Honduras: ¿de qué democracia hablamos?
Publicado el : 3 de noviembre 2009 – 10:47 de la mañana
| Por José Zepeda
Secuelas regionales de la crisis hondureña
En Honduras el golpe de Estado, pese a la eventual solución de la crisis, continúa siendo entendido por los partidarios del gobierno de facto como una acción legal.
Si sólo fuese una disculpa en el marco de la crisis política se podría entender, no compartir; pero cuando son los magistrados, parte del empresariado, muchos políticos, la jerarquía de la iglesia, los que brindan su respaldo al golpe, lo mínimo que puede decirse es que lo que falta en las honduras que existen en América Latina es auténtica convicción democrática. El déficit alcanza, por cierto, hasta las principales víctimas del golpe, poco cuidadosos con los acápites de la constitución nacional.
Han quedado atrás los prolongados períodos dictatoriales de la historia del siglo XX de la región, pero han dejado como lastre un modo de caminar, una cultura autoritaria que aflora en cualquier momento disfrazada de bienhechora, poco importa si es de izquierda o de derecha.
Pobre Honduras, uno de los tres países más desvalidos del continente americano, en donde los dueños del territorio, unas cuantas familias, propietarias de los bienes de producción y de la comunicación, mantienen a vastos sectores sociales en estadios históricos de señorío y vasallaje.
Los hondureños, después de privaciones centenarias, tienen derecho a un cambio que por lo menos les de techo, pan y silabario. Pero no será desconociendo la ley que se pueda avanzar. Las urgencias son de hoy pero la democracia discurre en la paciencia, en pactos de grandes mayorías para impulsar las transformaciones que el país necesita. Los golpe de suerte, la apuesta a la carrera, al salto histórico, siempre acaban por motivar alegrías efímeras y padecimientos prolongados. Es una pena que los vendedores de sueños conciten el entusiasmo popular aunque sean desagradables los despertares.
Lo que hemos aprendido de la lesión democrática hondureña es que junto a la confrontación entre partidarios y adversarios del presidente Manuel Zelaya, una controversia más profunda amenaza con dividir al continente en dos campos irreconciliables, y es la que tiene que ver con la concepción misma, con el valor que se le otorga a los principios democráticos.
Desde el siglo XIX hay quienes consideran al sistema democrático el principal aval del capitalismo, fuente de toda explotación y desigualdad. La alternativa fue para algunos la dictadura del proletariado. El socialismo real, desde 1917, mandó al traste al proletariado e instaló la dictadura del partido, en el que se aunaban los tres poderes, más las fuerzas armadas y, no en último lugar, el aparato represivo. Así, pusieron su empeño en la igualdad y proscribieron la libertad.
En suelo americano, la respuesta a los intentos de transformación fueron crueles dictaduras militares. Un sector de la izquierda latinoamericana aprendió durante los años 70 y 80 la lección de la historia y recuperó para sí el valor de la democracia como principio esencial para una vida en común basada en ideas e instituciones políticas plurales.
Otro sector político decidió o se vio en la necesidad de funcionar en democracia pero para hacer de ella un vehículo que permitiera avanzar en sus idearios transformadores. Cuando la democracia se torna un obstáculo para estas pretensiones, recurre a medidas ingeniosas o burdas para hacer de la legalidad un aliado de las ideas y no a las ideas aliadas de la legalidad.
El pensamiento conservador no se ha quedado atrás e implementa tácticas parecidas. Los extremos se encuentran en la modificación de las constituciones, en la alteración de los plazos presidenciales, en la persecución de la crítica, en la concentración del poder, en la satanización del opositor.
Todas estas “necesidades” son exhibidas como vitales para llevar al pueblo de la mano hacia un futuro esplendoroso. Es la misma tentación del bien que de tantos males ha anegado la historia. No hay dictadura ni autoritarismo que no estén inspiradas en la causa del bien. Para esta gente, la Carta Democrática hay que reivindicarla cuando beneficia al aliado, pero ignorarla cuando perjudica al amigo. Son democráticos de conveniencia, defensores de derechos humanos de ocasión. No quieren ciudadanos autónomos ni críticos, lo suyo es el apoyo incondicional, desprovisto de razones pero ahíto de consignas.
