Day: 8 julio, 2009

Andalucía intenta reeducar a 48 hombres condenados por violencia de género.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social desarrolla un proyecto piloto de reeducación con agresores que cumplen medidas alternativas a la prisión.
A través de esta noticia y de estos titulares hemos conocido de la presentación en Sevilla del proyecto experimental “Programa de reeducación para agresores en violencia de género”, puesto en marcha en Andalucía con la intención de ser implementado posteriormente en otras Comunidades Autonomas. Aparte de la noticia en prensa hemos podido conocer algunos detalles más en primera persona ya que algunos compañeros de la Red de Hombres por la Igualdad tuvieron la oportunidad de asistir a la Jornada. Durante la jornada sus presentadoras reiteraron que no tiene carácter experimental, a pesar de ser recogido en prensa como proyecto “piloto”.
Este programa piloto desde su primer planteamiento inicial (conmutación de penas por tratamiento psicológico) no es ni parecido a lo que se propuso por parte del grupo consultivo de expertos que el Delegado del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad convocó el 19 de febrero de 2009. En aquella reunión se expuso como un criterio fundamental, dada la ya más que probada “moderada” efectividad de los tratamientos conductuales para la rehabilitación con maltratadores, (1º) la mayor eficiencia de la prevención y la sensibilización enfocada a hombres, y por otro lado, dada la escasa conciencia de los perpetradores de violencia de género sobre la gravedad de sus delitos, (2º) el cumplimiento integro de sus penas, sin conmutación de penas y además con el criterio de (3º) nunca restar recursos enfocados a la acción positiva con las mujeres, siendo el marco de la rehabilitación, el tratamiento penitenciario, lugar donde la ley recoge que se ejerce el derecho a la rehabilitación por parte de los delincuentes.
La conmutación de penas, resulta contraria al objetivo de toma de conciencia por parte de los perpetradores de violencia de género, al recibir el mensaje de que su delito no es tal cuando pueden escapar a la pena mediante este tipo de programas. Luego resulta especialmente dudoso que con un programa de 48 horas de terapia, se pueda restructurar cognitivamente una personalidad, como los propios técnicos que han llevado el programa reconocen, apuntando la necesidad de hacer un seguimiento tras el mismo.
Con el impulso de este programa, el Ministerio de Igualdad ha defraudado completamente las expectativas de muchos de los expertos consultados. También ha causado sorpresa la intervención de Andrés Montero, “colaborador” del Ministerio de Igualdad, y que -entre otras cosas y a modo de ejemplo- admite la sustitución de penas por tratamiento a pesar de la recomendación nº 9 del Grupo 25 que él mismo coordinó. Se explicó que tras la finalización de la aplicación del programa se iniciaba la evaluación (contemplada en un principio hasta diciembre de 2010), pero en ningún momento se expuso ningún detalle sobre lo que ha costado ni sobre qué piensan hacer una vez terminada la fase de “pilotaje” (teniendo en cuenta que la Directora negó en varias ocasiones la consideración de “experimental” de la iniciativa).
Parece ser que Miguel Lorente no pudo acudir en esta ocasión, para la que se contó con Emilio Castellano, Subdirector Adjunto de la Subdirección General de Planificación y Coordinación interinstitucional, al que lamentablemente apenas se le oía lo que quería decir.
LA NOTICIA COMPLETA:
abc / sevilla Día 14/07/2010 – 13.51h
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro junto a la directora general de Violencia de Género, Soledad Ruiz y el delegado provincial para la Igualdad, Manuel Gálvez.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha desarrollado un proyecto piloto de reeducación con 48 hombres condenados por violencia machista, y los primeros resultados han sido “alentadores”, aunque los técnicos consideran que se debe hacer un seguimiento a largo plazo para ver su utilidad.
Así lo ha dicho hoy a los periodistas el coordinador del programa, Juan Ignacio Paz Rodríguez, quien ha resaltado que las sesiones terapéuticas con los maltratadores consisten en “cambiar una mentalidad, y eso nunca ha sido fácil”.
“Lo que tenemos que cambiar no es que un señor pierda los nervios, sino una violencia instrumental para conseguir unos fines ideológicos, que es imponer el dominio sobre otra persona por una ideología sexista” basada en que, “como soy hombre, tengo más poder”, ha enfatizado Paz.
Los hombres han recibido 48 horas de terapia por parte de psicólogos de las universidades de Sevilla y Granada
Cuando empiezan la terapia, «no saben por qué están ah
Los 48 hombres acogidos al programa, que concluye mañana y se analiza hoy con la presencia de la consejera Micaela Navarro, tienen una suspensión de condena a cambio de que hagan un programa de reeducación, una orden de alejamiento de su mujer y los hijos, no pueden portar armas y no pueden comunicarse con la víctima. Los hombres, repartidos en cuatro grupos de doce cada uno, han recibido 48 horas de terapia repartidas en 25 sesiones por parte de psicólogos de las universidades de Sevilla y Granada, y está previsto que se les haga un seguimiento al menos hasta diciembre próximo.
La directora técnica del programa, Francisca Expósito, ha reconocido que atajar completamente el problema de los agresores es una cuestión “a largo plazo” y ha indicado que los hombres, cuando empiezan la terapia, “no saben por qué están ahí”. Expósito, que comenzó con programas de este tipo en 2007 en Granada, ha agregado que los que han recibido la terapia “lo agradecen” porque “les relaja mucho el nivel de tensión” el hecho de no tener que “estar siempre con los pantalones bien sujetos”, en referencia a que son los que siempre han tenido “el control” de la relación de pareja.
La directora del programa, cuya experiencia ha servido para extenderlo a ocho comunidades españolas en coordinación con el Ministerio de Igualdad, ha reconocido que existe una “carencia” para hacer un seguimiento de los maltratadores cuando han acabado de cumplir sus condenas, por lo que ha dicho que este extremo se debería plantear como una “obligación”.
Expósito ha aclarado que a los condenados por violencia de género les deben hacer ver primero que “con su actitud han dominando y anulado a la pareja”, y ha señalado que es “frecuente” que algunos afectados tengan problemas de alcohol. Así, ha dicho que a esta anulación se llega no sólo con un golpe, sino con actitudes como usar a los hijos para tenerla “relegada”, quitarle la capacidad para que compre cosas de más de cien euros, romper una puerta de un golpe o amenazar con un suicidio si le deja su mujer.
Los técnicos han puntualizado que tras los cursos, algunos hombres han reconocido que la terapia “le había venido bien” también para su ámbito laboral. La consejera para la Igualdad ha coincidido con los técnicos en afirmar que, en principio, las terapias “son positivas”, y ha remitido al futuro para ver cómo los hombres aplican las nuevas enseñanzas en su vida diaria. Navarro ha subrayado que “lo más importante de la terapia es que el agresor entienda que tiene un problema”, y ha explicado que, “salvando las distancias, una persona no resuelve un problema de alcoholismo hasta que es consciente de que tiene un problema y pide ayuda”. Ha indicado que la particularidad de los maltratadores “no es que sean agresivos”, sino el hecho de que a “una persona le salga esa vena agresiva con quien considera más vulnerable y débil”

