Day: abril 8, 2010

Erase Conejito en un país patriarcal…

La imagen que la mujer tiene de sí misma es una imagen que día a día el sistema patriarcal imperante va introduciendo de una manera sutil y demoledora en las conciencias de las mujeres adoptando este modelo sin llegar a planteárselo.

A simple vista parece un tema que carece de importancia pero si nos detenemos a analizarlo lentamente podríamos afirmar que es uno de los grandes obstáculos a los que las mujeres nos enfrentamos.

Para ser breve y clara en mi explicación pondré un ejemplo que está en auge en este momento, el tema de la figura femenina. Realmente somos victimas de esta sociedad en cuanto nos referimos a la forma física que las mujeres, vuelvo a reiterar, según esta sociedad patriarca, deben adoptar, una imagen que roza la anorexia. Cada día son más las chicas que entre 14 y 25 años se sumen en esta enfermedad, simplemente porque si no cumplen con lo establecido en la sociedad se sienten rechazadas o discriminadas, y son ellas las que siguen el juego de la sociedad, no las culpo, pues a nadie nos gusta sentirnos rechazados por que seamos diferentes en uno u otro aspecto aunque sea nimio.
Pero sí las acuso de preocuparse más por su entorno que por ellas mismas, pues la solución no es seguir la imposición si no el criterio de una misma, en resumen a quererse tal y como somos.

Pero si culpabilizo a la sociedad pues es esta mediante los medios de comunicación mayoritariamente los que propagan estos roles a adoptar por la mujeres, en su lugar deberían enseñar que la diferencia no lleva consigo la vulneración de la igualdad.

Un ejemplo claro es el fenómeno del “conejito de Play Boy”, el cual, es la representación de un negocio donde el objetivo es agradar a los hombres ( y algunas mujeres), esto no me parece mal en ningún momento hasta que el instrumento que se usa para ello es el cuerpo de la mujer y nada más, no se tienen en cuenta otras cualidades con las cuales, se puede agradar igualmente a ambos sexos.

Con esto no crítico su trabajo, en ningún momento. Sin embargo, sí es cierto que no lo comparto. Puedo asegurar con total firmeza que como mujer sí me veo afectada con esta actividad, pues hoy por hoy lo que la sociedad demanda a la mujer es que cumpla los requisitos de la estética ( que esto sí) han sido impuestos, como dije anteriormente. Por eso muchas de nosotras afirmamos y por tanto, nos oponemos a ser esclavas de la estética que marca esta sociedad y mucho menos a apoyar este negocio llevando llaveros, pendientes, camisetas cojines y un sin fin de accesorios porque entendemos que no solo es un inocente conejito en una camiseta sino que representa mucho más, representa el apoyo a ser consideradas simples objetos de deseo.

Una clara realidad es que las mujeres que trabajan en ello acaban montando su negocio como puede ser una agencia de publicidad o modelos, (el negocio sigue funcionando), ambos representan un medio donde se fomenta la cosificación del género femenino, es decir que muchos de los esfuerzos que se han realizado para que a la mujer no se le trate como algo más que unas tetas y un culo, parecen en vano.

Otros son de la opinión que nos cosificamos nosotras mismas, no lo apoyo, pues estoy de acuerdo que somos esclavas del estereotipo impuesto en la sociedad, vuelvo a reiterar, porque si en vez de nacer en este país nacemos en otro donde no hay por qué depilarse, ¿ lo harías?, en este caso tendrías la opción de planteártelo y no la obligación, sería tu decisión y no la de la sociedad.

No llevar la marca del play boy tatuada en la piel no te hará ser menos ante las demás personas. En este caso tienes la opción de planteártelo, no la obligación de llevarlo. Tú tienes el poder de decidir como considerarte a ti misma o como quieres que la sociedad te considere.

Fuente: http://www.mujeresjovenes.org/ver_articulo.php Leer más

El “mapa de excitación sexual del clítoris”: un nuevo ejemplo de manipulación amarillista

Abril 2010

La práctica totalidad de la derecha mediática española lleva varios días criticando al Ministerio de Igualdad por haber concedido, en tiempos de crisis, una subvención a la elaboración de un “mapa de excitación sexual del clítoris”. Lo sorprendente es que nadie parece capaz de explicar, de una forma sencilla y convincente, que se trata en realidad de un proyecto de investigación con aplicaciones médicas. El proyecto tan sonoramente menospreciado por la derecha mediática a cuenta del que elaborar infinidad de burlas, chanzas y chistes de mal gusto es en realidad un proyecto dirigido por la profesora del Departamento de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Nieves Martín Alguacil, que se denomina “Elaboración de un Mapa de Inervación y Excitación Sexual en Clítoris y Labios Menores; aplicación en Genitoplastia”. Según el Boletín Oficial de Estado ha sido subvencionado con 26.597 durante tres años. Su objetivo es conocer mejor la inervación sensitiva de los genitales externos de la mujer, para de este modo perfeccionar la funcionalidad de las intervenciones quirúrgicas de reconstrucción de dicha área anatómica (Genitoplastia, en lenguaje médico). Algo que puede ser de grandísima utilidad en intervenciones de reasignación de sexo en mujeres transexuales, pero también en la corrección de malformaciones congénitas o incluso de lesiones traumáticas, como la mutilación genital femenina. El mejor conocimiento de la inervación sensitiva de la zona permitiría que estas intervenciones quirúrgicas no conllevaran o incluso ayudaran a recuperar la pérdida de la capacidad de estimulación genital de la mujer. Quizá lo más triste es que, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, la manipulación mediática y el recurso a los más bajos prejuicios, sean homófobos, racistas, xenófobos o -como en este caso- machistas, ha encontrado un gran eco popular sin que haya existido una respuesta mínimamente articulada desde sectores progresistas. Fuente: Dos manzanas

Fuente: http://www.mujeresjovenes.org/tema_del_mes.php Leer más

Ciudad Juárez, viaje al fin del neoliberalismo

Para la gente buen corazón que aún siguen creyendo que el neoliberalismo es el mejor sistema que brinda oportunidades a todos y todas o que los tratados de libre comercio son la solución para salir del estado actual, el siguiente artículo describe todo lo contrario, pues México tiene el TLC con EE.UU, pero este TLC a traído consigo más perjuicios que beneficios a la inmensa mayoría de los y las mexicana(os), claro que hay un grupito que se beneficia con leyes dados por los gobiernos de turno, como por ejemplo la Ley Nº 27360 ley promoción agraria.
Según Miguel Calisaya de Asoc. Aura Vivar de Lima, afrima “que el congreso aprobó la Ley Nº 28810, “Ley que Amplía la Vigencia de la Ley Nº 27360, Ley Que Aprueba Las Normas De Promoción Del Sector Agrario”, hasta el 31 de diciembre del 2021. El régimen laboral agrario trae como consecuencia, por obra y gracia de tres sucesivos gobiernos (Fujimori-Toledo-García) y sus respectivos congresos, que dos generaciones de trabajadores ytrabajadoras laboren como ciudadanos de segunda categoría, con derechos recortados y una vida laboral marcada por la violación de sus derechos humanos en el trabajo, con grave perjuicio sobre sus vidas”.

