Day: 8 julio, 2009

Ante la promesa de campaña del presidente chileno, Sebastián Piñera, de extender el período postnatal a 6 meses la opinión pública no ha dejado de pronunciarse. Voces del movimiento feminista, de profesionales de la medicina y la psicología, de académicos y parlamentarios se han hecho sentir en un debate que movilizó a la ciudadanía también a través de foros y redes sociales online.

El tema cobró mayor vigencia el pasado mes de agosto, luego de que la Comisión Asesora Presidencial Mujer, Trabajo y Maternidad le entregara al presidente un paquete de reformas que modernizarían la actual legislación laboral en el rubro protección de la maternidad. Estas reformas deben tener como objetivo lograr que el postnatal cubra a mujeres que no se encuentran amparadas bajo la estructura del empleo formal –es decir, aquellas que se desempeñan en empleos temporales o esporádicos – y garantizar la corresponsabilidad de los padres durante este período, evitando que las medidas implementadas afecten el derecho de las mujeres al trabajo o hagan caer su empleabilidad.

La Comisión y sus resultados

De acuerdo con el Global Gender Gap Report 2009 (Informe Global sobre la Brecha de Género 2009), Chile ocupa el lugar 112 entre 134 países del mundo en el ranking de participación económica y oportunidades laborales para las mujeres. Esto lo ubica en la franja de países cuya brecha de participación de mujeres en la fuerza laboral supera el 40%. El citado informe del Foro Económico Mundial aborda también la compatibilidad entre maternidad y empleo en mujeres trabajadoras con edades entre los 35 y los 44 años. Para ello compara la empleabilidad de mujeres con tres hijos con la de aquellas que no tienen ninguno; tal comparación arroja información sobre lo que el informe denomina “brecha de maternidad”. De acuerdo con el estudio, en la mayoría de países, las mujeres con tres hijos tienen una tasa de empleabilidad superior a la de las mujeres que no son madres. Esto ocurre tanto en países con tasas moderadas de empleo, como Ruanda, Kenya y Ghana, como en países con bajas tasas de empleo femenino como Irak y Palestina. El informe señala que Chile tiene una “brecha de maternidad” más alta, pues las mujeres con tres hijos son 43% menos solicitadas para trabajar que las mujeres sin hijos.

Con el fin de formular políticas de Estado sobre el cuidado de los hijos, condiciones laborales y discriminación de género que atiendan esta situación, el presidente chileno –quien también se comprometió durante su candidatura a evaluar aspectos como el permiso por enfermedad de hijo menor de un año, el costo de las salas-cuna cargado a las mujeres trabajadoras, el derecho a alimentar a los hijos y el fuero maternal – convocó a 14 expertas y expertos de las áreas de trabajo, salud, economía familiar, integrantes del mundo sindical y gremial para conformar, durante tres meses, la “Comisión de Mujer, Trabajo y Maternidad”. Las propuestas de esta Comisión debían garantizar el mejor cuidado de los hijos de las mujeres, desligar el costo de la maternidad de la contratación de mujeres, buscando su integración real en el trabajo remunerado formal, y aumentar la corresponsabilidad de padre y madre en el cuidado de los hijos e hijas, facilitando una mayor conciliación entre familia y trabajo para hombres y mujeres. La Comisión invitó a expertos, autoridades y organizaciones civiles a jornadas de trabajo para pronunciarse al respecto; y realizó audiencias públicas a lo largo del país.

Entre los resultados del trabajo de la Comisión se cuenta la propuesta de apoyar a la familia y a la crianza de los hijos e hijas mediante la creación de una figura legal ya existente en otros países: el permiso parental. Este permiso –que garantizaría mayor acceso al cuidado infantil a padres de hijos menores de dos años bajo una modalidad subsidiada por el Estado– comenzaría al término del permiso postnatal (que es el período contemplado para la recuperación de la madre después del parto), y podría ser tomado tanto por la madre como por el padre, según lo decida la familia o la madre. De acuerdo con la Comisión, esta reglamentación no modificaría el número de días de permiso prenatal ni postnatal , aunque se flexibilizaría la implementación de estos permisos, lo que permitiría trasladar semanas de un permiso al otro, así como tomarlos bajo la modalidad de jornada completa o media jornada.