Nuestra valoración
Que a estas alturas se diseñen programas como este y se presenten como un alarde de tecnicismo “psicosocial” es poco menos que insultante. Aunque en primera instancia la responsabilidad e iniciativa sea del Ministerio de Igualdad (quien financia), se extrae de su presentación que el programa presentado en Andalucía, se ha implementado con cierta “idiosincrasia” y modo de ver particular desde la Dirección Gral de Violencia de Género de la Junta de Andalucía y las facultades de Psicología de las Universidades de Granada y Sevilla.
La de ayer fue una nueva representación de hasta dónde (de poco) está dispuesta nuestra administración (el feminismo institucional que nos gobierna ) a considerar una verdadera perspectiva de género en el tratamiento a los agresores y a evitar los psicologicismos y los enfoques individualistas en el diseño y ejecución de estos programas.
Os adjunto un par de párrafos que ejemplifican los presupuestos y alcance de la iniciativa:
El primero tiene que ver con el “Marco Ideológico” del programa y dice así: “…la reeducación de los hombres que ejercen la violencia de género se configura como un instrumento más a través del cual los poderes públicos garantizan la seguridad y protección de quienes son objeto de violencia de género”.
El segundo se refiere a la “finalidad” del programa, que es “aumentar la protección física y psicológica de las potenciales víctimas de violencia de género y de las y los menores expuestos a esta, mediante la intervención con los hombres que la ejercen…”
Entendemos que se sigue manteniendo la tradicional retórica de el hombre “agente”, la mujer “objeto”. La continua confusión o asimilación entre “sexo y género”, la confusión entre “violencia con agresión,” y el recurso hasta el hastío al término “reeducación” desde la perspectiva de género, aunque las aspectos a abordar siguen siendo las distorsiones cognitivas, el control de la ira, la empatía con la víctima, etc. etc. de los agresores. Básicamente elementos de un enfoque clínico puro y duro.
Resulta lamentable que cuando comienzan a aparecer los programas de tratamiento de hombres en la agenda política, sea para continuar ahondando una retórica y una línea de intervención poco novedosa e ineficiente en cuanto a su costosidad y escasos resultados. Nos preocupa que se pueda asimilar que el trabajo sobre el género de los que los hombres deben ser objeto quede distorsionado por la imagen de este programa piloto y que su escaso éxito condicione las futuras políticas de igualdad de género con hombres en un sentido negativo cuando ni siquiera se han impulsado realmente en ningún sentido a pesar de la creación del Ministerio de Igualdad o de poner entre sus responsables a una persona muy competente y con una probada trayectoria como Miguel Lorente.
Lo más preocupante es que, aunque con el tiempo estos programas ofrezcan el éxito de la reeducación de algunos individuos, la capacidad de crear maltratadores de nuestra sociedad no está cuestionada y seguirá intacta, actuando al nivel de paliar las consecuencia en lugar de trabajar por transformar las causas de la violencia de género.
Todavía estamos esperando respuesta a tantas propuestas que han sido postergadas por el Ministerio de Igualdad en favor de un Telefono de Información para Hombres, donde no existen recursos a los que derivar a los hombres, o una estrategia de tratamiento a maltratadores cuando no hay una política de intervención con hombres en términos generales, y tampoco en términos de violencia de género.