Estamos ante el riesgo de una involución democrática vestida de las galas para defender al pueblo. Los nuevos salvadores cierran espacios de diálogo, despotrican en contra de la izquierda moderada, compran lealtades, jibarizan la libertad de prensa, trafican con armas e influencias, confunden la sinceridad con el insulto, y tienen fe ciega en el caudillo de turno. En el fondo le temen a la libertad, a la responsabilidad propia.
¿Por qué tienen tanta popularidad los pregoneros de patrias más justas? Pueden intentarse variadas respuestas a esta pregunta capital, una de ellas es que tienen acogida porque durante demasiado tiempo, décadas, los políticos se han alejado de las aspiraciones elementales de las grandes mayorías. Los pobres no figuraban en su agenda. Hoy la periferia ha sido traída al centro, los indígenas están en el vértice. A esta inmensa mayoría, transitoriamente, no les importa si terminarán frustrados, lo único que saben es que, aunque sea en incipiente medida, han recuperado su dignidad de seres humanos.
Manuel Zelaya ha despertado estas reflexiones. No cabe duda que sería un paso alentador su retorno a la silla presidencial porque es el presidente elegido por el pueblo, pero sería una equivocación considerar que el apoyo universal que ha concitado es debido a la manera como ha ejercido el poder. La razón única del respaldo se asienta en la preservación democrática y el respeto a la ley, las cuales han servido para un barrido y un fregado en la famélica democracia hondureña.
La restitución presidencial puede ser una gran noticia, aunque el camino que conduce al cambio que sería deseable aún está cerrado por reparaciones.
Fuente: Radio Nderland (más…)
Discriminación laboral
Informe del BID revela que las mujeres en el Perú perciben salarios 19.4% menos que los varones.
A pesar de los altos índices de crecimiento que gozó el Perú en los últimos años, las brechas salariales entre lo que ganan los hombres y mujeres -de la misma edad y con igual nivel educativo- se mantiene alto, en 19.4%, siendo el promedio de América Latina 17.2%. Pero ahí no termina la discriminación laboral, la situación empeora, el informe también revela que las personas de rasgos étnicos (descendientes de minorías étnicas) y los afrodescendientes reciben salarios 21% menos que una persona de raza blanca. Así advierte un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estuvo a cargo del peruano Hugo Ñopo.
El informe indica que en promedio en Latinoamérica las mujeres han asistido más a los centros educativos que los hombres, un trimestre académico más, a pesar de ello perciben salarios inferiores. “Las brechas salariales se incrementan cuando comparamos hombre y mujeres de la misma edad y con el mismo nivel educativo llegando hasta 38% en algunos países de la región”, dice Ñopo. Recalcó, que dichas brechas salariales son aún más amplias en sectores del mercado de trabajo como el autoempleo, en las firmas pequeñas, en el sector informal, en los trabajos parciales.
Para eliminar esta discriminación entre hombres y mujeres (con el mismo nivel educativo y edad), indica el especialista, es necesario tener políticas laborales equitativas y no discriminatorias, como la del Perú. Pues, explica, que los hombres tienen ventaja al momento de buscar un empleo, ya que si un empleador necesita contratar un trabajador -para una labor que pueda realizarlo una varón o mujer- elegiría al hombre, debido a que a este no le tendría que dar permiso pagado por embarazo.
Diferencias étnicas
El informe del BID indica que una persona de las minorías indígenas gana 38% menos que una persona de raza blanca, y el gran determinante es la educación. Para Hugo Ñopo, si se diera acceso a la educación con pertinencia a los indígenas y a los afrodescendientes las brechas salariales se reducirían notablemente, sobre todo entre los más pobres. Tanto en el Perú como en América Latina.
“Aunque la persona de rasgos étnicos tenga mayor nivel educativo que una persona blanca, tendrá un menor salario. Asimismo, a los cargos de gerente general es prácticamente imposible que las personas que no sean blancas ocupen ese puesto”, subraya el especialista.
El estudio recomendó a los gobiernos de la región implementar políticas para mejorar el nivel educativo de los grupos menos privilegiados, así como tomar medidas tales como la expansión de guarderías infantiles, que permitan a las mujeres retomar sus puestos en el mercado laboral tras tener hijos. “Superar esa situación es más que un imperativo moral. Es una estrategia esencial para reducir la pobreza en la región”, agregó Ñopo.
