Hasta cuàndo tanta mecida del gobierno?, hasta pienso que Alan Garcìa sigue gobernàndo en el Perù. A veces siuento que la gran transformaciòn prometida por el candiato Ollanta Humala se està esfumando. Ya las mineras han ganado mucho dinero a costa de sacrificar a las comunidades indigenas
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Si en un plazo de 30 días la Ley de Consulta a las comunidades nativas en Perú no es mejorada, sus representantes interpondrán una demanda ante el Tribunal Constitucional peruano y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La razón: vacíos legales y poca claridad en su campo de acción.
La ley entrará en vigor en octubre y aunque ya se había considerado la modificación de varios artículos, los líderes de cuatro organizaciones (AIDESEP, CONACAMI, CNA y ONAMIAP) tienen varias observaciones a la misma.
Artículos a modificar
Se trata de seis artículos de la Ley de Consulta, (1,2,4,7,15 19 y una disposición complementaria) que violan los derechos de las comunidades nativas, sostiene Magdiel Carrión de la Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la minería, CONACAMI.
Carrión indica que desde que el Convenio 169 de la Organización del Trabajo OIT fuera ratificado en 1995, el Gobierno peruano ha continuado entregando territorios y aprobando concesiones de explotación, sin respetar el principio de consulta de ese convenio internacional.
Al dirigente le preocupa, además, que la nueva Ley de Consulta no se aplique de forma retroactiva para decenas de casos de explotación que han causado, y aún causan, conmoción social y tensiones entre indígenas y autoridades, entre otros:
– El caso Tía María en Arequipa donde opera la empresa minera Southern Copper Corporation, que ha suspendido las obras y prepara un nuevo estudio de impacto ambiental.
– El proyecto Santa Ana en Puno, donde opera la empresa Beer Creek con explotaciones de plata y que también han sido canceladas. La minera está apelando la suspensión.
– El caso Tambo Grande en Piura, en el que se fue la empresa Manhattan Minerals Corp. pero continúan las concesiones a otros.
– El caso Majaz en Piura con el proyecto de la empresa Río Blanco Copper. Sus representantes, Monterrico Metals Plc, fueron llevados a juicio y han pagado indemnizaciones a afectados.
“Son conflictos que dejaron muertes y heridos (…) la preocupación es que en estas zonas los conflictos están latentes. Por ello el pacto de unidad decidió, con el respaldo de otras organizaciones, que mientras no se dé la modificatoria, no habrá reglamento”, dice Carrión.
¿Ultimatum?
Lo que los indígenas estarían buscando es el derecho a veto, dicen algunos críticos a esta propuesta, lo que no correspondería al espíritu del derecho a consulta que propone el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT. El plazo de 30 días es visto además como una medida de presión que estaría llamando a la violencia. Carrión responde a estas críticas:
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“Se nos acusa de que somos intransigentes y violentistas. Nosotros no somos así. Las poblaciones del lugar actúan ya con una movilización porque nunca se nos escucha, nunca entramos al diálogo. Y cuando entramos al diálogo quieren negociar los derechos de nosotros, tampoco es así”.
En caso de no dar respuesta a sus peticiones en un plazo de 30 días, confirma Carrión, las organizaciones involucradas recurrirán a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Eso, como una medida cautelar para que se nos respeten nuestros derechos y no se los viole más”.
Pocas expectativas
Carrión se muestra pesimista sobre lo que decida el gobierno, porque según él ‘ya lo tienen todo decidido´. “Sabemos que la Ley ya está en proceso de consulta y que se va a elaborar y publicar. El gobierno se impone sí o sí. Entonces, ¿cuál es el derecho a consulta? ¿cuál es el respeto que tenemos como pueblos indígenas? ¿podemos acaso decir, eso debe ser así? ¿es un diálogo transparente y en igualdad de condiciones? O es que solamente nos sientan en una mesa para validar las cosas y luego decir, estuvieron las negociaciones y es válido. Tampoco es así.”
El dirigente de las comunidades afectadas por la minería concluye elevando una petición a los países que tengan empresas explotadoras en Perú. “Pedirles que tengan en cuenta que en Perú se incumplen normas ambientales y que eso significa un perjuicio para nuestras comunidades. A ellos les pido la solidaridad con los pueblos indígenas, sobre todo en estos momentos difíciles que atravesamos, con conflictos mineros socio ambientales y con este atropello de derechos sobre la ley de consulta”.
Fuente: radio nederland