Day: 8 julio, 2009

jueves 29 de abril de 2010

Gabriela Barcaglioni (ARTEMISA)

Los femicidios de Natalia Di Gallo, Paulina Lebbos y Sandra Gamboa están impunes, como otros tantos en los que las familias siguen penando pidiendo justicia. Cómo se sigue después de que una hija, hermana o amiga fue asesinada por ser mujer. En estos casos, para no repetir las historias, el dolor se transformó en denuncia.

Insistir en que los femicidios no deben reducirse a un dato cuantitativo es reparar en que cientos de historias, de proyectos y de recuerdos se condensan en cada uno de ellos. El hecho de que historias personales, individuales, se transformen en hechos políticos que nos interpelan como sociedad, lleva a pensar qué sucede con las personas que conocieron, amaron y disfrutaron de la amistad o la compañía de las víctimas: integrantes de sus familias, amistades, quienes trabajaron o estudiaron con ellas. Cómo sigue la vida sin esas personas queridas, cómo exigen o esperan Justicia, cómo los años van transformando el dolor en lucha.

‘Nuestras hijas de regreso a casa’ es un paradigma de la búsqueda de la verdad en una ciudad emblemática, si de femicidios hablamos, como lo es la ciudad mexicana de Juárez. Se trata de una organización que iniciaron en 2001 Marisela Ortiz y Norma Andrade cuando comenzaron a demandar y exigir el esclarecimiento de la desaparición y posterior asesinato de Lilia Alejandra García Andrade. La indignación se transformó en coraje, como ellas mismas señalaron, ‘para soportar todo el aparato de la burocracia, y poder enfrentar a las dependencias corruptas e ineficaces, funcionarios cómplices y a la impunidad del poder político y económico.’

En nuestro país, relatos similares abundan, solo cambia el escenario geográfico, pero el dolor y la impunidad se repiten.

Natalia Di Gallo

Natalia tenía 16 años, cuando salió con Nicolás Gómez, de 19, la noche del 29 de Diciembre de 2003. El 1 de Enero de 2004, su cuerpo apareció en el Parque Pereyra Iraola, ubicado entre los partidos de La Plata y Berazategui, provincia de Buenos Aires.

Gómez fue detenido, se lo procesó por los delitos de ‘privación ilegal de la libertad agravada por el resultado de la muerte, falsa denuncia y abuso sexual agravado, en calidad de partícipe necesario’, pero fue liberado a los tres meses por falta de mérito; aunque la familia de Natalia cree que miente sobre lo que ocurrió aquella noche.

Eduardo Di Gallo resume en la frase ‘Solo me dediqué a investigar el crimen’, cómo han transcurrido los últimos seis años de su vida, desde el momento en que su hija desapareció. Sin embargo al referirse a su esposa, señala ‘se quería ir del mundo’, ahora, ‘la veo en pie, ha tomado la decisión de salir, se exige al máximo en el tema de trabajar para estar ocupada’, explica.

Respira profundo y contesta con una pregunta, cómo interrogándose a si mismo, tratando de buscar una respuesta en medio de tanto dolor: ‘Cómo se hace; quedamos cerca papá, mamá, hermana y punto, cada uno tiene que seguir su vida. Es normal, pasó a ser nuestro problema’.

Aunque afirma que ya no esperan nada, los resultados que arrojen las pericias sedimentológica que por estos días realiza el centro de investigaciones geológicas de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, pueden darle un nuevo impulso a la causa por el asesinato de su hija.

‘Hace años que estamos esperando que pongan preso a Nicolás Gómez. Esperamos que con este resultado, alguien se digne a quedar preso’.

Paulina Lebbos

Paulina tenía 24 años, cuando la mañana 26 de febrero de 2006, tomó con su amiga Virginia Mercado, un remise en la ciudad de Tucumán, ella siguió viaje a la casa del padre de su hija, querellante en la causa y principal sospechoso para la familia de la joven. Apareció asesinada, trece días después, en un zanjón a la vera de la ruta 341, que conduce a Raco. Dos policías fueron detenidos y liberados inmediatamente por falsificar documentos en la etapa de reconocimiento del cuerpo, en Marzo de 2006.

A partir de las marchas organizadas por el centro de estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras –Paulina estudiaba Comunicación Social- que comenzaron a reclamar Justicia por el femicidio, se formó la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad que no solo encuentran en este espacio contención, sino herramientas judiciales e institucionales para activar la resolución de los casos.

Todos los martes, a las 19, se congregan en la Plaza Independencia En un volante advierten: ‘¡¡¡CUIDADO!!! Los asesinos están sueltos en Tucumán’.

Alberto Lebbos, comentó que desde la formación de la citada Comisión, se realizaron 200 marchas y que solo confía en la ‘lucha popular’ para esclarecer el asesinato de su hija. ‘No tengo la menor duda, la verdad siempre triunfa; se necesita una fuerte convicción de lucha para llegar a la verdad’.

Lebbos, quien fue funcionario del gobierno de José Alperovich y renunció al cargo tras el asesinato de su hija, denuncia que el crimen fue encubierto por el poder político y judicial. ‘No nos cansamos de denunciar a este gobierno encubridor’, asegura.