Les invito a leer y saquen sus propias conclusiones.
=============================

07.04.10 – MÉXICO

Gennaro Carotenuto y Chiara Calzolaio

Adital –
El sueño de la industrialización neoliberal se transformó en pesadilla. Ciudad Juárez, la de las maquiladoras y los feminicidios, frontera entre el norte y el sur del mundo, es hoy la ciudad más violenta del planeta. En los últimos dos años la guerra entre narcos, en la que está involucrado el ejército, ya causó 4.600 muertos y 100 mil refugiados.

Llegando a Ciudad Juárez

Desde el sur, la última hora de avión muestra con creciente angustia uno de los desiertos más áridos del mundo. No era así antes, cuentan los pocos lugareños autóctonos. Juárez tenía 30 mil habitantes en 1930, 300 mil en 1970, 1,5 millones en 2000, y perdió varias batallas por el control del agua del Río Bravo con El Paso, que desde 1848 pertenece a Texas.

Del viejo y fértil valle de Juárez quedan apenas los topónimos. Entre ellos está el “Campo algodonero”, donde en 2001 fueron encontraron los restos de ocho mujeres víctimas de “feminicidios”. En noviembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por “indiferencia”: las mujeres violadas y asesinadas, jóvenes de clase humilde, no valían nada. Desde los años sesenta, y más aun después del tratado de libre comercio con Estados Unidos de 1994, llegaron a Juárez infinidad de mujeres para trabajar en las maquiladoras, las fábricas exportadoras de propiedad extranjera con regímenes fiscales especiales, bajos sueldos y escasos derechos, pero con la esperanza de un futuro mejor.

Las muertas no valían nada, como nada valen los 4.600 cadáveres que contó Juárez desde inicios de 2008, cuando comenzó la guerra entre narcos por el control de la ciudad entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa y llegó el ejército a jugar su propio partido. Cuenta el periodista de El Universal Ignacio Alvarado que “el 65 por ciento de ellos son menores de 25 años e hijos o nietos de obreras de maquiladoras”. Ese dato, además de trazar un perfil etnográfico de la masacre actual, atestigua el fracaso de un modelo de desarrollo. Elizabeth Ávalos, sindicalista, ex obrera en las maquiladoras, confirma: “hoy vive en Juárez medio millón de jóvenes a los cuales el modelo neoliberal no ofrece nada, ni educación, ni salud, ni trabajo y ven en el narco la única posibilidad de ganancia y de reconocimiento social”. Captados por los cárteles, son perseguidos por el ejército, que los ajusticia, secuestra, tortura y mata o arreglan sus cuentas a tiros. Esto en un contexto sin ley donde el quiebre del sistema judicial va más allá de la impunidad, y hay apenas 150 expedientes judiciales abiertos.

¿Y los otros 4.450 cadáveres?, preguntamos al jurista Óscar Maynez: “Si el asesinato fue cometido con armas automáticas o semiautomáticas se da por descontado que se trata de un ajuste de cuentas entre narcos, y ya no se procede”. Otro testigo, que prefiere el anonimato, calcula: “En 2008, 80 por ciento de los muertos fueron asesinados por la tropa de ocupación [el ejército]. El porcentaje bajó algo en 2009 porque hubo la contraofensiva de los narcos locales, desplazados pero no derrotados”. Los organismos de derechos humanos comprobaron la responsabilidad de los militares por lo menos en cinco casos de desapariciones de personas y hay cientos de denuncias por crímenes cometidos por uniformados. “En Juárez -sigue el testigo- no hay una guerra entre narcos en la cual el Estado llega a restaurar el orden sino una masacre cometida por el ejército enviado para sustituir un cartel con otro más controlable”. Aquí la pretensión punitiva del Estado ni siquiera caducó por ley. Simplemente el Estado renunció a castigar, porque está involucrado en la violencia.

Así, comenta Maynez, matar se volvió la mejor manera de solucionar asuntos prácticos: “Si le debes 20 mil pesos (unos 1.700 dólares) a alguien te sale más barato pagarle 3 mil pesos a un sicario. Liberarse de una esposa o una amante molesta hoy día es muy fácil. Hace poco mataron en su cama a un ex chofer que había quedado tetrapléjico en un accidente de tránsito. Todo indica que lo mató su patrón para no indemnizarlo, pero no hay ningún expediente abierto por este asesinato”.

Tampoco hay un expediente abierto por la muerte de Alfredo Portillo, el yerno de Marisela Ortiz, dirigente de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Marisela, que nos recibe en la escuela donde da clases, es considerada la “madre de Plaza de Mayo” juarense por su lucha contra los feminicidios. Alfredo, como el docente universitario Manuel Arroyo, el dirigente campesino Armando Villareal, el periodista Armando Rodríguez, Josefina Reyes y otros siete defensores de los derechos humanos, junto con anónimos militantes de los movimientos sociales u organizaciones barriales, sindicalistas, estudiantes, jóvenes inconformes, integran la lista de las decenas de “homicidios políticos” en Juárez que ni el Estado ni los medios admiten ni investigan.

Los asesinatos de estos luchadores sociales son falazmente atribuidos a “balas perdidas” o a “asuntos privados”. “Algo habrán hecho”, se dice de ellos. Los responsables de esos crímenes no son, a menudo, ni narcos ni delincuentes comunes, sino el propio ejército. Para los organismos de derechos humanos está comprobada la responsabilidad de los militares en por lo menos cinco casos de desapariciones de personas, y hay cientos de denuncias por abusos cometidos por uniformados.

Modernidad

Juárez es enorme. El espacio de la urbanización hacia el desierto no tiene límites. Las grandes avenidas son recorridas por decenas de patrullas del ejército y de la policía federal. Cada camioneta carga ocho hombres con pasamontañas, armados hasta los dientes y que apuntan en todas direcciones. Camuflados van los militares, casi de negro los policías federales. Su presencia es agobiante, y los retenes bloquean el tránsito de una ciudad donde el deseo de normalidad choca con la realidad. No habían pasado dos horas de mi llegada a la ciudad y ya me bajaron del auto para una revisión corporal a cargo de militares armados.