Otro planteamiento de la Comisión Asesora fue la derogación del artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas con veinte o más trabajadoras a tener o proveer una sala cuna. En su lugar, se propone que el derecho al cuidado de un hijo menor de dos años sea aplicable a todas las mujeres trabajadoras y financiado mediante una contribución de las empresas a través de un esquema que desvincula el costo de la contratación de la maternidad.

Un aspecto del Informe de la Comisión que resultó inesperado para las organizaciones sociales y el movimiento de mujeres fue la prioridad de alcanzar la universalidad del derecho al postnatal. El órgano asesor propuso extender el subsidio maternal a todas las mujeres que hayan tenido una actividad laboral acreditada durante un determinado período en el año anterior a la concepción.

Por la universalidad del derecho

La Comisión Asesora se empeñó evitar ser considerada “la comisión del post natal”, como habitualmente se la denominó, puesto que su desafío era mayor: “modernizar íntegramente la legislación laboral de protección a la mujer”. Sin embargo, la discusión pública sobre su labor se centró en la extensión y en flexibilización de esa cobertura social.

En la actualidad, en Chile el permiso prenatal tiene una duración de 6 semanas y el postnatal de 12 semanas, lo que ubica a este país en los primeros lugares en el ranking mundial relativo a la extensión de ese período. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda a los países del mundo que el permiso postnatal tenga una duración mínima de 12 semanas. 119 países han acogido esta recomendación mientras que 31 otorgan licencias inferiores a este tiempo. La OIT ha afirmado que, en consideración a la creciente participación de la mujer en el trabajo en el mundo, y a su vez, a la importancia de ésta en el desarrollo de la familia, los países muestran un avance en las prestaciones por maternidad a las mujeres trabajadoras. Sin embargo, para la organización internacional es motivo de preocupación la sostenida disminución de los índices de natalidad y el aumento de la población mayor, lo que trae consecuencias negativas a los costos de la seguridad social.

A esto se suma el problema de la cobertura de las licencias de maternidad. En la mayoría de países estos derechos sólo son aplicables a las mujeres que se encuentran bajo una estructura laboral formal, con contrato de trabajo indefinido y cotizaciones al día. Chile no es la excepción. Las mujeres temporeras y las que acceden a trabajos esporádicos e informales se encuentran por fuera de la cobertura de las licencias por maternidad.

Sobre este tema, Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), explicó ante la Comisión que para muchas mujeres lo más importante era universalizar los derechos para incluir el sector de las trabajadoras asalariadas en la agroexportación de frutas: “Estamos hablando del sector más pobre de las mujeres que trabajan en la agroindustria, quienes a pesar de estar en empresas tan exitosas, sus trabajos son tremendamente precarios y discriminados. Es ahí donde se necesita que se apliquen todas las normas de la ley”, precisó.

La ex ministra de Salud Marisol Barría, afirmó que el nivel de desigualdad y de desamparo de la gran mayoría de las mujeres era tan alarmente que resultaba imposible que la Comisión no considerara este tema y le diera prioridad: “El año pasado casi 240 mil mujeres tuvieron guagua, es decir, 240 mil niños y niñas nacieron; y de ésos sólo 83 mil tuvieron derecho a un pre y post natal. Y hay que decir que eso es un subsidio que paga el Estado, no lo paga el empleador ni las Isapres (Instituciones privadas de previsión de salud)”. Para la experta, eso significa que el Estado sólo benefició a poco más de la mitad de las mujeres que, habiendo trabajado el año anterior, tuvieron un hijo o hija. La experta espera que el proyecto de ley que se envíe al Congreso con las recomendaciones de la Comisión considere este aspecto.

