Las autoridades argentinas estudian la posibilidad de ser parte querellante en causas judiciales contra empresas que incumplen normas de higiene y seguridad laboral en el sector rural.
Luego de que funcionarios nacionales y provinciales realizaran varias inspecciones en las que se detectaron las condiciones insalubres en las que se encuentran cientos de trabajadores rurales, sin los requerimientos mínimos de higiene y seguridad laboral, las autoridades del Ministerio de Trabajo argentino están analizando de qué manera la justicia federal podría aceptarlos como querellantes en las causas judiciales que se abrieron como consecuencia de esos operativos.
Escuche o desacrgue la entrevista a Gullermo Alonso Navone:
“Estamos estudiando la posibilidad de ubicarnos como querellantes”, explica el subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo argentino, Guillermo Alonso Navone, en diálogo con Radio Nederland. “A mí me ha tocado ver a niños tomando agua de la acequia, y quizás el agua potable estaba a 200 metros, en la casa del dueño de la chacra. Uno ve este tipo de cosas, que en algunos casos son mucho más graves, como los que han salido a la luz este año, en donde hay presunción del delito de trata de personas. Cuando comprobamos estas irregularidades, las denunciamos, y después la justicia dirá si estamos en presencia de un delito o de un gravísimo incumplimiento de las normas laborales que, más allá de la denuncia, nos permite suspender las tareas en ese lugar”, agrega.
Sanciones administrativas y causas penales
El funcionario explica que existe una diferencia entre las sanciones administrativas que se les aplican a los empleadores involucrados y la posibilidad de iniciar una causa penal contra los responsables de esas contrataciones. “En materia administrativa, hay una responsabilidad de todos los que intervinieron como empleadores, allí habrá un primer responsable,” comenta, “también, el dueño del campo y el que lo arrendó, porque son distintos empleadores de la misma persona en las distintas etapas. En esos casos, les aplicamos las sanciones a los tres porque son solidariamente responsables por los incumplimientos laborales”.
Sin embargo, en materia penal, no existe el concepto de solidaridad en relación con la responsabilidad de cada uno de los involucrados. “Puede haber complicidad o se puede ser partícipe necesario. Lo que se busca es al autor del delito y a los partícipes. El dueño del campo puede ser cómplice porque lo vio y nada dijo. El que se lo arrendó y tiene gente tomando agua de la acequia o de un balde de un producto agroquímico también estaría cometiendo un delito. En materia penal, vamos a tener delitos con distinta graduación, según el grado de participación en la comisión de la figura”, sostiene.
La respuesta de las empresas
El subsecretario de Fiscalización explica que las empresas, en algunos casos, argumentan que ellos nunca contrataron a los empleados para que trabajen en esas condiciones. “Las empresas niegan todo esto. Dicen que hay luz, aunque nosotros no pudimos verla. No hay luz, ni gas, ni sanitarios, pero las empresas tratan de defenderse”, afirma. Hasta el momento, no se ha comprobado la existencia de delitos penales a partir de los operativos realizados durante las últimas semanas, debido a que en Argentina acaba de terminar el receso de verano del Poder Judicial y, recién ahora, varias causas retomarán su curso.
El caso Nidera
Uno de los operativos realizados hace algunas semanas, que concentraron la atención de la prensa argentina, involucró a la empresa Nidera. “Es un caso emblemático, en el que podríamos encuadrar a todos los que están en esta situación. Es decir, Nidera fue el primero, pero no por eso fue el más importante ni el más grave. Sí lo tomo como punto de partida de esta ilación de descubrimiento de irregularidades”, explica el funcionario.
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La inspección se realizó en el marco de una causa que lleva adelante la justicia federal en la provincia de Buenos Aires. Si bien, debido al receso de verano de los juzgados argentinos, se mantuvo el secreto de sumario hasta hace algunos días, Alonso Navone confirmó que el Gobierno provincial ya ha aplicado las sanciones administrativas correspondientes: multas de 5.000 pesos (1.250 dólares) por cada trabajador no registrado que se ha encontrado durante la inspección. Como consecuencia del operativo, la multa total fue de aproximadamente 1.200.000 pesos (300.000 dólares). En cuanto a la causa judicial, se espera que durante las próximas semanas se realicen los primeros pedidos de indagatoria.
Ayer jueves, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) suspendió a la firma agroexportadora Nidera del Registro de Operadores de Granos, al encontrar “diferencias significativas en el pago de impuestos”. Según explicó la entidad a través de un comunicado, el registro “es un mecanismo que permite obtener sistemáticamente los reintegros de un porcentaje de las retenciones practicadas en las operaciones de comercialización de granos”. De acuerdo con las autoridades de la AFIP, al quedar afuera del registro, la empresa también pierde los beneficios de alícuotas diferenciales de retenciones. La suspensión, publicada en el Boletín Oficial, es el paso previo a la expulsión del Registro.
Fuente: Radio Nederland