Wilder Mayo Méndez
Redacción
Fuente: Diario La Primera
Tambores feministas suenan en protesta por la sociedad machista
Tambores feministas suenan en protesta por la sociedad machista
Marta Escurra
SEMlac
San Bernardino, Paraguay, octubre (Especial de SEMlac).- Tambores y gritos del grupo afroparaguayo Camba Cuá -que significa en lengua guaraní: lugar donde habitan los negros- cerraron ayer, domingo 25, los tres días de encuentro feminista denominado “IV Aty Guasú Kuña Rekó Reheguá”, Cuarto Encuentro Feminista del Paraguay, en guaraní.
Mujeres venidas de todos los rincones del país se reunieron bajo una carpa blanca, donde reanudaron el compromiso de luchar por sus derechos y lanzaron un manifiesto entre cuyas intenciones se encuentra la erradicación de una “opresiva sociedad machista”.
Este multitudinario encuentro, realizado en una plaza a escasas cuadras del Lago Ypacarai, reunió a indígenas, lesbianas, trabajadoras domésticas, del sexo, travestis, transgéneros y líderes feministas, quienes durante los tres días (23, 24 y 25 de octubre) insistieron en la necesidad fundamental de llamar la atención sobre la necesidad de una ley de salud sexual y reproductiva.
Una ley que no se promulga
El tratamiento del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva en el Parlamento Paraguayo ha generado controversia en los sectores conservadores de la sociedad paraguaya, en especial de la iglesia Católica, por considerarse que “abre la puerta para la legalización del aborto y la unión legal de parejas de homosexuales”.
Sin embargo la “Ley Filizzola” -llamada así por haber sido presentada por el senador Carlos Filizzola, hace ya tres años- plantea establecer mecanismos para el acceso libre de las mujeres a información de métodos anticonceptivos en hospitales públicos. En ningún lugar del proyecto se mencionan los casamientos entre gays o el tema del aborto, que en Paraguay tiene pena carcelaria.
“Queremos que se promulgue esa ley… que pertenece a todas las mujeres, en especial a las campesinas, que no tenemos los servicios de salud adecuados; vivimos en una zona donde, por desconocimiento, tuvimos casos de niñas de entre nueve y 11 años de edad que resultaron embarazadas, pedimos al gobierno que haga algo”, dijo a SEMlac Gloria Olmedo, dirigente campesina del Departamento de San Pedro, distante a casi 150 kilómetros de Asunción, la capital del país.
En respuesta a Olmedo, la ministra de la Mujer, Gloria Rubín, expresó a SEMlac que “el tema de la ley no está en la cancha del Poder Ejecutivo, sino en las comisiones de salud de las cámaras de Diputados y Senadores. Hasta el momento, se hace lo que se puede, pero todos los sectores, en especial las feministas organizadas, debiéramos tomar acciones concretas para que se trate la ley en el período 2010”.
Reivindicación del trabajo doméstico
Otro punto sobre el cual se enfocó la atención durante el Aty Guasú fue la reivindicación de las empleadas del servicio doméstico. “Este encuentro es una gran oportunidad para nosotras de visualizar el problema que existe con las domésticas”, comentó Solana Meza, de la Asociación de Empleadas Domésticas del Paraguay.
Dicha situación consiste en la baja remuneración por este tipo de trabajo, que en promedio llega a 400.000 guaraníes al mes -unos 97 dólares estadounidenses, monto con el cual difícilmente pueda mantenerse una familia. La meta es llegar por lo menos a que los empleadores paguen el salario mínimo vigente en Paraguay, de casi un millón 500.000 guaraníes, equivalentes a cerca de 300 dólares estadounidenses.
Un aspecto positivo, reconoce Meza, es la inclusión de las domésticas de todo el país en el seguro social estatal del IPS (Instituto de Previsión Social). Este derecho ya existía en los papeles desde 1945, pero solo era para quienes trabajaban en la capital; ahora ya se extendió a todo el país.
Las indígenas: una larga sequía
Para Negra Esquivel, una indígena Sanapaná del Chaco Paraguayo, el encuentro no tuvo eco positivo. “A las indígenas no nos dieron espacio suficiente. Tenemos muchos problemas que no fueron escuchados. Especialmente el de la posesión legal de tierras”, expresó a SEMlac Negra, esposa del cacique de la comunidad, asentada a 490 kilómetros de Asunción.
