Ica agoniza de sed
Sin tener en cuenta el impacto que iba a ocasionar la instalación de nuevos latifundios en esta desértica región, durante los últimos 15 años los gobiernos promovieron un modelo agroexportador, y ahora la naturaleza le pasa la factura.
Literalmente, el valle de Ica agoniza de sed. El preciado líquido es escaso en la región, cuya mayor extensión es un desierto. Sin embargo, desde hace años sus fuentes de agua soportan la sobreexplotación producida por el boom agroexportador, que las usa sin medida y sin retribuir económicamente a nadie por su utilización, mientras está en peligro la agricultura de cientos de pequeños productores y el abastecimiento de las ciudades.
El cálculo del experto David Bayer es que en unos seis años el acuífero de Ica va a secarse. “Si hay una sequía, el acuífero va a durar unos tres años. Esto quiere decir que no habrá agua potable ni agua para regar los cultivos”, dice enfático.
En qué basa sus cifras Bayer. Él lleva estudiando desde hace años la situación del agua en Ica, tanto por interés personal, porque es agricultor, como por interés social, porque ve que cientos de pequeños productores son afectados dramáticamente por esta situación.
“Si seguimos sobre-explotando el acuífero -explica- a razón de 284 MMC (millones de metros cúbicos de agua), asumiendo una recarga natural de 5% y una reserva de 1,592 MMC, el acuífero de Ica va a secarse en menos de seis años, 5.6 años para ser exacto”, sostiene.
Inapropiado cultivo
Aunque su charla es sumamente técnica para explicar su conclusión, queda claro que esta sobre-explotación del recurso hídrico es causada por las grandes empresas de agroexportación creadas en los últimos años, a las que, inexplicablemente, el gobierno nacional y el regional no sólo les han entregado terrenos a precio de regalo, sino que les han dado el privilegio de no pagar un sol por el agua que utilizan para sus sembríos.
En Ica, la frontera agrícola ha crecido de 20 mil hectáreas a 37 mil este año. La mayor parte de esta expansión ha sido en la Pampa de Villacurí, con 13 hectáreas de desierto sembradas. La mayoría de los predios son de 50 a 800 hectáreas.
En el caso del Valle Viejo, la frontera agrícola creció unas 4 mil hectáreas. Aquí se encuentran las seis empresas más grandes. Estas son: Agroindustrias AIB S.A. (3,200 ha); Agrokasa (2,906 ha); Icatom (1,000 ha); IQF (912ha); Beta (607 ha); y Agrícola Chapi (590 ha).
El principal producto de estas empresas es el espárrago para exportación. “Un cultivo inapropiado para un clima desértico, porque usa cinco veces más agua que los cultivos tradicionales del valle (de Ica)”, opina Bayer. Dice que una hectárea de uva Quebranta (para la producción de pisco) utiliza 3 mil metros cúbicos de agua, mientras que una extensión similar de espárrago utiliza 15 mil metros cúbicos, y hay algunas que hasta llegan a usar 22 mil, es decir “siete veces más que la Quebranta”, cuestiona.
No están contemplados en los datos de Bayer, ni en los de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) el uso de agua en el proceso de empaque del producto para exportación, ni en la aplicación de agroquímicos (fertilizantes, fumigación, etc.).
Ese no es el único problema generado por las grandes agroexportadoras. El mediano y pequeño agricultor iqueño utilizaba técnicas de riego que redundaban en la alimentación de su acuífero. El riego por inundación favorecía una retroalimentación de las fuentes de agua, pero estos nuevos latifundios “practican el riego por goteo y no han usado las aguas de avenidas entre marzo y mayo o las aguas del sistema del reservorio de Choclococha que bajan al valle de Ica entre octubre y noviembre para inundar sus tierras y ayudar la recarga del acuífero”, indica el interlocutor.
“Es decir, cerca 10,000 hectáreas no han sido inundadas durante 15 años. Han perdido esta recarga natural que ha sido parte de las prácticas agrícolas en el valle de Ica desde los tiempos incaicos. En Ocucaje, que está a la “cola” del valle y en muchos años solamente recibe un riego, las pozas tienen hasta dos metros de profundidad para que dure más la humedad”, apunta Bayer.