El caso descabezó a la cúpula de Seguridad, el ministro Pablo Baillo y el Secretario de Seguridad, Osvaldo Nieva debieron renunciar. Baillo declaró que había que investigar si Paulina no había muerto por ingerir sustancias prohibidas, antes de que se conocieran las causas de la misma.

Sandra Gamboa

‘Hay una trama siniestra de encubrimiento, donde se entremezcla la Justicia, la policía y la política, le doy responsabilidad directa a Alperovich’ afirma.

En Ancón, Perú, Nélida Gamboa Guillén, jamás pensó que algún día tomaría un micrófono frente a la Casa de Gobierno bonaerense para exigir Justicia por el femicidio de su hija Sandra Gamboa. Encabeza desde hace tres años las marchas que se inician cada 22 de febrero frente al edificio del Ministerio de Economía provincial donde fue encontrada asesinada su hija de 22 años, el 22 de febrero de 2007, unos meses después de haber llegado a La Plata convencida por su novio Augusto Menaye de que en esa ciudad universitaria podría estudiar Medicina y trabajar para poder ayudar económicamente a su madre.

Justamente, minutos antes de iniciar la marcha de este año por los tres años del femicidio de Sandra Gamboa, Nélida recibió la noticia de que el presunto asesino de su hija está detenido.

Diego José Cadícamo, maestro mayor de obras de 33 años, no solo sería responsable de la violación y asesinato de Sandra Gamboa, sino de otras ocho violaciones en la ciudad de La Plata y una en la localidad de Apóstoles, Misiones, donde fue encontrado.

‘Hoy los necesito más que nunca’, pidió Nélida a quienes estaban en el lugar participando de la jornada cultural y la marcha para reclamar Justicia. ‘Quiero que caigan el entregador y los encubridores; desde que mi hija fue violada y masacrada, entraron al lugar seis personas, entre encargados, cerrajeros y electricistas y nadie vio nada’, denunció y recordó que el lugar donde fue encontrada asesinada su hija, estaba siendo reparado, en construcción.

Estrategias para seguir

Las tres historias tienen puntos en común, frente al dolor, la necesidad de saber la verdad genera estrategias para seguir viviendo. Tanto en Tucumán como en La Plata frente a los femicidios de Paulina y de Sandra, hay un acompañamiento constante y creciente de la sociedad civil, de otras personas que en la misma situación o sensibles a la impunidad, a la falta de esclarecimiento se unen al reclamo.

Eduardo Di Gallo dice ‘cada marcha que hago, cada vez que visito al cementerio vuelvo destruido; en su momento me ha sorprendido mucha gente, gente que yo no contaba’, pero prefiere no pelearla desde ahí. Nélida cuenta con el apoyo de organizaciones de Derechos humanos, centros de estudiantes, grupos feministas y ‘paisanos’, como gusta llamar ella a otros migrantes peruanos que llegaron a la zona en busca de trabajo.

Con firmeza, dice que ‘no hay una sola Sandra, son muchas’ y por ellas es necesario saber quienes mataron y encubrieron el femicidio de Sandra. La Justicia, el circuito que deben recorrer los familiares de las víctimas para lograr su objetivo, tener a los culpables entre rejas, se convierte en su desvelo y lo señalan como un obstáculo en su lucha por la verdad. ‘Todos los casos tienen el mismo problema: la Justicia. Por qué la hacen tan complicada’, se interroga Di Gallo, al pensar en los años que lleva recolectando pruebas para saber qué pasó con su hija aquella noche del 29 de diciembre de 2003.

‘El problema es la inacción de la Justicia, de la policía, no les interesa llegar a la verdad’, repite como una letanía Lebbos. No muy lejos de esta posición está Nélida que a pesar de tener un dato cierto, el posible asesino y violador de su hija detenido, vislumbra un largo y sinuoso recorrido para llegar a saber realmente el último día de su hija.

Y es donde las historias vuelven a unirse porque, como dicen desde la organización ‘Nuestras hijas de regreso a casa’, al recordar sus inicios, ‘volcamos esta indignación, este dolor y coraje en una fuerza buscando además de la Justicia que no hemos logrado, disminuir las causas de tantas muertes absurdas como las de nuestras hijas’.

Fuente: Argenpress (más…)

jueves 29 de abril de 2010

Raúl Zibechi (IRCAMERICAS)
“Mi hijo se llamaba Edison y tenía 29 años. Fue muerto en la calle, fue a casa a buscar medicinas y a cargar gasolina en su moto. Vivimos en la Baixada Santista, un barrio de trabajadores en Sao Paulo. Fue el 15 de mayo. Los policías lo siguieron y lo mataron a 500 metros de la gasolinera. Aunque hay contradicciones en las declaraciones, el Ministerio Público no hizo nada y archivó el caso”, dice Débora María da Silva, una mujer mestiza de 50 años, madre de otras dos hijas.

Edison llevaba siete años trabajando en una empresa de limpieza, tenía un hijo, y estaba lejos del perfil del delincuente, pero su piel era oscura y vivía en un barrio pobre de la Baixada Santista, en el litoral del estado de Sao Paulo. El mismo día que murió Edison, el Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal de narcotraficantes, atacaba comisarías de policía y quemaba autobuses. “La ciudad estaba paralizada, parecía que había habido un terremoto”, dice Débora.

