a lo que puede pasar prefieren soportar las agresiones, sobre todo cuando hay hijos de por medio, así como dependencia económica o emocional, ya que son personas que no pueden salir a trabajar porque están bajo el control de la pareja”, comentó la especialista.

El último caso que se conoció fue el de Leila Yanira Zegarra Ávalos, a quien su pareja, Carlos Jairo Fernández Chacón, roció gasolina y le prendió fuego por celos. El Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó su detención y podría recibir hasta 25 años de cárcel.

Para una mujer violentada no es fácil tomar la decisión de denunciar y, tras una denuncia de ese tipo, hay muchos hechos precedentes, indicó Ríos. “No estamos hablando de que una mujer es golpeada e inmediatamente se va a denunciar. Atrás de eso hay muchos episodios violentos que muchas mujeres nos sabemos detectar”, anotó.

Dijo que por esa razón el ministerio sigue impulsando la campaña “Si te quieren, que te quieran bien”, dirigida a adolescentes mujeres y varones de 13 a 17 años y a jóvenes de 18 a 25 años, edades en las que se empiezan a construir las relaciones de pareja.

Fueron castigados por los pobladores de la comunidad aymara de Chúa luego de que pagaran entre US$8 mil y US$10 mil por bombas de agua que nunca les entregaron.

Tres peruanos fueron sometidos a una pena de latigazos por un caso de estafa en una comunidad de la etnia aymara del altiplano boliviano, en aplicación de la justicia indígena, informó hoy en conferencia de prensa un alto jefe policial.

La justicia comunitaria, que respeta el derecho a la vida, a la defensa y otras garantías, se ejerce con igual jerarquía que la ordinaria, según la Constitución de Bolivia.

Los tres sujetos estuvieron retenidos dos días en el poblado aymara de Chúa, a orillas del lago Titicaca, y fueron entregados el domingo a efectivos policiales para que sean remitidos a la Fiscalía, informó el coronel Roberto Campos, director de la Policía de La Paz.

“Estas tres personas, de origen peruano, pero que viven en Bolivia, fueron aprehendidos por la población el viernes y han estado unas 48 horas en poder de ellos”, señaló Campos.

Los incriminados habrían cobrado entre US$8 mil y US$10 mil a los indígenas por el pago de bombas de agua que jamás entregaron, además de comerciar con productos falsificados y de contrabando, según testimonios de lugareños.