La mayoría de los autos particulares no tienen placas, pero sí vidrios polarizados, contribuyendo a acrecentar la constante sensación de inseguridad. Por las calles circulan viejos autobuses estadounidenses que vinieron a terminar sus vidas en Juárez. Las caras de los pasajeros sintetizan los distintos pueblos indígenas de todo el país. Cualquier viaje se hace largo entre fraccionamientos habitacionales, grandes centros comerciales y enormes lotes baldíos que se encuentran también en zonas céntricas o semicéntricas. Para llegar a su trabajo los habitantes de estas zonas pierden horas. Seguramente muchos de ellos formaron parte de las importantes luchas comunitarias que tuvieron lugar años atrás para acceder a los servicios básicos. Luz, agua y poco más es lo que quedó del “sueño juarense”.

El urbanista colombiano Edwin Aguirre, investigador del Colegio de la Frontera Norte, ofrece una interesante clave de lectura: “Desde los setenta Ciudad Juárez multiplicó por cinco su población. En estas cuatro décadas no fue abierta ni siquiera una escuela preparatoria. Quedan las que había en los años sesenta”. La preparatoria, en el sistema escolar mexicano, equivale al liceo y da acceso a la universidad. Queda claro que ni siquiera se pensó que los inmigrados de primera y segunda generación pudieran ascender socialmente llegando a tener estudios universitarios. “Nunca se los concibió como ciudadanos -comenta Óscar Maynez- y la ciudad entera fue creciendo atendiendo a los intereses de unas pocas grandes familias.” La gente no vive donde sería mejor sino donde les convino a los dueños de la ciudad: los Zaragoza, los Fuentes, los Vallina. En el México del siglo XXI es fácil reconocer la categoría de “república oligárquica” que caracterizó la América Latina del siglo XIX. Para Ignacio Alvarado, “PRI o PAN no importa. Todos los alcaldes, gobernadores, jefes policiales siempre fueron expresión de la cámara empresarial de la ciudad”. Cuando en los setenta el narcotráfico se superpuso al contrabando fronterizo tradicional “era un negocio para jóvenes de clase media alta subordinados a la DNS [la policía política del PRI]”. El narco juarense aparece así como la expresión estructural de la clase dirigente de la ciudad, una forma de acumulación primaria más junto al lavado de dinero o al contrabando. Se exportaba droga, se importaban armas y todos “mordían”.

En el centro histórico, a orillas del Río Bravo y del muro que George Bush erigió y que ningún Barack Obama desmantelará, la mayoría de los antros (bares, night clubs) están cerrados. Todavía en 2006 el casco antiguo de Juárez era el centro de la vida nocturna binacional. Miles de estadounidenses pasaban la frontera para divertirse, emborracharse, perder dinero en los casinos o comprar sexo barato en los prostíbulos. Cuando pasamos el puente hacia El Paso (que se define orgullosamente como la segunda ciudad más segura de Estados Unidos) tardamos dos horas y media en colas y humillantes trámites fronterizos. Volviendo a México ni siquiera nos chequearían el pasaporte.

En El Paso nos reunimos con Gustavo de la Rosa, defensor de los derechos humanos, amenazado de muerte y refugiado allí desde varios meses atrás. Gustavo es objeto de una campaña de solidaridad de Amnistía Internacional y sigue trabajando a tiempo completo para su ciudad: “Los consumos hídricos no mienten. En dos años ya se fueron de Juárez unas 100 mil personas. Las clases medio-altas se mudaron a El Paso. Las obreras retornan al resto de México, en Oaxaca, Durango, Veracruz”. El 25 por ciento de las casas de Juárez estarían vacías.

Elizabeth Ávalos denuncia: “Apareció el hambre en las colonias (barrios) más pobres, algo que acá no se conocía. La violencia está destruyendo puestos de trabajo en todos los sectores, incluyendo el informal, que en otros períodos de crisis fue un refugio para muchos. Las maquiladoras que quedan están pagando sueldos de 500 pesos semanales (unos 40 dólares) y hacen contratos de hasta 15 días de duración”.

En dos años, en las maquiladoras se perdieron 80 mil puestos de trabajo, de los 280 mil de apenas un par de años atrás. Ya no es un vaivén como en las crisis del 82 y de 2000. A la desarticulación neoliberal del mercado de trabajo, la crisis internacional que México sufre (el PBI cayó 6,5 por ciento en 2009) en el marco de una economía totalmente dependiente de Estados Unidos, Juárez suma los límites difíciles de destrabar entre legalidad e ilegalidad, política y mafia, empresa y narco. La ciudad ya no representa una esperanza para los explotados campesinos y campesinas del interior.

Estado de sitio

Desde que fue elegido, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico. Su estrategia no consiste en invertir en la sociedad civil y en la legalidad sino en militarizar el territorio valiéndose del controvertido ejército mexicano. Éste está volcado al orden interno y fue acusado en múltiples instancias de estar plenamente involucrado en el narcotráfico. Lo demuestra el hecho que el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca (a una centena de kilómetros del mar, en el estado de Morelos) la DEA estadounidense utilizó a la Marina en una operación para detener o matar a Arturo Beltrán Leyva, “el capo de los capos”. Esto mientras por la noche esperaba su cena el general Lopoldo Díaz Pérez, responsable militar de la región entera. Desde los operativos de 2007 en Michoacán, Guerrero y Baja California, pasando por el de Chihuahua, iniciado en 2008, 45 mil soldados fueron desplegados en todo el país. El punto crítico de esta estrategia es Juárez, la principal plaza de drogas de México, donde se ha producido casi el 40 por ciento del total de bajas de la guerra narco, sin que se lograra detener la sangría.

El 31 de enero de 2010 marcó un hito en la historia de la guerra en Juárez: 15 estudiantes fueron asesinados en una fiesta en una colonia popular en el sur de la ciudad. Uno o algunos de ellos “estaban metidos en algo”, pero la mayoría eran jóvenes “normales”. La opinión pública, que había permanecido en silencio, aterrorizada por el agravamiento diario de la situación, esta vez reaccionó.

Calderón y su ministro del Interior, Fernando Gómez-Mont, en las repetidas visitas que hicieron a la ciudad el mes pasado, tras años de ausencia, se toparon con importantes manifestaciones de protesta en las que se les acusó de ser responsables política y judicialmente de la catástrofe juarense. El presidente ofreció una militarización aun mayor de la ciudad, además de unos pocos millones de pesos que serán invertidos después de décadas de olvido.

