Sì pues para el gobierno, Raùl Vargas Vega de RPP y otros comodines los ùnicos culpables del asesinato de 34 personas en el mes de junio del 2009 son los indìgenas, se nota que la soberbìa y el poder les a aturdido la razón. Lo justo es que las responsabilidades sea asumida tambièn por el gobierno y por medios serviles. Por què solo a Radio Bagua se le clausurò?, acaso RPP y otros medio parametrados con el gobierno no pedìa mano dura? y eso què significaa?, ademàs un comentarista del pasquìn Correo sugiriò que se le eche naplan a los indigenas que estaban en protesta. Esta no es otra forma de azusar a la gente a llenarse rabia?
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Jue, 07/01/2010 – 15:49
Los indígenas procesados por los sucesos de Bagua , no cuentan con traductores para expresarse en su lengua de origen y se quejan de que sus declaraciones son tergiversadas. Además, deben viajar entre dos o tres días para comparecer ante la justicia.
Según la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), las autoridades judiciales no han demostrado la responsabilidad del centenar de indígenas y mestizos denunciados por estos hechos y tampoco dan las facilidades para que estas personas puedan ejercer debidamente su derecho a la defensa y esclarecer lo que sucedió el 5 de junio de 2009.
“Los procesados tienen graves dificultades para defenderse debido a que viven en comunidades alejadas a dos o tres días de viaje hasta los juzgados y tampoco cuentan con traductores oficiales que les permita dar su versión sobre los hechos. Ellos se quejan porque dicen que las declaraciones preliminares (ante la policía y Fiscalia) no recogen lo que ellos querían decir como al parecer ha sido el caso del nativo Asterio Pujupat Wachapea a quien incriminan en la desaparición del mayor Felipe Bazán”, manifestó el abogado Gustavo Campos, responsable del Área Legal de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).
Por ello, Campos pide que “el sistema judicial tome las medidas correctivas para considerar las particularidades culturales y las dificultades geográficas que deben enfrentar los acusados para asistir y participar adecuadamente en las diligencias ordenadas por el Poder Judicial”. “Rechazamos cualquier tipo de violencia pero hechos tan complejos como los de Bagua ameritan una investigación exhaustiva y minuciosa por parte de las autoridades judiciales para encontrar a los verdaderos responsables y sancionarlos ejemplarmente”, agregó.
Peritajes demuestran que nativos no dispararon
De los 108 detenidos por el “Baguazo”, hoy sólo permanecen dos detenidos (sin contar con el actual detenido Pujupat) porque las autoridades se apresuraron en involucrarlos en los procesos debido a falta de pruebas y los abogados de las organizaciones de derechos humanos como COMISEDH, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y CEAS, lograron su comparecencia.
Los sucesos del 5 de junio derivaron en 7 casos judiciales con un centenar de denunciados, casi 50 de ellos fueron procesados por los hechos de “Curva del Diablo”, en el que murieron 12 policías y cinco nativos.
Sin embargo, los peritajes de absorción atómica al que se sometieron 50 acusados por Curva del Diablo demuestran que ellos no dispararon armas de fuego ese día. Un primer peritaje, Nº 3527-3567/0, concluye que 41 acusados examinados el 6 de junio no presentan restos de plomo, bario y antimonio; es decir no efectuaron disparos.
Debe crearse juzgados especializados
Para que las autoridades realicen una investigación exhaustiva y acuciosa sin involucrar a inocentes, el abogado de COMISEDH plantea que se formen juzgados y sala ad hoc y así, funcionarios especializados puedan hacerse cargo del tema a tiempo completo y el proceso no siga en manos de juzgados mixtos en Bagua que ven todo tipo de procesos (penal, laboral, civil) sin el tiempo y la experiencia que requieren la complejidad de los hechos de Bagua.
A esto se suma, que resultaría inmanejable un juicio oral con un centenar de procesados. “Por eso es imprescindible excluir del juicio a quienes están procesados sin tener responsabilidad penal. Solo para el caso de Curva del Diablo tendría que juzgarse a 58 personas en una sala y las sesiones tendrían que ser cada 8 días.
Esto significa que los procesados tendrían que permanecer de manera indefinida en Bagua, lo cual resultaría muy costoso para ellos y dificultaría su presencia en las audiencias”, concluyó Campos.
La mayoría de los nativos acusados vive en comunidades alejadas de los juzgados de Bagua Grande y Bagua Chica, donde se llevan a cabo los procesos y tienen que viajar entre dos o tres días para acudir ante la justicia, gastar cada uno entre 220 y 320 soles por viaje, sin contar sus gastos de hospedaje y alimentación.
Cada viaje le toma a un procesado en promedio seis días de ida y vuelta lo que implica que debe dejar a su familia por casi una semana y prever recursos adicionales en su hogar para esos días de ausencia.
Fuente: La Repùblica