“Hace 13 años nos prometieron chapas de zinc para levantar nuestras casas, y hasta hoy, a pesar de mucho intentar, no conseguimos nada. No tenemos servicios de salud. Si alguien se enferma nos vemos obligadas a caminar 90 kilómetros con nuestros enfermos a cuestas para llegar a la comunidad más cercana (Loma Plata), y si tenemos suerte nos atienden”, refirió una sentida Negra, quien en ese tipo de circunstancias perdió hace dos meses a su hija Elba, de 24 años de edad.
La comunidad Sanapaná se dedica mayormente a la agricultura; sin embargo, con una sequía de nueve meses, no pueden cosechar producción alguna. “Solíamos tener cultivos de sandías, pero como no llueve todos nuestros cultivos se secaron. Ahora no vivimos, sobrevivimos”, lamentó Negra, quien grabadora en mano tomaba registro del encuentro para retransmitirlo y traducirlo a su comunidad.
El manifiesto
Rosa Posa, una de las organizadoras del Aty Guasú, refirió en una publicación al Diario ABC Color que su deseo es mostrar que “las mujeres somos tan diversas, somos tan diferentes, pero tenemos algo en común, que vivimos en una sociedad machista, violenta, que oprime y reprime”.
En el cierre de la jornada, el domingo 25, sonaron inicialmente tambores africanos del grupo Camba Cuá, que dieron paso a la lectura del manifiesto feminista que expresa su rotundo repudio a la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y un pedido expreso de declarar emergencia sanitaria ante la persistencia de los altos índices de mortalidad materna.
“No es posible que las autoridades y la población sigan cruzándose de brazos ante la persistencia de la violencia hacia las mujeres, ni que se siga hablando de crímenes pasionales ante los asesinatos de las mujeres, ni que se normalice el tráfico de la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual”, reza parte de documento.
También reclama al gobierno de Fernando Lugo que cumpla sus promesas con los pueblos indígenas y se hagan realidad los derechos de todas las mujeres indígenas. Critica además la alarmante baja participación de mujeres en órganos de decisión y en las esferas políticas y públicas.
“La paridad es solo cuestión de voluntad política. Queremos 50 por ciento de mujeres en los cargos electivos, al frente de los ministerios y en los tres primeros niveles de la administración pública”, expresa el manifiesto.
Finalmente, el documento del IV Encuentro Feminista del Paraguay reclama la aprobación de los proyectos de Ley Contra Toda Forma de Discriminación y de Salud Sexual y Reproductiva, actualmente en estudio en el Parlamento Nacional, como pasos fundamentales hacia la vigencia de todos los derechos de todas las mujeres.
Dicho esto, el acto culminó en un gran baile con ritmos afro que unió a mujeres de diversas procedencias culturales, políticas y religiosas. Negra, Solana, Gloria y muchas otras como ellas regresaron a sus casas con la esperanza de que todos estos deseos por fin se cumplan.
Fuente: rebelion.org (más…)
¿Ley K?
Nueva ley de radiodifusión
¿Ley K?
Mauro Paradiso
Rebelión
En el presente artículo intentaremos reflexionar acerca de la ley de radiodifusión. Haremos este ejercicio en un momento en que ya pasaron varias semanas de que la ley se aprobara en el congreso. Tal vez el paso del tiempo nos permita analizar este hecho con un poco más de ecuanimidad.
Una de las opiniones más difundidas es que esta ley es un producto de la voluntad arbitraria del gobierno, que pretendería comenzar a manipular la información pública para que todos piensen como el matrimonio K quiere. Pero es necesario detenerse un poco a analizar esta opinión. Es cierto que el gobierno gana promoviendo esta ley y organizando a su tropa (legisladores oficialistas) para que la vote. Pero lo que gana tiene que ver con la recuperación de la iniciativa política, que caracterizó al gobierno durante gran parte de la gestión K. Es decir, el gobierno, derrotado en las últimas elecciones, necesita volver a fortalecer su gestión, y recuperar aliados.
No está necesariamente interesado en promover lo que la ley de medios promueve, es decir, democratizar la información, luchar contra los monopolios, facilitar el acceso universal a las nuevas tecnologías, favorecer la participación de las radios comunitarias, de las universidades, de los pueblos originarios en la producción de la comunicación. Y decimos que no lo está porque fue el mismo gobierno el que prorrogó las licencias por 10 años a los grandes grupos que hoy manejan la comunicación audiovisual y radiofónica en el país. Efectivamente, Néstor Kirchner firmó en mayo de 2005 el decreto 527 argumentando que “en virtud de la grave crisis que atravesó el país… los medios de comunicación, orientados básicamente al mercado interno, fueron uno de los sectores afectados por la intensa recesión sufrida lo que provocó situaciones de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas.