Las personas mayores de 65 años que conviven en pareja y que han aportado a la Oficina Nacional de Pensiones (ONP), por más de 20 años entre ambos, podrán acceder a una pensión de jubilación que les permita tener un ingreso mensual para costear sus necesidades básicas, informaron las fiscales civiles Olenka Olivas, Yadira de la Cruz y María Rodríguez Fernández.

“Con esta modalidad de la ley 29451 es posible que sumado los años de aportes de los cónyugues o convivientes, que reúnan los 20 años exigidos que pueden ser en tiempos indistintos, puedan obtener una pensión con la concurrencia de otros requisitos más, que la ley ha previsto”, explicó Olivas.

Remarcó que para acceder a este tipo de pensión ninguno de los cónyugues o convivientes deberá percibir pensión alguna, pues la titularidad de la pensión es de ambos y ya no de uno solo. Por otro lado, la fiscal civil Yadira de la Cruz, remarcó que las personas que aportan a las AFP no alcanzan a este tipo de jubilación especial.

Las inmigrantes son más del 30% de las víctimas mortales de agresiones.
Las posibilidades de que una mujer inmigrante sea víctima de violencia machista se sextuplica en caso de que ésta se encuentre en situación irregular, según ha apuntado el fiscal superior de Andalucía, Jesús María García Calderón.

Antes de participar en el encuentro Inmigración ilegal. Cooperación Judicial en el ámbito de la Comunidad Europea, que se celebra en la sede iberoamericana de la Universidad Interncional de Andalucía en Huelva, García Calderón se ha referido a un estudio de la fiscal coordinadora de Violencia de Género en Andalucía en colaboración con un grupo de la Universidad de Granada. Según ha indicado, este informe pone de manifiesto “la importancia del fenómeno y la necesidad de conocerlo en profundidad para afrontarlo de manera adecuada”.
García Calderón también aseguró que, de las 271 víctimas mortales de violencia machista entre 2003 y 2008, 97 eran extranjeras y que el 35% de las órdenes de protección solicitadas en España corresponde a mujeres en situación irregular.
Asimismo, apuntó a la integración social como “la única manera de combatir el muro de silencio en torno a las mujeres inmigrantes maltratdas”. En este sentido, destacó que las mujeres que más denuncian son las iberoamericanas, por ser las más integradas, y las magrebíes las que menos.
El fiscal también pidió una solución a los expedientes de expulsión que se abren de forma automática en caso de denuncia

La Policía desarticula una trama que obtenía 700.000 euros al mes de beneficio con la explotación sexual de 350 mujeres. Cifras de mareo. 700.000 euros al mes de beneficio. Quince empresas tapadera. Más de 100 empleados. 350 chicas explotadas.

