Los programas de responsabilidad social empresarial (RSE) de las transnacionales son sólo “maquillaje” para ocultar sus violaciones a los derechos humanos y la degradación al medioambiente.

Esa es la conclusión del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) durante un seminario internacional organizado por el Centro de Investigaciones sobre Inversión y Comercio (CEICOM) que analiza esta problemática.

El coordinador de OMAL, Pedro Ramiro, sostuvo que a través de la RSE, las multinacionales pretenden abrir nuevos mercados de trabajo a costa de mayor explotación laboral.

Este experto español indicó que la RSE no contribuye al desarrollo, ni a la lucha contra la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Ramiro afirmó que en los últimos años la calidad del empleo en las transnacionales en la región empeoró: mayor subcontratación y flexibilidad laboral.

El coordinador de OMAL dijo que la RSE trata de ocultar esos impactos y violaciones a derechos fundamentales como el de la sindicalización.

“Lo que están haciendo es una especie de maquillaje superficial para que las grandes capas de la población y las instituciones internacionales tengan la percepción que las transnacionales desarrollan un comportamiento más respetuoso con la gente y el medioambiente”, afirmó Ramiro.

Según OMAL, ocho de las transnacionales españolas más fuertes en Latinoamérica destinan apenas un 1% de sus beneficios a programas de RSE.

Otro problema fundamental de este tipo de responsabilidad empresarial es que son medidas voluntarias y no vinculantes que obliguen a la transnacional a cumplir sus programas.

Ramiro dijo que los gobiernos centrales deben controlar exhaustivamente la actividad de las referidas empresas para evitar violaciones de todo tipo.

Además, que las legislaciones de El Salvador con la del país de donde proviene la corporación, deben adecuarse para fiscalizar su accionar, esto porque las transnacionales actúan sin control jurídico fuerte en la región.

Juan Hernández, miembro del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco, aseguró que las entidades disponen de “mucho poder económico, político y jurídico” para violar los derechos de sus trabajadores.

Todavía en Latinoamérica los sistemas de control laboral son débiles, lo que permite que las corporaciones internacionales actúen sin medir las consecuencias de sus actos.

“La RSE es un derecho blando y responde nada más a las buenas prácticas de las transnacionales y no tiene exigencias jurídicas y acentúan la impunidad”, aseguró Hernández.