Esta medida fue muy objetada. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, sostuvo que el decreto 527 era una capitulación ya que, a través de él, los grandes grupos económicos tendrían 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. A su vez, desde la Central de los Trabajadores de la Argentina se criticó la extensión de las licencias a los canales de televisión y a “grupos monopólicos que son explotadores de trabajadores, fomentan el trabajo en negro, realizan persecuciones ideológicas, y propician la falta de libertad de expresión”.1
Es decir, no estamos frente a un gobierno que haya mostrado una voluntad coherente con respecto a este tema. Es por eso que debemos tener en cuenta, nuevamente lo afirmamos, que no se trata de una ley del gobierno. Porque el espíritu de la ley se basa en los 21 puntos que fueron elaborados por organizaciones sociales que vienen trabajando hace muchos años para que esta ley se hiciera realidad. Así se formó la Coalición para una Radiodifusión Democrática, integrada por todos los gremios de trabajadores de la Comunicación, la CGT y CTA, los organismos de defensa de Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las Universidades Nacionales y sus Carreras de Comunicación o Ciencias de la Información o Periodismo, el movimiento Cooperativo, radios comunitarias y de pequeños y medianas empresas, y numerosos movimientos sociales. Esta coalición se reunió en el 2004 para buscar consensos en torno a una Ley que reclamaba desde la recuperación de la democracia en 1983. Así se acordaron 21 puntos que fueron presentados en agosto de 2004.
Por lo tanto hay que diferenciar: lo que la ley promueve, de lo que el gobierno se propone. Y como consecuencia: la oposición al gobierno de la oposición a la ley. Es decir, podemos ser opositores al gobierno, pero eso no implica que nos tengamos que oponer mecánicamente a la ley, por el hecho de que haya sido promovida por este gobierno.
En caso contrario, correríamos el riesgo de caer en una postura oposicionista, a la que adscriben tan sistemáticamente Lilita Carrió, Mauricio Macri, De Narvaez, Cobos, y gran parte de la UCR. En este sentido es interesante ver quienes fueron los que se opusieron tan visceralmente a la nueva ley. Entre ellos se destacó el grupo Clarín (que posee el monopolio de medios de comunicación más grande de la Argentina, integrando la empresa Artear -que produce y comercializa canal Trece de Buenos Aires y las señales de cable TN, Volver, Magazine y Metro, entre otras- junto con decenas de empresas como editoriales, emisoras de radio y televisión, productoras, internet, telecomunicaciones, imprentas gráficas, correo tradicional y servicios de tercerización. Fue este grupo el que destinó una campaña feroz en contra de la nueva ley, llamándola ley K, como si se tratase de una ley que le pertenece al matrimonio Kirchner. Indudablemente esta campaña tiene sus causas en el perjuicio que le provoca a su actividad monopólica la sanción y futura implementación de la ley.
Pero hubo también operadores políticos, que actuaron en consonancia con los intereses de estos grandes medios.
La pregunta que nos hacemos es la siguiente: Sabiendo que la ley derogada era una ley obsoleta, impuesta por la última dictadura militar ¿Qué hicieron quienes se opusieron a la nueva ley para que aquella sea transformada? ¿Qué tipo de lobbies? ¿Qué movilizaciones o campañas realizaron para formar una agenda social que se trasformase en algún momento en agenda pública? La respuesta sólo puede formularse por la negativa: nada. Si a esto le sumamos el hecho de que frente a la nueva ley el polvaderal que levantaron fue considerable, debemos pensar mal: les molestaba menos la ley de la dictadura. Es importante entonces, para los que todavía no lo saben bien, recordar algunas de las diferencias que separan ambas leyes.
La anterior ley (22.285) que llevaba las firmas del ex dictador Jorge Videla, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, admitía restricciones a la libertad de expresión, basadas en las necesidades de seguridad nacional. Todos sabemos como interpretó el poder de facto estas necesidades y cuántos periodistas y comunicadores terminaron siendo amordazados, apresados y asesinados, por causa de dicha interpretación. El problema de una ley que restrinja el derecho a la libertad de expresión por motivos de “seguridad nacional” es determinar qué se entiende por dicho término, ya que el mismo puede prestarse a ambigüedad. Esto abre una brecha para cualquier poder de turno que quiera aplicar mordazas a la prensa.