Algunas soluciones
La Autoridad Nacional de Agua ha reconocido oficialmente la crisis del agua en Ica (y también en Moquegua) y el pasado 15 de junio declaró una veda con la resolución No. 0327-2009. La veda prohíbe la apertura de nuevos pozos o cualquier cambio en la estructura existente del uso de las aguas subterráneas en el valle de Ica, pero las grandes empresas han encontrado la forma de sacarle la vuelta a esta norma.
Los actores involucrados, las juntas de regantes (que representan unos 7 mil usuarios), la Empresa Municipal de Agua Potable de Ica, las autoridades locales de 14 distritos, y otros actores que tienen que ver con el agua, como la sociedad civil (usuarios de agua potable), los expertos independientes y de las universidades; así como las dos Autoridades Locales de Agua, tienen responsabilidad en hallar las soluciones a este problema en ciernes.
“El punto número uno para salvar el acuífero de Ica, sugiere Bayer, es que todos estos actores tienen que coordinar sus acciones en una Mesa Técnica de Gestión del Agua de Ica”.
Un punto de partida son los acuerdos de los últimos meses de las Juntas de Regantes, como la construcción del canal del Rosario que permitirá la entrada de más agua al canal de la Achirana. Además, las autoridades correspondientes deberán mejorar la bocatoma y construir otra y anchar el canal “donde cruza la Chanchajalla”, propone Bayer.
Asimismo, el planteamiento contempla la reapertura del canal La Toledo, construir un sistema de pequeños reservorios al costado del recorrido de La Achirana y el río Ica, con el fin de captar el agua en exceso y dejarlo recargar el acuífero por infiltración, expresa.
“Estas acciones no garantizan que el acuífero no se seque”, advierte Bayer. “Se necesita cambiar la estructura de cultivos, sembrando los que requieren menos agua. Llevar un plan de cultivos que indique los meses de siembra para maximizar el uso de las aguas de avenida que recargan el acuífero. Muchos agricultores actualmente están comenzando el cambio de cultivos, como la siembra de la granadilla, palta, u otros frutales para reemplazar el espárrago, que requiere mucha agua”, insiste.
Bayer comenta que a estas decisiones de las juntas son insuficientes para llegar a la meta y evitar la muerte por sed del valle de Ica. “Ingahuasi si fuera factible y aprobado agregaría otro 25 MMC. El reservorio de Tambo parece ser una alternativa real a Ingahuasi”, sostiene.
“El proyecto Río Seco que va usar el excedente de 500 MMC del río Pisco que termina en el océano Pacífico cada año puede agregar unos 100 MMC a la Pampa de Villacurí. Entonces, nos quedaría reducir 109 MMC”, prosigue con sus cálculos para evitar la catástrofe de secar el acuífero iqueño.
Y viene la propuesta más difícil. El reto es para los seis grandes agroexportadores que controlan cerca de 10,000 hectáreas, para lo cual usan un promedio de 15,000 metros cúbicos de agua por hectárea por año y bombean un total de 150 MMC. “Necesitamos exigir que estas empresas retiren la mitad de su hectareaje de producción, es decir, reducir su uso de agua a 75 MMC. Esto podría reducir el déficit a 34 MMC. Esto debería ser una ordenanza regional, que ofrezca adquirir las tierras al valor que las compraron. Una vez expropiadas, estas tierras regionales serían usadas en el futuro como zonas de recarga, para ser inundadas en los años de exceso de agua”, plantea.
Este último escollo podría ser superado “restringiendo el uso de las aguas subterráneas por todos los productores con pozos, en combinación con los sistemas de goteo más eficientes”, afirma. “También sembrando los cultivos alternativos que usan menos agua. Negociar el riego por inundación de las chacras de pequeños productores que han abandonado sus campos agrícolas. Finalmente, imponer de inmediato una tarifa de pago para las aguas subterráneas”, señala.
El gobierno regional también debería prohibir la expansión de la frontera agrícola, limitar el tamaño de los predios agrícolas (500 hectáreas, sugiere), obligar a reemplazar los actuales sistemas de riego por goteo a otros sistemas más eficientes, como los sensores de suelo y el cambio de cultivos, entre otros.