Muy poco y muy tarde, comentaron los diarios de derecha mexicanos. Por el contrario, los grandes medios internacionales evitan ensañarse con este país, fiel aliado de Estados Unidos. Es el caso de El País de Madrid, que a menudo exalta los triunfos (sic) de Calderón en su combate al narcotráfico. La de Calderón es “una política de alta simulación”, afirma en cambio Marisela Ortiz. Durante su visita a Juárez el presidente fue increpado por Ñuz María Dávila, madre de dos de los estudiantes asesinados, un hecho simbólico que contribuyó a desnudar al rey.

Obligados por primera vez a dar la cara, Calderón y Gómez-Mont sostuvieron, sin que nadie les creyera, que el ejército no es una de las causas principales de la violencia. Sin embargo, la totalidad de los expertos que entrevistamos en Juárez concordaron en considerar que el ejército y la policía federal no sólo tomaron partido en la guerra entre narcos sino que importaron formas de criminalidad como los secuestros y el pago de “protecciones” (“cuotas”), delitos que agravaron la crisis económica y contribuyeron al cierre de más de 5 mil pymes.

Hoy día en Juárez la vida económica, social y política es simplemente inviable. Nadie espera nada de las inminentes elecciones a gobernador y alcalde, y el PRD, el partido de centroizquierda que en 2006 había llegado al 20 por ciento, en 2009 bajó a 2. La UNESCO denuncia que hasta las escuelas se ven obligadas a pagar una cuota por cada estudiante para que no sean acribillados a la salida de clases. Los jóvenes sicarios se entrenarían demostrando su hombría matando gente anónima en la calle. En la escuela donde trabaja Marisela Ortiz una enorme pancarta invita a los estudiantes a utilizar autobuses: “No te arriesgues”. Hasta la industria más pujante de la ciudad, la funeraria, está en crisis después de varios casos de amenazas, atentados, secuestros y asesinatos durante los velorios. Son numerosos los entierros “secretos”. Concluye Elizabeth Ávalos: “Hace treinta años que los movimientos sociales denunciamos que este modelo de desarrollo no podía más que llevar a la situación actual. Nunca nos escucharon y esto es lo que sembraron”.

¿La guerra del “Chapo” Guzmán?

No es fácil sintetizar el actual estado de la guerra entre narcos ni diagnosticar hasta cuándo puede durar esta violencia sin límites. Lo que está claro es que poco está haciendo el gobierno contra el cártel de Sinaloa.

Joaquín Guzmán Loera, 1954, apodado “Chapo”, jefe del cártel de Sinaloa, es probablemente el mayor narcotraficante del mundo. Según la revista estadounidense Forbes, acumuló una fortuna de más de mil millones de dólares y está entre las 40 personas más influyentes del planeta. Arrestado en 1989, logró fugarse de la cárcel de alta seguridad de Puente Grande en 2001, apenas después de que el derechista PAN llegara al poder en México. Quien habría gestionado su fuga habría sido el propio procurador general de la República en épocas de Vicente Fox, Eduardo Medina-Mora. Hoy sólo la DEA estadounidense parece interesada en su captura, ya que Calderón, un presidente que nunca habla de corrupción en uno de los países más corruptos del planeta, no muestra ningún apuro en detenerlo.

La lógica de los “operativos conjuntos” en Chihuaua y en otros estados responde teóricamente a la estrategia concordada con la DEA desde los primeros días del gobierno de Felipe Calderón: exterminar a los cárteles menores y “controlar” a los mayores. Sin embargo, el gobierno mexicano “malinterpretó” las líneas de la DEA y en lugar de “controlar” al Cartel de Sinaloa parece colaborar con éste.

Múltiples investigaciones y testimonios que recogimos cuentan una guerra donde el bando del Chapo entra en Juárez sólo cuando pudo contar con el apoyo militar. El ejército, el propio partido de gobierno, el PAN, y la policía federal en Juárez serían, según las distintas interpretaciones, aliados o subordinados de Guzmán, que sólo con esta ayuda pudo colocar a los suyos en el lugar ocupado antes por las pandillas aniquiladas, como los “aztecas”. Lo que es seguro es que fuera quien fuera que haya decidido desatar la guerra por Juárez -el Chapo, Calderón, el ejército, la DEA- dos años y 4.700 muertos después aún no pudo ganar.

Si el cártel del Chapo es considerado la expresión empresarial y profesionalizada del narcotráfico, el de Juárez, implicado en varios casos de feminicidio, aparece como una estructura criminal tradicional que ya no está capacitada para gestionar el mayor negocio del país. Sin embargo, el cártel de Juárez sigue jugando de local y el precio de la traición es la muerte. Al controlar aún a las policías locales y contar con la cantera infinita de los hijos y nietos de la maquila, pudo resistir a la primera avalancha y contraatacar utilizando incluso técnicas de guerrilla. En ese contexto, el sentido de la matanza de los estudiantes del 31 de enero habría sido crear un evento mediático para que el “aliado” Calderón pudiera terminar de militarizar la ciudad. Con una Juárez inundada de soldados -podrían llegar hasta 50 mil, según algunas fuentes-, se podría acabar con el cártel de Juárez, a un precio de muertes, violaciones y desapariciones tal vez sin precedentes en la violenta historia del país.

Mientras los niveles de violencia trepan y en Juárez una madre puede morir por tener un auto parecido al de un narco buscado por sicarios, hay quien dice: “Lo mejor para Juárez sería que ganara el Chapo y pacificara a su manera la ciudad”, cual vietcongs en Saigón. Miles serían los muertos y cientos de miles los refugiados adicionales en una guerra abierta que al complejo mediático mundial no le interesa narrar porque da cuenta del recorrido histórico del neoliberalismo: con la sociedad civil desmantelada y si todo lo que da ganancia es bueno, el triunfo sonreirá a los Chapo Guzmán, el más moderno de los empresarios neoliberales.

[Enviado por Barómetro Internacional]

Fuente: Adital Leer más

EEUU planea nuevas bases militares en Brasil y Perú para contener a Venezuela

08.04.10 – MUNDO

Eva Golinger *

Adital –
Desde Holanda, amenazan guerra con Venezuela

A la víspera de la primera visita del Primer Ministro de Rusia Vladimir Putin a Venezuela y la firma de acuerdos para incrementar las capacidades de defensa del gobierno venezolano, Washington mueve sus piezas para recuperar su dominación militar en la región.