Por el contrario, la nueva ley garantiza el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión, como lo prevé el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos. Esto implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. Cabe aclarar, por lo demás, que los tratados de Derechos Humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta.
La ley de la dictadura preveía que el organismo que regulara la Radio y la TV estuviera integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
Por el contrario, el organismo que regula los Servicios de Comunicación Audiovisual en la nueva ley estará dirigido por un órgano colegiado, integrado por representantes de la legislatura nacional (de la segunda y tercera minoría) y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
En la ley de la dictadura la radiodifusión sólo se podía ejercer como actividad con fines de lucro. Recién en el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones. Con lo cual miles de radios comunitarias, ancladas en los barrios marginales, que militaban por proyectos de transformación social, se encontraban con dificultades para sostenerse.
La nueva ley de radiodifusión les permite el acceso a esas entidades sin fines de lucro, reservando, con carácter inderogable, el 33% del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales, etc.
La antigua ley admitía los monopolios y los oligopolios. Entre otras cosas, permitía que una sola persona fuera titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV).
El Estado tenía una participación subsidiaria, ya que sólo podía dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados. Es decir, se trataba de una ley pensada para un régimen que le estaba abriendo las puertas al neoliberalismo, doctrina que destraba los mecanismos que protegen a los pequeños actores dentro de la economía nacional y les brinda posibilidades de crecimiento a los grandes agentes. De esta forma se constituyen o se fortalecen los monopolios. Si el Estado, como lo preveía la antigua ley, debía tener una presencia subsidiaria, los servicios de comunicación audiovisual quedan entonces en propiedad de los grupos privados, cuyo interés es vender la noticia, para lo cual recurren a cualquier tipo de estrategia. Sangre, violencia, noticieros amarillistas, pornografía en horarios de protección al menor, un collage de imágenes difíciles de decodificar para la gran mayoría de los niños argentinos que pasan gran parte de su día enfrente de un televisor. Esos niños se educan bajo esa televisión, y son los que el día de mañana irán a votar influenciados por las líneas editoriales de los principales diarios y noticieros del país. Quiero decir, que los monopolios y oligopolios uniformizan las conciencias, ya que la noticia bajo un aparente halo de diversidad, termina siempre teniendo el mismo sustrato, la misma tendencia de fondo, la misma intencionalidad.
Es por eso que para que una democracia funcione, deberá existir pluralismo en los medios de comunicación. A su vez el Estado deberá cumplir un rol esencial en la comunicación, no sólo en la función de regulación sino en la de producción. Esta es la única manera de que los medios dejen de intentar vender una noticia a cualquier precio y comiencen a operar con una lógica menos comercial y más educativa, como ocurre hoy con canal 7, que -aunque le podríamos cuestionar muchas cosas- destina una parte importante de su programación al área educativa (uno de los mejores ejemplos de ello lo constituye el canal encuentro).
La nueva ley impide la formación de monopolios y oligopolios (una persona no puede tener más que 10 licencias de servicios abiertos), a la vez que promueve el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Municipios tendrán asignadas frecuencias.
Existen opiniones “liberalizantes” que ponen el acento en el peligro que supone el hecho de que el Estado tenga participación en los servicios de radiodifusión. Se producirá una “chavización” de la Argentina, suelen decirnos. Habría que ver que significa esa frase, y en todo caso, cómo interpretan esas voces lo que hoy se esta produciendo en Venezuela. Pero estrictamente, hablando de Argentina, nada nos debe hacer temer: la nueva ley prevé diferentes controles para que el poder ejecutivo no termine manipulando la voluntad de los medios. Por empezar el organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Además se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector, etc.