Los privilegios del nuevo latifundio
Las empresas más grandes asentadas en la margen izquierda del Valle Viejo -argumenta Bayer- “donde históricamente el acuífero es más débil y se ha secado. Este hecho ha obligado a las grandes empresas a comprar los pozos en la margen derecha y forzar la Autoridad de Aguas a cambiar el uso y permitir que se pueda transportar el agua de pozos asignado originalmente a una zona específica, dentro de la misma chacra, a varios kilómetros hacia la margen izquierda, a las nuevas chacras, usando acueductos enterrados en el suelo”.
Una de las empresas que utiliza este sistema es “Agrokasa”, y la mayoría de pequeños y medianos agricultores ha presentado su oposición a esta pretensión, porque además de ser una “solución unilateral”, que sólo beneficiará a Agrokasa, no ha sido consultada con los que sufrirán el impacto de este proyecto, ni ha sido determinado ningún estudio de impacto ambiental y, está contra la veda declarada por la ANA.
“El proyecto de ‘Agrokasa’ es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Por tal motivo, el Banco Mundial rechazó la petición de esta empresa para financiar su proyecto. Asimismo, el pueblo iqueño ha pedido a la ANA anular el proyecto de Agrokasa”, reitera Bayer.
“Durante 15 años los agroexportadores nunca han pagado una tarifa por las aguas subterráneas que bombean en sus pozos”, denuncia. La nueva ley de Recursos Hídricos del 30 de marzo de este año, recién les exige pagar una tarifa para el agua. “En cambio, los pequeños productores que riegan con aguas superficiales siempre han pagado”, agrega.
La situación más crítica está en la Pampa de Villacurí. Allí los agricultores tienen instalados pozos de agua y emplean el riego por goteo. “Por eso, la recarga (del acuífero) es sumamente lenta y la mayoría de los pozos están secándose o necesitan ser profundizados”, afirma Bayer.
Susana Grados Díaz
Redacción
Fuente: La primera (más…)
Morir de desamor
“Ya no aguantaba más los maltratos de mi esposo y nos separamos. Una mañana llegó a casa con engaños, y lo dejé pasar. Me dio algo para beber que me dejó mareada, casi perdí el conocimiento. Cuando logré despertarme, estaba semidesnuda y él estaba encima mío. Después, comenzó a atacarme con un cuchillo y no paraba de decir ‘si no eres mía no serás de nadie… te voy a matar’. Los niños comenzaron a gritar y los vecinos vinieron a auxiliarme”, relata María, 25 años, vecina de SJL, quien tiene la fortuna de vivir para contarlo, a diferencia de muchas mujeres que no tuvieron esa suerte y que integran la extensa lista de víctimas de feminicidio (116 en lo que va del año).
Prueba de esta alarmante situación, son las noticias casi a diario que aparecen en los medios de comunicación dando cuenta del asesinato de una mujer (incluso embarazada) a manos de su esposo, enamorado o ex pareja, e incluso un familiar, movidos por un afán de venganza pasional, celos o simple rencor.
El feminicidio, es decir el asesinato de mujeres por razones de género, es el último eslabón de una cadena de violencia. La mayoría de las víctimas y sobrevivientes soportaron meses o años de constantes agresiones marcadas por deseo de control de sus parejas como en el caso de María, quien sí pudo escapar a tiempo.
No es casual, ni un hecho aislado que las mujeres sean asesinadas por sus parejas. El poder que los hombres ejercen sobre las vidas de las mujeres se legitima en la falta de reacción y en la justificación de estos crímenes de odio que reflejan que en las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables.
Solamente hasta noviembre último se registraron 12 casos de feminicidio al mes y 45 tentativas de asesinato de mujeres, como secuela de historias de violencia no resueltas, según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), que prepara un convenio de cooperación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo, que permitirá el intercambio de información para la elaboración de planes de prevención, difusión y defensa de los derechos de las mujeres.
Representantes de la Defensoría del Pueblo que visitaron 43 establecimientos de salud de cinco regiones del país, comprobaron que el 84,4% no cuenta con un ambiente privado para la atención de las víctimas de violencia y que el 80% de los proveedores de salud no recibió capacitación para detectar los casos de violencia contra la mujer y asegurar un adecuado tratamiento al caso.
Lo ocurrido con María se suma a los 45 intentos de asesinatos de mujeres por razones de género en nuestro país desde enero de este año, según el registro de víctimas de feminicidio del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, que reporta, además, 116 feminicidios en lo que va del año.