La ola de violencia en la mayor ciudad de Sudamérica, con 20 millones de habitantes, comenzó el 12 de mayo después que el gobierno del estado de Sao Paulo trasladó a 765 presos a una cárcel de máxima seguridad ubicada a 620 kilómetros de la capital. Uno de los prisioneros trasladados era el líder del PCC, Marcos Williams Herba Camacho, alias Marcola, que dirigía la organización delictiva desde la cárcel. En tres días se produjeron 180 ataques a las fuerzas policiales y guardias penitenciarios, en los que murieron 39 agentes y 38 pandilleros, según estimaciones iniciales oficiales, y fueron incendiados más de cien autobuses y automóviles y una decena de sucursales bancarias.

Simultáneamente se registraron motines en 73 cárceles, que fueron declaradas en situación de rebeldía, de las 144 prisiones que hay en todo el estado. El diario conservador Folha de Sao Paulo alertó que en la morgue metropolitana habían ingresado muchos más cadáveres que los muertos que informaba el gobierno estatal: 272 cuerpos frente a 172 muertos oficiales. Eso hizo suponer que hubo decenas de asesinatos ilegales, que el diario atribuyó a encapuchados que seguramente serían policías. El 24 de mayo, cuando aún no había finalizado la represión, las autoridades admitían que de las 300 víctimas reconocidas sólo 79 tenían relación con el crimen organizado1.

Ese mismo día Amnistía Internacional aseguraba que estaban operando escuadrones de la muerte integrados por policías, cuyas víctimas “se sumarán a los cerca de 9 mil asesinatos perpetrados por la policía brasileña, en su mayoría categorizados como casos de ‘resistencia seguida de muerte’, sin investigación judicial, registrados entre 1999 y 2004″2. Muchos acusaron al gobernador Claudio Lembo. La revista financiera Exame, se quejaba de que la violencia genera gastos equivalentes al 10% del producto bruto interno. El presidente Lula fue uno de los primeros en poner el dedo donde duele: “El problema es la sociedad brasileña. Estamos recogiendo lo que fue sembrado en este país”3.

Ni justicia ni ley

“Algunas madres que teníamos hijos muertos por la policía, y que sabíamos que no tenían ninguna relación con el crimen, decidimos enfrentar al Estado porque es quien tiene el control de la seguridad. Como estábamos en período de elecciones, no querían mostrar debilidad y decidieron enfrentar la rabia de la población por las quemas de autobuses matando a los jóvenes pobres”, dice Débora. “Cuando pude ver que las muertes de los jóvenes se producían todas de la misma forma y que eran todos trabajadores, empecé a buscar a las otras madres. Ellos banalizaron las muertes porque desde arriba les exigían números. Hice un trabajo de hormiga visitando las casas de las madres, muchas tenían miedo y no querían hablar”.

En julio de ese mismo año se empezaron a reunir tres madres para visitar las delegaciones policiales, conocer motivos de las muertes y entrevistarse con las autoridades. Al cumplirse el primer año de las muertes, realizaron una manifestación y una misa con mil personas con pancartas que decían: “Bandidos son aquellos que matan inocentes”. La mayor parte de los muertos vivían en la Baixada Santista. “El Estado archivó todos los casos y no procesó a ningún policía”. Los números son muy claros: el estado admite que hubo 493 muertos por armas de fuego entre el 12 y el 20 de mayo, de los cuales el PCC mató a 47. “Por lo tanto la policía mató a 446 personas”, concluye Débora.

Consiguió demostrar que la policía había mentido en el caso de su hijo Edison y puso en evidencia las contradicciones en el expediente policial. “Ellos decían que la radio policial estaba apagada pero yo demostré que eso no era cierto”. Lo más doloroso, explica, fue que se le cerraron todas las puertas porque el Estado archivó todas las causas. Sólo le quedaba juntarse con otras madres, esforzarse por comprender una situación que la desbordaba y trabajar para que eso no volviera a suceder.

Primero decidieron llamarse Madres de Mayo y organizaron la asociación Madres y Familiares de Víctimas de Violencia de la Baixada Santista. Con el tiempo se les acercaron incluso personas afectadas por la dictadura militar, que no habían tenido fuerza para reclamar por sus familiares y cuando ellas aparecieron se animaron a denunciar lo sucedido décadas atrás. “Ahora somos 17 madres sólo en la Baixada y cuatro más en Sao Paulo. Ya tenemos grupos en trece estados que son familiares de afectados por la Policía Militar”, dice con orgullo. Trabajan con la Red Contra la Violencia de Rio y con madres de Espiritu Santo, Minas Gerais, Belem, Pará, Acre y Pernambuco, entre los estados más importantes.

Cuando habla, aún cuando se agita, Débora encuentra cierta calma: “Nuestras reuniones son muy dolorosas, lloramos, tenemos mucha angustia porque la impunidad es lo que más duele, la gente crió un niño y se lo mata el Estado. Una madre no es muerte es vida. En las reuniones la gente no acepta lo sucedido, llora cuando ve una foto del hijo. Yo hago tratamiento para la depresión. Soy viuda porque mi marido murió de forma parecida a la de mi hijo…. Y tengo un hermano desaparecido”. Por la forma como la escuchan en el Foro Social de Bahia, la de Débora parece ser la realidad de muchas familias brasileñas.