Mientras que Venezuela se prepara para recibir a Vladimir Putin, quien viene a concretar varios convenios que incluyen a la entrega de helicópteros Mi-17 y la adquisición de 92 tanques rusos T-72 y el lanzamisiles múltiple Smerch, el portaaviones estadounidense “USS Carl Vinson” anda por las costas de Perú, realizando maniobras conjuntas con la Fuerza Aérea y la Armada peruana. El portaaviones USS Carl Vinson – el tercer buque más grande del Pentágono – está acompañado por una flota de ataque, compuesta por varios buques de asalto, destructores, componentes aéreos y helicópteros anti-submarinos.

Aunque voceros del Pentágono han afirmado que Washington realiza estas maniobras militares en la región de forma rutinaria, la presencia militar estadounidense ha ido incrementando de manera alarmante en el hemisferio desde el año 2006, cuando Venezuela entró en una relación en materia de defensa con Rusia.

Fue en aquel momento que el gobierno de Estados Unidos clasificó a Venezuela como un país “que no colaboraba suficientemente con la lucha contra el terrorismo” e impuso una prohibición de venta de armamento y equipos de defensa al país suramericana. Como consecuencia, el gobierno de Hugo Chávez tuvo que buscar otros socios que no estaban sujetos a las presiones de Washington. Venezuela, país entonces dependiente de Estados Unidos en materia de defensa, tenía dos opciones: dejar que sus Fuerzas Armadas se debilitaran y el país se quedara sin capacidad de defensa, o encontrar otros países no subordinados a la agenda de Washington que también poseían la capacidad tecnológica para satisfacer sus necesidades de defensa.

Hasta la fecha, Venezuela ha comprado armas rusas por un total de 4.000 millones de dólares, y mantiene proyectos en materia de energía y transferencia tecnológica con el gobierno de Rusia, que buscan estrechar las relaciones entre dos mega productores de petróleo y gas.

MAS BASES MILITARES DE EEUU EN LA REGIÓN

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, ha anunciado una visita a Brasil en abril para concretar planes de crear en Río de Janeiro una base militar conjunta para “vigilar el tráfico de drogas en la región”. La base, que formará parte de un eje entre Estados Unidos, Portugal y Brasil, cubrirá la zona del Atlántico Sur y servirá para la cooperación multinacional “contra el tráfico de drogas y el terrorismo”.

La semana pasada, el Embajador de Washington en Colombia, William Brownfield, reveló que su país ya estaba firmando acuerdos militares con dos otros países latinoamericanos. Brownfield se negó a revelar los nombres de los dos países con los cuales, según él, “ya estaban listos” los acuerdos que permitirán una expansión militarista de Estados Unidos en la región.

Un acuerdo militar entre Colombia y Washington causó graves preocupaciones en la región cuando fue anunciado el año pasado. Además de permitir la ocupación de siete bases militares en Colombia, el acuerdo también autoriza a Washington el uso de todo el territorio colombiano para realizar operaciones militares. Un documento oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de mayo 2009, explicaba que Washington necesitaba asegurar la presencia en Colombia para realizar operaciones militares de “amplio espectro” por toda Suramérica, y para “combatir la constante amenaza…de los gobiernos anti-estadounidenses en la región”. El documento también explicaba que a través de las bases militares en Colombia, las Fuerzas Armadas estadounidenses “mejorarán su capacidad de ejecutar una guerra expedita” en la región.

También fue concretado a finales de 2009 un acuerdo entre Washington y Panamá para establecer 11 bases militares operativas para “luchar contra el narcotráfico”. Estados Unidos ocupaba la base aérea Howard en Panamá hasta el año 1999, cuando finalizó el contrato militar entre los dos países. En lugar de abrir otra base militar grande en la región, y con la excusa de luchar contra el narcotráfico, Washington optó por establecer varias lugares de operaciones de avanzada (Foward Operating Location “FOL” en inglés) en El Salvador (Comalapa), Ecuador (Manta), Aruba y Curazao. En 2009, todos los contratos para estas bases militares fueron renovados menos en Ecuador. No obstante, la presencia militar de Estados Unidos en Manta fue fácilmente trasladada a Colombia apenas con la firma del nuevo acuerdo con Washington.

Estas bases permiten a Estados Unidos un alcance regional a nivel aéreo y marítimo.

HOLANDA PREPARA GUERRA CON VENEZUELA

Las bases de Washington en Aruba y Curazao, islas que forman parte del Reino de Holanda, han sido utilizadas durante los últimos años para intimidar y provocar a Venezuela. Entre visitas de portaaviones, submarinos nucleares, aviones de guerra y miles de tropas y fuerzas especiales estadounidenses, estas pequeñas islas – apenas kilómetros de la costa venezolana – han caído en medio de un conflicto creciente entre Washington y Venezuela. Al mismo tiempo, el gobierno holandés ha promovido una campaña contra el gobierno de Hugo Chávez, intentando demostrar que Venezuela tiene planes de invadir a las islas neerlandesas (Aruba, Bonaire y Curazao).

El gobierno venezolano ha rechazado tales acusaciones de manera contundente. No obstante, uno de los periódicos más leídos en Holanda, De Telegraaf, hoy publicó un artículo titulado “Venezuela amenaza con guerra”, que revelaba que, “El Departamento de Defensa de Holanda está seriamente considerando que el país podría entrar en guerra con Venezuela debido a sus intenciones de acercar a las Antillas neerlandesas”.

Holanda, aliada cercana a Washington y miembro de la OTAN, ha permitido la expansión militarista de Estados Unidos en Aruba y Curazao durante los últimos años para intentar contrarrestar la influencia regional de Venezuela. También, luego del trágico terremoto en Haití en enero pasado, Washington ha aprovechado de la situación para enviar más de 20 mil tropas al Caribe, acompañadas por equipos militares de última tecnología.

La creciente presencia militar de Estados Unidos en América Latina evidencia las intenciones de recuperar su poder y dominación en una de las regiones más ricas en recursos estratégicos del mundo.

* Abogada venezuelano-estadounidense

Fuente: Adital Leer más

HONDURAS: En sólo una semana, dos campesinos miembros de la resistencia son muertos

En los 2 últimos meses las grandes cadenas inofrmativas del norte y los que hacen el papel de caja de resonancia en el sur, se han ocupado por la muerte de Orlando Zapata. de la huelga de hambre de Fariñas ambos de cubanos. Pero sobre los asesinatos a los integrantes de la resistencia hondureña al golpe militar no dedican ni una linea.
Bueno como Lobo y Micheletti son afines a la ideología de las grandes cadenas, a las transnacionales no interesa la violación de los derechos huamanos en Honduras. Eso sí la consigna de ellos es tumbar a Castro cueste lo que cueste porque es comunista.

Creo que últimamente vivimos en una dictadura mediática, sin valores de por medio, pero tal vez con principios, pues los principios son adaptables a las conveniencias de cada grupo.