Padres presentes

Otro aspecto destacado del informe de la Comisión fue la reaparición de la figura del padre en la discusión sobre trabajo y maternidad, a través de propuestas para garantizarle derechos. Hace algunos años la legislación chilena estableció que los padres debían tener 5 días irrenunciables de postnatal: algo altamente valorado en su momento, aunque no siempre ejercitado.

Mujeres y organizaciones sociales demandan cada vez mayor corresponsabilidad del padre en el cuidado de los hijos y han pedido implementar normas que permitan conciliar el ámbitolaboral y familiar para padre y madre. Para José Olavarría, especialista en estudios sobre hombres y transversalización del género en políticas públicas, “además de apropiarse de un discurso moderno e igualitario, es necesario contar con programas y políticas públicas que den cuenta de ello”. Para el experto, esta conciliación entre cambios sociales y políticas públicas debe darse de la misma forma como lo fue en el ámbito de la violencia intrafamiliar y la creación de leyes para su sanción. Para la sociedad chilena este tipo de violencia es algo inaceptable. El discurso, en esta oportunidad, va acompañado de una ley que permite castigarla. “Si se asocia esto a la conciliación y trabajo conjunto, podemos afirmar que hay un discurso que ha avanzado bastante, pero ¿dónde está la legislación que dé cuenta de ello?”, dice.

En la misma dirección, Francisco Aguayo, director de EME (Masculinidades y Equidad de Género), comenta: “Los cambios de estos últimos años vienen desde el ingreso de la mujer al mercado de trabajo, pero por otro lado, las políticas lo que hacen es reforzar los roles tradicionales”. Por eso, Aguayo exige un postnatal paternal exclusivo de 4 semanas y campañas que promuevan una paternidad activa.

Noruega es un ejemplo de iniciativas legales sobre este tema, con 30 años de políticas orientadas a lograr igualdad en el espacio doméstico. Sin embargo, Aguayo asegura que en ese país las tareas todavía se distribuyen “60/40”. La situación en América Latina dista mucho de este panorama. El experto afirma que “los estudios sobre el uso del tiempo demuestran que las mujeres siguen haciéndose responsables de las tareas de la casa. Vivimos en un país con una distribución muy inequitativa y desigual”, explica.

Ricardo Solari, ex Ministro del Trabajo y uno de los integrantes de la Comisión Mujer Trabajo y Maternidad, afirmó que el deseo del órgano asesor es lograr “conciliar la vida laboral con la familiar y fortalecer la legislación. Estamos por promover la corresponsabilidad para que el padre legalmente pueda tener la posibilidad de cuidado de los niños y niñas pequeños. Hay avances en esa dirección”, dijo.

¿Flexibilización?: ¡ni un paso atrás!

La Comisión propuso varias alternativas para evitar que la reforma del postnal afecte la empleabilidad femenina. Entre ellas cuenta mantener inalterado el permiso postnatal existente (12 semanas para la madre, 5 días para el padre) agregando un permiso llamado “parental” (4 a 6 semanas) que podría ser tomado por la madre o el padre, a completa o media jornada. La otra alternativa, que afecta al prenatal, consiste en mantener las actuales seis semanas de esta licencia y hacerla flexible. Con esto, las madres podrían transpasar semanas del prenatal al postnatal.

Según una encuesta realizada recientemente a 1.000 mujeres por el Centro de Estudios y Análisis de Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor, entre las alternativas planteadas la opción que generó menor adhesión fue la de flexibilizar el prenatal.

Para Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, “que las mujeres rechacen esta flexibilización, como lo revela la encuesta, demuestra la importancia de los derechos adquiridos y el rechazo a que se afecte un beneficio que las trabajadoras ya tienen”. Asimismo, señala que un aumento en el postnatal significaría un castigo a las mujeres en el mercado laboral, pues su ausencia laboral alcanzaría los 7 meses y medio.