Gente que sobra

“El Estado extermina a los pobres, negros favelados porque es más fácil matarlos que darles educación y salud, porque para ellos los pobres sobran. Los chicos negros son los más vulnerables. La política de seguridad de este país es una política de exterminio, ellos prefieren cárceles a escuelas. A los jóvenes se les aplica una figura que es la resistencia seguida de muerte, o auto de resistencia, que no existe en el código penal”, dice una Débora politizada por su experiencia de vida.

Sin embargo, no son sólo opiniones de una madre dolida. El libro “Crímenes de mayo” publicado seis meses después de los hechos por el Condepe (Consejo Estatal de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, de Sao Paulo), una comisión independiente integrada por representantes del Ministerio Público Federal, el Consejo Regional de Medicina, la Defensoría Pública (Cremesp) y varias entidades defensoras de derechos humanos, llega a conclusiones similares a las de Débora.

Desiré Carlos Callegari, presidente del Cremesp, asegura que entre los muertos de mayo hubo mayoría de varones (96,3%) y de jóvenes (45% tenían entre 21 a 31 años; 16,5% entre 31 a 41 años). Cada muerto recibió un promedio de 5,8 disparos el día 15 de mayo. De los 493 muertos, 43 fueron víctimas de delincuentes (23 policías militares, 7 policías civiles, 3 guardias municipales, 9 agentes de cárceles y 4 ciudadanos comunes). Dicecisiete fueron presos rebelados y 109 murieron en enfrentamientos. Pero 87 fueron muertos por asesinos no identificados “con indicios de ejecución con participación policial”4.

El perito criminal Ricardo Molina de Figueiredo, miembro de la comisión independiente, analizó los casos rotulados como “resistencia seguida de muerte”, o sea 124 muertos en la semana del 12 al 20 de mayo. El estudio de todos los casos revela: que la mayoría de los disparos afectó a las víctimas en regiones de alta letalidad; que los disparos fueron hechos a poca distancia; y que hubo una gran cantidad de “de arriba hacia abajo”.

Eso le permite asegurar que “la combinación de estos factores apunta hacia una situación compatible con la ejecución y no con el enfrentamiento a tiros con movimientos de quienes disparan. En una situación de confrontación sería muy improbable que se dieran los tres casos señalados, lo que nos permite decir que hubo ejecuciones en el 60 a 70% de los casos analizados”5.

La Defensoría Pública de Sao Paulo dice más o menos lo mismo. Pedro Giberti, Subdefensor Público General, denuncia que hubo desviación de conducta y abuso de autoridad. Lo peor es que esos elementos “no se transformaron hasta el presente en denuncias, siendo sepultados en la fosa común del archivo, donde yace la impunidad”6.

Gracias a esta comisión y al trabajo de las Madres de Mayo, quedó en la opinión pública la convicción de que hubo muchas ejecuciones sumarias. La segunda conclusión, aportó el propio Estado: una vez más, ganó la impunidad. La cuestión es grave porque en Sao Paulo los asesinatos volvieron a subir luego de diez años de descensos. En 2009, mientras en la capital del estado el delito violento siguió descendiendo, en las periferias y en ciudades del interior y litoral la violencia sigue creciendo. En Baixada Santista en un solo año los asesinatos subieron un 37%7.

Un Estado genocida

Comprender cómo puede estar sucediendo todo esto en un país que aspira a ser un referente mundial, donde impera una democracia desde hace veinte años, que cuenta con un gobierno progresista como el de Lula y va a organizara los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, demanda sondear en diversas direcciones.

Rafael Dias, de la ONG Justiça Global, cree que en Brasil existe un Estado genocida porque “nunca hubo una ruptura entre el Estado de la esclavitud y el Estado moderno, y tenemos ahora un Estado elitista que funciona a través de la violencia para apartar a los indios, los negros, los pobres, que son considerados como amenazas, como clases peligrosas”8. En su opinión, “es una cuestión de Estado, no de gobierno”. Por eso no ha cambiado mayormente con el gobierno de izquierda instalado en 2003. “Ahora tenemos el modelo de militarización de las favelas, porque se sigue considerando al pobre como un enemigo permanente y ésa es la lógica de la seguridad pública”.

La izquierda sigue tratando a los favelados como lumpen, personas que están fuera de la sociedad, dice Rafael Dias. “La izquierda no comprende la situación de los más pobres, porque como no están organizados en sindicatos ni en partidos, no forman parte del proyecto político de la izquierda y creen resolver el problema aplicando políticas compensatorias como Bolsa Familia. Estamos repitiendo los tres ejes que había durante la esclavitud, la triple P: pao, pau y pano”9.

Mauricio Campos es ingeniero y trabaja en la Red Contra la Violencia de Rio de Janeiro, que nació en 2003 durante una serie de movilizaciones de las favelas contra la violencia policial. “Nuestro trabajo consiste en acompañamiento jurídico a la gente que sufre violencia. La principal dificultad para trabajar en la favela es la violencia del Estado, el miedo, las masacres, ya que la gente que hace trabajo permanente está expuesta a las mismas amenazas que atemorizan a la población pobre”10. Cree que la masacre de Acari, en 1990 en Rio, donde mataron a once jóvenes, provocó un cambio en la sociedad ya que “fue la primera vez que hubo una gran reacción colectiva de los familiares de las víctimas”.

