Sin tener en cuenta el impacto que iba a ocasionar la instalación de nuevos latifundios en esta desértica región, durante los últimos 15 años los gobiernos promovieron un modelo agroexportador, y ahora la naturaleza le pasa la factura.

Literalmente, el valle de Ica agoniza de sed. El preciado líquido es escaso en la región, cuya mayor extensión es un desierto. Sin embargo, desde hace años sus fuentes de agua soportan la sobreexplotación producida por el boom agroexportador, que las usa sin medida y sin retribuir económicamente a nadie por su utilización, mientras está en peligro la agricultura de cientos de pequeños productores y el abastecimiento de las ciudades.

El cálculo del experto David Bayer es que en unos seis años el acuífero de Ica va a secarse. “Si hay una sequía, el acuífero va a durar unos tres años. Esto quiere decir que no habrá agua potable ni agua para regar los cultivos”, dice enfático.

En qué basa sus cifras Bayer. Él lleva estudiando desde hace años la situación del agua en Ica, tanto por interés personal, porque es agricultor, como por interés social, porque ve que cientos de pequeños productores son afectados dramáticamente por esta situación.

“Si seguimos sobre-explotando el acuífero -explica- a razón de 284 MMC (millones de metros cúbicos de agua), asumiendo una recarga natural de 5% y una reserva de 1,592 MMC, el acuífero de Ica va a secarse en menos de seis años, 5.6 años para ser exacto”, sostiene.

Inapropiado cultivo
Aunque su charla es sumamente técnica para explicar su conclusión, queda claro que esta sobre-explotación del recurso hídrico es causada por las grandes empresas de agroexportación creadas en los últimos años, a las que, inexplicablemente, el gobierno nacional y el regional no sólo les han entregado terrenos a precio de regalo, sino que les han dado el privilegio de no pagar un sol por el agua que utilizan para sus sembríos.

En Ica, la frontera agrícola ha crecido de 20 mil hectáreas a 37 mil este año. La mayor parte de esta expansión ha sido en la Pampa de Villacurí, con 13 hectáreas de desierto sembradas. La mayoría de los predios son de 50 a 800 hectáreas.

En el caso del Valle Viejo, la frontera agrícola creció unas 4 mil hectáreas. Aquí se encuentran las seis empresas más grandes. Estas son: Agroindustrias AIB S.A. (3,200 ha); Agrokasa (2,906 ha); Icatom (1,000 ha); IQF (912ha); Beta (607 ha); y Agrícola Chapi (590 ha).

El principal producto de estas empresas es el espárrago para exportación. “Un cultivo inapropiado para un clima desértico, porque usa cinco veces más agua que los cultivos tradicionales del valle (de Ica)”, opina Bayer. Dice que una hectárea de uva Quebranta (para la producción de pisco) utiliza 3 mil metros cúbicos de agua, mientras que una extensión similar de espárrago utiliza 15 mil metros cúbicos, y hay algunas que hasta llegan a usar 22 mil, es decir “siete veces más que la Quebranta”, cuestiona.

No están contemplados en los datos de Bayer, ni en los de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) el uso de agua en el proceso de empaque del producto para exportación, ni en la aplicación de agroquímicos (fertilizantes, fumigación, etc.).

Ese no es el único problema generado por las grandes agroexportadoras. El mediano y pequeño agricultor iqueño utilizaba técnicas de riego que redundaban en la alimentación de su acuífero. El riego por inundación favorecía una retroalimentación de las fuentes de agua, pero estos nuevos latifundios “practican el riego por goteo y no han usado las aguas de avenidas entre marzo y mayo o las aguas del sistema del reservorio de Choclococha que bajan al valle de Ica entre octubre y noviembre para inundar sus tierras y ayudar la recarga del acuífero”, indica el interlocutor.

“Es decir, cerca 10,000 hectáreas no han sido inundadas durante 15 años. Han perdido esta recarga natural que ha sido parte de las prácticas agrícolas en el valle de Ica desde los tiempos incaicos. En Ocucaje, que está a la “cola” del valle y en muchos años solamente recibe un riego, las pozas tienen hasta dos metros de profundidad para que dure más la humedad”, apunta Bayer.

Algunas soluciones
La Autoridad Nacional de Agua ha reconocido oficialmente la crisis del agua en Ica (y también en Moquegua) y el pasado 15 de junio declaró una veda con la resolución No. 0327-2009. La veda prohíbe la apertura de nuevos pozos o cualquier cambio en la estructura existente del uso de las aguas subterráneas en el valle de Ica, pero las grandes empresas han encontrado la forma de sacarle la vuelta a esta norma.

Los actores involucrados, las juntas de regantes (que representan unos 7 mil usuarios), la Empresa Municipal de Agua Potable de Ica, las autoridades locales de 14 distritos, y otros actores que tienen que ver con el agua, como la sociedad civil (usuarios de agua potable), los expertos independientes y de las universidades; así como las dos Autoridades Locales de Agua, tienen responsabilidad en hallar las soluciones a este problema en ciernes.

“El punto número uno para salvar el acuífero de Ica, sugiere Bayer, es que todos estos actores tienen que coordinar sus acciones en una Mesa Técnica de Gestión del Agua de Ica”.