Hasta el 2006 se registraban nueve casos por mes. Tres años más tarde, el promedio subió a 12. Es alarmante el incremento de las cifras. “Los datos del Mimdes reflejan la visibilización por parte del Estado de una problemática que antes sólo era abordada por las organizaciones feministas, pero falta identificar las causas que lo generan”, afirmó Jeanntte Llaja, directora de Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Perfil del victimario
Los agresores son mayormente hombres de 20 años o más, que atacan a sus parejas o ex parejas argumentando celos para cometer sus crímenes, según la directora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Mimdes, Ana María Mendieta. Pero en realidad lo que lleva a estas personas a agredir es que sienten que van perdiendo el control sobre la otra persona, porque ésta decide cortar el vínculo de pareja, anota.
Explica que los casos de feminicidio o tentativa de éste son los resultados de historias de violencia, que muchas veces no son denunciadas por temor o vergüenza o que, en su defecto, no han sido bien atendidas. Según las estadísticas oficiales los agresores convivían con sus víctimas (24 por ciento), estaban casados con ellas (15 por ciento) o eran sus ex parejas (11 por ciento).
Asimismo, el 55 por ciento de las víctimas fueron mujeres jóvenes, de 18 a 35 años; 21 por ciento adultas, de 36 a 59 años; 11 por ciento adolescentes, de 12 a 17 años, y 6 por ciento adultas mayores. Del total, un 46 por ciento tenía de uno a tres hijos; 9,9 por ciento de las víctimas estaban embarazadas al momento del asesinato o la tentativa; el 65 por ciento tenía una relación sentimental con su agresor, y 15 por ciento estaba separada de su pareja o agresor.
La mayoría de los casos se presentaron en Lima y en las regiones andinas de Junín, Puno y Ayacucho. En Lima, los distritos con mayor índice de asesinatos de mujeres son los populosos de Comas, Ate-Vitarte, Los Olivos, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho.
Organizadas
En el caso específico de San Juan de Lurigancho, en el primer semestre del año, el Centro de Emergencia Mujer reportó cinco casos diarios de violencia familiar y sexual y las comisarías atendieron un promedio de 12 cada 24 horas. Estas cifras ubican al popular distrito como el segundo con mayor violencia de género a nivel nacional.
Muchas de las mujeres agredidas denunciaron los hechos y obtuvieron una respuesta nula o deficiente por parte de las instituciones estatales encargadas de protegerlas. Si bien es cierto que María acudió a las autoridades, la denuncia presentada por su abogado ante el Poder Judicial omite el intento de asesinato y sólo contempla la violación, lo que puede liberar al agresor de la pena que realmente merece. Frente a lo ocurrido, ella se siente desmoralizada e indignada.
Las estadísticas oficiales indican que la tercera parte (33.3%) de los feminicidios y de las tentativas registradas se debieron a los celos del agresor ante la supuesta infidelidad de la víctima. Esta óptica, asumida por algunos profesionales de la salud y medios de comunicación, “atenúa la gravedad del problema y no lo enfocan como una violación a los derechos humanos de las mujeres, consecuencia del machismo y de las estructuras de poder de nuestra sociedad”, reflexiona Llaja.
A su vez, Paula Escribens sostiene que el enfoque de la noticia, desde la celopatía, niega el carácter y causa de los feminicidios, considerado un grave problema social que responde a una sociedad machista, donde la mujer en la relación de pareja es vista como propiedad del varón, quien tiene derecho sobre ella y sobre su vida.
Lideresas sociales
La Escuela de Lideresas de la Central de Comedores Autónomos (CCA) del distrito, en alianza con Demus, ha realizado la vigilancia a las instituciones públicas que atienden los casos de violencia familiar y sexual en el distrito, como el Centro de Emergencia Mujer (CEM), la Demuna, comisarías, fiscalías, entre otros. El resultado de esta labor fue presentado a fines de setiembre, en el informe “Vigilancia a los servicios que atienden casos de violencia contra la mujer en San Juan de Lurigancho”.
“Es importante recoger la experiencia de las mujeres de base, así como su cercanía con la población, para la identificación y atención de los casos de violencia. A través de la labor de vigilancia, las integrantes de los comedores han pasado de vivir la violencia en carne propia a ser actoras sociales que vigilan y proponen alternativas para enfrentar este problema”, explica Jeannette Llaja.