Campos sostiene que no se puede eludir el problema de la “relación económica entre el crimen organizado y la policía, ya que los delincuentes no quieren que se haga ninguna denuncia contra porque ellos lo arreglan con propinas. Para los activistas sociales la policía es el primer problema, porque ellos siempre atacan a las organizaciones sociales”. Y agrega que “la violencia contra los favelados viene creciendo porque la elite brasileña ha sido pionera en el mundo para atacar a los pobres antes de que se organicen. En otros países la violencia de las elites es reactiva, pero aquí es preventiva, porque tenemos una burguesía muy capaz, la más lúcida de América Latina que cuenta con un aparato de dominación como la Red Globo que usted no lo ve en otros países”.

El gran problema del tráfico de drogas, en su opinión, es que “es un articulador de todas las actividades criminales, es un gran paraguas de toda la actividad ilegal”. Por otro lado, el ascenso de luchas de los años 70 y 80, “fue zanjado con la represión bajo la dictadura, pero cuando retorna la democracia la represión directa se frena y se comienza con la criminalización de los pobres. Es un proceso incontrolable, porque el aparato policial tiene una autonomía increíble, al punto que ningún gobierno se atreve a enfrentarlo”.

Este es uno de los puntos clave: el cambio social está vetado para la mayoría pobre, negra y joven. “Si hubiera un movimiento social potente, muchos de esos jóvenes dejarían de referenciarse en el crimen y se relacionarían con la lucha social. Los jóvenes son tragados por un proceso, ellos no eligen el crimen, simplemente está, y a veces quieren vengarse de la policía, porque no hay justicia, ni hay organización social, ni guerrilla, y la única salida es entrar al tráfico”, concluye Campos.

No sólo los activistas sociales tienen este tipo de análisis. Vale la pena escuchar una de las voces más importantes del lado conservador, por boca de uno de los más altos cargos que debió enfrentar al crimen organizado en Sao Paulo, el gobernador Claudio Lembo.

El día que Lembo se despedía de su cargo, el 31 de diciembre de 2006, concedió una entrevista a Folha de Sao Paulo en la que habló sobre los agitados días de mayo. “En la crisis del PCC, figuras de la minoría blanca querían la ley del talión. Querían que se matase a todos, para preservarlos a ellos, los de la minoría blanca. Eso fue lo que más me irritó. Estábamos en un momento extremadamente difícil y teníamos que mostrar que el Estado puede vencer dentro de la ley. Me telefoneaban, y unos pocos vinieron a verme”11.

Lembo es un conservador que ahora pertenece al partido Demócratas (DEM) y que tuvo cargos ministeriales en Sao Paulo durante la dictadura militar. Consultado por la periodista sobre qué pedía la minoría blanca, fue claro: “Que la policía saliera a las calles, de noche, a realizar ejecuciones”. Nunca dijo quiénes son esas personas que querían venganza, aunque nunca fueron directamente afectados por la violencia. Pero es claro que pertenecen a esa minoría de ricos que utilizan el Estado para su exclusivo beneficio.

En pleno conflicto, Lembo dijo que la violencia sólo terminará cuando la minoría blanca cambie su mentalidad. “Tenemos una burguesía muy mala, una minoría blanca muy perversa. La bolsa de esa burguesía va a tener que ser abierta para poder sustentar la miseria social brasileña en el sentido de crear empleos, de que haya más educación, más solidaridad, más diálogo y reciprocidad de situaciones”. “¿En qué sentido son responsables?”, pregunta la periodista. “En la formación histórica de Brasil. Cuando los esclavos fueron liberados, quien recibió la indemnización fue el amo, no los liberados como sucedió en Estados Unidos. Es un país cínico”12.

Si esto es lo que piensa y siente un hombre conservador, abogado y profesor universitario de casi 80 años, gobernador encargado de reprimir la delincuencia y de alguna manera miembro de esa elite que critica, ¿qué pueden sentir los jóvenes de 15 y 18 años, pobres, negros, desocupados, siempre perseguidos?

Débora lo explica a su modo: “El pobre no tiene derecho a llegar al poder. Eso es para los hijos de papá”.

Notas:
1) “Investigan actuación de grupos de exterminio en Sao Paulo”, AFP y DPA, 24 de mayo, Sao Paulo.
2) Idem.
3) Agencia Reuters, Sao Paulo, 19 de mayo de 2006.
4) Agencia Carta Maior, Sao Paulo 17 de febrero de 2007.
5) Idem.
6) Idem.
7) Maes de Maio, http://maesdemaio.blogspot.com/.
8) Entrevista a Rafael Dias.
9) En portugués: pan, palo y paño (tela).
10) Entrevista a Mauricio Campos.
11) Folha de Sao Paulo, 31 de diciembre de 2006, entrevista de Mónica Bergamo.
12) Folha de Sao Paulo, 18 de mayo de 2006, entrevista de Mónica Bergamo.

Fuente: Argenpress (más…)

Publicado el : 29 de Abril 2010 – 7:18 de la mañana
| Por Pablo Gámez (Foto: Xenia Antunes)

La justicia brasileña podría decidir derogar las leyes de amnistía que han impedido cerrar de forma definitiva el capítulo de la dictadura militar.