Para la socióloga, el entorno de Gobierno se propone mantener los 4 meses y medio que actualmente suman el prenatal y el postnatal; pero para alcanzar los seis meses prometidos, va a flexibilizar estas licencias, de tal forma que se pueda trasladar el prenatal para después del nacimiento del hijo o hija, modificando el fuero materno. “Nuestro planteamiento es no retroceder con los derechos adquiridos. No se puede, so pretexto de ampliar el postnatal a 6 meses, flexibilizar, por ejemplo, el actual reposo pre natal o alargarlo como chicle. Eso sería dañino. Necesitamos mantener los derechos adquiridos y una prolongación que sea compartida con el hombre. Queremos reivindicar los derechos de los padres, se habla de apego pero es sólo el de la mujer: también existe el del padre”, indica.

Entre septiembre y parte de octubre, diversas organizaciones sociales promoverán la discusión parlamentaria con el fin de no flexibilizar el trabajo de la mujer y, con ello, hacerla pagar por la promesa de alargar los seis meses del post natal. El debate sobre el postnatal plantea una discusión mayor, sobre la obligación del Estado de garantizar nuevos derechos a los ciudadanos y ciudadanas, o ampliar los ya existentes sin socavar otros.

Un soldado del ejército de El Salvador protege un camión de pasajeros

El ejército le está ofreciendo protección a los transportistas.

El Salvador se encuentra semiparalizado luego de que las pandillas 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) ordenaran, desde el lunes por la noche, un paro del transporte de 72 horas en un intento por evitar la aplicación de una nueva ley que las criminaliza.

Tanto en las calles de la capital, San Salvador, como en el interior del país la mayoría de los transportistas acató la medida, según pudo comprobar BBC Mundo.

Durante el miércoles, la ciudad y las principales carreteras estuvieron militarizadas.

Y el ambiente de desolación sólo se vio interrumpido por las caravanas de peatones que desandaban el trayecto a su lugar de trabajo.

Aproximadamente 80% del transporte público suspendió sus labores, si bien algunos buses fueron sustituidos por camionetas que acercaron a los pasajeros a puntos intermedios a cambio de US$0,25 o US$0,50.
Paro de transporte en San Salvador.

Vehículos particulares sustituyeron al transporte público.

Y 70% del comercio también se paralizó por temor a represalias, luego de que la pandilla 18 empezara a hacer circular volantes en los que pidió a los comerciantes que cerraran sus establecimientos o, de lo contrario, “se atuvieran a las consecuencias”.

Efectivos de la policía y del ejército fueron desplegados para vigilar las estaciones de autobuses u ofrecer protección a los improvisados transportistas.

Pero David Gallegos, administrador de la Terminal de Oriente en San Salvador, le aseguró a BBC Mundo “que todos los empresarios van a cumplir las 72 horas de paro” por miedo a las maras.

“Nosotros siempre sufrimos las consecuencias porque esto ya es demasiado”, se quejó por su parte Magdalena Medrano, una usuaria.

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A doble voz

Los “mareros” explicaron que, con la medida de presión, quieren que el presidente Mauricio Funes vete la Ley de Proscripción de Maras, aprobada por el Congreso salvadoreño el 1º de septiembre.

La norma, que proscribe las pandillas y su financiamiento así como la existencia en el país de “grupos de exterminio” social, fue introducida por el gobierno de Funes en julio, poco después que integrantes de la 18 incendiaran un transporte público y causaran la muerte de 17 personas.

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Pedimos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados (…) Queremos aclarar que dicha medida fue impulsada con el único objetivo de ser escuchados

Miembro de la Mara Salvatrucha

El anuncio del paro fue hecho poco después que los transportistas salvadoreños se movilizaran en protesta por el asesinato de sus empleados.

