Ideelemail Nº 637, 09 de abril del 2010

Enrique Arias
Nancy Mejía
IDL – SC

La huelga convocada por Fenamarpe, que agrupa a mineros
informales, tuvo como resultado cerca de 80 heridos y 6 muertos.
Nuevamente fue necesario para poder llegar al diálogo bloquear
carreteras, crear zozobra en la población, generar millonarias
pérdidas económicas e imponer la violencia como forma de
actuación. Asimismo, desnudó la falta de capacidad del gobierno,
una vez más, para controlar el orden público; igual como pasó en
el mercado modelo de Piura y el desalojo en Motupe (en lo que va
del año ya se han producido más de una decena de muertos). ¿Es
necesario que se produzcan muertes para poder llegar al diálogo?
El Instituto de Defensa Legal lamenta profundamente las decenas
de heridos y los cinco fallecidos como consecuencia del
enfrentamiento.

En los sucesos en Chala, provincia de Caravelí, departamento de
Arequipa, se demostró una vez más, que los responsables de que se
respete el orden público, los policías, no son eficientes. No
solo para prevenir los conflictos y ser proactivos al respecto,
labor de la dirección de inteligencia policial, sino; por la
debilidad para controlar las manifestaciones violentas. La
policía nacional no está para analizar las causas del conflicto,
que en su mayoría responden al ámbito político, sino para
controlar y desactivar las manifestaciones que alteren la
tranquilidad y el orden establecido.

El punto anterior es muy importante resaltarlo, porque ante la
pregunta al ministro Octavio Salazar si renunciaría por lo
acontecido en Chala , este respondió que se deberían analizar las
causas del conflicto donde hay “intereses políticos”, ¿esa es la
labor de la policía? Según mandato constitucional la Policía
Nacional “tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y
restablecer el orden interno”. En este caso específico, debía
desalojar el kilómetro 600 de la Panamericana Sur, que fue
bloqueada por los manifestantes y donde se produjeron los
enfrentamientos; asimismo, controlar disturbios que pudieran
darse en las ciudades.

Como ya lo hemos mencionado, este gobierno ha demostrado su
ineficiencia y falta de capacidad para controlar los conflictos
sociales; dejándonos como saldo negativo de su gestión un mayor
desprestigio policial. Una de las razones de esta ineficiencia,
es la falta preparación instrumental por parte de la Dirección
Nacional de Operaciones Policiales (DINOES). Su capacidad
logística para controlar los conflictos sociales es una debilidad
que se ha acrecentado en este gobierno.

Para controlar el paro minero se decretó estado de emergencia en
siete provincias: Palpa, San Juan de Marcona, Tambotapa, Manu,
Caravelí y Camaná; y se enviaron miles de efectivos policiales
para poder controlar a los manifestantes. Sin embargo, nuevamente
olvidaron la falta de preparación, la importancia de la logística
y el equipamiento; no solo es fundamental estar en el lugar en
forma disuasiva sino también tener la capacidad operativa para
actuar durante el conflicto. Cerca de 1200 efectivos policiales
llegaron a la provincia de Chala, pertenecientes a la DIROES, y
500 de ellos se quedaron en el colegio Jose Olaya. Según fuentes
policiales el recinto estudiantil había planificado recibir unos
200 efectivos, sin embargo, el número se duplicó ampliamente. Del
mismo modo, dicho recinto solo tenía agua 15 minutos al día, no
tenían alimentos y disponían de precarias y escasas colchonetas
para pernoctar; ¿pueden unos efectivos policiales, mal comidos y
sin las condiciones necesarias, repeler acciones violentas
durante horas y controlar manifestantes exacerbados?

Asimismo, según un reportaje propalado por América Televisión ,
un grupo de agentes policiales, que no se hospedaron en el
Colegio José Olaya, durmieron en el suelo sobre cartones y
maderas en una construcción abandonada a pocos metros de los
piquetes de mineros. Según las imágenes y reclamos de los
efectivos policiales, el lugar donde pernoctaron les ofrecía
pésimas condiciones, que afectan no solo su capacidad física para
el momento de los enfrentamientos, sino que mellan la moral y la
preparación psicológica para hacer frente a este tipo de
situaciones. Según los efectivos en el lugar, se sentían
abandonados por su comando, tanto por Miguel Hidalgo, Director
General de la Policía, como por Octavio Salazar, Ministro del
Interior. No tenían que comer pues no les brindaron viáticos ni
rancho. Incluso, algunos llegaron a afirmar que estaban en peores
condiciones que los presos en el Penal de Lurigancho; y que esta
protesta minera era una “excusa” para evitar la huelga policial.

Del mismo modo, según fuentes policiales en el lugar, los
policías no recibieron desayuno ni almuerzo, tuvieron que esperar
el apoyo de empresarios y del gobierno local para poder
alimentarse; la falta de planificación fue evidente. Asimismo,
los efectivos policiales tuvieron que hacer frente a
manifestantes que se encontraban armados, teniendo como resultado
8 heridos de bala de la policía (¿los atenderán debidamente o los
abandonarán como en casos anteriores?); del mismo modo, la
mayoría de efectivos enviados al lugar eran novatos y muy
jóvenes, es decir, sin experiencia para actuar en estos casos.
¿Cómo combatir en esas condiciones?

Reiteramos que nada justifica que el control del orden público
tenga como resultado, cada vez más frecuente, fallecidos. A todo
esto se suma el fracaso de todos los Ministros del Interior del
segundo gobierno aprista para reformar la Policía. Es necesario
un escuadrón policial entrenado, capacitado y de élite para
actuar en este tipo de situaciones. Debe haber escuadrones
policiales capaces de combatir y controlar a los manifestantes
más avezados, gracias a su preparación psicológica, física e
instrumental, y, por un aspecto importantísimo que se ha
olvidado: su experiencia. El control del orden público se debe
producir sin consecuencias fatídicas, evitando el uso de armas
letales contra la población.

En este contexto, en el que el descontento policial está en
aumento, necesitamos tener equipos policiales capaces de
controlar los reclamos a veces violentos de los ciudadanos, que
mitiguen y calmen la tensión social; no que exacerben la
violencia con muertes absolutamente innecesarias y evitables.

Enviado por P. José Manuel Miranda

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