La Policía ha desarticulado en Madrid una importante red de prostitución que copaba el 50% de los anuncios de contactos publicados en los principales periódicos de la capital. La ‘Operación Afrodita’ ha permitido detener a las 105 personas que se lucraban de la actividad de las jóvenes prostituidas, desde el máximo jefe de la organización un ciudadano saudí nacionalizado español llamado Kas Saleh A., hasta las personas que limpiaban los chalés donde las mujeres ejercían la prostitución.
También han sido arrestados el director general del emporio, su director operativo, las encargadas de los burdeles, las telefonistas que atendían las llamadas de los clientes, los administrativos para gestionar facturas, cuentas corrientes y cuadrantes de las prostitutas, y los matones que daban protección. “Han caído todos los escalones de la organización”, destacaba en rueda de prensa el responsable del dispositivo policial.
La investigación se inició a mediados del pasado mes de diciembre, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación iniciaron las pesquisas sobre un grupo de vistosos anuncios que aparecían día tras día en las páginas de contactos de los principales periódicos que se publican en Madrid. “Nuevas. Somos guapas, elegantes y con ganas de que disfrutes” “Woman’s. Madrid. Alto Nivel 30 chicas”. “Besos de las chicas más guapas y morbosas. Te invitamos a conocernos. Alucinarás”…
Desde su nacimiento en 2007, el diario PÚBLICO no admite anuncios de prostitución en sus páginas.
Todo un alarde de reclamos con fotografías que llegaban a copar el 50% de estos espacios publicitarios. De hecho, las facturas incautadas al grupo han permitido constatar que llegaban a gastar entre 30.000 y 45.000 euros mensuales en cada uno de los periódicos. Además, también tenían en funcionamiento varias páginas webs (romance95.com y chalet28.com, entre otras), donde ofertaban anuncios y mostraban fotos sugerentes de las mujeres que controlaban.
La investigación permitió concretar que todos estos anuncios, aunque aparentemente inconexos, pertenecían a una misma red que poseía trece grandes centros de prostitución en la capital, además de dos “bases administrativas”, según ha detallado la policía. En los primeros, ejercían la prostitución hasta 350 mujeres de quince nacionalidades diferentes, de las cuales 35 eran inmigrantes irregulares. Las jóvenes permanecían las 24 horas del día en los chalés donde eran ofertadas a los clientes, y estaban sometidas a diversos turnos bajo el estricto control de las denominadas “encargadas”.
Dichas viviendas –propiedad todas ellas de la trama- mostraban dos caras bien distintas. Por un lado, las viviendas con todo tipo de lujo donde los clientes que acudían podían pernoctar con las chicas. Por otro, habitaciones sin ventilación ni luz natural, repletas de taquillas, literas y viejos sofás, donde las mujeres se cambiaban de ropa y esperaban hacinadas la llegada de los clientes.
La actividad en la red, que llevaba funcionando unos quince años, estaba perfectamente organizada. Así, las llamadas de los clientes que atendían a los anuncios eran centralizadas en un lugar con ocho líneas de teléfonos donde las mujeres que atendían las llamadas estaban tan especializadas que, dependiendo del anuncio por el que se interesaba el cliente, sabían que información concreta sobre precios y servicios debían dar. De hecho, cada teléfono tenía pegado encima el anuncio insertado para que, antes de responder a la llamada, saber a qué anuncio en concreto se refería el hombre que llamaba.
Otro ejemplo de su sofisticada organización era lo metódicos que eran para recoger los beneficios de la actividad. Cada chica, que cobraba 180 euros por servicio, debía entregar a los responsables del burdel donde ejercían al menos el 50% de lo que habían ganado. Cuando terminaba el turno, eran las encargadas las responsables de ingresar, o bien en cuentas corrientes abiertas por la trama, o bien en cajas fuertes habilitadas en los propios pisos, el dinero. El control era tal que había limpiadoras, personal de mantenimiento, responsables de las páginas web e, incluso, un servicio de matones encargados de solucionar cualquier problema de las chicas con los clientes. Incluso tenían ‘ganchos’ en las recepciones de algunos hoteles y entre los taxistas que les derivaban clientes a sus centros. A cambio, éstos recibían 50 euros.
Además, la mafia había creado quince sociedades mercantiles que pretendían “dar apariencia de legalidad” y “enmascarar” la verdadera procedencia de los elevados beneficios que ingresaban cada mes. Al frente de ellos ponían como testaferros a telefonistas o encargadas de los centros de prostitución, que a cambio cobraban entre 500 y 200 euros por aparecer como administradores o apoderados de sociedades de las que ni siquiera conocían su nombre.
La red, incluso, había previsto la intención del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de prohibir los anuncios de prostitución en los diarios y, por ello, había decidido empezar a volcarse en la promoción en Internet. Para ello, había colgado en la puerta del frigorífico de uno de los burdeles un papel en el que citaba a las chicas para hacerse fotos sexys que colgar en las páginas web “ya que desaparecen los anuncios en prensa escrita”. En otro cartel, se despedían de los clientes: “Gracias por visitarnos. Si tienes alguna sugerencia, ponte en contacto con nosotros, queremos mejorar para ti”.