A su vez, para evaluar el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación estará previsto el control del Congreso de la Nación. Para ello se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por lo tanto, tenemos ciertos mecanismos institucionales como para confiar en que la nueva ley podrá superar ampliamente a la anterior. Lo que resta es ver como se implementará, quienes son las personas que estarán a cargo de su aplicación, lo cual necesariamente remite a la idea de democracia. Funcionarios del poder ejecutivo, legisladores, miembros de la sociedad civil, serán los encargados de llevar esto adelante. Habrá que estar atentos: no vaya a ser que el espíritu de la ley termine desdibujándose por una mala implementación. Pero ese ya no es un problema de la ley.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente: Rebelión.org (más…)
La SIP corre en auxilio de sus socios argentinos
Miren cuando no la SIP, a los que les conviene presta su voz, su tribuna, por qué no lo hizo lo mismo con las radio emisoras clausuradas en Hondura o con la radio La Voz de Bagua en Perú clausurada por el gobierno de García Pérez.
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APM
En marzo del año pasado, cuando la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó su cumbre en Caracas, escribimos que, fiel a su estilo invariable desde que fuera creada a iniciativa de central estadounidense de inteligencia (CIA), esa entidad iba a convertir su cita en una provocación contra Venezuela, Ecuador y el conjunto de países de la región que intentan recortarle el poder a los oligopolios mediáticos.
Varios meses antes, la SIP preanunciaba en un informe lo que decidiría en la reunión caraqueña. Respecto de Venezuela, la SIP decía “la libertad de expresión e información que periodistas y medios de comunicación independientes ejercen y defienden es un valor que el que gobierno intenta suprimir definitivamente”.
Al referirse a Ecuador sentenciaba que “el presidente Rafael Correa mantuvo en general una actitud de beligerancia contra la prensa. Un juicio contra el director de diario La Hora y un texto legal para prohibir la difusión de ciertos videos fueron los acontecimientos más preocupantes”.
En su campaña desinformativa –especialidad que perfeccionó la SIP cuando defendió a capa y espada las dictaduras que asolaron nuestra región en décadas pasadas, y ahora sostiene a la de Honduras- la entidad criticaba que el presidente Correa hubiese decidido entonces llevar a la justicia “a los medios que atenten contra la verdad”.
Insólita recriminación esa, pues con esa innovación el presidente ecuatoriano no hacía otra cosa que cumplir con sus obligaciones constitucionales. Todo el sistema jurídico contemporáneo, comenzando por la legislación y la práctica judicial estadounidense, faculta a los ciudadanos a protegerse con la ley frente a conductas mediáticas tergiversadoras.
Los más recientes debates teóricos y políticos en el ámbito de la comunicación social propugnan el estricto cumplimento del derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a informar y estar informados, derecho que tiene, entre otros, los siguientes enemigos concretos: la manipulación, la desinformación y la mentira sistemática por parte de los grandas corporaciones periodísticas, y la concentración de medios y recursos tecnológicos en pocas y transnacionalizadas manos.
Respecto de cómo algunos medios defendidos con ahínco por la SIP han aplicado sus concepciones de “guerras mediáticas” contra los actuales gobiernos de Venezuela y Bolivia (y ahora Argentina) por ejemplo, nos remitimos a recomendar la lectura de los informes del Observatorio de Medios de Argentina (de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP) en www.pecyp.com.ar.
La SIP también acometía contra Brasil. Decía: “hay preocupación sobre iniciativas aisladas que afectan a la libertad de prensa con amenazas, ataques, abusos y delitos cometidos contra periódicos e medios de comunicación. La prensa brasileña enfrenta reiteradas amenazas contra la libertad de expresión comercial representada por las gestiones de una agencia reguladora, Anvisa, para que se legisle el contenido publicitario mediante decretos administrativos que ignoren la Constitución”.
Por supuesto que esas imputaciones no tenía apoyatura fehaciente, ya que la propia SIP no pudo ofrecer prueba alguna de actos gubernamentales brasileños que violen la legislación del país.
Este año la entidad patronal de medios y cautiva de la CIA enderezó sus cañones especialmente contra Argentina, tras haber sido aprobada aquí, hace pocas semanas, una de las leyes regulatorias del espacio radioeléctrico más democráticas de la actualidad.
En ocasión del informe que acabamos de recordar la SIP llegaba a criticar al ex presidente Néstor Kirchner porque durante su mandato no ofrecía conferencias de prensa, desconociendo que ningún texto sobre periodismo profesional, ni muchos menos legislación alguna, obligan a un jefe de Estado a adoptar tal o cual modalidad para relacionarse con la prensa.