====================
08.04.10 –

Natasha Pitts *

Adital –
Los militantes de la resistencia hondureña continúan siendo atacados. Ayer (7), otro campesino fue muerto, es el segundo desde el 1º de abril. José Leonel Álvarez Guerra era miembro de la Cooperativa La Confianza, una de las que constituían el Movimiento Unificado Campesino de Aguán (Muca), y participaba activamente de las acciones del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

Hasta el momento, los autores de los cinco tiros que victimaron a Álvarez Guerra todavía no fueron identificados, sin embargo, la Resistencia cree que los autores intelectuales son los propietarios de tierra Miguel Facusé, Reinaldo Canales y René Morales. El campesino fue asesinado cuando se dirigía a su casa, en el barrio Manga Seca de Tocoa, en Colón.

Álvarez Guerra es el segundo campesino muerto desde principios del mes de abril. El día 1º, Miguel Alonso Oliva fue muerto a tiros durante acciones de movilización del Muca para recuperar las tierras de la propiedad El Bolero, en Trujillo, Colón. Los últimos acontecimientos reflejan la gravedad de las injusticias que se implementaron en la batalla por un pedazo de tierra para vivir y trabajar en Honduras.

Por no poder contar con el gobierno de Porfirio Lobo, acusado -conjuntamente con sus organismos de seguridad- de cerrar los ojos a las permanentes situaciones de violación de los derechos humanos en el país, los militantes de la Resistencia continúan apelando a los organismos internacionales y solicitando que presionen al gobierno para encontrar una solución inmediata a los conflictos de tierras en Aguán.

“Mientras se asesina a nuestros compañeros y compañeras y se amenaza con masacres a comunidades campesinas enteras, el régimen de Porfirio Lobo pretende presentarse como preocupado por los derechos humanos. Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que exija el castigo de los responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo hondureño en Resistencia”, denuncian y apelan los miembros del Muca.

Mientras no haya indicios concretos de que una reforma agraria va a ser implementada en Honduras, los conflictos violentos entre propietarios de tierras y campesinos continuarán ocurriendo. La ausencia de tierras para trabajar y vivir ha puesto a cientos de familias campesinas en situaciones inhumanas de supervivencia. Muchas están pernoctando en plantaciones, donde son sometidas a problemas de salud graves.

La situación de tensión está agravándose por la presencia en la región del ex-capitán de la policía, Billy Joya Améndola, conocido por integrar y entrenar a escuadrones de la muerte. Denuncias de la Plataforma de Derechos Humanos confirmaron que Joya Améndola podría estar entrenando a un grupo especial fuertemente armado para realizar operaciones violentas en las zonas de conflicto.

Mediante esta problemática, la Plataforma de Derechos Humanos está exigiendo que se terminen las amenazas, asesinatos, actos de represión y persecución de los dirigentes sociales de Honduras y de los campesinos, campesinas y sus familias.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

* Periodista de Adital

Fuente: Adital Leer más

Alan García Pérez: ¿Psicopata o un avezado criminal?

Según las cifras oficiales no se habla de nuertos en Madre de Dios, pero otras fuentes si citan 43 mineros y 11 policías asesinados. Se hace necesario investigar. El autor del presente artículo cita esta cifra.

=================================
jueves 8 de abril de 2010

Luis Arce Borja (especial para ARGENPRESS.info)

Alan García Pérez es un caso que muestra que mientras un asesino u otro tipo de avezado delincuente no es arrestado y sancionado por sus graves delitos éste seguirá siendo una seria amenaza para la población. En política esto es mucho mas grave, sobre todo si cuenta con el poder del Estado, las fuerzas armadas y fuerzas policiales. García Pérez, durante su primer gobierno (1985-1990) aplicó una política de crímenes y matanzas masivas de ciudadanos.