Un punto de partida son los acuerdos de los últimos meses de las Juntas de Regantes, como la construcción del canal del Rosario que permitirá la entrada de más agua al canal de la Achirana. Además, las autoridades correspondientes deberán mejorar la bocatoma y construir otra y anchar el canal “donde cruza la Chanchajalla”, propone Bayer.

Asimismo, el planteamiento contempla la reapertura del canal La Toledo, construir un sistema de pequeños reservorios al costado del recorrido de La Achirana y el río Ica, con el fin de captar el agua en exceso y dejarlo recargar el acuífero por infiltración, expresa.

“Estas acciones no garantizan que el acuífero no se seque”, advierte Bayer. “Se necesita cambiar la estructura de cultivos, sembrando los que requieren menos agua. Llevar un plan de cultivos que indique los meses de siembra para maximizar el uso de las aguas de avenida que recargan el acuífero. Muchos agricultores actualmente están comenzando el cambio de cultivos, como la siembra de la granadilla, palta, u otros frutales para reemplazar el espárrago, que requiere mucha agua”, insiste.

Bayer comenta que a estas decisiones de las juntas son insuficientes para llegar a la meta y evitar la muerte por sed del valle de Ica. “Ingahuasi si fuera factible y aprobado agregaría otro 25 MMC. El reservorio de Tambo parece ser una alternativa real a Ingahuasi”, sostiene.

“El proyecto Río Seco que va usar el excedente de 500 MMC del río Pisco que termina en el océano Pacífico cada año puede agregar unos 100 MMC a la Pampa de Villacurí. Entonces, nos quedaría reducir 109 MMC”, prosigue con sus cálculos para evitar la catástrofe de secar el acuífero iqueño.

Y viene la propuesta más difícil. El reto es para los seis grandes agroexportadores que controlan cerca de 10,000 hectáreas, para lo cual usan un promedio de 15,000 metros cúbicos de agua por hectárea por año y bombean un total de 150 MMC. “Necesitamos exigir que estas empresas retiren la mitad de su hectareaje de producción, es decir, reducir su uso de agua a 75 MMC. Esto podría reducir el déficit a 34 MMC. Esto debería ser una ordenanza regional, que ofrezca adquirir las tierras al valor que las compraron. Una vez expropiadas, estas tierras regionales serían usadas en el futuro como zonas de recarga, para ser inundadas en los años de exceso de agua”, plantea.

Este último escollo podría ser superado “restringiendo el uso de las aguas subterráneas por todos los productores con pozos, en combinación con los sistemas de goteo más eficientes”, afirma. “También sembrando los cultivos alternativos que usan menos agua. Negociar el riego por inundación de las chacras de pequeños productores que han abandonado sus campos agrícolas. Finalmente, imponer de inmediato una tarifa de pago para las aguas subterráneas”, señala.

El gobierno regional también debería prohibir la expansión de la frontera agrícola, limitar el tamaño de los predios agrícolas (500 hectáreas, sugiere), obligar a reemplazar los actuales sistemas de riego por goteo a otros sistemas más eficientes, como los sensores de suelo y el cambio de cultivos, entre otros.

Los privilegios del nuevo latifundio
Las empresas más grandes asentadas en la margen izquierda del Valle Viejo -argumenta Bayer- “donde históricamente el acuífero es más débil y se ha secado. Este hecho ha obligado a las grandes empresas a comprar los pozos en la margen derecha y forzar la Autoridad de Aguas a cambiar el uso y permitir que se pueda transportar el agua de pozos asignado originalmente a una zona específica, dentro de la misma chacra, a varios kilómetros hacia la margen izquierda, a las nuevas chacras, usando acueductos enterrados en el suelo”.

Una de las empresas que utiliza este sistema es “Agrokasa”, y la mayoría de pequeños y medianos agricultores ha presentado su oposición a esta pretensión, porque además de ser una “solución unilateral”, que sólo beneficiará a Agrokasa, no ha sido consultada con los que sufrirán el impacto de este proyecto, ni ha sido determinado ningún estudio de impacto ambiental y, está contra la veda declarada por la ANA.

“El proyecto de ‘Agrokasa’ es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Por tal motivo, el Banco Mundial rechazó la petición de esta empresa para financiar su proyecto. Asimismo, el pueblo iqueño ha pedido a la ANA anular el proyecto de Agrokasa”, reitera Bayer.

“Durante 15 años los agroexportadores nunca han pagado una tarifa por las aguas subterráneas que bombean en sus pozos”, denuncia. La nueva ley de Recursos Hídricos del 30 de marzo de este año, recién les exige pagar una tarifa para el agua. “En cambio, los pequeños productores que riegan con aguas superficiales siempre han pagado”, agrega.

La situación más crítica está en la Pampa de Villacurí. Allí los agricultores tienen instalados pozos de agua y emplean el riego por goteo. “Por eso, la recarga (del acuífero) es sumamente lenta y la mayoría de los pozos están secándose o necesitan ser profundizados”, afirma Bayer.

Susana Grados Díaz
Redacción

Fuente: La primera

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