Por su parte, Juana Anchiraico, presidenta de la CCA-SJL cuenta que uno de los problemas detectados en ese distrito es la falta de privacidad en los centros de salud para atender los casos de violencia. “Las mujeres tienen que contar sus historias frente a otras personas, en ambientes poco adecuados”, agrega, al sostener que los servicios carecen de personal y de presupuesto adecuado, pero reconoce el esfuerzo de las personas que trabajan en las instituciones pese a esas limitaciones.
De acuerdo a un estudio de línea basal realizado en junio de este año por la Asociación Paz y Esperanza, sólo 13.6% de lideresas encuestadas de la Zona 7 manifestaron haber desarrollado alguna práctica de deliberación y discusión de propuestas de protección a la mujer; es decir, más de un 85% de lideresas aún no estarían participando como actoras sociales.
Casos
– Eloy Chilcón Carranza (50), asesinó de una cuchillada a su pareja Lucinda Vásquez Campos (45), aduciendo celos y porque ella se había negado a tener relaciones sexuales.
– Una joven madre, embarazada de siete meses, fue asesinada en Breña. Según la policía, el homicida sería una persona conocida por la víctima, probablemente el padre de la criatura, quien además trabajaría como vigilante particular, por el arma usada, calibre 38.
– En Chiclayo, Alberto Sánchez Centurión (45) asesinó a su esposa Teodora Julca (38) y luego se entregó a la policía.
– El suboficial de la PNP, Jorge Sánchez Alarcón (43), asesinó a su esposa -de quien se había separado recientemente- Roxana Pichilingüe Neciosup (42), con un tiro en la cabeza en su vivienda ubicada en el Rímac.
– Julio Flores Pérez acuchilló diez veces a su esposa, Rosa Chuán Mendo (39), mientras ésta dormía, dejándola sumamente grave, y fugó.
Basta de violencia contra la mujer
La Asociación Paz y Esperanza ha creado, en el marco del proyecto “Desarrollo y equidad en el Perú, sin violencia hacia la mujer”, la Red Zonal por los Derechos de la Mujer que integra a mujeres de la zona alta de San Juan de Lurigancho, en los asentamientos humanos 10 de Octubre, Bayóvar, Mariátegui y Mariscal Cáceres.
Esta red agrupa a organizaciones sociales de base (comedores populares, comités del Vaso de Leche y clubes de madres) y a las juntas vecinales, iglesias evangélicas, Apafas, comités de seguridad ciudadana, y promotoras de salud, con la finalidad de realizar acciones de incidencia ante las autoridades e instituciones responsables de los servicios de protección a las mujeres, poner en marcha programas y proyectos dirigidos a mujeres en situación de violencia y trabajar un plan de vigilancia de estos servicios.
Más de 100 mujeres de organizaciones de base han sido capacitadas por la organización Acción y Desarrollo para ser promotoras defensoras. Ellas registrarán y derivarán a las instituciones encargadas casos de violencia familiar que puedan identificar en los asentamientos humanos Montenegro, Cangallo, Nueva Imagen, Virgen del Carmen, Saúl Cantoral y Nuevo Progreso.
Plan local
Desde octubre, San Juan de Lurigancho cuenta con un “Plan local contra la violencia hacia la mujer” y el “Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 2009-2015” y en cuyo marco se realizó el Encuentro- Foro Público “Concertando las políticas públicas desde las promotoras comunitarias en SJL”
De ello resultó un acta de compromiso que plantea la transferencia de recursos a las agentes comunitarias para solventar su labor de prevención de la violencia, y capacitaciones a los operadores de justicia, organizaciones de base, jóvenes y adolescentes, Apafas, UGEL y otras para una acción concertada hacia la erradicación de la violencia en el distrito. También la construcción de una casa de refugio y un proyecto productivo-económico que signifique la oportunidad de una existencia sin maltratos para las mujeres que acudan a ella.
El evento fue organizado por la Coordinadora Multisectorial por los Derechos de la Mujer, Infancia y Familia de San Juan de Lurigancho, la Central de Comedores, la Secretaría Técnica de la Coordinadora (Demus, Paz y Esperanza, Acción y Desarrolo, Tacif y Flora Tristán) y la Red Interinstitucional contra la violencia hacia la mujer y la infancia del distrito.
Vilma Escalante
Redacción
Fuente: La Primera (más…)