Organizó grupos paramilitares para asesinar a sus opositores, incluso planificó y dio la orden para exterminar a 300 prisioneros (Lurigancho, El Frontón, Santa Bárbara). ¿Pagó por estos crímenes?. No, por el contrario fue alagado y premiado con una nueva presidencia del Perú. Las nuevas matanzas de trabajadores que ahora comete desde el Estado, tienen segura una impunidad penal y política. Ellas cuentan con la complicidad del poder judicial corrupto, del parlamento inservible, y de una “oposición” política de pacotilla, que hace parte del sistema corrupto y degenerado que ahora administra el aprista García. En todo esto hay que discrepar con todos aquellos que sindican al presidente peruano como loco, demente o psicópata. García Pérez es peor que eso, es un reaccionario que para servir a las transnacionales es capaz de ordenar las peores y más abominables matanzas de peruanos.
Matanza en Madre de Dios
El sábado 3 de abril, cuando recién amanecía las fuerzas policiales arremetieron con ferocidad contra una masa de manifestantes en Madre de Dios, región peruana selvática del sureste del Perú. El saldo de esta represión a cuenta de la democracia peruana y del gobierno de Alan García Pérez, ha sido bastante elevado. Para algunos, los mineros muertos por balas fueron 43, además de 11 policías ejecutados por los manifestantes, y decenas de trabajadores heridos (información del ambientalista y corresponsal Martín Herrera). Para la mayoría de la prensa peruana, mucha de ella acostumbrada a encubrir los crímenes del gobierno, los mineros eliminados por la represión policial fueron entre 5 y 6. Martín Herrera, cuenta que el enfrentamiento fue en la entrada de la ciudad de Tambopata (Puerto Maldonado), cuando un contingente de policías armados con fusiles de guerra y ametralladoras, intentaron impedir el ingreso de miles de mineros artesanales.
De acuerdo a la crónica de este hecho sangriento, Puerto Maldonado era una ciudad en llamas, ráfagas de metralletas, bombas, y mineros pertrechados con fusiles de caza, cuchillos, piedras y otras armas que utilizaron para hacer frente a las hordas criminales de policías y soldados que habían llegado para matar a los mineros que protestaban contra el gobierno. Según Martín Herrera, Todo Puerto Maldonado tenía olor a pólvora, y los cuerpos de los mineros acribillados estaban regados en las calles. El ejercito declaró el estado de sitio, y con ello amplio la represión al resto de la población.
Matanza en Arequipa
El mismo día en la ciudad de Chala (departamento de Arequipa), una ciudad bastante distante de Puerto Maldonado, la policía arremetía violentamente también contra una manifestación de mineros artesanales. El Saldo, según fuentes oficiales, fue 6 mineros muertos y una centena de heridos por balas. Ese día cerca de 7 mil mineros se habían declarado en huelga en solidaridad con los mineros de Madre de Dios. Como parte de la acción de protesta, los mineros tomaron la carretera panamericana y bloquearon la circulación de esta importante vía de comunicación entre Arequipa y el resto del Perú. Según testigos, los policías llegaron con “orden de matar”, y por ello no tuvieron ningún reparo en disparar contra trabajadores que tuvieron que defenderse con flechas rudimentarias, palos y piedras. No portaban ninguna arma de fuego para hacer frente las tropas policiales. De la misma forma que en Madre de Dios, todo el departamento de Arequipa fue declarado zona en emergencia, donde los militares y policías asumen el control total de la región.
Frente a esas medidas represivas y criminales, Alan García Pérez, respondió con los mismos argumentos que ya ha usado otras veces para justificar sus acciones criminales. Cínico y criminal señalo que ”El Estado sí tiene pantalones”, y que el “Gobierno no se pone de perfil para enfrentar a la minería informal que esclaviza niños y jóvenes, además de envenenar ríos y contaminar el medio ambiente”. “Eso me parece una cobardía. El Estado tiene que demostrar que tiene principios “Que el Perú sea testigo. Nosotros no nos ponemos de perfil, podríamos dejar que esta gente siga sacando oro, envenenando muchachos, o envenenando niños, prostituyendo a muchísimas personas en esa zona”.
Genocidio étnico en Bagua
Los hechos sangrientos en Madre de Dios y Arequipa, son casos semejantes a lo que ocurrió en 2009 en Bagua. Ahí el viernes 5 y sábado 6 de junio del 2009, Alan García Pérez ordenó una violenta represión contra nativos y pobladores de Bagua (Amazonas) que exigían se respete sus territorios que ancestralmente les pertenece, y que el gobierno lo subastaba a las transnacionales.
El resultado fue cerca de 50 nativos asesinados, una docena de desaparecidos, además de una centena de heridos por tiros de balas. En el enfrentamiento murieron 11 policías que cayeron atravesados por las lanzas que usaron los nativos para defenderse. Ese baño de sangre fue un genocidio ético, y su objetivo fue limpiar el camino para seguir entregando la amazonía a las grandes petroleras y compañías mineras internacionales. En esta violenta represión participaron 600 efectivos policiales, y más de 200 soldados del ejército, apoyados por helicópteros artillados y carros de combate. Días después de esta carnicería, Alan García Pérez, con su cinismo que ya es característico en él, hablo públicamente para justificar la matanza, y señalar amenazadoramente que el gobierno no iba a permitir el chantaje de un grupo de peruanos.
Por este crimen ninguna persona fue acusada, ni sancionada. Hasta la actualidad nadie sabe de los nativos desaparecidos, y ningún representante del gobierno ni de la policía y del ejército, fueron acusados por el asesinato de cerca de 50 nativos. Para encubrir esta masacre, se aplico el libreto de siempre, y para ellos los partidos de “oposición”, presentaron una propuesta para “formar una comisión que investigue este hecho represivo”. Ahora será lo mismo, y nuevamente la “oposición, sobre todo ahora que está en carrera electoral, exigirá una “comisión investigadora”, y el epilogo será el de siempre. Nadie en el gobierno es culpable y las victimas quedaran para siempre en el olvido.

Fuente: Argenpress Leer más

Pobre Juventud VI

Publicado el : 8 de Abril 2010 – 8:46 de la mañana |
Por Fernando Cabrera (http://informarn.nl)

Abandono Guatemala y continúo mi de viaje por El Salvador. El padre Pepe Morataya tiene toda la razón: no se puede combatir la violencia con más violencia pero tampoco con la Biblia. Morataya es un sacerdote salesiano de origen español que tiene su centro de trabajo en el Polígono Industrial Don Bosco, ubicado en la colonia Iberia, en la capital salvadoreña.

“Antes esto era un basural rodeado de algunas construcciones improvisadas donde vivía gente muy pobre, pero vea, todo lo hemos transformado. Hasta la calle de acceso esta pavimentada”.
El proyecto de prevención y reinserción social que dirige es un referente en la región y por lo que he podido observar hasta ahora, es el mejor, el más serio y efectivo en su clase.

El edificio es un verdadero fortín de color azul. Ventanas y puertas están protegidas por dentro y por fuera por sendas rejas de metal y para ingresar hay que intercambiar el “buen día” con un par de guardias bien armados. Nada nuevo en esta ciudad y no es para menos. Según el taxista que me trajo hasta aquí, nos encontramos en una de las zonas rojas, es decir de alto riesgo en esta capital. Ya dentro del recinto el padre José nos enseña las instalaciones. “Aquí nos hemos instalado hace algunos años. Los muchachos que vienen aprenden un oficio y se tecnifican en él”.

Me señala una máquina con cientos de botones en la parte frontal. “…Estamos haciendo moldes para envases de plástico. Botellas, cajas, etc. El cliente viene con su diseño, explica cómo lo quiere y los muchachos se ocupan de la parte técnica y de hacer el molde. Después eso se produce en otro lugar… multiplicado por miles”.

El proyecto marcha bien y en lo que va de tiempo ha crecido de tal modo que el espacio físico donde están las instalaciones ya resulta insuficiente. “Los muchachos quieren invertir 80.000 dólares en la ampliación para aumentar la producción”.

Le pregunto si puedo hablar con uno de ellos. “Mejor que no, me lo han pedido. Algunos de ellos tienen miedo a que sus enemigos sepan que están trabajando aquí y los molesten o los maten”.
¡Adiós testimonio de marero rehabilitado! Pero eso es lo de menos. Lo importante es que el método funciona, y bien.
Al ver esto, extraña que el Gobierno no imite la iniciativa. “Pues es que no quieren invertir en el aspecto social. No hay estímulo para la mediana empresa”.

El Salvador, y en ese sentido no es el único país en la región, presenta una característica en el aparato productivo. Aquí se han instalado grandes empresas -léase transnacionales- que operan con alta tecnología y por lo tanto absorben poca mano de obra. Esto ha creado una enorme masa de desempleados que, en su necesidad de sobrevivir, han invadido las calles con el comercio informal haciendo durante el día el tránsito de peatones y vehículos casi imposible. Muchos de ellos, con un poco de suerte, han podido crear incluso su pequeña microempresa que no alcanza a dar trabajo sino al dueño y a uno o dos miembros de la familia. Eso es todo. Algo intermedio, la mediana empresa, es prácticamente inexistente. De ahí ese enorme ejército de “buscapegas” que, ya al borde de su desesperación, emigran hacia el norte o – otra vez la misma cantaleta- pasan a integrar las maras o pandillas a las que ahora hay que reprimir.