Este miércoles sonó el disparo de salida: la Corte Suprema de Brasil comenzó a analizar si revisa la Ley de Amnistía que libró de juicio a los represores de la dictadura militar (1964-85), un tema que centra una intensa polémica en España y que ya fue revisado en la mayoría de los países de América Latina.

En el primer día de sesiones, el juez relator, Eros Grau, recomendó a la Corte no aceptar el pedido de revisar la amnistía, y consideró que le corresponde al Congreso legislar al respecto.

Reinterpretación de la ley
La Ley de Amnistía de Brasil, que data de 1979, permitió liberar a presos políticos y el retorno de exiliados, pero por una interpretación de su texto ambiguo también libró de juicio a los represores de la dictadura, de los cuales ninguno ha sido juzgado, al contrario de lo que ocurre en otros países de la región.

La acción pidiendo una reinterpretación de la Ley fue abierta por el gremio de los abogados y apoyada por la asociación nacional de magistrados.

“La Orden de Abogados de Brasil espera que el Supremo Tribunal Federal interprete que para los delitos comunes, como la tortura, (la amnistía) no sería aplicada”, explicó el presidente de la entidad, Ophir Cavalcante.

El tema levanta la oposición frontal de los militares, y el Ministerio de Defensa pidió a la Corte que no lo analice. También acarrea posiciones encontradas en el gobierno de Lula da Silva, que acoge a ex guerrilleros y militantes contra la dictadura.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que sufrió prisión en la dictadura, evita la polémica y ha dicho que lo más importante “no es sancionar a los militares, sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos”.

Mientras, la Procuraduría General de la República entregó a la corte una opinión contraria a la revisión.

Presión de activistas
Las organizaciones de derechos humanos, que defienden la aplicación de las convenciones internacionales que impiden amnistiar delitos de lesa humanidad, presionan por una modificación de la interpretación de la ley.

“¿Brasil finalmente enfrentará los crímenes de su pasado?”, cuestionó Amnistía Internacional. “Es extraordinario que en el siglo XXI persistan dudas sobre si esos delitos pueden ser aceptados. (…) La ley de amnistía ha protegido a funcionarios del Estado acusados de tortura, asesinatos y violaciones durante el régimen militar”, expresa.

En Brasil, el Estado reconoce 400 desaparecidos y muertos de la dictadura. Las deliberaciones de la Justicia brasileña coinciden con una gran polémica en España, donde el juez Baltasar Garzón (conocido por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet) enfrenta un juicio por iniciar una investigación, en 2008, sobre unos 114.000 desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y los primeros años del franquismo.

Garzón es acusado de saltarse la ley de 1977 que amnistió los delitos cometidos en la época.

Contexto Latinoamericano
Sí se han revisado las amnistías en otros países de Sudamérica, donde las férreas dictaduras del Cono Sur comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83).

En Argentina, donde según organismos de derechos humanos hubo 30.000 desaparecidos, el Congreso derogó en 2003 las leyes de amnistía que exculpaban a un millar de militares.

En Uruguay dos ex dictadores y ocho represores están en la cárcel por homicidios, secuestros y desapariciones forzadas.

En Chile, unos 500 militares están bajo proceso, el primero abierto contra el fallecido dictador Augusto Pinochet en 1998.

Mientras tanto, en Paraguay varios jefes militares y policiales ya fueron condenados.

Fuente: Radio Nederland (más…)

El obispo de San Cristóbal de las Casas se refiere al erotismo como una invasión que viene del exterior con las armas de la pornografía y de Internet, a contender contra otra fuerza, un impulso casi irresistible que viene del interior y que parece ser el deseo: el deseo sexual hacia los niños. Esta última idea es la más peligrosa y es digna del mayor escándalo social.

Por: Gabriela Rodríguez
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Muchas veces me he preguntado: ¿qué pasa por la mente de un pedófilo? ¿Qué placer especial encuentra en abusar y violar a una persona menor? Me queda claro que estas cuestiones todavía no tienen respuesta, al menos en el campo del conocimiento científico; como dice Jeffrey Weeks: cuanto más hábiles somos para hablar de sexualidad, mayores son las dificultades que encontramos al tratar de comprenderla. Y esto no se debe a que el sexo sea intrínsecamente malo, sino ”al hecho de que es un crisol de sentimientos poderosos”, la experiencia sexual es muy subjetiva (Sexualidad, Paidós/UNAM, México, 1998).

Las opiniones recientes de Felipe Arizmendi son una aportación testimonial que de alguna manera nos acerca a los sentimientos y a la idea de sexualidad de un adulto que ha hecho voto de castidad y que siente una poderosa atracción sexual hacia los niños: ”Ante tanta invasión de erotismo no es fácil mantenerse fiel tanto en el celibato como en el respeto a los niños” y señaló que con el uso de Internet, donde circula la pornografía, es difícil que los curas y cualquier persona se mantengan célibes y fieles:

”Cuando hablamos de libertinaje sexual generalizado que tenga que ver con la pederastia no es que queramos culpar a la sociedad o quitarnos las culpas que podamos tener, sino reconocer la liberalidad sexual del mundo en general que ha disminuido las fuerzas morales con las que tratamos de educar a los jóvenes en los seminarios. Ante tanta invasión de erotismo no es fácil mantenerse fiel tanto en el celibato como en el respeto a los niños” (Milenio, 20/4/10).

