La diferencia entre las oportunidades para varones y mujeres respecto al ámbito laboral y educativo, continúa siendo enorme, según el tercer reporte de la Defensoría del Pueblo sobre el cumplimiento de la ley 28983, “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres”, aprobado el 12 de marzo del 2007.

La adjunta para los Derechos de la Mujer, Eugenia Fernán, explicó que, en el ámbito de Educación, sólo 13 de 28 colegios supervisados por la Defensoría tienen monitoreo de sus Unidades de Gestión Educativa Local sobre la implementación de una “perspectiva de género” en el diseño curricular, indicado en la ley 28983. “Sólo en Lima y Callao funciona el Programa Mujer y Deporte, establecido en la ley”, dijo.

El reporte recomienda, entre otros puntos, promover la Educación secundaria con énfasis en el ámbito rural, mediante programas o proyectos, además de presentar un balance de la implementación de la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales, al ministerio de Educación (Minedu).

En el aspecto laboral, el reporte incluyó la supervisión a 13 ministerios, siete entidades públicas y 23 gobiernos regionales. Del total de gobiernos regionales, sólo 11 aplicaron –al menos, en parte- los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades (PRIO), establecido en la ley 28983, entre el 2008 y 2009.

Para la representante de Flora Tristán, Diana Miloslavich, la responsabilidad mayor del incumplimiento de la ley 28983 es del Ejecutivo, pues el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, no presenta aún el informe concerniente al cumplimiento de esta norma ante el Congreso. “El premier ha incumplido con ir al Congreso a presentar ese informe, tal como el ex premier Yehude Simon también incumplió”, dijo. Asimismo, afirmó que el ministro de Educación, José Antonio Chang, es el más reacio a aplicar esta norma en su cartera.

A la vez, criticó el reporte de la Defensoría, pues consideró que le faltó incluir aspectos como la problemática laboral de las mujeres en el sector agroindustrial, y el abuso sexual contra menores de edad por parte de miembros de la Iglesia Católica en el tema educativo. “Es falso cuando afirman que la población económicamente inactiva de mujeres es de 6 millones 221 mil mujeres porque no considera que gran parte de ellas realizan trabajo no remunerado”, opinó.

FUENTE: DIARIO LA PRIMERA

(CODEHICA)- 07/04/2010

Fuente: CODEHICA

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