Recientemente, el Fiscal General de Estados Unidos Alberto Gonzáles, llegó al país con un mensaje. En una concurrida conferencia de prensa dijo “Estados Unidos está con El Salvador en su lucha contra los pandilleros violentos. Reconocemos que esto no es un problema de uno o dos países sino que afecta a toda la región, por lo que debemos trabajar juntos a nivel regional”.

Para efectivizar este trabajo conjunto, con apoyo directo del Departamento de Estado y del FBI, la policía nacional de El Salvador (PNC) deberá crear una nueva Unidad Transnacional Anti Pandillas que se encargará de capturar a los mareros. El paquete es completo. Prevé además, el entrenamiento de policías salvadoreños por el FBI y se implementará un sistema moderno de control de huellas digitales en el ámbito regional. El proyecto se complementa con varias reuniones policiales al más alto nivel y se coronara con la Tercera Conferencia Internacional contra las Pandillas a realizarse el próximo mes de abril en El Salvador. ¡Bravo!

Pero… ¿Y el tema del empleo? ¿Y los esperados puestos de trabajo? ¿Y los medios económicos para desarrollar el plan social que muchas organizaciones especializadas en el tema han calificado de imprescindible, no sólo para disminuir el número de pandilleros y de muertos, sino para evitar que los salvadoreños (y otros centroamericanos) abandonen su país en busca de pan para ellos y sus familias?
Nada de eso se dijo.

Por eso, anoche, muchos salvadoreños se fueron a dormir frustrados, pues bien saben, al igual que el padre Morataya, que la violencia no se combate con mayor represión. Por muy moderna y digitalizada que esta sea.

Texto: Fernando Cabrera es periodista del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland y escribe este diario durante su viaje por Guatemala y posteriormente por El Salvador

Fuente: radio Nederland Leer más

WALDA BARRIOS-KLEE Activista a favor de la mujer en Guatemala

La ola de ‘feminicidios’ de Ciudad Juárez se extiende por Centroamérica

ANNA-MARIA HOLLAIN – Madrid – 07/04/2010

Sólo durante 2009, en Guatemala fueron asesinadas 847 mujeres. En los últimos 10 años, han muerto de manera violenta 5.027 guatemaltecas. Y en lo que va de año, ya suman 160. No se trata de violencia doméstica a puerta cerrada, sino de mujeres que son torturadas y asesinadas en lugares públicos, casi siempre por desconocidos. Walda Barrios-Klee (1951, Ciudad de Guatemala), consejera asesora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, constata una realidad preocupante en una entrevista concedida a EL PAÍS en el marco de un seminario internacional sobre feminicidios en Guatemala y México, celebrado ayer en la Casa de América de Madrid. “¿Por qué fue famoso el caso de Ciudad Juárez? Porque allí empezaron. Pero de allí comienza a pasar en toda Centroamérica y en toda la región. Ya es una patología social”, asegura.

Desde 2008, la legislación del país centroamericano reconoce el delito del feminicidio: el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, motivado por el odio y la misoginia. “Los feminicidios están considerados como crímenes impersonales. El que mata a la mujer no tiene ninguna relación con ella. Es un crimen anónimo. El que asesina no conoce a la víctima y la mata por el hecho de ser mujer. Es lo nuevo del fenómeno”, resalta Barrios.

Otro factor distintivo es la brutalidad empleada antes y después de la muerte de la víctima. “No se mata únicamente, sino que se persigue todo un ritual en el asesinato: tortura, mutilación y violación. Hay violación siempre, acompañada por un sadismo excesivo”, precisa. Los cadáveres aparecen a menudo descuartizados, con las uñas arrancadas y la cara desfigurada.

La consejera, que fue candidata a la vicepresidencia de Guatemala en 2007, subraya que la ley contra los feminicidios “ha servido para que aumenten las denuncias ?porque las mujeres pierden un poco el miedo?, pero no la penalización”. Y tampoco ha conseguido frenar las agresiones. “La ley fue aprobada en marzo de 2008. Y en marzo de 2009, en lugar de bajar, aumentaron los crímenes”.

Para Barrios, se trata de un fallo institucional. “La ley es una contribución al cambio cultural. No obstante, si el sistema de justicia no funciona bien, aunque haya ley, las cosas no van a cambiar mucho”.

El llamado triángulo de la violencia [Guatemala, El Salvador y Honduras, según la descripción acuñada por Naciones Unidas, ya que tienen las tasas de feminicidios más altas de la región] ilustra un problema que va más allá de los conflictos armados, que acecharon en el pasado a El Salvador y Guatemala, y en los que la violación se usó como arma de guerra.

El primer puesto respecto al asesinato de mujeres, en los últimos años, lo solía ocupar Guatemala. “Ahora, Honduras tiene el primero, El Salvador el segundo, y Guatemala el tercero”, afirma la defensora de los derechos de las mujeres. Y explica que esta situación se da no porque haya bajado la cifra en Guatemala, sino porque ha subido en Honduras.

“¿Qué tienen en común Guatemala y El Salvador? Las guerras internas. Honduras, no. Pero Honduras salta después del golpe de Estado. Es lo que cambia la situación allí. El problema tiene que ver con el papel del Estado y el debilitamiento de las estructuras estatales, algo que afecta a toda América Latina”, añade la activista.

Es cierto que en el caso particular de Guatemala pesa también la herencia de una guerra fratricida de casi cuatro décadas, ?el acuerdo de paz se firmó en 1996?, que dejó más de 200.000 muertos o desaparecidos, sin que se haya juzgado jamás a los verdugos. “Hemos tenido 36 años de conflicto armado durante los cuales el aparato de Estado se usó para la represión. Toda la estructura estatal quedó en manos de gente que tenía esa mentalidad del enemigo interno, que así se llamaba a la gente que quería una Guatemala distinta. Eso no se desmontó con la firma de la paz. La estructura del Estado quedó como era, con las mismas personas de la guerra. Por eso, no piensan en la justicia”, explica Barrios.

A ese clima de impunidad generalizada se une un cambio de perspectiva. Ahora, las mujeres encarnan al enemigo interno, sostiene la activista, “porque empezamos a salir a la calle, a trabajar, a ser autónomas, a tener ingresos propios, a reivindicar espacios públicos y cuotas de poder. A medida que hay más participación política y más mujeres buscando cargos públicos, hay más asesinatos. El mensaje social parece ser que la mujer que sale de casa corre más peligro que la que se queda encerrada, aunque esto sea un mito. Porque incluso los maridos que te golpean y pegan en las casas no te matan como te matan en la calle. Es una forma de terrorismo”.

Fuente: El País Leer más