El obispo de San Cristóbal de las Casas se refiere al erotismo como una invasión, como si fuera un ataque ofensivo que viene del exterior y que es necesario detener, frente al cual hay que defenderse porque viene a pelear con las armas de la pornografía y de Internet, a contender contra otra fuerza, un impulso casi irresistible que viene del interior y que parece ser el deseo: el deseo sexual hacia los niños, impulso tan irresistible que impide ser respetuoso, aun con los menores de edad. Esta última idea es la más peligrosa y es digna del mayor escándalo social: la incapacidad de satisfacer el deseo respetando al otro, la imposibilidad de reconocer que en las relaciones sexuales hay otra persona, otro ser humano que tiene sentimientos y deseos propios, que tiene derecho a decidir.

Por si fuera poco, las declaraciones de Arizmendi fueron más amplias: cuestionó los libros de texto de educación sexual porque en vez de dar una educación moral sólo dan información sexual genital. No me quiero imaginar lo que se lograría si la Secretaría de Educación Pública introdujera las ideas de sexualidad de Felipe Arizmendi: habría que quitar los valores de respeto, libertad y solidaridad que fueron introducidos en los programas y los libros de texto de Ciencias y de Formación Cívica y Ética, apenas en 1998; además, habría que dejar de explicar los órganos sexuales de las niñas y los niños, a fin de que no se enteren de qué maneras los pueden violar.

Así debe pensar también el padrastro que violó y embarazó a su hijastra de 10 años de edad en Quintana Roo, y debe coincidir con la titular estatal del DIF, Lizbeth Gamboa, quien en vez de respetar a la chiquita, de darle atención sicológica y de hacerle ver (a ella y a su madre) que tiene derecho a interrumpir el embarazo; de continuarlo o darlo en adopción, sencillamente se le está obligando a ser madre del hijo de su violador.

¡Qué bueno que en la ciudad de México existe el derecho a la interrupción legal del embarazo desde hace tres años! En especial, el aborto con medicamentos es ejemplo de democratización en la relación médico-paciente: el doctor entrega el poder a las mujeres para que tomen en casa el medicamento con el apoyo de familiares y de una buena consejera, de un centro telefónico en caso de urgencia, y con acceso a una red de hospitales adonde puede acudir. Un servicio que se ha diseñado con base en el respeto a las mujeres, incluyendo a las menores.

gabriela.afluentes@gmail.com

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/04/23/index.php?section=opinion&article=023a2pol

Fuente:
(más…)

La tarde del 27 de abril, comenzó a correr el rumor de que @chavezcandanga sería la cuenta Twitter del Presidente de Venezuela Hugo Chávez, y en unas pocas horas decenas de miles de usuarios se hicieron seguidores de esta cuenta con un crecimiento sin precedentes en la historia de esta red social. Candanga se le llama en Venezuela a los que son inquietos e incansables.

Por: Marcos Salgado
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Esa misma tarde, cuando sólo por rumores la cuenta ya tenía más de 5000 seguidores, el Presidente Chávez confirmó que tenía creada una cuenta en Twitter y que estaba dispuesto a “dar la batalla”. “Estén pendientes después de la medianoche”, dijo, “a esa hora yo me desato”.

Y en la media noche del 27 al 28 de abril, en su cuenta @chavezcandanga, apareció su primer Tweet: “Epa que tal? Aparecí como lo dije: a la medianoche. Pa Brasil me voy. Y muy contento a trabajar por Venezuela. Venceremos!!” A esa hora, la cuenta anotaba más de 23 mil lectores.

Ya por la mañana del 28, la cuenta registraba más 40 mil seguidores. Al cierre de esta nota, ya sobre el mediodía, medía más de 50.000. Así, amenazaba superar en poco más de 24 horas desde el anuncio al otro presidente sudamericano con Twitter, el chileno Sebastián Piñera, quien no llega a los 90 mil. El vicepresidente para la Región Central del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en rueda de prensa, había dicho más temprano que “la oposición se cree la dueña de las redes sociales. Cree que el Twitter y el Facebook es de ellos. Nosotros estamos dando la batalla y somos 7 millones de militantes que tendremos Twitter. Todos en el PSUV vamos a tener una cuenta”. “Así como la oposición utiliza redes sociales para divulgar informaciones el PSUV se valdrá de estas herramientas para difundir aspectos relacionados con el proceso revolucionario”, remarcó Cabello.

Los twitteros habituales de la oposición venezolana optaron por dos caminos ante la avalancha aún en desarrollo de @chavezcandanga. La mayoría se llamó a silencio, los menos, comenzaron a desplegar teorías conspirativas, sobre cuánto le pagan a cada uno que promociona y saluda el ingreso de Chávez a la red social de los microblogging. Otros desesperados, pedían leer a Chávez sin anotarse como seguidor o seguidora.

Lo cierto es que esta irrupción de Chávez en Twitter deja sin argumentos a los que insistían con que el presidente venezolano se preparaba para “censurar” internet. Otras informaciones no comentadas en la prensa opositora de Venezuela dicen más al respecto.