“Pedimos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados (…) Queremos aclarar que dicha medida fue impulsada con el único objetivo de ser escuchados”, le dijo a un canal de televisión local un pandillero con el rostro cubierto con un pañuelo.

El joven, que habló en nombre de la Mara Salvatrucha, explicó que “el nuevo gobierno del presidente Funes prometió ser inclusivo con todos los sectores y hace un par de meses llamó a una ronda de consultas con todos los sectores para tratar el tema de la violencia y nosotros no fuimos invitados”.

El anuncio fue hecho en una casa ubicada en la periferia de la capital, con el “portavoz” de la MS rodeado por otros miembros de la “clica” (célula) que controla esa zona.
Paro de transporte en San Salvador.

La presencia militar fue evidente el centro de la capital salvadoreña.

clic Por su parte, los pandilleros de la 18 leyeron el comunicado cubiertos con gorros pasamontañas color negro en un barrio de su “jurisdicción”.

Las maras son responsables de buena parte de la ola de violencia que afecta a El Salvador, la que se cobra la vida de al menos una decena de personas al día.

Y aunque la 18 y la MS-13 son feroces rivales, ésta no es la primera vez que se ponen de acuerdo.

El 24 de septiembre de 2004, al final de la administración del ex presidente Francisco Flores -quien promovió el plan “Mano Dura” en su contra- las dos organizaciones pactaron una tregua que no tuvo éxito.

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Llamando al diálogo

“Invitamos a iniciar un proceso transparente de diálogo con el fin de buscar solución a la violencia”, afirmó el pandillero de la 18.

Los jóvenes también le exigieron a Funes “que incremente el sueldo mínimo y baje los precios de la canasta básica, que regule el precio del agua y de la energía eléctrica y que no suba el transporte público”.

Mientras tanto, el párroco Antonio Rodríguez López, quien se presentó como interlocutor de las pandillas, acudió a otros canales de televisión para interceder en favor del diálogo.
70% del comercio fue paralizado por temor a represalias. La pandilla 18 circuló volantes en los que pidió a los comerciantes que cerraran sus establecimientos o, de lo contrario, “se atuvieran a las consecuencias”.

Rodríguez, un sacerdote de origen español, administra la parroquia de Mejicanos, el barrio que fue el escenario de la masacre del autobús en julio.

El religioso dijo que los pandilleros están dispuestos a adquirir compromisos con la sociedad para “mejorar las condiciones en las cárceles y que los internos tengan formación laboral y puedan ayudar a sus familias”.

En los últimos días, las prisiones también han sido objeto de enfrentamientos. El miércoles, la Dirección de Centros Penales decretó el estado de emergencia en seis centros penitenciarios donde los reos se declararon en rebeldía.

“Se están pisando muchos derechos en las cárceles. Ser pandillero no es sinónimo de ser violento”, dijo el párroco.
¿Negociar?
Paro de transporte en San Salvador.

La mayor parte de los negocios cerraron por miedo a las amenazas.

Por lo pronto, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, rechazó la idea del diálogo: “No estamos dispuestos a tener conversaciones con criminales”.

“Nuestra labor como policía es revertir la situación de violencia y de prevenir el delito y combatirlo”, afirmó Ascencio, al tiempo que elogió el espíritu de la ley de proscripción “porque es una herramienta que necesitamos para combatir este flagelo”.

La ley penaliza la pertenencia y financiación de las maras y eleva a diez años la pena de cárcel.

En tanto, el Ministerio de Defensa informó que desplegó 2.000 soldados más y habilitó vehículos militares para enfrentar el paro al transporte.

“Las pandillas saben perfectamente a dónde va orientado este instrumento jurídico. No va dirigido contra estos niños y adolescentes que han sido inducidos por estos criminales a integrarse a la labor de las maras”, aseguró el jefe policial.

“Aprovecho para decirles a los niños que retornen a sus casas con sus padres y que abandonen esta estructura criminal”, agregó.