05.04.10 –

CNDDHH *

Adital –
Ayer, domingo 4 de abril, seis personas perdieron la vida, cinco de ellas por disparos de bala, y alrededor de 30 quedaron heridas como resultado de la intervención de efectivos de la Policía Nacional para levantar el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Chala (provincia de Caravelí, región Arequipa). Las víctimas eran en su mayoría personas relacionadas a la minería artesanal, que protestan contra el Decreto de Urgencia 012-2010, aprobado por el Gobierno para hacer frente al grave impacto ambiental causado por la minería informal en la región Madre de Dios.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condena las muertes causadas ayer y rechaza firmemente que el Gobierno continúe enfrentando situaciones de protesta disparando contra los que protestan y asumiendo como un costo aceptable la probabilidad de matar.

Hay un derrotero marcado por esta actitud del Gobierno actual frente a los conflictos sociales, que tiene antecedentes cercanos en Bagua, en junio de 2009, y en Huancabamba, donde en el reciente mes de diciembre tres campesinos fueron muertos a tiros -por la espalda, es decir, no en una situación de enfrentamiento sino cuando se retiraban- por efectivos de la Policía. En lo que va del 2010, ya se han producido 12 muertes por conflictividad social 5 en Piura, 6 en Arequipa y uno en La Libertad.

La CNDDHH rechaza el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP en este tipo de situaciones y recalca que es un patrón que se ha venido cumpliendo en los últimos años, especialmente desde la aprobación de los decretos legislativos 982, 983, 988 y 989, que criminalizan la protesta social, los mismos que han sido nuevamente denunciados en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada hace pocos días.

El Gobierno está en la obligación de esclarecer los hechos ocurridos de inmediato. La misma responsabilidad corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial, a quienes corresponde establecer las responsabilidades penales del caso.

La CNDDHH hace igualmente un llamado a los mineros informales y sus organizaciones a no incurrir en actos de violencia ni exponer a terceros a sufrir perjuicios, debiendo actuar con responsabilidad frente a la población de las zonas en conflicto y especialmente con los pasajeros de los autobuses retenidos en las carreteras bloqueadas, así como evitar toda agresión a los efectivos policiales.

La CNDDHH les invoca a tratar su caso con las autoridades de manera sensata, pacífica y dialogante, y sin olvidar los graves problemas medioambientales, laborales, de salud y de respeto de derechos de la mujer y del niño, que las actividades mineras informales representan para la región Madre de Dios y el país, teniendo en cuenta el enorme daño ambiental que viene produciendo la minería del oro en Madre de Dios, que tiene detrás a grupos de poder económico que hacen peligrar la vida de personas y comunidades.

Lima, 5 de abril

[Enviado por Quipu Informativo].

* Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Fuente: Adital

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