Las “preocupaciones” de la SIP por la prensa sólo se refieren a los intereses comerciales, económicos y financieros de las grandes corporaciones mediáticas y a la condena sistemática de todo gobierno o proyecto de Estado transformador y democrático, surgido de las voluntades populares.
Por eso, entre el 6 y el 11 de noviembre próximo 800 propietarios de empresas periodísticas de las tres regiones de América se reunirán en Buenos Aires, para apoyar a los oligopolios locales y criticar al gobierno argentino, debido a la promulgación de la nueva ley de medios audiovisuales, que le pone fin a los abusos de las corporaciones. Por supuesto, el discurso de la SIP se enmascara detrás del reclamo de “libertad de expresión”.
El diario La Nación, de Buenos Aires, –histórico militante de la SIP y defensor de cuanta dictadura soportó este país- informó días pasado: “en un escenario marcado por la creciente tensión entre el gobierno y los medios de comunicación, la SIP, cuya presidencia anual está a cargo del editor colombiano Enrique Santos, del diario El Tiempo, de Bogotá, realizará en noviembre su 65 asamblea general en Buenos Aires”. El comité receptor del encuentro es presidido, justamente, por el director de La Nación, Bartolomé Mitre.
Se hará presente buena parte la plana mayor de sistema de poder que sostiene a los grandes monopolios transnacionales (no sólo mediáticos), como de el designado subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, de Estados Unidos, Arturo Valenzuela; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luís Alberto Moreno; la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Caroline Alkinson; el presidente de la división global de Google para nuevos desarrollos y negocios, Alberto Nikesh, y los ex presidentes de Colombia, César Gaviria, y de Uruguay, Julio María Sanguinetti.
Por supuesto, periodistas “sobresalientes” de los grandes medios locales no perderán la oportunidad de rendirle pleitesía a sus patrones. Allí estarán Nelson Castro, Julio Blank, María O´Donnell, el secretario general de redacción de La Nación, Héctor D´Amico, y el editor general del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum. También figurarán Magdalena Ruiz Guiñazú y los columnistas políticos Joaquín Morales Solá (La Nación) y Eduardo Van der Kooy (Clarín).
Además, se anunció el patrocinio de empresas, empresarios y cámaras patronales, como Techint, Banco Galicia, Dell, Papel Prensa y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, entre otras. Como se ve, un sector relevante de la familia opositora al derecho a una información democrática acompañará a la SIP.
Fuente: Rebelión.org (más…)
Empresarios salvadoreños critican plan de reformas fiscales
Cuando no los empresarios, creo que en todas partes gozan de privilegios para hacer empresa, por ejemplo en Ica Perú los agroexportadores tienen una legislación ver —> LA IMPERIOSA NECESIDAD DE UN CAMBIO que les da carta blanca para explotar a sus trabajadores, aterran a sus trabajadores si estos intentan formar sindicatos, no tirbutan en la región sino en la capital, están depredando el agua del subsuelo, el oásis de américa laguna de Huacachina está a punto de secar como los otros 6 lagunas. Si pues mientras los gobernantes les cuiden sus bolsillos los empresarios están felices comen juntos, pero cuando un gobierno opta por ajustarles la cuenta los derrocan, les arman conflictos. El caso de las maras en San Salvador, tiene mucho poder, pero quién les otorga tanto poder?,
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Publicado el : 2 de noviembre 2009 – 1:44 de la tarde
| Por Fernando Cabrera
Las propuestas de reforma fiscal hechas por el Gobierno salvadoreño han levantado una ola de protestas de los sectores empresariales de ese país. Según estos, la propuesta gubernamental encierra el peligro de que se restrinja el desarrollo del sector de la exportación. Además, insisten, “con las medidas a tomarse se complicará la importación de insumos y maquinarias necesarias para la industria”.
Escuche la entrevista:
[media:audio]Según Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), la implementación de la reforma fiscal que promueve el gobierno de Funes, dejará sin recursos de inversión a las empresas y encarecerá el crédito.
Con la medida el Gobierno de Mauricio Funes se apresta a cumplir una de las promesas que hizo al electorado. “Estamos conscientes de que se tiene que hacer algo en el país. Estamos conscientes que se tiene que elevar los impuestos y tomar otras medidas .Pero en este momento no es oportuno. No es la mejor ocasión”, dijo Silvia Cuellar a Radio Nederland en una entrevista.
Fuente: Radio Nederland (más…)