Recientemente, Google difundió la lista de gobiernos que presionan a las autoridades para censurar servicios y entregar información personal de los usuarios, dice que el gobierno que más solicitudes realizó fue el de Brasil con 3.663. Le siguen el de EEUU con 3.580 y el de Reino Unido con 1.166 solicitudes. El gobierno español con 324 solicitudes estaría en octava posición. Venezuela nunca pidió información de usuarios ni reclamó censurar ningún sitio en Internet.

Presidentes con Twitter

Con @chavezcandanga, el presidente venezolano ingresa a un muy pequeño grupo de mandatarios que eligen Twitter como otra vía de comunicación. El más seguido de este lote es el estadounidense Barack Obama, con más de 3 millones y medio de seguidores. Obama está en el “Top 10” de los más seguidos en Twitter. Un ranking encabezado por famosos de Hollywood, como el actor Ashton Kutcher (más de 4 millones y medio de seguidores) y la cantante pop Britney Spears, con una cifra apenas menor.

En el puesto 61 aparece el segundo presidente, el británico Gordon Brown, con 1.737.000 seguidores. En el puesto 292, aparece el tercero, el japonés Yukio Hatoyama, con 550 mil seguidores. Entre los sudamericanos, sólo figura el nombrado Piñera, con módicos 87.000 seguidores.

Los microblogging de Twitter en español que ingresan en el Top 1000 se cuentan con lo dedos de las manos. Pero muestran cómo en Venezuela la disputa por espacios en las redes sociales para la lucha política tiene un lugar relevante. Entre los mil más seguidos aparecen el canal opositor Globovisión, el primer medio en español en el ranking, con 209 mil usuarios, el furibundo antichavista Nelson Bocaranda, con 142 mil y muy cerca otro exponente de la mediática contrarrevolucionaria, Alberto Ravell, con 130 mil.

@chavezcandanga los superará muy pronto, más allá del llamamiento del ministro Cabello a la militancia del PSUV. Según las proyecciones del sitio web Twittercounter.com, la cuenta del presidente superará a Globovisión en 9 días, y dentro de un mes pasará a ser la más seguida en español. Actualmente el cetro lo tiene el cantante colombiano Juanes, con 595 mil abonados.

Fuente: TeleSurtv (más…)

Y quién devuelve el tiempo perdido? Castigarán a los acusadores?.
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Alberto Nájar

BBC Mundo, México

Teresa González dio a luz entre rejas. (Foto cortesía de Amnistía Internacional)

La Suprema Corte de Justicia de México ordenó la liberación inmediata de las indígenas hñahñús Alberta Alcántara y Teresa González, consideradas presas de conciencia por Amnistía Internacional.

Las dos mujeres fueron acusadas de secuestro y tráfico de drogas por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR). Permanecieron en prisión casi cuatro años, pero este miércoles recuperaron su libertad.

Al ordenar su libertad la Corte reconoció que fueron acusadas con pruebas falsas y testimonios contradictorios.

“Esta injusticia que percibíamos ha quedado acreditada. Si es verdad que un solo inocente en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables lo es más”, dijo el ministro Arturo Zaldívar.

Alberta y Teresa podrían salir este miércoles de la prisión donde se encuentran, en Querétaro, al centro de México.

Pruebas falsas
En marzo de 2006, elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación –dependiente de la PGR- realizaron una operación para decomisar mercancía pirata en el mercado sobre ruedas de Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Los comerciantes se enfrentaron con los policías y retuvieron a seis de ellos durante varias horas.

Meses después la AFI capturó a Alberta y Teresa, así como a Jacinta Francisco Marcial –mujeres de estatura baja y delgadas-, a quienes acusó de secuestrar a los fornidos agentes.

Alberta y Teresa fueron, además, señaladas de cometer delitos contra la salud.

A pesar que en el juicio se demostró que no participaron en el presunto secuestro, y que los policías presumiblemente agredidos nunca ratificaron su acusación, el juez las sentenció a 20 años de prisión. El dictamen fue ratificado por un tribunal local.

El caso fue revisado en la Suprema Corte que determinó, en 2009, que Jacinta era inocente.

clic Lea: Jacinta, liberada

Sus compañeras serán liberadas este miércoles. La ministra Olga Sánchez dijo que la PGR no pudo probar que hubiera existido secuestro.

“Usted disculpe”

El caso de las mujeres hñahñús demuestra la ineficiencia del sistema de justicia de México, le dice a BBC Mundo Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

“A pesar de las reformas que se han hecho todavía hay prácticas inquisitoriales, de desigualdad y ausencia del principio de inocencia que señalan las leyes”, explica.

Un elemento grave es que la orden de libertad no se acompaña de una indemnización por los años que pasaron en prisión.

Y es que las leyes mexicanas no contemplan ese aspecto, reconoce la ministra Sánchez.

“Se ordena su libertad y hasta allí, usted disculpe”, dijo en entrevista con medios locales.

Por lo pronto, los abogados del Centro Pro y otras organizaciones que participaron en su defensa legal, anunciaron que buscarán una indemnización por el daño causado a Teresa, Alberta y sus familias durante los años de encarcelamiento.

Fuente: BBC Mundo

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